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Modificación al Sistema General de Riesgos Laborales evitó más de siete millones de accidentes de trabajo en los últimos 12 años

A través del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo, del CCS, se reveló que en los últimos 12 años el país habría ahorrado unos 4,5 billones de pesos anuales, en costos derivados de la siniestralidad laboral. Este impacto económico, calculado desde la expedición de la Ley 1562 de 2012 que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), representa un ahorro estimado total de 54,4 billones de pesos, entre el 2013 y el 2024[1]. Para el estudio, se tomaron como base los datos registrados por Fasecolda sobre accidentes y muertes relacionadas con el trabajo en todo el país, desde el 2009 hasta el 2024 y se dividió en dos etapas: la primera abarcó el análisis de los datos del periodo comprendido entre el 2009 y el 2012, el cual se consideró como previo a la expedición de la ley, para realizar un pronóstico hasta 2024 del comportamiento de la siniestralidad a partir de la información de este periodo. La segunda etapa consideró el rango de tiempo entre el 2013 al 2024, que corresponde al periodo de aplicación de la norma, comparando el comportamiento real de los siniestros con el pronóstico realizado. La primera etapa mostró que, de continuar la tendencia evidenciada antes de la expedición de la ley, la cifra anual de accidentes habría podido llegar a los 1,7 millones de eventos en 2024. No obstante, este escenario no se materializó. Por el contrario, según los resultados de la segunda etapa de análisis que corresponde al periodo de aplicación de la ley (2013-2024), la disminución promedio de los accidentes fue de 9292 eventos por año, llegando a una cifra de 520.272 en 2024. En otras palabras, para el último año, se habrían evitado aproximadamente 1.190.064 accidentes, menos de lo previsto según la tendencia que mostraban los años 2009 a 2012 (ver gráfica 1). Gráfica 1. Accidentes de trabajo en el periodo 2009 a 2024. Pronóstico y eventos ocurridos Para el caso de la mortalidad laboral, los hallazgos fueron similares. Según el pronóstico, en promedio, el incremento de muertes para este periodo podría haber sido de 31 decesos adicionales por año, pudiendo alcanzar la barrera de las mil muertes anuales de trabajadores en 2024. Sin embargo, no fue así:  a partir de 2013, se registró una disminución promedio de 25 muertes por año, alcanzando una cifra de 375 trabajadores fallecidos en 2024, es decir, 627 menos de lo previsto, acorde con la tendencia observada entre 2009 y 2012 (ver gráfica 2). Gráfica 2. Muertes por causas asociadas al trabajo en el periodo 2009 a 2024. Pronóstico y eventos ocurridos De lo anterior se pueden inferir dos conclusiones para el periodo de 2013 a 2024: es posible que en el país se hayan evitado más de siete millones de accidentes de trabajo y que se haya salvado la vida de cerca de 3800 trabajadores. Este es un indicador que refleja que el impacto de la Ley 1562 de 2012, radica en su implementación consciente. “Más allá de cumplir con las normativas, las organizaciones deben desarrollar una cultura sólida en seguridad y salud en el trabajo que se manifieste en acciones concretas, inversión real en prevención y un compromiso genuino con la protección integral de los trabajadores”, afirmó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. «Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, escenario propicio para recordarle a pequeños, medianos y grandes empresarios la importancia del compromiso con su fuerza laboral. La productividad de sus organizaciones también depende de las acciones que se gestionen desde la prevención y no desde la reacción, escenario que genera consecuencias fatales o incapacitantes para los trabajadores, afectando no solo su vida laboral, sino también sus actividades cotidianas, personales y familiares; además de ser altamente costosas para los empleadores», destacó la directiva. Estimación de los costos de la siniestralidad Bajo estos dos contextos, se tomaron como referencia los costos estimados para la sociedad de los accidentes de trabajo y las muertes por causas laborales presentados por el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América (NSC, por sus siglas en inglés). Estos costos corresponden a ingresos no percibidos o gastos derivados de lesiones prevenibles tanto fatales como no fatales y reflejan el impacto en la sociedad en general, más allá de los efectos directos para los empleadores (National Safety Council, 2023). Vale la pena señalar que Colombia no cuenta con una estimación oficial de los costos de siniestralidad, razón por la cual se acude a estimaciones internacionales de organizaciones altamente reconocidas. En este sentido, la estimación de costos del NSC para accidentes de trabajo es de $1080 USD (aproximadamente $4.320.000 pesos) y para muertes es de $1.460.000 USD (aproximadamente $5.840.000.000 pesos) por cada caso. Para efectos del cálculo, se tomó como promedio una tasa de cambio de $4000 pesos. Con estas cifras, se calculó el costo de los eventos ocurridos y se comparó con el costo de los eventos pronosticados descritos en las gráficas 1 y 2. Con base en lo anterior se pudo estimar que el costo de los accidentes de trabajo ocurridos entre 2013 y 2024 fue de cerca de 31,3 billones de pesos y el costo de las muertes estuvo alrededor de los 38 billones de pesos. Esto quiere decir que en los últimos 12 años los accidentes laborales y las muertes de trabajadores le han costado al país cerca de 69,3 billones de pesos. Realizando el mismo cálculo con las cifras proyectadas a partir de la tendencia observada en los accidentes y muertes ocurridas entre 2009 y 2012, el costo de estos eventos entre 2013 y 2024 pudo haber ascendido a una cifra cercana a los 123,7 billones de pesos. A partir de los resultados, se puede concluir que, posterior a la expedición de la Ley 1562 de 2012, se estima que el país ha ahorrado un aproximado de 54,4 billones de pesos en costos derivados de accidentes y muertes de trabajadores en el periodo 2013 a 2024, lo que equivale

