Por Por América Esmeralda Bermúdez Pérez. Comunicadora social. Periodista. Documentadora gráfica. Magíster en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social.
Cómo citar este artículo
Bermúdez Pérez, A. E. (2026). Ciudades verdes: ¿una utopía o una oportunidad?. Protección & Seguridad, (425), 46–55. Recuperado a partir de https://publicaciones.ccs.org.co/index.php/pys/article/view/450
Hoy en día, el crecimiento sostenible de las ciudades es un desafío constante a nivel global, que precisa de un compromiso conjunto de todas las naciones. Se estima que para 2050 aproximadamente el 70 % de la población habitará en áreas urbanas (Naciones Unidas, 2023), lo que supone una mayor demanda de recursos económicos, naturales, tecnológicos y energéticos, entre otros, así como el acceso a servicios básicos, vivienda, transporte y espacios públicos que garanticen condiciones de vida dignas para todas las personas.
En el caso colombiano, según datos del Instituto Humboldt (2023), “se estima que el 76 % de la población habita espacios urbanizados, con mayor presencia en las regiones Andina (20 millones) y Caribe (3.4 millones)”. De otra parte, se prevé que para el 2050 “la población que vivirá en centros urbanos alcanzará los 52,6 millones de habitantes, equivalente al 86 % de la población total para ese entonces” (DNP, 2016, citado por Gaceta del Congreso 196, 2025).
Este incremento de la urbanización ha intensificado la presión sobre el uso del suelo y la planificación de las ciudades, con impactos directos en la disponibilidad de espacios verdes. De acuerdo con ONU Hábitat (2024), “en promedio, la proporción de dichos espacios en las zonas urbanas a nivel mundial disminuyó del 19,5 % en 1990 al 13,9 % en 2020”.
De hecho, en el informe ‘Por un plan de rescate para las personas y el planeta’ publicado en 2023, la Organización de las Naciones Unidas señaló que para el cumplimiento del ODS 11 es fundamental centrar los esfuerzos de los países en políticas y prácticas de desarrollo urbano que atiendan, por ejemplo, el crecimiento de barrios marginales en las grandes ciudades que pueden generar una crisis con respecto al acceso a vivienda, servicios básicos y transporte público. Asimismo, destacó que la demanda de movilidad va en aumento año tras año y que la contaminación del aire es un problema que también afecta a las zonas rurales. Ahora bien, en términos de inclusión de las poblaciones vulnerables, el reporte precisa que el crecimiento de las ciudades requiere contar con suficientes espacios públicos que promuevan la convivencia, la productividad y la cohesión social.
En este contexto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 busca que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, es decir, que los centros urbanos deben ser eficientes para todos sus habitantes, de manera que su crecimiento no genere afectaciones o riesgos significativos al medio ambiente ni a las poblaciones.
Esto involucra, también, el consumo eficiente y la gestión de residuos industriales y domiciliarios.
Según el PNUMA (2024), las zonas urbanas hacen uso del 75 % de los recursos y producen alrededor del 60 % de los desechos mundiales. En 2020, fueron generados 2200 millones de toneladas de desechos en todo el mundo (Kaza et al., 2023). En ese sentido, una de las problemáticas latentes que enfrentan los centros urbanos es la cantidad de residuos que se producen a diario, en razón al crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos. Por ejemplo, en 2020 Colombia produjo 12.150.120 toneladas de desechos tal y como se ilustra en la figura 1.
En lo que respecta a dicho país, el avance del cumplimiento del ODS 11 a partir del informe anual reportado por el DNP (2024) es del 58,4 %. [AB1] En atención a esta problemática, desde hace varios años se han emitido diferentes regulaciones para la gestión integral de residuos tal como se resume en la figura 2. Dichas normativas deben ser cumplidas por todos los ciudadanos, entidades, sectores, entes territoriales y prestadores del servicio público de aseo para mitigar los impactos negativos en el medio ambiente.
Por consiguiente, el concepto de ciudades verdes tiene sentido en la medida en que la puesta en marcha de acciones sostenibles en los centros urbanos contribuye a enfrentar diversos retos, entre ellos, la adaptación al cambio climático.
¿Qué son las “ciudades verdes”?
El Instituto de Estudios de Sostenibilidad (ISS, por sus siglas en inglés), define el término «ciudades verdes» como “un enclave urbano donde la construcción, el diseño y la operación priorizan la preservación del mundo natural junto con la salud y el bienestar social, físico y económico de los habitantes de la ciudad” (ISS, 2024).
