Productividad estancada: el incumplimiento del ODS 8 le costaría al país $450 billones al 2030
Bogotá, julio de 2025. Un reciente estudio realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) revela que, de mantenerse las tendencias actuales en productividad laboral e informalidad, Colombia podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones de pesos al 2030, por no alcanzar los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), enfocado en promover trabajo decente y crecimiento económico sostenible de aquí al 2030. La cifra fue revelada en el marco del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente que, por estos días, desarrolla el CCS y que reúne a más de 1500 líderes empresariales, expertos técnicos y académicos y profesionales prevencionistas. Las estimaciones económicas se basan en el análisis de dos indicadores específicos que permiten medir el avance del país hacia el cumplimiento del ODS 8: Para dar cumplimiento a la meta 8.2 del ODS 8 “lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”[1], Colombia estableció como indicador que, para el 2030, se debe contar con un incremento del PIB por persona empleada del 3 % anual[2]. Sin embargo, con base en los reportes del ‘Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe’, el CCS identificó que entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio es de tan solo el 1,57 % por año. Ahora bien, a partir de los datos del Dane para 2024, el PIB de Colombia se estimó en 1700 billones de pesos y la población ocupada en 23,3 millones de personas, lo que equivale a un promedio de 72,96 millones de pesos por cada trabajador al año. Con estos insumos, se proyectaron dos escenarios: El CCS estimó la brecha entre ambos escenarios utilizando una fórmula de interés compuesto y considerando la población ocupada constante. La diferencia acumulada en valor agregado que se dejaría de generar bajo el escenario base equivale a $243 billones de pesos acumulados al año 2030. “Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, destacó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS. La meta 8.5 del ODS propone, de aquí al 2030, “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. En otras palabras, es una apuesta por la formalidad laboral. Aunque Colombia se fijó como meta alcanzar una tasa de formalidad laboral del 60 % para 2030[3], la realidad muestra un panorama preocupante. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane para el primer trimestre de 2025, esa tasa apenas llegaba al 43,2 %, lo que deja una brecha de 16,8 puntos porcentuales. Traducido en personas, eso significa que el país aún necesita formalizar a unos 3,9 millones de trabajadores. Según cálculos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la informalidad laboral no solo afecta los derechos de millones de trabajadores, sino que también le está costando al país una parte importante de su productividad. Con base en el dato actual del PIB por persona empleada en Colombia —72,9 millones de pesos anuales— y en un estudio del Banco de la República que advierte que la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29 %, el CCS evaluó cuánto pierde el país por mantener altos niveles de trabajo informal. Para ello, se analizaron dos escenarios: uno en el que la formalidad laboral se estanca en 43,2 % hasta 2030, y otro en el que esa tasa crece progresivamente hasta alcanzar el 60 %, meta trazada por el país. En ambos casos, se mantuvo constante el valor del PIB por trabajador y se calculó, año por año (entre 2025 y 2030), cuánta productividad se pierde al multiplicar el número de trabajadores informales por ese 29 % de merma estimada. El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años. “Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirma Solano Luque. Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad. El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva[4]. Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización. En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos. Estrategias integrales para promover el