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Tratamiento del riesgo en la Guía RUC®: administración de contratistas y proveedores

Por: Mauricio Gómez Triana Auditor líder II Ingeniero Químico / MSc. en Gestión y Evaluación Ambiental / Especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental / Especialista en sistemas de control organizacional y de gestión Cómo citar este artículo Gómez, M. (2024). Tratamiento del riesgo en la Guía RUC®: administración de contratistas y proveedores. Revista Protección & Seguridad No. 421. (mayo – junio 2024). pág. 34-39. https://ccs.org.co/tratamiento_riesgo_guia_ruc/ Como parte de los controles operacionales de los riesgos tanto laborales como ambientales considerados en la guía RUC®, están aquellos relacionados con la administración de contratistas y proveedores, considerando que un producto o un servicio dentro de la cadena de valor y en ejecución de las actividades puede afectar la conformidad del sistema de gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) ya sea por la generación o falta de control de un impacto ambiental, el aumento del nivel de los riesgos laborales, el incremento en la frecuencia y severidad de accidentes de trabajo en personal propio o en terceros y el potencial de incumplimientos legales. Teniendo en consideración está condición, tanto la Guía RUC®1 como los referentes legales (Decreto 1075 de 2015, artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 y Resolución 0312 de 2019, estándar mínimo de evaluación y selección de proveedores y contratistas) tienen dentro de sus requisitos el contar con controles para la selección y evaluación de sus proveedores y contratistas, incluyendo un procedimiento documentado en el que se consideren criterios de SSTA de acuerdo con la actividad contratada o el bien suministrado. En las experiencias de auditorías se presentan desviaciones a este requisito, generalmente por diferentes situaciones con los criterios, ya sean de selección y evaluación que no consideran elementos asociados al Sistema de Gestión de la SSTA, los de evaluación porque son considerados iguales para todos los proveedores y contratistas y no están alineados al bien o servicio su- ministrado, porque los propuestos son de difícil evaluación y no se pueden evidenciar o porque sencillamente no se ejecuta este elemento. Entonces, ¿cómo se puede enfocar este elemento para dar cumplimiento a los requisitos legales, evidenciar con formidad con la Guía RUCR y generar valor en el sistema de gestión? Una perspectiva sistémica permitiría percibir a los proveedores y contratistas como una extensión de la empresa dado que pueden impactar directamente en la calidad del producto o servicio, la seguridad de los trabajadores, así como en el desempeño ambiental y reputacional de las operaciones. Por tanto, para dar respuesta a la pregunta, se debería iniciar con una valoración de la criticidad de estos proveedores y contratistas para determinar cuáles de ellos puede dar lugar a incumplimientos normativos, fallas en la producción, accidentes laborales y daños ambientales. Para la identificación y determinación de la criticidad de estos actores se pue- den utilizar metodologías como: Para controlar los riesgos generados por proveedores y contratistas, es crucial establecer mecanismos eficaces de selección y evaluación que permitan garantizar que cumplen con los estándares requeridos y contribuyen a la mejora continua del sistema de gestión. Para mejorar el control de proveedores y contratistas, se debería: » Definir criterios de evaluación claros, estableciendo requisitos específicos en términos de calidad, seguridad y medio ambiente, considerando el bien o servicio suministrado; así como las actividades de alto riesgo y permanencia. » Comunicar los procedimientos, metodologías y criterios de selección y evaluación de SSTA a los proveedores y contratistas. En el contexto actual es cada vez más valioso asegurar la cadena de suministros, reducir los riesgos de SSTA, garantizar que los bienes o servicios se incluyan conforme con los requisitos de los sistemas de gestión (calidad, SST, ambiental y otros) y buscar la sostenibilidad. El acompañamiento a los contratistas y proveedores impulsa el desarrollo o madurez del sistema, permite garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, minimizar riesgos y, adicionalmente, se considera como buena práctica desde la evaluación del RUC®. Referencias: Carter, R., y Narasimhan, R. (1996). ¿Es la compra realmente estratégica? Revista Internacional de Gestión de Compras y Materiales 32(4), 20-28. Chopra, S., y Meindl, P. (2021). Gestión de la cadena de suministro: estrategia, planificación y operación (7.ª ed.). Pearson. Gelderman, CJ, y Van Weele, AJ (2005). Modelos de cartera de compras: una crítica y actualización. Journal of Supply Chain Management. 41(3), 19-28. International Organization for standardization. (2018). ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines. Kraljic, P. (1983). Las compras deben convertirse en gestión de suministros. Harvard Business Review, 61(5), 109-117.

