En un escenario de cambio climático y crecientes demandas para transformar los actuales modelos productivos, Colombia enfrenta el reto de avanzar hacia un desarrollo económico bajo en carbono y, a su vez, fortalecer su adaptabilidad y resiliencia. El CCS consultó a la directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Andrea Corzo Álvarez, para conocer las apuestas que desde esta cartera se están planteando, los avances normativos que apoyan esas estrategias y la manera en la
que se involucra allí el sector privado.
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son los principales desafíos ambientales que deberá enfrentar Colombia durante este 2022?
Andrea Corzo Álvarez: Colombia está entrando en una fase de crecimiento económico post-COVID en la que hay que ser cuidadosos y contemplar los impactos sobre los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos dependen. Así, el país tiene una serie de retos relacionados con el uso eficiente de estos recursos y la búsqueda de fuentes más sostenibles de materias primas para el desarrollo industrial, entre ellas fuentes de energía renovables.
Hay actividades que son más intensivas que otras en el uso de recursos. La agricultura y el transporte, por ejemplo, son algunas de las que representan mayores impactos en nuestro país en cuanto al uso de recursos como energía, suelo y agua y de ellas depende, en gran medida, el éxito o el fracaso del modelo de desarrollo económico con enfoque sostenible.
CCS: ¿Cuáles son las estrategias que plantea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover la producción y el consumo sostenible a nivel empresarial durante este año?
A.C.A.: Estamos trabajando en varios frentes para promover prácticas más sostenibles a nivel empresarial, pero, en términos de uso eficiente de recursos y reducción de impactos sobre los ecosistemas, tenemos un trabajo adelantado desde el 2019, a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), que tiene varias líneas de acción priorizadas para recursos como el agua, la energía, la biomasa, los materiales de construcción, los envases y empaques y los materiales industriales.
De esta estrategia se han derivado instrumentos normativos como las resoluciones 1256 y 1257 de 2021 que promueven la circularidad a través del reúso de agua y de la gestión de los residuos de construcción y demolición, respectivamente. Adicionalmente, se encuentran en implementación las resoluciones 1407 de 2018 y 1342 de 2020 que reglamentan la gestión de los envases y empaques en el país bajo un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Estas resoluciones complementan un bloque
normativo que obliga a que los productores se hagan cargo de residuos de productos que pueden generar impac- 23 tos negativos sobre el ambiente como las llantas, las sustancias consideradas peligrosas y distintos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos.
También hay desarrollos más allá de lo normativo. Hemos trabajado de la mano con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) y con la Unión Europea para el desarrollo de guías y normas técnicas que permitan incorporar materiales secundarios en los procesos productivos. Es así como se adoptaron las NTC 6421 y 6422, que estandarizan el uso de agregados reciclados en mezclas de concreto y se desarrolló una guía para el aprovechamiento de biomasa residual.
Esto viene acompañado de un trabajo constante con el sector privado, que incluye instancias de comunicación y cultura ciudadana y que pretenden integrar conceptos como el aprovechamiento, el reciclaje y el uso eficiente de los recursos en la conversación cotidiana de empresarios, gestores de residuos, tomadores de decisiones y ciudadanos en general.
CCS: ¿Cómo va el país en materia de economía circular?, ¿cuáles son las prioridades en ese sentido?
A.C.A.: A pesar de que aún hay un largo camino por recorrer ya tenemos indicadores que muestran un avance importante. El Dane ha hecho un ejercicio de diagnóstico que se refleja en los cuatro reportes de economía circular con indicadores sectoriales y de las líneas de acción priorizadas. Por supuesto, nuestra prioridad está asociada al cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, a nivel nacional, y de compromisos internacionales para los flujos de agua, energía, biomasa, materiales de construcción, envases y empaques y materiales industriales sujetos a gestión posconsumo.
En ese sentido, la gestión de residuos se comienza a volcar hacia el aprovechamiento gracias a la REP de envases y empaques y empezamos a ver que las empresas tienen más interés en incluir criterios de circularidad en sus procesos productivos. Durante el 2021 las empresas debieron realizar la gestión inversa y el aprovechamiento de al menos el 10% de sus residuos de envases y empaques
e implementar estrategias para la sustitución o reducción de los plásticos de un solo uso, entre otras acciones que promueven el uso circular de los residuos.
También hemos identificado más de cien proyectos exitosos en 24 regiones del país a través de las Mesas Regionales de Economía Circular y de las ventanillas de negocios verdes que acompañan las diferentes autoridades ambientales. Como mencioné anteriormente, hay avances normativos y técnicos en esta materia y el balance es muy positivo desde la perspectiva del Gobierno nacional. El sector privado tiene mucho interés en participar de esta transición hacia un modelo de economía circular y muestra avances y propuestas para hacerlo de manera coordinada con las instituciones públicas locales, regionales y nacionales.
CCS: A grandes rasgos ¿en qué consiste la hoja de ruta para alcanzar la carbononeutralidad y cómo se involucra allí el sector privado?, ¿qué avances se registran hasta el momento alrededor de esta perspectiva?
