Por Paola Andrea Ramírez Ávila / Administradora de empresas Especialista en docencia universitaria y en gestión del talento humano / Magíster en Gestión del Desarrollo Humano y en Seguridad y Salud en el Trabajo / Tutora del CCS
Carlos Andrés Valencia Hernández / Administrador policial Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo / Magíster en Sistemas Integrados de Gestión / Teniente Coronel retirado de la Policía Nacional / Tutor del CCS
El riesgo público es un factor que impacta significativamente la actualidad del mundo y, por lo tanto, a las organizaciones dado que deja en manifiesto la existencia de amenazas potenciales que pueden surgir repentinamente en el entorno externo y poner en riesgo la integridad (e, incluso, la vida) de sus trabajadores, afectar la infraestructura de la empresa, generar serias disrupciones a las operaciones de la Gestión del riesgo público, una prioridad para las organizaciones irrumpir en la continuidad del negocio y, con ello, cuantiosas pérdidas económicas y de reputación.
Comprendiendo el flagelo de la presencia del riesgo público de manera permanente en todos los entornos en los que interactúa el ser humano, sean laborales, sociales, académicos, residenciales y demás, se hace necesario tener claro el concepto, con el fin de tener una idea clara del mismo.
De acuerdo con Quirón Prevención (2022), “se entiende por riesgo público la ocurrencia de situaciones asociadas a condiciones o hechos violentos que afectan las instalaciones o bienes de las empresas, así como la integridad física de las personas que se encuentran en dichos lugares”.
Por su parte, la Administradora de Riesgos Laborales Sura señala que el riesgo público suele estar asociado a factores sociales que provocan agresiones intencionales entre personas o comunidades y cita, entre algunos ejemplos, hechos como los saqueos, raponazos, robos o atracos, fleteos, intoxicaciones con fines delictivos, secuestros exprés (popularmente llamados “paseos millonarios”), extorsiones, atentados, asonadas y accidentes de tránsito.
Es así como la inseguridad asociada a la criminalidad —ya sea común u organizada— produce un alto nivel de afectación en los entornos laborales y comunitarios: deteriora la calidad de vida, el estado de salud, la percepción de seguridad y la convivencia de las personas lo cual termina impactando negativamente en el capital social y la productividad de las organizaciones, motivando a los líderes empresariales y de proceso a concebir el riesgo público como uno de los riesgos trasversales que deben ser priorizados con suma urgencia.
De hecho, las diferentes enfermedades laborales originadas por factores de riesgo público y que pueden ser de índole psicosocial, osteomuscular, sistémicas-funcionales, entre otras, (Safetya, 2024) están estrechamente relacionadas con las secuelas físicas o psicológicas que resultan de experiencias de agresión. Esta situación se ha convertido en un tema relevante en las agendas gubernamentales y organizacionales dentro de las cuales se destaca la Política de Seguridad y Defensa del actual gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo vigente, con consideraciones expresas como “proveer condiciones de seguridad y protección para la vida la integridad personal y el patrimonio con especial énfasis en territorios bajo disputa de organizaciones criminales” (DNP, 2022).
Contexto actual de la inseguridad en Colombia
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental internacional con sede en Ginebra que administra una red de expertos para facilitar el dialogo global sobre el crimen organizado reveló, a finales de 2021, que Colombia es el segundo país con mayor índice de crimen organizado en el mundo con una puntuación de 7,66, superado solo por la República Democrática del Congo, que obtuvo 7,75. Entre las variables que estima el ranking se encuentra “la presencia de mercados ilegales, la estructura e influencia de los actores criminales y la resiliencia, definida esta como la capacidad del Estado de crear disrupción en las actividades delictivas a través de políticas públicas” (Portafolio, 2022).
En este contexto de criminalidad, la Policía Nacional indica que, para el 2021, el 93 % de los condenados por hurto, en cualquiera de sus modalidades (residencial, a personas, a comercio) fueron hombres con una composición etaria concentrada en un 83 % en edades productivas entre 22 y 45 años de edad (Policía Nacional, 2022) y cuya actividad delictiva generó graves afectaciones a las condiciones de salud y seguridad de las víctimas, evidenciadas en lesiones físicas, verbales y psicológicas en las víctimas, así como afectación a infraestructuras.
Al hablar de percepción de seguridad y modalidad de la materialización del riesgo público con mayor recurrencia en el país, podemos tomar como antecedente los resultados emitidos por la Encuesta de Percepción de Seguridad Ciudadana, aplicada en Bogotá por la empresa investigadora de mercados Invamer Gallup, la cual indica que, para el primer trimestre de la vigencia 2024, el 56,5 % de los bogotanos consideró que el principal problema de la ciudad es la inseguridad, seguido muy de lejos por un 6,3 % que cree que el desempleo es lo más grave.