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Honoris 2026: una nueva edición para exaltar el compromiso con la vida, el bienestar laboral y la sostenibilidad

Ya están abiertas las inscripciones para participar en los Reconocimiento Honoris 2026, las más altas distinciones que reconocen a las empresas y líderes que, durante el 2025, demostraron un compromiso ejemplar con la seguridad, la salud en el trabajo y la sostenibilidad. Esta iniciativa, de amplio prestigio en el sector empresarial, destaca las buenas prácticas y logros alcanzados por compañías y organizaciones —de todos los tamaños y sectores — afiliadas al Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), visibilizando su impacto en la consolidación de entornos que ponen en el centro de sus decisiones a las personas y protegen sus entornos. A través de un riguroso proceso de evaluación, el programa Honoris selecciona a las organizaciones que integran la prevención como valor estratégico en su cultura corporativa, reconociendo su liderazgo en aspectos como la innovación, la mejora continua, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la gestión responsable de contratistas. Por esta razón, el CCS invita a todas sus organizaciones adheridas a postularse y compartir sus experiencias significativas en materia de SST y sostenibilidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de agosto. Más info aquí. Asimismo, extiende la invitación a aquellas compañías que aún no forman parte de la comunidad CCS a afiliarse y participar en este espacio que no solo reconoce las iniciativas empresariales, sino que también impulsa el intercambio de conocimiento, el aprendizaje colectivo y las mejores prácticas sectoriales. Postularse a los Reconocimientos Honoris va más allá de alcanzar un galardón: es una oportunidad para visibilizar el compromiso real con la protección de la vida y el cuidado de las personas, fortalecer la reputación organizacional y ser parte de una red que construye un país más sano, seguro y sostenible.

