Sostenibilidad Ambiental – Página 4

Más de 3,7 billones de pesos en pérdidas podría dejar el Fenómeno de El Niño en la productividad laboral de Colombia

Bogotá D.C., julio 5 de 2023. La economía colombiana podría afrontar pérdidas en la productividad laboral estimadas en más de 3,7 billones de pesos debido al Fenómeno de El Niño, evento que, según el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos (CPC/NOAA, por sus siglas en inglés) tiene entre un 89 y un 94 % de probabilidades de desarrollo para el segundo semestre del año y produciría un aumento significativo en las temperaturas del país y escasez de agua en algunas de sus regiones. Si bien el impacto de las sequías en el mercado laboral ha sido ampliamente medido en el sector agrícola por ser uno de los más afectados, el efecto también se evidencia en grandes ciudades y áreas metropolitanas. En 2019, el Banco Mundial analizó el impacto de las sequías sobre las horas trabajadas e ingresos de los trabajadores del sector formal e informal en las principales ciudades de América Latina, entre ellas 22 ciudades de Colombia. Los principales resultados de este estudio indican que los periodos de sequía producen una disminución del 0,6 % en las horas laborales de los trabajadores formales. La peor parte la llevan los trabajadores informales cuyas horas trabajadas se reducen en un 4,5 %, lo que genera una pérdida del 6,4 % en sus ingresos laborales mensuales. Con base en esta información, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) estimó el impacto que el Fenómeno de El Niño generaría en el mercado laboral de las principales ciudades y áreas metropolitanas durante los próximos 10 meses. Para el cálculo, tomó el salario promedio mensual reportado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, estimado en $2.098.239 para el sector formal y $901.246 para el sector informal. Adicionalmente, incorporó los datos de población ocupada reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con corte a abril de 2023; esto es, 6.734.431 personas ocupadas en el sector formal y 4.996.626 en el informal[1]. De esta forma, se estimó que la población ocupada informal dejaría de percibir 2,88 billones de pesos mientras que las pérdidas para el sector formal alcanzarían los 838 mil millones; es decir, un total de más de 3,7 billones de pesos. Realizando un comparativo, esta cifra equivale a aproximadamente el 0,25 % del PIB nacional y casi el 20 % de lo que pretende recaudar la más reciente reforma tributaria en 2023. Desagregando estas pérdidas a nivel geográfico, Bogotá aportaría 1,08 billones, seguida por Medellín (592 mil millones), Cali (386 mil millones) y Barranquilla (343 mil millones). Cabe mencionar que el costo para el sector informal lo asume el propio trabajador, dejando de percibir esos ingresos u obligándolo a trabajar más horas al día para reponer dichas pérdidas. Por el contrario, para el sector formal, este costo lo asume el empleador, al disminuir las horas trabajadas de sus colaboradores y/o teniendo que asumir el costo de horas extras. “La reducción del 6,4 % en los ingresos laborales de los trabajadores informales durante las sequías es motivo de preocupación ya que dificulta aún más los esfuerzos para reducir la pobreza, especialmente en el contexto actual”, afirma Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad, durante del 56 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, en el marco del cual se lleva a cabo el III Foro Regional de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE). No obstante, Solano enfatiza en que es importante tener en cuenta que el impacto puede ser mucho mayor ya que el análisis no contempló ciudades intermedias, pequeños municipios, cascos urbanos y áreas rurales donde se concentra un gran porcentaje de los trabajadores informales ligados a las actividades agropecuarias. Principales causas del deterioro en la productividad El incremento de las temperaturas como consecuencia de un Fenómeno de El Niño intenso es la principal causa de la disminución de horas trabajadas, especialmente, en el sector informal o en trabajadores formales cuya labor se lleva a cabo en exteriores. Esto se debe al estrés calórico que no solo disminuye la productividad del trabajador, sino que también genera efectos negativos para la salud ya que la presencia prolongada en ambientes muy calurosos puede resultar en un aumento excesivo de la temperatura corporal y desencadenar emergencias. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando la temperatura supera los 33 °C, con una intensidad de trabajo moderada, los trabajadores pierden hasta un 50 % de su capacidad laboral. Incluso, pueden fallecer si la temperatura supera los 40,6 °C. Aunque el fenómeno afecta a trabajadores de diversos sectores, hay ciertas ocupaciones que enfrentan mayores riesgos debido a la intensidad física requerida o al hecho de ser desempeñadas al aire libre. Algunos ejemplos incluyen la agricultura, los servicios ambientales, la construcción, la recolección de residuos, el transporte y el turismo, muchos de los cuales concentran una gran proporción de mano de obra informal. En el sector formal, por su parte, los trabajadores que laboran en espacios cerrados como fábricas y oficinas enfrentan riesgos si los niveles de temperatura no se controlan adecuadamente. Su incremento puede generar fatiga mental y/o física, náuseas, aceleración del pulso cardiaco, entre otros signos y síntomas. Además, las altas temperaturas pueden afectar la concentración, la coordinación y la toma de decisiones, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales. De igual manera, las empresas pueden experimentar una escasez de mano de obra en áreas mal acondicionadas donde las personas no están dispuestas a trabajar por el salario actual. Por el contrario, los trabajadores en ambientes climatizados estarán mucho más cómodos y serán más productivos, pero las organizaciones deberán costear el incremento en el consumo de energía, recurso que se limita en temporadas secas debido al descenso en el nivel de los embalses. Por otra parte, la poca disponibilidad de agua o los racionamientos producto de las sequías también generan pérdida de horas laborales e, incluso, pérdida completa de empleos. De acuerdo con la ONU, al menos tres de cada cuatro empleos en el

