Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile.
Desde 2017, la Alianza del Pacífico viene trabajando en la creación de un marco de acción general con el que cada país miembro podrá desarrollar actividades tendientes a fortalecer sus regulaciones en salud y seguridad en el trabajo con enfoque en salud mental. Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, entidad a cargo del proyecto, habló con el CCS sobre los avances y desafíos de esta apuesta regional.
Aunque las modalidades y condiciones de trabajo vienen experimentando transformaciones desde hace varios años producto de fenómenos como la globalización, la irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los efectos del cambio climático, entre otros factores, la llegada de la pandemia de la COVID-19, ha acelerado definitivamente la metamorfosis laboral. De acuerdo con la OIT (2020), estos cambios se acompañan de nuevos desafíos psicosociales para la salud y el bienestar de los trabajadores que, si no se evalúan y gestionan adecuadamente, pueden aumentar los niveles de estrés y provocar problemas de salud física y mental. Por lo tanto, ha instado a los países a integrar la pro- 95 tección de la salud mental de los trabajadores en los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
En Latinoamérica, uno de los primeros países en desarrollar acciones concretas en ese sentido fue Chile que, desde 2014, cuenta con una normativa que regula la evaluación del riesgo psicosocial en todas las organizaciones, independientemente de que sean públicas o privadas. De esta forma, le asigna al empleador la obligación de realizar la identificación, análisis y gestión de dichos riesgos bajo una metodología unificada, siendo el único instrumento validado en ese país para evaluar factores de riesgo psicosocial.
“Bajo este enfoque empezamos a identificar que las enfermedades de salud mental, de origen laboral, van en aumento. A modo de ejemplo, en 2019, del total de enfermedades reconocidas como laborales, las que implicaron más días perdidos fueron las mentales, con un 60 %. Pero, además, comprendimos que no se trataba tan solo de un problema local, de Chile, sino de toda la región y que si bien, las normas de cada país mencionan la protección a la salud física y mental de los trabajadores, en la práctica son escasas las políticas y normativas específicas que buscan resguardar el bienestar mental —sostiene Pamela Gana, intendenta de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile—. En ese contexto, iniciamos conversaciones desde nuestro Ministerio del Trabajo para ver cómo podríamos desarrollar un trabajo más colaborativo entre los países de la región”.
XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, tuvo origen la Declaración de Cali, en la cual los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú se comprometieron a desarrollar acciones de intercambio de información y buenas prácticas en materia de prevención de riesgos psicosociales en los entornos laborales. De ahí en adelante, sumando a Argentina y Uruguay como países invitados, se empezó abonar el camino para el diseño de una política regional de gestión de factores psicosociales y promoción de la salud mental en el trabajo para
los países miembros de la alianza, proyecto que se concretó en 2020 con la ‘Declaración de Santiago’.
De acuerdo con Gana, el objetivo general de esta iniciativa es que los países, pese a sus particularidades territoriales, sociales, culturales y productivas, cuenten con estándares y directrices comunes para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones en materia de política pública asociada a la gestión de riesgos psicosociales. Entre los componentes que integran el proyecto está la elaboración
de un diagnóstico de la situación actual de los países en esta materia; el diseño, lanzamiento y ejecución de una campaña comunicacional conjunta que apunte a la sensibilización y promoción del cuidado de la salud mental; y la realización de capacitaciones
y talleres dirigidos a grupos de interés clave como colectivos de trabajadores, sindicatos y gremios empresariales.
“Estas dos últimas actividades son estratégicas porque, aunque hoy por hoy hay mayor conciencia acerca de los riesgos psicosociales, todavía nos encontramos con gente que los asume como problemas netamente personales del trabajador y no como aspectos que un empleador puede y debe gestionar”, advierte Gana.
Actualmente, el proyecto está a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile como contraparte técnica y ya cuenta con la transferencia de recursos por parte de la Alianza del Pacífico para su ejecución. De hecho, ya se lanzó una licitación internacional para contratar a la firma consultora que será la encargada de desarrollar el diagnóstico regional y determinar indicadores comparables, data que servirá de insumo para establecer un marco de acción general con el que cada país podrá desarrollar actividades tendientes a fortalecer sus regulaciones en salud y seguridad en el trabajo con enfoque en salud mental.
“Uno de los principales desafíos que deberá sortear este proyecto es lograr ser lo suficientemente transversal teniendo en cuenta la diversidad de los países participantes. Así se espera que el trabajo conjunto permita desarrollar sinergias para resolver intereses comunes tanto para los países miembro, como para otros de Latinoamérica y, al final, aportar al trabajo decente y al desarrollo económico de las naciones”, expresa la funcionaria.Otro de los desafíos tiene que ver
Otro de los desafíos tiene que ver con los ciclos políticos. “No podemos negar que, desde que comenzamos a trabajar en esta iniciativa los gobiernos de los países miembro de la Alianza han demostrado voluntad e interés. No obstante, cuando se dan cambios de administración se suelen perder los contactos de los delegados y de esas contrapartes lo cual es un tema muy relevante para darle continuidad al trabajo que ya se viene realizando”, advierte la intendenta Gana.
Finalmente, y dado que se espera tener le proyecto finalizado hacia el cierre de este año, está el reto de implementar la política y monitorear su estado de avance en cada uno de los países.
“Para hacerle frente a estos desafíos, los riesgos psicosociales tienen que ser abordados por los distintos actores del mercado laboral desde una perspectiva preventiva, bajo la premisa de que se trata de una inversión y no de un gasto y dentro de un contexto de diálogo social, lo cual contribuye al bienestar de los trabajadores, al trabajo decente, al incremento de la productividad y de la sostenibilidad tanto de las organizaciones como de los países mismos”, puntualiza Gana.
