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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Comunicadora Social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social Empresarial / Líder de Comunicaciones / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). “Producir conservando y conservar produciendo”. Esta es la lógica para desarrollar nuevos modelos de negocio que plantea la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), un instrumento con el que Colombia cuenta desde noviembre de 2018 y que sienta las bases para optimizar la eficiencia en la producción y consumo de materiales, reducir la huella hídrica y de carbono, valorizar continuamente los recursos y cerrar ciclos. Se trata entonces de una transformación no solo productiva sino también cultural hacia donde el país ya empieza a transitar. La estrategia surge en un contexto en el que urge acelerar las acciones y compromisos adquiridos por los países en el Acuerdo de París (alcanzado en la COP 21) de cara a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C. Así mismo, está el llamado a los estados miembro de la ONU a trabajar decididamente en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que la Economía Circular aparece como un eje transversal a varios de ellos. Sin embargo, no solo se trata de que el país esté alineado a las agendas internacionales en materia ambiental y social. Las condiciones económicas propias también apremian. Según lo advierte el documento de la ENEC, la economía colombiana presenta bajos niveles de productividad en prácticamente todos los sectores productivos, escasa diversifi cación en productos de mayor valor agregado y rezagos en innovación tecnológica e inversión en investigación. Todo esto reduce las oportunidades de generar empleo, así como de crear factores diferenciales en los mercados (ENEC, 2018). A la realidad económica se le suma la tensión ambiental. “Desde hace varios años, Colombia viene experimentando una fuerte presión sobre sus rellenos sanitarios que ya están alcanzando su capacidad máxima de almacenamiento, las basuras son un problema ambiental, la contaminación por plásticos afecta las costas, los ríos y los mares. Adicionalmente, tenemos un bajo uso de biomasa. Entonces, necesitamos con urgencia modelos de negocio que reduzcan la presión sobre los recursos naturales”, afi rma Andrea Corzo, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Considerando este escenario, el país ya venía dando algunos pasos en la senda hacia la transformación de su modelo económico, especialmente, en materia normativa. De esta forma, la ENEC se asienta sobre varios instrumentos desarrollados previamente y que le otorgan razón de ser. En ese sentido, Corzo refi ere la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, documento publicado en 2010 y en el que se actualizan e integran la Política Nacional de Producción más Limpia y el Plan Nacional de Mercados Verdes; el Conpes 3874 de 2016 que establece la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, incluyendo la responsabilidad extendida del productor y la gestión de residuos peligrosos; el Conpes 3866 que promueve la generación de encadenamientos productivos y el fortalecimiento de cadenas de valor a través de la Política de Desarrollo Productivo; y el Conpes 3934 de 2018 que instaura la Política de Crecimiento Verde y se traza como objetivo “impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima”. Bajo este marco normativo, la ENEC asume una naturaleza de “instrumento integrador” como lo resume la funcionaria. Esta característica tiene dos fundamentos. Por un lado, su desarrollo involucró un proceso de concertación entre diversos actores del sector público y privado, la academia y la sociedad civil, así como la participación de distintos ministerios acompañados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Por otro lado, le permite al gobierno “identificar prioridades, mecanismos de gestión y necesidades de articulación interinstitucional para avanzar hacia esa transformación de los sistemas de producción y consumo”, explica Corzo. Y es que al fi nal lo que se busca es implantar en el país un nuevo modelo económico, una alternativa de desarrollo con miras a dejar atrás el actual sistema lineal de producir, usar y botar. “En cambio, a través de la Economía Circular, buscamos la optimización en el uso de los recursos y el fomento de la responsabilidad extendida del productor, donde los residuos o desechos que generan los productos o servicios de la industria se integren nuevamente en el ciclo productivo y se conviertan en un insumo para otras empresas y para la generación de nuevos emprendimientos”, agrega la funcionaria. Metas país En América Latina, Colombia se convirtió, en 2018, en el primer país en adoptar una estrategia de Economía Circular. Con este avance pretende ser, para el año 2030, el líder en la implementación de este modelo económico en la región. “Esta visión implica incrementar la efi ciencia en el uso de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales, maximizando su valor agregado y su vida útil”, como lo expone el documento oficial. Para lograrlo, cuenta con seis líneas priorizadas: flujos de materiales industriales y productos de consumo masivo; flujos de envases y empaques; flujos de biomasa; flujos de agua; fuentes y flujos de energía; y flujos de materiales de construcción. Adicionalmente, para cada una, se han establecido metas e indicadores de cumplimiento en un periodo establecido entre el 2021 y el 2028. Por ejemplo, respecto a los materiales industriales y productos de uso masivo, se espera que el 69 % de los Aceites Lubricantes Usados (ALU) que se generan en el país sean valorizados energéticamente y que unas 17 corrientes o subcategorías de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sean reguladas bajo la responsabilidad extendida al productor. Para el caso de materiales de construcción se proyecta una tasa de aprovechamiento del 90