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Desnudos y sin límites. El impacto social y ambiental de la producción de ropa

Comunicaciones CCS

Por: Alejandro Aldana Pérez / Químico / Magíster en Química / diciembre 2019. Cómo citar este artículo:Aldana, A. (2020). Desnudos y sin límites. Revista Protección y Seguridad. Enero – Febrero 2020 pág. 29-32. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/desnudos-y-sin-limites-el-impacto-social-y-ambiental-de-la-produccion-de-ropa/ El escritor William Ospina (2016), en su ensayo titulado Parar en seco dice lo siguiente: “…cada invento trae aparejado su accidente, de modo que, al inventar la navegación, surgió la posibilidad del naufragio, al inventar el coche la posibilidad de “crash” y al inventar las máquinas voladoras la posibilidad del siniestro aéreo…” Esta tesis manejada por el escritor tolimense puede extenderse hacia muchos frentes. No obstante, la invención a la cual haremos referencia está relacionada con la protección y la moda: la ropa. La ropa es una invención humana que satisface dos necesidades. La primera de estas se vincula con la defensa. La ropa cumple el papel de salvaguardar a los humanos de la intemperie. En un principio, el vestuario fue concebido con el propósito de brindarnos calor, de aislarnos del sol, el viento, la nieve y ser barrera del agua en los días lluviosos. Luego, la misión de resguardar se extendió al campo laboral. Por eso, es común ver a médicos y a los profesionales que trabajan en laboratorios de ensayos con batas como elemento de protección personal. Dependiendo de la profesión podemos encontrar trajes con tecnología. Por ejemplo, en el caso de un bombero, su ropaje está elaborado con materiales especiales que lo protegen contra las llamas. En fin, la principal función de la ropa es protegernos. El segundo objetivo que cumple la vestimenta se relaciona con la estética y la apariencia. Sin estas no existirían los colorantes y pigmentos. Para nadie es un secreto que los colores le otorgan vida a las prendas de vestir. El color le aplica a los vestidos, camisas, corbatas, medias, pantalones y “jeans” toques artísticos y de exclusividad. También, la confección le otorga estilo y glamur al vestido. En conclusión, la moda le concede singularidad a la ropa y ese aspecto genera deleite al ser humano. Sin embargo, en consonancia con la tesis manejada por el escritor William Ospina, la ropa también trae aparejado su accidente: su impacto al medioambiente. Y para corroborar esto, traemos a colación un fragmento de un informe de la Fundación Ellen MacArthur, publicado por el diario El Espectador bajo el título: El verde es el nuevo negro o cómo la industria de la moda podría ser sostenible. Este documento dice lo siguiente: “Al retroceder hasta el inicio del ciclo de producción de la ropa, desde los fertilizantes para sembrar el algodón, el agua necesaria para regar los cultivos y hacer las telas- 93000 millones de metros cúbicos de agua al año-, pasando por los químicos necesarios para teñir la ropa y los derivados del petróleo necesarios para hacer algunas fibras artificiales; es posible entender porque la industria de la moda emite 21 veces más CO2 