A.C.A.: Desde el año pasado contamos con una Ley de transición energética y una Ley de acción climática que buscan que el sector privado —que es el que en últimas debe incorporar medidas de reducción de emisiones de CO₂ en sus cadenas de valor— defina las acciones para reducir y compensar sus emisiones hasta llegar al cero neto.
Esta hoja de ruta ya surtió la fase de diagnóstico en la cual establecimos las íneas base de los diferentes sectores productivos, identificando cuáles son las emisiones, fuentes, procesos y características, para posteriormente trabajar en los porcentajes de reducción necesarios para cumplir la meta de reducción del 51 % de las emisiones del país a 2030 y la carbononeutralidad a 2050 que corresponden a nuestro compromiso como país de cara al Acuerdo de París.
Por supuesto, este proceso ha tenido una activa participación de los sectores económicos y un claro compromiso de su parte, lo que incluye la incorporación de criterios como la circularidad para el cumplimiento de las metas de mediano y largo plazo.
La Estrategia Climática de largo plazo de Colombia E2050 es un instrumento de política de Estado vivo que plantea la trayectoria para lograr la carbononeutralidad al 2050 a través de nueve apuestas (Ver recuadro ‘Las grandes apuestas de la E2050), 48 opciones de transformación y 195 referentes de ambición. Se trata de una estrategia que comprende seis temas de implementación en donde
los asuntos de equidad de género y la gestión integral del riesgo son transversales. Para lograr la carbononeutralidad es necesario el compromiso de todos los sectores. Por supuesto, el sector privado es fundamental para el logro de los dos grandes objetivos nacionales al 2050 para cumplir con la visión y construir una trayectoria de resiliencia climática:
- Reducir en Colombia las emisiones GEI al 90 % con respecto a las del 2015 y balancear con absorciones el 10 % restante para alcanzar un balance neto cero.
- Reducir en Colombia la vulnerabilidad de los municipios y departamentos y los daños y pérdidas causados por cambio climático, con un enfoque
territorial integral y multisectorial, pasando de la clasificación actual de Alta (0,88), a una vulnerabilidad Baja o Muy Baja (≤ 0,4) (Ideam et al., 2017).
A partir de ahora, inicia el reto de implementar la E2050 articulando su visión, principios fundamentales y apuestas a los instrumentos de política pública, contribuyendo así a construir el camino para una nueva Colombia carbononeutral y con amplias capacidades de daptación al cambio climático.
CCS: Con respecto a la reciente aprobación de la Ley de Acción Climática, ¿qué papel juega el tejido empresarial colombiano en esa nueva normativa?
A.C.A.: A pesar de ser un desarrollo legislativo del Gobierno nacional, los resultados de esta ley están en manos del empresariado, pues son las empresas las que deben mejorar sus procesos y prácticas para reducir efectivamente las emisiones de CO₂ y la huella climática
en general. La ley es un llamado a la acción para que el sector productivo migre hacia procesos más eficientes, que utilicen fuentes de energía limpia, y con una oferta más transparente hacia los consumidores y las instituciones públicas en términos del uso de materiales más sostenibles.
Esta ley trae consigo una serie de incentivos (positivos y negativos) para que las cadenas de valor incluyan o refuercen la variable ambiental en el proceso productivo y de consumo, además de tareas para las carteras del Gobierno nacional para reglamentar temas como la movilidad sostenible, el reúso de aguas residuales domésticas y el aprovechamiento de residuos para la generación de energía,
entre otros temas fundamentales para hacer más sostenible la producción y el consumo en el país.
A partir del liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este año se definirá un portafolio de medidas de adaptación para gestionar eficientemente el uso de recursos en los procesos productivos y de servicios, para que en 2023 se estructure el Programa integral del sector Comercio, Industria y Turismo (CIT), y a partir de su adopción, se implementen las acciones definidas en el programa.
Con el fin de complementar este proceso y generar un mecanismo de trabajo articulado con el sector privado, en 2021 el Ministerio de Ambiente presentó el Programa de Carbononeutralidad, en el cual 103 empresas pioneras en la materia trabajaron de la mano de esta cartera durante el segundo semestre de ese año en la construcción de sus compromisos climáticos.
Al lograr vincular empresas de 30 sectores de la economía nacional, el programa ha generado un efecto positivo en el gremio empresarial, tanto así que este año trabajaremos con más de 500 compañías para lograr, que cada año sean más las organizaciones carbononeutrales en Colombia.
Las grandes apuestas de la E2050
Para construir un país resiliente al clima,
con una alta capacidad adaptativa
y neutral en carbono, la E2050 plantea
nueve apuestas:
- Conocimiento y gobernanza climática
- Gestión integral de la biodiversidad
- Producción y consumo sostenibles
- Transición justa de la fuerza laboral
- Desarrollo rural sostenible diferenciado por regiones.
- Ciudades-región con desarrollo urbano integral
- Matriz energética diversificada
- Movilidad e infraestructura sostenibles
- Incrementar la capacidad de la población y del sistema de salud.
Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.
