Por: Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de contenidos y asuntos públicos del Consejo Colombiano de Seguridad. Comunicadora Social con énfasis en periodismo. Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Cómo citar este artículo
Fortalecer las cadenas de suministro desde el enfoque de derechos, clave para la sostenibilidad empresarial. (2025). Protección & Seguridad, 424, 23-28. https://publicaciones.ccs.org.co/pys/article/view/412
Abordar la debida diligencia en las cadenas de suministro y promover una conducta empresarial responsable en Colombia constituye un desafío estratégico, pero altamente complejo para las organizaciones que operan en el país.
Para empezar, se debe tener en cuenta que un poco más del 90% del tejido empresarial colombiano está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales cumplen un papel esencial en la provisión de servicios logísticos, operativos y de abastecimiento a las grandes compañías o empresas ancla.
Sin embargo, pese a ser actores clave dentro de las cadenas de abastecimiento de productos o servicios, un gran porcentaje de las mipymes carece de la capacidad técnica y financiera necesaria para contar con sistemas de gestión lo suficientemente sólidos, robustos y maduros que les permita incorporar prácticas proactivas y sistemáticas de gestión de impactos en sus operaciones.
Por otro lado, resulta indispensable considerar la dispersión geográfica de las mipymes en Colombia, donde la convergencia de múltiples factores propios de la realidad nacional como la alta incidencia de la informalidad laboral, la presencia de economías ilícitas y grupos armados ilegales en algunos territorios, las brechas y disparidades de desarrollo regional, los contextos de conflictividad social y la limitada capacidad institucional y de respuesta estatal, genera mayores riesgos de incumplimiento, vulneración de derechos humanos y laborales, afectaciones sociales y ambientales, entre otros.
Así, la gran complejidad, fragmentación y dinamismo que caracterizan a las cadenas de suministro y a los territorios donde se insertan se convierten en factores que dificultan el seguimiento y la trazabilidad de estas al momento de gestionar los riesgos e impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en cada uno de sus eslabones de operación.
“Dado que las grandes compañías dependen en buena medida de estas mipymes de proveedores locales que apenas logran mantenerse financieramente a flote, su papel es clave: deben apoyar y transferir principios de sostenibilidad y responsabilidad a toda su cadena de valor, fortaleciendo así el ecosistema empresarial del que forman parte”, afirma Juanita De la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
En este contexto, resulta fundamental contar con lineamientos claros que orienten una conducta empresarial responsable. Por ello, en 2006 nació Guías Colombia, una iniciativa multiactor y multisectorial de carácter voluntario que reúne a empresas, entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil (entre ellas, el Consejo Colombiano de Seguridad[1]) y organismos internacionales con el propósito de promover operaciones empresariales respetuosas de los Derechos Humanos (en adelante DD. HH.) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Desde entonces, la iniciativa ha desarrollado ocho guías que abordan temáticas clave y coyunturales para el país, en las que la debida diligencia desempeña un papel esencial. Estos documentos, construidos de manera participativa por sus miembros, integran diversas perspectivas y se expresan en un lenguaje empresarial práctico que facilita su adopción por parte de las compañías que operan en el territorio colombiano (Guías Colombia, s. f.).
Así, se han elaborado lineamientos de debida diligencia en DD. HH. y DIH en torno la gestión de contratistas de vigilancia y seguridad privada y la relación con la fuerza pública en entornos complejos o de alta conflictividad, el relacionamiento de las empresas con las comunidades de sus áreas de influencia, la compra y adquisición de derechos sobre la tierra, las acciones de fortalecimiento institucional, el establecimiento de mecanismos de quejas y reclamos para atender a sus grupos de interés, la adopción de prácticas laborales responsables con un enfoque orientado hacia el trabajo decente, la transición energética justa y la gestión de riesgos en las cadenas de suministro.
Un nuevo estándar para la conducta empresarial responsable
La ‘Guía para la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Cadena de Suministro’ de Guías Colombia fue lanzada por primera vez en 2017 incorporando medidas necesarias para gestionar riesgos e impactos en estos ámbitos derivados de las actividades y operaciones, productos y servicios de proveedores y contratistas.