que la industria del transporte del mundo” (Rubiano, 2017). Esta información es abrumadora; no obstante, es la realidad y la industria textil debe tomar conciencia de la situación. En ese contexto, uno podría ir a los extremos y proponer una solución radical: la desnudez. No obstante, esto es absurdo, la ropa es un elemento esencial para la humanidad que se seguirá produciendo, y en ese orden de ideas lo que la especie humana debe hacer es enfocar sus esfuerzos en aras de mitigar la huella negativa que produce la invención de la ropa sobre el medioambiente. Por otra parte, teniendo un contexto concerniente a la situación de la ropa en torno al medioambiente, es pertinente aclarar que no se ha hecho referencia a lo peligroso que es elaborar prendas de vestir para la salud humana. Y en esta ocasión no tengo un dato, como el expuesto por la Fundación Ellen MacArthur, que soporte esta afirmación. No obstante, para la fabricación de artículos asociados al vestuario es necesario el empleo de sustancias químicas y ellas poseen peligros intrínsecos que pueden afectar la salud del ser humano. Debido a esto, se han creado en el mundo sistemas de comunicación de peligros que han sido concebidos con el objeto de mitigar el impacto de la producción de la ropa u otro elemento sobre el medioambiente y la salud del hombre. Y aquí es importante esclarecer que, cada sistema de comunicación de peligro y política ambiental tienen sus reglas de juego y definiciones. Por esta razón, a continuación, trataremos un escenario a modo de ilustración. En una ocasión un cliente de la compañía donde laboro expuso la tesis de considerar los productos inflamables como no ecológicos. La proposición fue motivo de controversia. En principio, era inconcebible dicha afirmación. Sin embargo, este escenario ponía en evidencia la importancia de conocer la función y los límites de los sistemas de comunicación de peligros. En concordancia con esto y con el objeto de tratar de dilucidar la situación planteada arriba, es pertinente recurrir a las definiciones. En ese sentido, vamos a echar mano de la definición de ecología de la Real Academia Española de la Lengua. Según la RAE (2019), la ecología es la ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. En otras palabras, examina las interacciones entre organismos vivientes y cómo estos se relacionan con su hábitat. En ese marco, si consideramos a un trabajador como un ser vivo y como entorno a una bodega de químicos, podríamos registrar las posibles conexiones con el potencial de llevarse a cabo entre ese individuo y esas sustancias químicas. Este tipo de interacción hombre y sustancia química es estudiada por la salud ocupacional, la higiene industrial y la toxicología laboral. Es decir, de los vínculos existentes entre el humano, el hábitat y las sustancias químicas han surgido nuevas ramas del conocimiento. Lo anterior demuestra, de cierta manera, la complejidad del asunto. Con base en lo anterior, si evaluamos lo que pudiera suceder si un producto inflamable es sometido

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¿Cuál es la relación entre la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la sostenibilidad?