Por su parte, el Banco Mundial hace uso del término «ciudades sostenibles» y las define como “resilientes, capaces de adaptarse, mitigar y promover el cambio económico, social y ambiental” (Banco Mundial, s. f.).
Entre tanto, para el Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM), las ciudades verdes son aquellas que cuentan con “abundantes espacios naturales para disfrute de sus ciudadanos, bajas emisiones de gases de efecto invernadero, bajos niveles de contaminación acústica, ciudades caracterizadas por una edificación bioclimática y sostenible y cuyos habitantes están educados en el respeto medioambiental” (ISM, 2020).
Adicionalmente, el ISS (2024) señala que las ciudades verdes se caracterizan por el desarrollo de construcciones fabricadas con materiales ecológicos (recursos renovables, plásticos y otros materiales reciclados), por el uso de energía renovable, por tener huertas y jardines en azoteas y de carácter comunitario, por ofrecer alternativas de movilidad (uso de bicicletas, transporte público eficiente), entre otras particularidades.
Avances y retos en Colombia En el proceso de transición de Colombia para contrarrestar el cambio climático, algunas de las principales ciudades han tenido avances significativos en materia de sostenibilidad, en los que han contado con la ayuda y asistencia técnica de sectores públicos, privados y organismos internacionales, entre otros. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)[1], el BID[2] y WWF[3] son ejemplos de entidades que han apoyado a las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín y Montería en la implementación de diferentes acciones y estrategias, como se ilustra en la figura 3, que contribuyen a restaurar los ecosistemas, mitigar la exposición a riesgos ocasionados por las variaciones del clima (huracanes, fuertes vientos, marejadas oceánicas, inundaciones y sequías), mejorar la calidad del aire y preservar la vida silvestre, entre otras.
Ley de ciudades verdes
En Colombia, el 10 de julio de 2025 fue sancionada la Ley 2476, conocida como la Ley de ciudades verdes, y cuyo propósito es fortalecer la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en el país a través de ciudades y centros urbanos verdes. En el artículo tres de la normativa, las ciudades verdes son definidas como:
Aquellos municipios, distritos y áreas metropolitanas que dentro de sus procesos de planeación y adopción de políticas públicas, reconocen, valoran, priorizan e incorporan criterios de adaptación, restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, maximizando así el bienestar humano, la salud pública y mental; fomentando dinámicas positivas entre la naturaleza, el espacio público y las personas con el fin de mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas (SUIN, 2025).
A través de esta regulación las ciudades y centros urbanos en Colombia deben:
- Adoptar mecanismos de conservación de la biodiversidad urbana, específicamente de especies de flora y fauna nativas (art. 8).
- Monitorear la calidad ambiental que incluye las fuentes hídricas, la contaminación acústica, del suelo y del aire, así como los conflictos por el uso del suelo (art. 9).
- Desarrollar infraestructura verde y azul sostenible a través de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) que promuevan el uso eficiente de los recursos como el agua y la energía, la correcta gestión de los residuos, la mejora de la calidad acústica y del aire, el despliegue de jardines verticales y techos verdes y la movilidad urbana sostenible, entre otras (art. 10).
- Diseñar espacios públicos ecológicos que estén conectados entre sí y actúen como red entre áreas públicas y privadas para garantizar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad a nivel urbano (art. 11).
- Incorporar factores acústicos y del aire en los planes de gestión del riesgo, dado que la contaminación sonora y atmosférica son determinantes ambientales que pueden generar escenarios de riesgo (art. 12).
- Proteger las rondas hídricas, es decir, las superficies circundantes a cuerpos de agua, tanto naturales como artificiales localizadas en áreas urbanas, que permitan su conservación y restauración (Art. 13).
- Gestionar la biomasa[4] residual para que a través de su aprovechamiento se favorezca la restauración de los suelos urbanos (Art. 14).
- Fortalecer la agricultura urbana de los procesos familiares y comunitarios existentes y promover nuevos, de tal manera que se garantice la seguridad y soberanía alimentaria de las poblaciones. Asimismo, promover el uso de diferentes espacios como tejados, huertas, jardines, patios comunitarios y campos en los que se realice un adecuado manejo de los residuos orgánicos (art. 15).
