Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Desde que en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el informe «Nuestro futuro común», también conocido como ‘Informe Brundtland’ (en el que, por primera vez, se definió el desarrollo sostenible), la salud, la seguridad y el cuidado de los trabajadores ya aparecía como un asunto fundamental en las estrategias para el desarrollo industrial sostenible.
Más tarde, el programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río 92) puso un fuerte énfasis en el desarrollo de estrategias preventivas para reducir las enfermedades de carácter ocupacional y las causadas por toxinas en el medio ambiente y en el trabajo a fin de mejorar la seguridad de los trabajadores.
Más recientemente, con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo número 8 ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ insta en su meta 8.8 a “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.
De esta manera, la relación estrecha entre sostenibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST (antes llamada salud ocupacional) ha estado presente desde la creación del concepto.
Pero fue la llegada de la pandemia por la COVID-19, cuyos efectos aún vivimos, la que nos dejó enseñanzas significativa, donde lo fundamental volvió a cobrar sentido: garantizar la vida de las personas y su bienestar como la esencia de las sociedades. Es por esto que las diferentes estructuras sociales, empresariales y económicas han trazado planes para aportar en diferente medida a la sostenibilidad, donde la seguridad, la salud en el trabajo y el ambiente son parte de sus pilares.
De hecho, el informe de Tendencias de Reportes de Sostenibilidad para el 2023 sitúa a la SST dentro de los asuntos materiales más importantes para las empresas en la elaboración de sus estrategias de sostenibilidad.
A esto se le suma la comprensión de que la SST impacta profundamente la continuidad de los negocios, la estabilidad económica y la cohesión del tejido social. Según estimaciones de la OIT, cada año mueren 2,3 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo; otros 160 millones de trabajadores padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, y 313 millones de trabajadores padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo que les deja secuelas de por vida.
Para las empresas y los sistemas económicos, esta situación representa un costo significativo y puede poner en riesgo la sostenibilidad económica (por pérdidas en productividad, sanciones y costos reputacionales, entre otros). La OIT estima que se pierde más del 4 % del PIB anual del mundo como consecuencia de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Por ende, hoy por hoy, invertir en seguridad y salud de los trabajadores ya no es un diferencial; es una condición para permanecer en el mercado, para garantizar operaciones sostenibles que permitan seguir contribuyendo al bienestar de las sociedades. Es por ello que la protección de los trabajadores se debe constituir en un pilar estratégico para todas las empresas, sin importar el tamaño ni el sector en el que se desempeñan.
Así mismo, la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a familias enteras quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social.
Ahora bien, frente a la relación que tiene la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la sostenibilidad ambiental, el avance hacia la descarbonización de las industrias, la adopción de energías renovables, la implementación de procesos ecoeficientes en los sistemas de producción y la introducción de la economía circular trae consigo grandes retos y nuevas oportunidades en materia de gestión laboral. El BID estima que los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París pueden llegar a generar 15 millones de empleos netos en América Latina al 2030.
Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, es necesario tener en cuenta que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y, por lo tanto, es indispensable desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral, especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía.