Comunicaciones CCS

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Desde que en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el informe «Nuestro futuro común», también conocido como ‘Informe Brundtland’ (en el que, por primera vez, se definió el desarrollo sostenible), la salud, la seguridad y el cuidado de los trabajadores ya aparecía como un asunto fundamental en las estrategias para el desarrollo industrial sostenible. Más tarde, el programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río 92) puso un fuerte énfasis en el desarrollo de estrategias preventivas para reducir las enfermedades de carácter ocupacional y las causadas por toxinas en el medio ambiente y en el trabajo a fin de mejorar la seguridad de los trabajadores. Más recientemente, con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo número 8 ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ insta en su meta 8.8 a “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. De esta manera, la relación estrecha entre sostenibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST (antes llamada salud ocupacional) ha estado presente desde la creación del concepto. Pero fue la llegada de la pandemia por la COVID-19, cuyos efectos aún vivimos, la que nos dejó enseñanzas significativa, donde lo fundamental volvió a cobrar sentido: garantizar la vida de las personas y su bienestar como la esencia de las sociedades. Es por esto que las diferentes estructuras sociales, empresariales y económicas han trazado planes para aportar en diferente medida a la sostenibilidad, donde la seguridad, la salud en el trabajo y el ambiente son parte de sus pilares. De hecho, el informe de Tendencias de Reportes de Sostenibilidad para el 2023 sitúa a la SST dentro de los asuntos materiales más importantes para las empresas en la elaboración de sus estrategias de sostenibilidad. A esto se le suma la comprensión de que la SST impacta profundamente la continuidad de los negocios, la estabilidad económica y la cohesión del tejido social. Según estimaciones de la OIT, cada año mueren 2,3 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo; otros 160 millones de trabajadores padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, y 313 millones de trabajadores padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo que les deja secuelas de por vida. Para las empresas y los sistemas económicos, esta situación representa un costo significativo y puede poner en riesgo la sostenibilidad económica (por pérdidas en productividad, sanciones y costos reputacionales, entre otros). La OIT estima que se pierde más del 4 % del PIB anual del mundo como consecuencia de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Por ende, hoy por hoy, invertir en seguridad y salud de los trabajadores ya no es un diferencial; es una condición para permanecer en el mercado, para garantizar operaciones sostenibles que permitan seguir contribuyendo al bienestar de las sociedades. Es por ello que la protección de los trabajadores se debe constituir en un pilar estratégico para todas las empresas, sin importar el tamaño ni el sector en el que se desempeñan. Así mismo, la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a familias enteras quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social. Ahora bien, frente a la relación que tiene la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la sostenibilidad ambiental, el avance hacia la descarbonización de las industrias, la adopción de energías renovables, la implementación de procesos ecoeficientes en los sistemas de producción y la introducción de la economía circular trae consigo grandes retos y nuevas oportunidades en materia de gestión laboral. El BID estima que los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París pueden llegar a generar 15 millones de empleos netos en América Latina al 2030. Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, es necesario tener en cuenta que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y, por lo tanto, es indispensable desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral, especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía.

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Contribuciones de la SST al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Comunicaciones CCS