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Conozca la nueva Ley de Salud Mental en Colombia

La Ley 2460 de 2025 modifica varios artículos de la Ley 1616 de 2013 y redefine el marco normativo de la salud mental en el país con un enfoque más integral, territorial y preventivo. Su objetivo principal es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental para toda la población colombiana, dando prioridad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Esta ley establece como pilares la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y la atención integral e integrada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en coherencia con el artículo 49 de la Constitución. Además, contempla una perspectiva promocional de la calidad de vida y se fundamenta en los principios de la Atención Primaria en Salud, integrando los enfoques de derechos humanos, género, diferencial, étnico, poblacional-territorial, de curso de vida y biopsicosocial. Consulte a continuación el texto completo:

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Productividad estancada: el incumplimiento del ODS 8 le costaría al país $450 billones al 2030

Bogotá, julio de 2025. Un reciente estudio realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) revela que, de mantenerse las tendencias actuales en productividad laboral e informalidad, Colombia podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones de pesos al 2030, por no alcanzar los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), enfocado en promover trabajo decente y crecimiento económico sostenible de aquí al 2030. La cifra fue revelada en el marco del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente que, por estos días, desarrolla el CCS y que reúne a más de 1500 líderes empresariales, expertos técnicos y académicos y profesionales prevencionistas. Las estimaciones económicas se basan en el análisis de dos indicadores específicos que permiten medir el avance del país hacia el cumplimiento del ODS 8: Para dar cumplimiento a la meta 8.2 del ODS 8 “lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”[1], Colombia estableció como indicador que, para el 2030, se debe contar con un incremento del PIB por persona empleada del 3 % anual[2]. Sin embargo, con base en los reportes del ‘Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe’, el CCS identificó que entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio es de tan solo el 1,57 % por año. Ahora bien, a partir de los datos del Dane para 2024, el PIB de Colombia se estimó en 1700 billones de pesos y la población ocupada en 23,3 millones de personas, lo que equivale a un promedio de 72,96 millones de pesos por cada trabajador al año. Con estos insumos, se proyectaron dos escenarios: El CCS estimó la brecha entre ambos escenarios utilizando una fórmula de interés compuesto y considerando la población ocupada constante. La diferencia acumulada en valor agregado que se dejaría de generar bajo el escenario base equivale a $243 billones de pesos acumulados al año 2030.  “Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, destacó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS. La meta 8.5 del ODS propone, de aquí al 2030, “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. En otras palabras, es una apuesta por la formalidad laboral. Aunque Colombia se fijó como meta alcanzar una tasa de formalidad laboral del 60 % para 2030[3], la realidad muestra un panorama preocupante. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane para el primer trimestre de 2025, esa tasa apenas llegaba al 43,2 %, lo que deja una brecha de 16,8 puntos porcentuales. Traducido en personas, eso significa que el país aún necesita formalizar a unos 3,9 millones de trabajadores. Según cálculos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la informalidad laboral no solo afecta los derechos de millones de trabajadores, sino que también le está costando al país una parte importante de su productividad. Con base en el dato actual del PIB por persona empleada en Colombia —72,9 millones de pesos anuales— y en un estudio del Banco de la República que advierte que la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29 %, el CCS evaluó cuánto pierde el país por mantener altos niveles de trabajo informal. Para ello, se analizaron dos escenarios: uno en el que la formalidad laboral se estanca en 43,2 % hasta 2030, y otro en el que esa tasa crece progresivamente hasta alcanzar el 60 %, meta trazada por el país. En ambos casos, se mantuvo constante el valor del PIB por trabajador y se calculó, año por año (entre 2025 y 2030), cuánta productividad se pierde al multiplicar el número de trabajadores informales por ese 29 % de merma estimada. El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años. “Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirma Solano Luque. Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad. El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva[4]. Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización. En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos. Estrategias integrales para promover el

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Conozca el catálogo de señalización para promover entornos laborales más seguros