Para ello, se basa en marcos voluntarios como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011) que instan a las empresas a tomar medidas para garantizar que sus operaciones respeten los DD. HH. y no contribuyan a transgredirlos, así como a establecer mecanismos de remediación de los casos en que se hayan producido violaciones pese a esos esfuerzos.
Asimismo, bajo el principio de responsabilidad extendida del productor, se establece que, aunque una organización no ejerza un control total sobre sus socios comerciales, su evaluación del desempeño en materia de DD. HH. debe considerar los riesgos asociados a sus relaciones con terceros. Todo con el fin de evitar complicidad activa o pasiva frente a abusos. (Guías Colombia, 2025).
Teniendo en cuenta que estos principios continúan más vigentes que nunca, en 2024, Guías Colombia, inició un proceso de actualización de la ‘Guía para la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Cadena de Suministro’ para revisar y fortalecer sus lineamientos de modo que dieran respuesta a un panorama cada vez más complejo y exigente en esta materia.
El proceso surgió de la necesidad de alinear a las empresas en Colombia con las nuevas tendencias globales, pero también de fortalecer su capacidad de gestión local en contextos de conflicto, desigualdad e informalidad.
“La nueva edición incorpora los avances normativos internacionales y la creciente rigurosidad de los marcos de reporte no financiero. Asimismo, reconoce la aparición de riesgos emergentes e impactos sociales asociados a la migración, la transición energética y los procesos de descarbonización, la crisis climática y el aumento del litigios en derechos humanos, que se han duplicado a nivel mundial, afirma Juanita de la Hoz, directora de Conducta Empresarial Responsable de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) organización que ejerce como secretaría técnica de la iniciativa.
Entre los marcos jurídicos que nutren la nueva versión del documento se encuentra la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable de la OCDE (2018) la cual reconoce que, aunque una empresa no contribuya directamente a generar impactos sobre los DD. HH., tiene la responsabilidad de influir en sus proveedores y contratistas para que gestionen adecuadamente las consecuencias negativas derivadas de las actividades de estos últimos. Incluso, advierte que en determinados contextos puede que las actividades empresariales no sean intrínsecamente riesgosas, pero las circunstancias del territorio (por ejemplo, asuntos relacionados con el Estado de Derecho, la falta de cumplimiento de las normas y el comportamiento de las relaciones comerciales) podrían generar impactos negativos.
Otro de los marcos que se incorporan en la actualización realizada por Guías Colombia es la ‘Directiva Europea sobre Debida Diligencia Empresarial en Sostenibilidad’ (Directiva 2024/1760) que obliga a las compañías a identificar y mitigar impactos, reales o potenciales, sobre los DD. HH. y el medio ambiente en las operaciones propias, las de sus filiales y en lo que respecta a sus cadenas de valor.
Esto implica que aquellas empresas colombianas que exportan a este mercado o que tienen algún vínculo comercial con países de la comunidad europea deben demostrar procesos claros de identificación, prevención y mitigación de impactos en DD. HH. dentro de sus cadenas de suministro. No hacerlo las sentenciaría a quedar rezagadas en competitividad, acceso a financiamiento e inserción en mercados internacionales.
También se consideró el creciente escrutinio de inversionistas, clientes y consumidores frente al desempeño de las empresas en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), tanto en sus prácticas internas como —y, cada vez más— en la relación con proveedores, contratistas, subcontratistas y socios comerciales.
Adicional a lo anterior, la actualización incorpora un enfoque preventivo donde las empresas son llamadas no solo a reaccionar frente a particularidades propias de los territorios, sino a fortalecer la prevención y el diálogo social.
“La nueva guía, en su versión 2025, insiste en que los riesgos en derechos humanos deben abordarse desde un enfoque bidireccional, es decir, considerando, por un lado cómo las operaciones afectan a comunidades y trabajadores, pero también cómo los contextos de vulnerabilidad social, conflicto o informalidad pueden afectar la continuidad del negocio”, señala De La Hoz.
En esa doble perspectiva aporta herramientas prácticas para mapear, priorizar riesgos y establecer planes de mejora progresivos para proveedores críticos, promueve indicadores de seguimiento, autoevaluaciones y auditorías externas y cuenta con un marco más robusto de verificación y transparencia.