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La Seguridad y Salud en el Trabajo no solo es un factor estratégico que les permite a las organizaciones proteger su capital humano, mitigar riesgos en su cadena de valor, incrementar la productividad y blindar la continuidad de los negocios, también constituye una herramienta clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Cómo? A continuación, se evidencia la relación que existe entre la creación de entornos de trabajo sanos y seguros con algunas de las principales apuestas de la Agenda 2030. ODS 1. Fin de la pobreza. La SST puede ayudar a reducir la pobreza al mejorar las condiciones de trabajo y promover el acceso a empleos seguros y saludables, lo que a su vez contribuye a aumentar los ingresos de las personas. Es preciso tener en cuenta que una gran mayoría de los trabajadores informales laboran en condiciones precarias, insalubres e inseguras, sin protección social, por lo cual la formalización del empleo es una estrategia para asegurar que la fuerza laboral de un país cuente con condiciones dignas de trabajo y pueda acceder a la seguridad social dentro de un mercado laboral incluyente, justo y equitativo. De otro lado, hay que tener en cuenta que la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a las familias de las víctimas, quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social. ODS 3. Salud y bienestar. Este objetivo cuenta con tres metas directamente relacionadas con la SST: la 3.5 “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”; el 3.6 “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo” y el 3.9 “para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. En todos los tres casos, la SST juega un rol esencial. En el primero, la promoción y el cuidado de la salud mental y la gestión oportuna de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo es una estrategia que incide positivamente en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población trabajadora, pues les proporciona herramientas para gestionar sus emociones y les brinda apoyo para superar situaciones adversas. Con relación a la meta 3.6, al menos para el caso colombiano, si bien se desconoce el número exacto de víctimas de siniestros viales de origen laboral, se sabe, sin embargo, que en el 21 % del total de los accidentes fatales en las vías que tuvieron lugar en el país entre 2016 y 2021 se vieron involucrados vehículos de transporte de carga y pasajeros, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se estima que más del 50 % de las fatalidades en las vías y carreteras del país están asociadas a actividades laborales (no necesariamente donde le sucede algo al trabajador, pero si se genera afectación o daños a terceros), dejando un enorme impacto social y económico para las organizaciones y la sociedad. Frente a este panorama, adquiere relevancia la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) hoy ya incorporados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De esta forma, las organizaciones cuentan con una estrategia que les permite reducir riesgos de siniestralidad en entornos laborales e implementar mecanismos y herramientas que favorezcan la adopción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías, así como la identificación, análisis, valoración y control de los riesgos viales asociados a su operación. Finalmente, en lo que respecta a la meta 3.9, la SST tiene como principal objetivo promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para ello, las organizaciones deben implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este Sistema de Gestión es la herramienta esencial para que las empresas identifiquen los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, hagan la gestión del riesgo asociado y prevengan la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Debe garantizar la aplicación de las medidas de control y prevención, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, el aseguramiento de condiciones de trabajo sanas y seguras y la gestión eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo. La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora de las condiciones de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de los indicadores de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. Además, el sistema permite velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales. ODS 5. Igualdad de género: la SST puede contribuir a la igualdad de género al mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de las mujeres en el lugar de trabajo y abordar los riesgos específicos que enfrentan las trabajadoras en ciertos sectores. De hecho, la OIT señala que “las cuestiones de igualdad de género y no discriminación, en particular la protección de la maternidad, el salario equitativo, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, se relacionan con la SST y pueden resolverse mediante leyes relativas a la SST en el ámbito nacional, y también mediante normas que rigen las cadenas mundiales de suministro”. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: la rigurosa aplicación de la normatividad en SST, la creación de iniciativas voluntarias y el trabajo constante en cuanto a actualización de leyes, reglamentos y sistemas relativos a la SST, ayuda a promover la creación de puestos de trabajo en

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Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?

