Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas
El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales.
Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo.
¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos?
Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debe
darse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no se
debe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transición
productiva y la transición fiscal.
En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones.
En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión?
Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal.
Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo.
A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económica
suficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar.
50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional.
Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparato
productivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”.
Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia.
Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible que incorpore buenas prácticas.
“En términos de transformación productiva, desde el sector de hidrocarburos estamos desarrollando estrategias regionales para contribuir a la transparencia en el uso de las regalías de modo que ese dinero efectivamente se invierta en los proyectos que necesita la región, entre los cuales es prioritario satisfacer necesidades básicas en zonas del país que carecen de servicios esenciales, pero también destinar recursos para financiar proyectos productivos que puedan reducir la dependencia de las fuentes fósiles”, comenta Habib.
Las nuevas tecnologías que se adopten deberán incorporar la gestión del conocimiento y garantías en materia de seguridad industrial para que las transformaciones en maquinaria, equipos y operaciones no supongan nuevos riesgos laborales».
Y así lo expresa también el Conpes 4075 de 2022, el cual advierte que no será posible renunciar a la explotación y utilización de energéticos como el petróleo o el carbón hasta tanto no se tenga una estrategia para su sustitución. “La reconversión laboral será un
componente esencial para impulsar la transición energética; es imperativo generar estrategias que le permitan a las familias y regiones empleadas en actividades económicas con vocación extractiva, encontrar nuevas alternativas laborales soportadas, entre otros, por programas de educación y capacitación alineados con las nuevas tecnologías y la transición”, se lee en el documento.
Por eso, otro reto que tendrá que ser abordado es la sustitución de los 95 mil empleos anuales que genera actualmente el sector, ¿cómo lograr que esa fuerza laboral sea absorbida por otros renglones de la economía y la transición efectivamente proteja a los trabajadores y las comunidades? “Aquí se requiere una articulación profunda entre gobierno, industria y gremios para hacer la reconversión de empleos, pero, además, será clave el concurso de la academia para asegurar la formación de profesionales que cuenten con las competencias que requiere- la transición energética”, expresa la ejecutiva.
Por su parte, Martínez agrega que las nuevas tecnologías que se adopten deberán incorporar la gestión del conocimiento y garantías en materia de seguridad industrial para que las transformaciones en maquinaria, equipos y operaciones no supongan nuevos riesgos laborales.
Finalmente, para que el proceso sea exitoso la ACP señala tres condiciones para tener en cuenta:
- La transición en sus tres pilares es un proceso gradual y a largo plazo. No se trata de sustituir de un día a otro el uso de combustibles fósiles sino de avanzar en la diversificación de la matriz energética y fortalecer otros sectores económicos bajo modelos de producción sostenible.
- La articulación de sectores públicos, privados y de la sociedad civil es esencial. Se requiere un trabajo interinstitucional, intersectorial y multinivel para sacar adelante los proyectos y alcanzar los objetivos propuestos.
- Es imprescindible tener en cuenta el costo social de la transición energética, asociado, además, al crecimiento poblacional y el incremento de las necesidades.
- La transición energética requiere un cambio cultural, de transformación en hábitos y estilos de vida de la ciudadanía y modificaciones en los sistemas
productivos de las empresas, cambios que implican inversiones económicas que una gran mayoría no puede asumir y que requerirá el desarrollo de estrategias de apalancamiento financiero.
Cómo citar este artículo:
Salamanca, V. (2022). Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 27-30. Consejo Colombiano de Seguridad.
