- El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 se centra en promover, al 2030, el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las personas e incluye metas específicas para lograrlo.
- Las pérdidas por productividad estancada alcanzarían $243 billones, debido a que el país está lejos de lograr el crecimiento del 3 % anual en el PIB por persona empleada, acorde con una de las metas propuestas por el ODS 8.
- El rezago en formalización laboral costaría $207 billones, al mantenerse una tasa del 43,2 % en 2025, muy por debajo del 60 % proyectado para 2030. El país tiene el reto urgente de formalizar a, por lo menos, 3,9 millones de trabajadores en los próximos cinco años
- En definitiva, Colombia podría perder $450 billones al 2030 si no cumple dos metas específicas del ODS 8, según un estudio del Consejo Colombiano de Seguridad presentado en el marco del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente.
Bogotá, julio de 2025. Un reciente estudio realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) revela que, de mantenerse las tendencias actuales en productividad laboral e informalidad, Colombia podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones de pesos al 2030, por no alcanzar los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), enfocado en promover trabajo decente y crecimiento económico sostenible de aquí al 2030.
La cifra fue revelada en el marco del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente que, por estos días, desarrolla el CCS y que reúne a más de 1500 líderes empresariales, expertos técnicos y académicos y profesionales prevencionistas.
Las estimaciones económicas se basan en el análisis de dos indicadores específicos que permiten medir el avance del país hacia el cumplimiento del ODS 8:
- Productividad laboral (Indicador 8.2)
Para dar cumplimiento a la meta 8.2 del ODS 8 “lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”[1], Colombia estableció como indicador que, para el 2030, se debe contar con un incremento del PIB por persona empleada del 3 % anual[2].
Sin embargo, con base en los reportes del ‘Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe’, el CCS identificó que entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio es de tan solo el 1,57 % por año.
Ahora bien, a partir de los datos del Dane para 2024, el PIB de Colombia se estimó en 1700 billones de pesos y la población ocupada en 23,3 millones de personas, lo que equivale a un promedio de 72,96 millones de pesos por cada trabajador al año.
Con estos insumos, se proyectaron dos escenarios:
- Escenario base: crecimiento constante de 1,57 % anual en productividad hasta 2030.
- Escenario meta: crecimiento acelerado que permite alcanzar el 3 % anual en 2030.
El CCS estimó la brecha entre ambos escenarios utilizando una fórmula de interés compuesto y considerando la población ocupada constante. La diferencia acumulada en valor agregado que se dejaría de generar bajo el escenario base equivale a $243 billones de pesos acumulados al año 2030.
“Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, destacó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS.
- Formalización (Indicador 8.5)
La meta 8.5 del ODS propone, de aquí al 2030, “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. En otras palabras, es una apuesta por la formalidad laboral.
Aunque Colombia se fijó como meta alcanzar una tasa de formalidad laboral del 60 % para 2030[3], la realidad muestra un panorama preocupante. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane para el primer trimestre de 2025, esa tasa apenas llegaba al 43,2 %, lo que deja una brecha de 16,8 puntos porcentuales. Traducido en personas, eso significa que el país aún necesita formalizar a unos 3,9 millones de trabajadores.
Según cálculos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la informalidad laboral no solo afecta los derechos de millones de trabajadores, sino que también le está costando al país una parte importante de su productividad.
Con base en el dato actual del PIB por persona empleada en Colombia —72,9 millones de pesos anuales— y en un estudio del Banco de la República que advierte que la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29 %, el CCS evaluó cuánto pierde el país por mantener altos niveles de trabajo informal.
Para ello, se analizaron dos escenarios: uno en el que la formalidad laboral se estanca en 43,2 % hasta 2030, y otro en el que esa tasa crece progresivamente hasta alcanzar el 60 %, meta trazada por el país.
En ambos casos, se mantuvo constante el valor del PIB por trabajador y se calculó, año por año (entre 2025 y 2030), cuánta productividad se pierde al multiplicar el número de trabajadores informales por ese 29 % de merma estimada.
El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años.
“Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirma Solano Luque.
Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad.
El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva[4]. Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización.
En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos.
Estrategias integrales para promover el empleo formal y sostenible
El Consejo Colombiano de Seguridad propone una hoja de ruta integral para avanzar en las metas del ODS 8, centrada en alianzas estratégicas, innovación, fortalecimiento empresarial y enfoque diferencial e interseccional. Se requiere una acción coordinada entre el Gobierno, las grandes empresas y las mipymes para ampliar la formalización laboral y elevar la productividad en el país.
Algunas acciones clave son:
- Fortalecer alianzas entre Gobierno, empresas, academia, gremios y trabajadores que fortalezcan y promuevan estrategias como beneficios tributarios o programas de cofinanciación, especialmente, para aquellas empresas que generen oportunidades de empleo decente, equitativo y justo, especialmente para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
- Ratificar recomendaciones de la OIT como la No. 204, sobre la transición de la economía informal a la formal. En Colombia, dicha recomendación no ha sido ratificada a la fecha, pese a haber sido adoptada desde el 2015.
- Fomentar la creación y regularización de las empresas, especialmente para micro, pequeña y mediana empresa, en donde se genera un poco más del 60 % de empleos en el país. Para ello, es clave, además, impulsar programas de formación técnica, tecnológica, profesional y continua, dirigidos a fortalecer sus capacidades y sostenibilidad, especialmente orientados a las mipymes.
- Divulgar y compartir las buenas prácticas de trabajo seguro, saludable y decente que se generan desde los diferentes sectores y que puedan adoptar y apalancar las micro y pequeñas empresas para su crecimiento.
- Realizar evaluaciones periódicas de las acciones implementadas para promover la formalización empresarial y del empleo, con el fin de medir su impacto real, ajustar los recursos de manera eficiente y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los actores involucrados.
- Incorporar enfoques diferenciales e interseccionales en las estrategias de formalización, para atender las realidades y barreras específicas de poblaciones como mujeres, jóvenes, pueblos étnicos, personas con discapacidad y comunidades rurales, y, así, garantizar una transición más inclusiva hacia el trabajo decente.
- Incentivar estrategias que promuevan un relevo intergeneracional efectivo, facilitando la transferencia de saberes empíricos de la población con mayor experiencia en el mercado laboral y su fortalecimiento a través del conocimiento técnico de las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral.
- En el caso de las grandes empresas, fortalecer sus cadenas de suministro, especialmente las conformadas por mipymes, mediante la transferencia de tecnologías, buenas prácticas laborales, inversión en innovación y programas de formación continua que impulsen la productividad y el trabajo decente en toda la cadena de valor.
La formalización laboral conlleva diversos beneficios para el país, las empresas y las personas. “A medida que se generen más empleos formales y aumente el número de empresas legalmente constituidas, el Gobierno incrementará su recaudación tributaria, esto permite una mayor inversión social, una mejor provisión de bienes y servicios y el desarrollo de políticas públicas orientadas a responder a las necesidades de las comunidades. Al mismo tiempo, se impulsa el desarrollo social y económico del país y se contribuye a la reducción de la pobreza y las desigualdades”, puntualizó Solano Luque.