- Impulsar los negocios verdes y la competitividad a través de la articulación de diferentes actores a nivel local para que dichos emprendimientos sean fortalecidos de manera efectiva (art. 18).
- Vincular a las comunidades como principales promotoras y veedoras para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas (art. 22).
- Implementar acciones pedagógicas de cultura ambiental respecto a la importancia del cuidado del territorio y la biodiversidad urbana (Art. 23).
Asimismo, la ley contempla que los entes territoriales deben actualizar e implementar un plan de silvicultura urbana, así como la construcción y mantenimiento de corredores de fauna en las infraestructuras viales en áreas estratégicas. De igual manera, la normativa institucionaliza el ‘Centro de Pensamiento e Innovación sobre Gestión Ambiental Urbana’ como referente de innovación sobre biodiversidad urbana.
Hacia una transición sostenible de las ciudades
A propósito de las ciudades sostenibles, el 26 de agosto de 2025, Cecilia Lozada, Climate Business Officer – APEX Green Cities Regional Lead de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), participó en un panel de expertos realizado en Bogotá sobre el crecimiento sostenible de las ciudades en Colombia, en el marco de la quinta edición del Premio al Periodismo Social y Ambiental de Constructora Capital. En este, Lozada mencionó que actualmente la IFC, a través de un acuerdo, está brindando asistencia técnica a Bogotá para desarrollar su primer portafolio de inversiones climáticas, que, en otras palabras, consiste en adaptar el plan de acción climática de la ciudad. De acuerdo con la experta, de manera concreta, una ciudad sostenible debe:
- Mejorar el sistema de transporte para que este sea funcional respecto a los tiempos de movilidad y contribuya a mejorar la calidad del aire.
- Implementar una estructura de gestión de residuos eficiente y eficaz con cobertura para toda la ciudad.
- Contar con fuentes de energía y entornos construidos de manera eficiente.
- Realizar una adecuada administración del agua potable y gestión de vertimientos y aguas residuales, dado que estas últimas contaminan las fuentes hídricas y se pueden reciclar y/o tratar.
En ese sentido, lo sugerido por la representante de la IFC concuerda con lo que sostiene la doctora Emily Greenfield, experta en medio ambiente y en redacción de contenidos sobre este tema[5] respecto a la manera en que las ciudades deben liderar el camino hacia el objetivo de cero emisiones netas, dado que estas “son responsables de más del 70 % de las emisiones globales de CO₂” (Grennfield, 2025) y para lo cual el uso de la tecnología climática es un pilar esencial. En la tabla 1, se presentan algunas de las acciones más relevantes de sostenibilidad que pueden llevar a cabo las ciudades, como el uso de sistemas de energías inteligentes, optimización de la movilidad urbana, construcción de edificios ecológicos, fortalecimiento de la resiliencia climática urbana, adopción de estrategias y prácticas de economía circular, implementación de agricultura urbana, tratamiento de aguas residuales y restauración de los ecosistemas.
Asimismo, esta información se ha complementado con datos importantes de otras fuentes sobre prácticas sostenibles a nivel urbano que aportan a la descentralización energética, a la reducción significativa de la contaminación atmosférica y acústica, a una movilidad saludable, a la disminución del consumo de energía, a bajas emisiones de carbono, a la predicción para contrarrestar los riesgos climáticos, al incremento de la cobertura del dosel[6] urbano, a contrarrestar la contaminación, a aumentar el reciclaje y a restaurar los ecosistemas a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN).
Principales desafíos
Aunado a lo anterior, el reporte de ciudades de 2024 entregado por ONU-Hábitat, denominado ‘Cities and climate action’, revela algunos hallazgos y aspectos clave que se deben atender con urgencia ─y a la vez con cautela─ para hacer frente al cambio climático desde las zonas urbanas, sin olvidar lo más importante: los seres humanos y las comunidades más vulnerables que habitan en zonas marginales o asentamientos para no agravar su condición de vulnerabilidad.
Algunos de los principales mensajes clave se relacionan a continuación como un insumo importante para que las autoridades, gobiernos locales y organizaciones puedan hacer frente a los principales desafíos que conlleva la implementación de acciones sostenibles en áreas urbanas:
- Las personas deben ser el centro de todas las acciones climáticas que se impulsen en las ciudades.
- La exposición a escenarios de riesgo climático implica priorizar la protección de las zonas más expuestas.