Así mismo, el 31,9 % de la ciudadanía consultada en la capital aseguró que en el último año fue víctima de hurto a personas (atraco, cosquilleo, raponazo, fraude, engaño, paseo millonario, etc.); seguido del 11,9 % que padeció hurto a sus vehículos y un 9,5 % involucrados en riñas y golpes (Invamer, 2024). Ahora bien, si analizamos el contexto de percepción del mismo periodo para el año 2022, el 92,8 % de las personas consultadas afirmó que la inseguridad ha venido empeorando toda vez que se evidencia un aumento preocupante en hurtos, masacres, crecimiento de grupos criminales, entre otras variables de inseguridad (Infobae, 2023).
Para comprender las condiciones sociales y el panorama criminológico, la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane, 2022) brinda información sobre las víctimas, identificándolas como personas mayores de 15 años que en 2021 sufrieron un siniestro ocasionado por riesgo público. La encuesta revela, además, que los delitos más recurrentes incluyen hurto a personas, hurto a residencias, extorsión, fraude, hurto de vehículos, amenazas verbales, riñas y peleas, incidentes de seguridad digital, entre otros¹. A su vez, la ECSC permite conocer la percepción de inseguridad de las 13 ciudades capitales más grandes del país. De hecho, en 2022, cinco de las principales (Bucaramanga, Cartagena, Bogotá D.C., Ibagué y Pasto), registraron un deterioro significativo en este indicador si se compara con el año inmediatamente anterior (Dane, 2022)².
Es importante señalar que no solo la Encuesta de Percepción de Seguridad Ciudadana (ECSC) proporciona datos cruciales sobre las horas, zonas, ciudades y meses más afectados por el riesgo público en Colombia. Dicha información también puede validarse a través del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO). Estos datos son esenciales para comprender el comportamiento del riesgo público en el país y sirven como base para desarrollar estrategias de control y prevención. Además, constituyen un insumo fundamental para la creación de programas o protocolos de riesgo público en las empresas, contemplando el contexto interno y externo que las caracteriza como un mecanismo anticipativo que orienta el cuidado y autocuidado de los trabajadores en materia de seguridad.
No podemos ignorar las consecuencias políticas, sociales y económicas de las protestas en el país, que incluyen actos de vandalismo, asonadas y saqueos. En 2023, los conflictos sociales aumentaron un 43 % en comparación con 2022, muchos de ellos relacionados con demandas por incumplimientos en mesas de diálogo sobre necesidades estructurales en salud, alimentación, seguridad, educación, empleo, servicios públicos, transporte y derechos humanos.
Lo anterior, permite observar el comportamiento de los diferentes factores de riesgo público del país, conocer las cifras históricas y actuales y, con base en ello, generar análisis prospectivos frente a los posibles riesgos públicos. Conocer los antecedentes y los sucesos que marcan la actualidad facilita el reconocimiento del riesgo y la preparación de las organizaciones para atender diferentes escenarios, priorizando los riesgos públicos dentro de sus planes de trabajo. (Defensoría del Pueblo, 2024).
Causas socioeconómicas
Entre los factores concomitantes a la provocación y ocurrencia del peligro público se encuentra la pérdida de valores humanos y sociales en la población, particularmente, en las nuevas generaciones, las bajas oportunidades de acceso a empleos formales y educación, los flujos migratorios, la inconformidad y la polarización social y el aumento de la pobreza, la corrupción y la desigualdad social, entre otros (Quirón Prevención, 2022). Cifras difundidas por la Revista Criminalidad (2022) así lo constatan:
“En Colombia el 80 % de las denuncias se nutren principalmente de 14 delitos: hurto (17 %), lesiones (12 %), hurto calificado (9 %), violencia intrafamiliar (9 %), tráfico, fabricación y porte de estupefacientes (7 %), inasistencia alimentaria (6 %), lesiones culposas (4 %), amenazas (4 %), estafa (3 %), homicidio (3 %), fabricación, tráfico y porte de armas (2 %), daño en bien ajeno (2 %), abuso de confianza (1 %) y calumnia (1 %)”³ (Criminalidad, 2020)».
Según lo enunciado, el 40 % de las denuncias corresponde a delitos contra el patrimonio económico, el 24 % contra la integridad personal, el 19 % contra la familia, el 9 % contra la salud pública y el 8 % son delitos relacionados con la seguridad pública. Estas cifras permiten inferir una correlación directa entre aspectos sociales y económicos que impactan el aumento de casos de riesgo público en sus diferentes modalidades.
A su vez, la validación del análisis de georreferenciación también ayuda a caracterizar el perfil sociodemográfico de la población que labora en la empresa, identificar los antecedentes y peligros a los cuales están expuestos los trabajadores y establecer los controles necesarios para contener episodios de riesgo público.
El reto de las organizaciones
Para abordar el riesgo público es fundamental que las organizaciones estén al tanto de las amenazas delictivas que enfrentan los trabajadores y reconozcan la vulnerabilidad humana. En este sentido, es clave fomentar una cultura de seguridad y autocuidado a través de la creación e implementación del programa de riesgo público. Este programa debe incluir el análisis del contexto, la caracterización de los riesgos públicos probables en el centro de trabajo y la identificación de las fuentes, situaciones y actos relacionados con dichos riesgos.