Comunicaciones CCS

Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cómo citar este artículo:Salamanca, V. (2022). Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 52-59. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/empleos-verdes-y-transicion-laboral-riesgos-emergentes-en-sst/ La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la SARS-CoV-2 impactó drásticamente los mercados laborales de América Latina. Las cifras son dispares. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021) en la región se llegaron a perder más de 31 millones de empleos. Por su parte, la Cepal y la OIT (2020) estiman una pérdida de alrededor de 47 millones de trabajos siendo los más afectados grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores informales, los inmigrantes, los jóvenes que recién se insertaban en el mercado laboral y los trabajadores de menor cualificación o que no tuvieron posibilidad de acceder al teletrabajo. Pese a los avances en los planes nacionales de vacunación, los esfuerzos de los Estados por alcanzar la inmunidad colectiva y la progresiva reactivación de la economía, los organismos internacionales mencionados anteriormente advierten que la recuperación laboral será lenta y se necesitará no solo tiempo sino también la adopción de importantes medidas para retornar a los niveles previos a la crisis sanitaria y lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, para el BID los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París, como parte de sus apuestas por el desarrollo de un nuevo modelo productivo mundial, pueden ser una fuente clave de oportunidades laborales y un motor para la reactivación económica. “Si bien la recuperación del empleo depende de múltiples factores, se estima que transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos, que hacen posible la descarbonización durante el proceso de transición hacia una economía de cero emisiones, pueden llegar a crear 15 millones de empleos netos en la región al 2030” (BID, 2021). Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, la OIT ha sido enfática en señalar que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y aboga por la necesidad de desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral (OIT, 2021), especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía (OIT, como se citó en Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019). 15 millones de empleos netos se podrían crear al 2030 en América Latina durante el proceso de transición hacia una economía baja en carbono, según el BID. De hecho, reconociendo que dicha transformación “impactará de manera más aguda a la fuerza laboral de sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias intensivas en energías fósiles” (UN Climate Change Conference UK, 2021) en octubre pasado, más de 30 países, entre estos, los principales productores de carbón, firmaron una declaración en la que se comprometen a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, las empresas y las comunidades más afectadas. Empleos verdes: retos para la SST La crisis económica y social de la COVID-19 no es el único factor que ha impactado el mercado laboral. Durante las últimas décadas el calentamiento global también se ha encargado de poner su cuota: los efectos de eventos climáticos extremos como las sequías, los incendios, las inundaciones, los huracanes y las heladas, entre otros, han interrumpido la operación de empresas y de sectores productivos debido a daños en infraestructuras, riesgos operacionales y bloqueos en cadenas de suministro por escasez lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas y destrucción masiva de empleos. En la transición hacia economías más verdes, las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente». A su vez, se perciben impactos en la productividad y la salud laboral. Según expertos del Programa Empleos Verdes de la OIT, cada año, se pierden miles de horas de trabajo a causa de factores ambientales y, para 2030, se estima que el número de horas trabajadas se reducirá en un 2 % debido al aumento de las temperaturas. De igual forma, la variabilidad climática está contribuyendo a generar riesgos ocupacionales y estrés térmico en la fuerza laboral (Sánchez, s.f., & Montt, 2019). Una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección». En este sentido, una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección. La OIT (2016) los define como: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (…). A nivel empresarial, los empleos verdes pueden producir bienes o prestar servicios con impactos ambientales positivos como, por ejemplo, los edificios

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

Comunicaciones CCS

Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Transición energética, principales retos para las empresas

Comunicaciones CCS

Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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El papel de la seguridad y la salud en el trabajo para erigir empresas sostenibles