“La actualización también reconoce que las mipymes son mayoritarias en el país y que requieren acompañamiento diferenciado y gradual para cumplir con los estándares de DD. HH., por su naturaleza y capacidades”, explica la vocera. “Se trata de lograr armonizar las expectativas empresariales con la realidad local, para no excluir a proveedores pequeños ni generar barreras de entrada a los mercados”, añade.
Por ello, la Guía 2025 propone un enfoque bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Ajustar) que ayuda a las empresas a transitar de manera gradual hacia mejores prácticas, incluyendo la transferencia de capacidades y conocimientos a proveedores, el uso de mecanismos de quejas accesibles y la inclusión de cláusulas contractuales a sus socios comerciales que exigen el respeto a los DD. HH., entre otras medidas.
Adicionalmente, en aras de no concentrar los esfuerzos únicamente en las fases iniciales de la cadena de suministro (extracción de materias primas, manufactura o transformación) también conocidas como “aguas arriba”, la guía incorpora un anexo de debida diligencia “aguas abajo”, es decir, en las actividades de distribución, marketing, venta, uso y cierre de su ciclo de vida. Por ende, este enfoque considera no solo cómo se producen los bienes y servicios, sino cómo se utilizan, por quién y qué impacto generan (Guías Colombia, 2025).
La ‘Guía para la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Cadena de Suministro’, versión 2025, fue lanzada oficialmente al público el 12 de noviembre del mismo año y se encuentra disponible para su consulta y descarga gratuita en https://storage.ideaspaz.org/documents/fip_gc_cadena_suministro_2025.pdf
El objetivo es que las empresas y organizaciones de cualquier tamaño y sector que operan en Colombia la adopten en sus actividades y relaciones con proveedores, contratistas y socios comerciales.
¿Por qué aplicar la debida diligencia? Oportunidades para las empresas
Más que un imperativo ético, con tendencia hacia la obligatoriedad, la debida diligencia en DD. HH. es una estrategia clave para la sostenibilidad y la competitividad empresarial.
A nivel operativo, permite comprender el origen de las materias primas y la trazabilidad de las operaciones, fortaleciendo la transparencia en los mercados a través del cumplimiento de estándares y compromisos materializado en declaraciones formales, cláusulas contractuales y evaluaciones aplicadas a los contratistas, proveedores y aliados comerciales con relación al respeto y promoción de los DD. HH. Esto, sin duda, fortalece las capacidades de gestión de riesgos, reduce costos derivados y aumenta la eficiencia en toda la cadena de suministro.
A nivel social, su aplicación progresiva y colaborativa con proveedores y aliados fortalece las cadenas de suministro fomenta el respeto a la dignidad humana e impulsa el trabajo decente, promueve el diálogo permanente con los grupos de interés, incrementa la confianza del mercado y apoya la creación de comunidades más resilientes en las áreas de influencia de las organizaciones.
A nivel estratégico, el enfoque de derechos es una herramienta poderosa que permite a las organizaciones gestionar de manera más efectiva distintos ámbitos, no solo los relacionados con los derechos humanos, sino también las relaciones laborales, los desafíos ambientales, la innovación y el desarrollo de nuevos negocios y proyectos con impacto positivo. Finalmente, brinda a las organizaciones una base sólida para anticipar y enfrentar de manera más eficaz retos emergentes como la descarbonización o la economía circular en un entorno empresarial que es, cada vez, más exigente y regulado.
Referencias
Guías Colombia. (s.f). ¿Qué es Guías Colombia? https://empresaspazddhh.ideaspaz.org/guias-colombia#anchor-block_content-b5463017-5e57-4f67-8167-8d6c4770c6e8
Guías Colombia. (2025). ‘Guía para la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Cadena de Suministro’ 2da. Edición. Fundación Ideas para la Paz.
J. De La Hoz (2025). [Comunicación personal]. Octubre 8 de 2025.
[1] El CCS se vinculó en 2024 y, desde su rol como referente técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo y sostenibilidad, aportó en la actualización de Guía para la Debida Diligencia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Cadena de Suministro’.