- Los planes de adaptación climática deben contemplar la inversión en infraestructura según las necesidades de las poblaciones más vulnerables y marginales.
- En la planificación y diseño urbano es fundamental integrar la acción climáticade acuerdo con el contexto y como parte de un futuro sostenible.
- La infraestructura urbana es en sí misma una oportunidad para fomentar la resiliencia y la transformación social y ambiental.
- El alcance e impacto de la acción climática puede ser mayor si se realiza bajo un enfoque de inclusión de las poblaciones vulnerables y gobernanza colaborativa.
- La innovación urbana debe ser promovida por los gobiernos locales y tener como escenario estratégico las agendas de desarrollo local para dar respuesta a las necesidades comunitarias que incluyan a todas las comunidades.
- El financiamiento de la acción climática en las ciudades debe contar con diversas fuentes de recursos (privadas, estatales, fondos climáticos globales, entre otros).
- Los gobiernos locales requieren apoyo en asistencia técnica y en el desarrollo de capacidades para implementar de manera eficaz las acciones contra el clima en las zonas urbanas.
- La resiliencia urbana puede lograrse en la medida en que la justicia y la equidad sean el foco de toda acción climática.
- En las ciudades se debe abordar el cambio climático de manera holística, atendiendo las causas de la vulnerabilidad y no solo los síntomas directos y urgentes que las variaciones del clima acarrean.
A partir de lo anterior, la transición de las ciudades verdes trae consigo desafíos en varios aspectos, tales como los altos costos para realizar cambios en infraestructura y sistemas de transporte; el acceso a espacios y servicios sostenibles para todas las personas, incluidas aquellas que están ubicadas en zonas marginales; el apalancamiento del sector financiero para la implementación de programas y proyectos sostenibles y la inversión público-privada. Respecto al déficit de recursos, ONU-Hábitat (2024) ha subrayado que:
Las ciudades y otras áreas urbanas requieren un estimado de 4,5 a 5,4 billones de dólares estadounidenses anuales hasta 2030 para invertir en infraestructura resiliente al clima, nueva o modernizada, en proyectos de transporte, energía, agua, residuos y telecomunicaciones. En contraste, durante el período 2021-2022, las ciudades solo consiguieron 831.000 millones de dólares estadounidenses anuales para la acción climática.
En conclusión, estos desafíos deben ser atendidos por los gobiernos locales para que la transición sostenible de las ciudades sea justa e inclusiva y cumpla con los estándares de sostenibilidad ambiental requeridos. Por tanto, las ciudades verdes no son una utopía, sino una oportunidad para hacer frente al cambio climático de manera eficiente, favorecer el desarrollo de las comunidades, impulsar la resiliencia de las poblaciones y minimizar la exposición a riesgos por los cambios extremos del clima que, año tras año, se van agudizando. En otras palabras, es imprescindible sensibilizar a todas las personas y actores en todos los ámbitos (político, económico, social y cultural), para que exista una auténtica conexión con la naturaleza en las áreas urbanas si se quiere que las ciudades verdes sean una realidad.
Referencias
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Alcaldía de Bogotá. (junio de 2022). Bogotá, ciudad más sostenible de Latinoamérica y de las primeras 100 del mundo. Recuperado de https://bogota.gov.co/en/node/66894
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Constructora Capital. (26 de agosto de 2025). Premio al Periodismo Social y Ambiental 5°Edición. [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/YlnguYO4jkA?si=87r6FRNwBsL_2MDH
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[1] El PNUMA, según la información relacionada en la figura 3, ha apoyado a las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín.
[2] El BID, según la información relacionada en la figura 3, ha apoyado a la ciudad de Bogotá.
[3] WWF, según la información relacionada en la figura 3, fue la entidad que otorgó el reconocimiento a Montería en 2018.
[4] Se entiende por biomasa una fuente de energía heterogénea que proviene de residuos agrícolas, forestales, agroalimentarios y materia orgánica generada por los seres humanos en forma de basura (Repsol, s.f.).
[5] La doctora Emily Greenfield hace parte del equipo de Sigma Earth, una plataforma de sostenibilidad a través de la cual se concientiza sobre temas ambientales y se promueven prácticas sostenibles.
[6] El dosel corresponde a la capa superior de un bosque, formada por las copas de los árboles más altos (Ciudades verdes, s.f.).
