Por Ángela María Penagos, directora (e) del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS)
Los dos últimos años ha representado un choque inesperado para las sociedades modernas. Si bien los problemas estructurales se venían profundizando desde años anteriores, los efectos de la COVID-19 han acelerado este proceso. De acuerdo con la Cepal (2021a), en este momento el planeta enfrenta tres crisis estructurales: un crecimiento más lento del comercio y de las economías mundiales; el aumento de las desigualdades en la mayoría de los países y la devastación de ecosistemas que aseguran la sostenibilidad del planeta por cuenta de los patrones de producción y consumo actuales.
Este aspecto cobra mayor relevancia en América Latina, que después de presentar una trayectoria en la reducción de la pobreza y, de alguna manera, un crecimiento sostenido de buena parte de su economía, hoy por hoy ve como esta tendencia se ha ido quebrando.
En el 2020, las personas que viven en pobreza extrema llegaron a 78 millones en la región, 8 millones más que en 2019, lo que implicó un aumento en 2,9 % en el Índice de Gini (Cepal, 2021b).
La desigualdad sigue siendo uno de los principales problemas de América Latina. El crecimiento de las economías no ha sido suficiente para reversar esta situación. De hecho, cada día se reconoce más que no es un fenómeno que se autocorrige. La región presenta enormes brechas entre personas y territorios, lo que se hizo aún más evidente con la limitada capacidad para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia y con el descontento social que se expresó con múltiples protestas.
Al fenómeno de la desigualdad se le unen dos fenómenos adicionales, los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. El actual modelo de producción basado en el uso de combustibles fósiles ha llevado a que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) se incremente de manera sostenida llegando, en el 2020, a 415 partes por millón, el nivel más alto en los últimos 800 mil años, lo que implicará que en el siglo XXI la temperatura aumente tres grados centígrados, un grado por encima de la meta prevista en el Acuerdo de París (Cepal, 2021a). A ello hay que añadir que nuestros países todavía no cuentan con las condiciones institucionales, económicas y sociales para enfrentar estos fenómenos de forma que logremos una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en nuestros ecosistemas y sistemas agroalimentarios capaces de responder a los fenómenos de variabilidad climática y de integrarse regionalmente.
En este contexto se requiere que, efectivamente, la Agenda 2030 se convierta en la hoja de ruta de los gobiernos actuales y próximos. No debería ser posible que, en el planteamiento programático de los nuevos gobiernos, así como en la implementación de las medidas de las administraciones actuales, las acciones en favor de esta agenda no sean claras, explícitas y contundentes. Es necesario que se pase de meros lineamientos a instrumentos con mecanismos de implementación donde las metas comprometidas en cada uno de los indicadores, sea un propósito de política pública de corto, mediano y largo plazo.
Es así como es necesario, entonces, transitar a través de mecanismos de colaboración entre diversos actores de la sociedad, en donde el valor compartido se convierta en un fin. Esto implica alinear los instrumentos para conducir nuestros países hacia una sociedad donde
la equidad, la acción climática y los sistemas agroalimentarios adaptados al clima, diversificados y desconcentrados sean el vehículo para caminar hacia una sociedad justa, resiliente y basada en valores democráticos.
Para esto, como lo afirma Mazzucato (2021), es necesario avanzar en el desarrollo de capacidades para la cooperación, aprender a tomar riesgos conjuntamente, operar en condiciones de incertidumbre, así como utilizar los recursos públicos y los instrumentos financieros para objetivos transformacionales. Además, enfocar el accionar de la política en el logro de resultados, desarrollando
capacidades para evaluarlos desde una perspectiva comprehensiva y holística, considerando aspectos económicos, sociales, ambientales
y culturales, entre otros aspectos. Así mismo, desarrollar capacidades colaborativas entre sectores y entre niveles de gobierno.
La velocidad con la que se requiere tomar medidas no da tiempo. Por lo tanto, las intervenciones de política deben favorecer las innovaciones que apunten a cambios de largo plazo, favoreciendo el desarrollo de estructuras que faciliten los mercados inclusivos donde el sector privado es más que un espectador, siendo, en definitiva, un actor y ejecutor del cambio.
Referencias
- Mazzucatto, M. (2021). Missión Economy a Moonshot Guide to Changing Capitalims . New York : HarperCollins.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago: Naciones Unidas.
- Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2021). Informe Especial NO 11 COVID – 19. Santiago: Naciones Unidas.
Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.