Comunicaciones CCS

Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. La sostenibilidad es un compromiso que la humanidad ha adquirido con el fin último de preservar la especie, fundamentado en los graves impactos ambientales que ha sufrido el planeta por la acción del hombre, así como en la necesidad de continuar desarrollando la sociedad en todos los aspectos, para hacerla más equitativa para todos. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó establecer un plan que permita contar con avances significativos en diferentes aspectos de la sostenibilidad para el 2030, de tal manera que se conviertan en la base para que loshabitantes del planeta Tierra tengamos un ambiente más sano, seamos más resilientes frente a fenómenos amenazantes, se incremente el acceso a aspectos básicos como la alimentación y el agua potable y se promueva un desarrollo económico orientado por la minimización de los impactos ambientales y sociales. La agenda para el desarrollo sostenible de la ONU estableció 17 objetivos para las personas y para el planeta que “constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo” (ONU, 2020). De estos, tres objetivos fueron identificados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como relevantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): ‘Salud y bienestar’ (ODS 3), ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ (ODS 8) y ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ (ODS 16). En cada uno de estos objetivos se establecen metas específicas que aportan de manera directa a la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OIT, n.d.). Frente al objetivo de ‘Salud y bienestar’ se identifica la meta 3.9 la cual señala que, para 2030, se espera reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Por su parte, en el objetivo de ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, se encuentra la meta 8.8 que insta a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Al respecto, podría decirse que corresponde a la meta que aporta en mayor medida a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el objetivo de ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ aparece la meta 16.6 que trata sobre la creación, en todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Desde el punto de vista organizacional, las empresas han querido abordar la sostenibilidad, en un principio, con un enfoque ambiental y, posteriormente, desde la responsabilidad social empresarial. Actualmente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las organizaciones han comprendido que es necesario dar abordajes integrales a la sostenibilidad, donde aspectos como la gobernanza, la protección ambiental y las estrategias sociales y económicas, se han convertido en un pilar estratégico para los negocios. Sin embargo,no es sencillo para las compañías comprender el alcance que sus acciones tienen para el cumplimiento de los ODS. La sostenibilidad en las compañías suele entenderse desde los tres ejes o esferas que clásicamente se han descrito: social, ambiental y económica. Desde el punto de vista social, un componente importante es la protección de los trabajadores, señalando de manera enfática que una empresa no puede ser sostenible si sus trabajadores no están sanos y seguros. Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debe ser un compromiso corporativo con la sostenibilidad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos ha señalado que los temas que con mayor frecuencia se clasifican bajo la esfera social de la sostenibilidad (por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, relacioneslaborales, participación comunitaria, diversidad, equidad, beneficios y compensaciones, organización del trabajo, cadenas de suministro, cultura, entre otros) son menos comprendidos y han ganado menos atención (OSHA, 2016) en comparación con los temas de la esfera ambiental. A partir esta situación, los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de las organizaciones han empezado a buscar cómo visibilizar sus aportes a la estrategia de sostenibilidad de las empresas para que tengan una relevancia similar a lostemas ambientales. Hay varios mecanismos a partir de los cuales se busca integrar los temas de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Por un lado, se encuentran reportes como el Global Reporting Initiative (GRI) o herramientas como la ‘Guía de Buenas Prácticas para incorporarla Seguridad y Salud en el Trabajo en los Reportes de Sostenibilidad’ del Center for Safety and Health Sustainability and their Advisory Council (CSHS, 2016). Este tipo de herramientas definen aspectos específicos que se pueden utilizar para informar los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo y cómo esto aporta en una calificación global de sostenibilidad. «Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debeser un compromiso corporativo con la sostenibilidad» Por otro lado, diferentes certificaciones, tanto de sistemas de gestión como de producto, han empezado a visibilizar la importancia de integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Un ejemplo de integración de elementos de sostenibilidady de seguridad y salud en el trabajo es lo que se ha explorado en las certificaciones Leed (Behm & Pearce, 2017) o la certificación GlobalGAP, que es la norma con reconocimiento internacional para la producción agropecuaria e involucra específicamente aspectos de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Considerando este contexto, durante el 55 Congreso de Seguridad, Trabajo y Ambiente se presentará la conferencia ‘El papel de la seguridad y salud en el trabajo para hacer empresas sostenibles’ a cargo del autor de este texto. El propósito de la charla será aportar

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Organizaciones de triple impacto: un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios

Comunicaciones CCS

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis Líder de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Ser las mejores empresas para el mundo y no solo las mejores del mundo. Esa es la consigna del SistemaB, un movimiento de organizaciones que está replanteando el modelo económico actual y está demostrandoque sí es posible dotar los negocios de un alto propósito social y ambiental sin perder de vista la rentabilidad.De esta forma, busca transformar el paradigma empresarial y medir el éxito no solo desde su crecimiento económico sino también desde su contribución a la sociedad. En 2012 el Sistema B aterrizó en América Latina, una región que, de acuerdo con la Cepal (2016), es la más desigual del mundo y cuyas brechas de pobreza se acentúan, entre otros factores, por una arraigada “cultura del privilegio”. No en vano, el movimiento pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué sentido tiene una economía que crece financieramente y que, por su misma naturaleza, genera inequidad creciente, acaba con los recursos naturales y profundiza la exclusión de miles de personas? Por eso, promueve formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de la población y del entorno natural, de forma simultánea, y conconsideraciones de corto y largo plazo. En ello radica su principal diferencia con respecto a las empresas socialmente responsables, pues, más allá de hacerse cargo de los impactos socioambientales de sus actividades y operaciones, tienen cuatro características fundamentales: 1) un modelo de negocio que soluciona, de forma intencional, uno o varios problemas sociales o ambientales; 2) estatutos que por mandato de los accionistas declaran la búsqueda del impacto social o ambiental y la triple cuenta de resultados (financiero, social y ambiental)¹; 3) un proceso exhaustivo de certificación que garantiza que su impacto es real, duradero y efectivo y 4) una declaración de interdependencia firmada, en la cual reconocen que son parte de una sociedad y de un ecosistema y, por lo tanto, deben trabajar a su favor y no a costa de ellos. “Las empresas B son inspiración, son ejemplo y se convierten en el aspiracional de otras empresas que quieren profundizar su modelo de sostenibilidad”, sostiene Camilo Ramírez, director ejecutivo del Sistema B en Colombia. Hoy por hoy, las empresas B certificadas a nivel mundial ascienden a 4500, conformando así una red global de empresas líderes en temas de sostenibilidad que están apuntalando el futuro de los negocios. En Latinoamérica ya son más de 800 y, a nivel local, Colombia cuenta con 75 empresas de este tipo, entre ellas, ConTREEbute, Juan Valdés, Alcagüete, Crepes & Waffles, Alquería, Grupo Contempo, Hybritec Solar, Portafolio Verde y Arroz Blanquita, entre otras. “El sector empresarial colombiano es sensible a temas de impacto social y ambiental. Esto ha hecho que en Colombia el movimiento haya crecido vertiginosamente en los últimos años. De igual forma, los consumidores de hoy les exigen a las empresasno solo un producto de alta calidad a un precio asequible, sino también una conexión con la solución de problemas sociales y ambientales que sea coherente y creíble por parte de la empresa. Es allí donde el movimiento B tiene sus bases de crecimiento”, explica Ramírez. Entre las ventajas que obtienen las organizaciones que deciden trabajar bajo un modelo de economía de triple impacto, el directivo señala una alta preferencia por parte de los consumidores; mayor nivel de atracción y retención de talentos en comparación con las empresas tradicionales —por cuanto los colaboradores se conectan con el propósito superior de la organización—; un interés cada vez mayor por parte de inversionistas y bancos que se inclinan por las empresas B en sus decisiones de financiación e, incluso, les otorgan tasas preferenciales de interés; y el incremento en la confianza y la reputación entre los diversos grupos de interés motivados por la ética en los negocios que estas evidencian. De igual forma, al regirse por un propósito superior, este tipo de organizaciones tiende a ser mucho más resilientes durante las crisis, puesto que se concentran en crear modelos de negocio orientados a resolver problemáticas y desafíos coyunturales, de modo que encuentran oportunidades en medio de las adversidades. “Así ocurrió en la pandemia. La emergencia sanitaria golpeó a todas las empresas del mundo por igual. Sin embargo, encontramos que a las empresas B sus consumidores y colaboradores no las abandonaron —apunta Ramírez—. De hecho, muchas crecieron durante este período porque estaban dando solución a las necesidades sociales y ambientales y no solo buscando rendimientos financieros a toda costa”. No obstante, el sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando empresas y gobiernos. Desde el 2014, elmovimiento viene construyendo la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto a través de la cual promueve “estudios- y discusiones en torno a los temas legales más relevantes para propiciar un cambio en las reglas de juego en lo económico-corporativo de la nueva economía: desde el desarrollo del lenguaje legal de las empresas B, hasta promover cambios en las regulaciones o prácticas del mercado” (Sistema B, s.f.) De la mano de esta red de abogados, el Sistema B ha venido promoviendo en la región la figura jurídica denominada Sociedadesde Beneficio e Interés Colectivo también conocida como ‘Sociedades BIC’. De acuerdo con Ramírez, se trata de una figura pública, voluntaria y autorreportada que se convierte en un primer paso hacia la sostenibilidad para aquellas empresas que la adoptan. En Colombia, estas sociedades cuentan con reconocimiento legal a partir de la Ley 1901 de 2018, reglamentado por el Decreto 2046 de 2019 (MinCIT & Confecámaras, s.f.). «El sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando lo público y lo privado». ¿Dónde radica entonces la diferencia? Básicamente en que las empresas B se certifican bajo un modelo de

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