Por otro lado, es crucial definir claramente las responsabilidades y autoridades, destacando el rol del líder de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el del encargado de la seguridad de las instalaciones, entre otros cargos relevantes. También es importante establecer los canales de comunicación, la línea de activación de emergencias o alarmas y mantener actualizado el plan de emergencias.
El reto, en este sentido, está en investigar y describir, a partir del análisis del riesgo, la presencia de diferentes estructuras criminales en los centros de trabajo y los alrededores. Estos grupos pueden influir en la materialización de riesgos públicos como secuestro (simple, extorsivo, selectivo, colectivo, exprés, falso servicio), extorsión (en sus diversas modalidades: directa, indirecta, entrega de premio, familiar detenido, carcelaria, ciberextorsión, sexting, etc.), asonadas (protesta social, vandalismo, incendios, explosiones), terrorismo (local, global) y hurto (a personas, viviendas y comercios), entre otros.
En conclusión, las organizaciones deben priorizar la gestión del riesgo público dentro de sus operaciones. La alta dirección y el equipo de asesores deben recono cer la necesidad de contar con herramientas gerenciales y operativas para mitigar las consecuencias de los casos de riesgo público en los centros de trabajo. Esto se logra mediante la implementación de un programa o protocolo de riesgo público en combinación con guías y procedimientos definidos como los Procedimientos Operativos Normalizados (PON). Estos documentos orientadores indican qué hacer antes, durante y después de un evento perturbador y definen claramente los roles y responsabilidades de los actores involucrados en la anticipación y respuesta ante emergencias generadas por el riesgo público.
Como se observa, gestionar los riesgos públicos demanda de conocimiento, tratamiento y control del riesgo, pero también un alto compromiso y conciencia personal y colectiva. De esta manera, las organizaciones podrán establecer directrices que prioricen la calidad de vida de los empleados, aceptando su deber y responsabilidad social de proteger la vida, la integridad y los recursos, en consonancia con los contextos locales, departamentales y nacionales.
Notas a pie de página
- La encuesta ofrece resultados, luego de aplicar entrevistas a 17.109 mil hogares. Las preguntas sobre victimización hacen referencia al periodo
comprendido entre enero a diciembre de 2021. - La recolección de información a hogares se realizó durante los meses de septiembre a noviembre de 2022. La encuesta fue aplicada a una muestra representativa de cada ciudad que acumuló información de 122.251 personas, residentes habituales de 41.567 hogares.
- La Revista Criminalidad es una publicación de la Policía Nacional de Colombia que tiene por objeto divulgar resultados originales de investigaciones que hacen aportes significativos a la criminología, la criminalidad y sus disciplinas conexas. Asimismo, presenta análisis e información cuanti-cualitativa sobre los delitos y las contravenciones acaecidas en Colombia durante periodos anuales y semestrales.
Referencias
Defensoría del Pueblo. (2024). Informe Anual de Conflictos Sociales Manifiestos. Obtenido de: https://www.defensoria. gov.co/documents/20123/2709772/INFORME+ANUAL+CONFLICTIVIDAD+2023++28-02-24.pdf/a13fa8b8-11cc-950b-d1ce7aaae565ead5?t=1709656842627
DANE. (2022). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/seguridad-y-defensa/encuesta-de-convivencia-y-seguridad-ciudadana-ecsc#:~:text=La%20Encuesta%20de%20Convivencia%20 y,cibern%C3%A9ticos%3B%20as%C3%AD%20como%20su%20denuncia.
DNP. (2022). Plan Nacional de Desarrollo. 2022-2026. Politica de Seguridad y defensa. Bogotá, Colombia.
Infobae. (23 de marzo de 2023). La percepción de inseguridad aumentó en el 2021 según encuesta de Invamer. Infobae. Obtenido de https:// www.infobae.com/america/colombia/2021/04/25/la-percepcion-de-inseguridad-aumento-en-el-2021-segun-encuesta-de-invamer/
Invamer. (27 de junio de 2024). La inseguridad es el azote de Bogotá, Medellín y Cali, según Invamer. Obtenido de El COLOMBIANO.COM: https://www.elcolombiano.com/colombia/bogota-cali-medellin-inseguridad-problema-mas-grave-encuesta-gallup-NJ24870508
Policía Nacional. (Agosto de 2022). Revista Criminalidad – Volumen 64. Modelado dinámico del fenomeno criminal en Colombia para la toma de decisionesl de politica pública. Bogota D.C., Cundinamarca, Colombia.
Portafolio. (27 de abril de 2022). Colombia: el segundo país del mundo con índices de criminalidad altos. Obtenido de Portafolio.co: https:// www.portafolio.co/economia/colombia-el-segundo-pais-del-mundo-con-indices-de-criminalidad-altos-564634
Quirón Prevención. (15 de septiembre de 2022). Riesgo Público. Causas y medidas preventivas. Obtenido de uironprevencion.com/blogs/ es/prevenidos/riesgo-publico-causas-medidas-preventivas
Safetya. (20 de mayo de 2024). Tabla de enfermedades laborales.. Obtenido de https://safetya.co/tabla-de-enfermedades-laborales/