En un mundo cada vez más conectado, la seguridad no debería tener barreras de idioma. El crecimiento exponencial del comercio internacional, los viajes y la movilidad laboral exige un lenguaje universal para la seguridad industrial. Por ello, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) presenta su Catálogo de Productos 2025, una herramienta esencial para las organizaciones comprometidas con la gestión del riesgo. Esta guía ofrece los principios clave para comprender y aplicar el diseño de símbolos gráficos, colores y formas geométricas estandarizadas, facilitando así la implementación de una señalización efectiva y alineada con las normativas vigentes. Con este catálogo, las empresas podrán: Este catálogo ha sido revisado y actualizado bajo las nuevas normas colombianas, lo que garantiza que las soluciones de señalización incluidas cumplen con la legislación vigente: Las nuevas normas reemplazan la NTC 1461:1987, permitiendo a las organizaciones mantenerse actualizadas y en cumplimiento con la legislación vigente. El catálogo incorpora los diseños más recientes del Manual de Señalización Vial 2024, consolidándose como una herramienta integral para la gestión de la señalización. Además, incluye referencias normativas clave, como la Resolución 624 de 2025, que define los lineamientos para señalizar espacios 100 % libres de humo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) brinda asesoría técnica especializada para definir la ubicación estratégica de las señales, con el fin de optimizar su efectividad y asegurar una comunicación clara hacia trabajadores, usuarios y visitantes. Asimismo le ofrece el diseño y la fabricación de las señales para garantizar el uso adecuado y duración en los espacios de trabajo. Consulte el catálogo en línea y a continuación, descárguelo ingresando aquí

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Reviva los momentos más destacados del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente y la 39 Expo CCS

Le invitamos a explorar la galería fotográfica oficial de nuestro 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente y de la 39 Expo CCS de la Seguridad Integral, un espacio que reunió a más de 1500 expertos nacionales e internacionales, líderes empresariales, profesionales prevencionistas y aliados comprometidos con la construcción de entornos laborales más seguros, saludables y sostenibles. En esta recopilación encontrará los momentos más memorables de las clases magistrales, paneles de discusión, conferencias técnico-comerciales y experiencias de la muestra comercial. Cada imagen refleja el compromiso de los asistentes con la protección de la vida y el bienestar de las personas, su participación activa y el intercambio de conocimientos que caracterizaron esta edición. Agradecemos a conferencistas, patrocinadores, aliados y participantes por hacer de este espacio un escenario de aprendizaje, reflexión e inspiración para avanzar hacia un presente y un futuro laboral más digno y humano. Lo mejor del #58CongresoCCS, en imágenes aquí Stands, experiencias y mucha innovación. Conozca la 39 ExpoCCS aquí 👉 Así se vivió el primer día del Congreso: contenidos, conferencias y encuentros 👉 Lo más destacado del segundo día del Congreso, en un solo lugar. 👉 Día 3: un cierre que reafirmó el compromiso con la seguridad y la sostenibilidad.

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Gestión del riesgo de desastres, planes de ayuda mutua y el requisito 3.2.7 de la Guía RUC®

Por: Mauricio Gómez Triana / Auditor líder II Ingeniero químico / MSc. en gestión y evaluación ambiental / Especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental. Cómo citar este artículo Gómez Triana, M. (2024). Gestión del riesgo de desastres, planes de ayuda mutua y el requisito 3.2.7 de la Guía RUC®. Revista Protección & Seguridad No. 417. (septiembre – octubre 2024). pág. 39-41. https://ccs.org.co/gestion-riesgo-desastres/ Uno de los aspectos clave en la auditoría y evaluación de la Guía RUC® es el relacionado con los planes de ayuda mutua, de los cuales habla el numeral 3.2.7 y que son exigidos por el Decreto 1072 de 2015¹, requisito que, además, está estrechamente alineado con el espíritu de las responsabilidades establecidas en la Ley 1523 de 2012². Esta última normativa adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en su articulado define los deberes y obligaciones para el sector privado. De hecho, el artículo 2 define que “la responsabilidad de la gestión del riesgo es de todas las autoridades y habitantes del territorio colombiano³” y que “en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, proceso que incorpora el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de los desastres en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.  Adicionalmente, en su artículo 42 define responsabilidades más específicas para el sector privado, en particular, para las empresas que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad. En complemento, el Decreto 2157 de 2017 establece las directrices generales para la elaboración de los planes de gestión del riesgo de desastres por parte de entidades públicas y privadas, reglamentando así el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. En ese sentido, se reglamenta la necesidad de contar con análisis específicos de los escenarios de riesgo y de llevar a cabo la formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) que incluye, entre otros elementos, los protocolos y procedimientos de respuesta para cada tipo de emergencia, considerando los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de daños de las mismas en su área de influencia, así como las que se deriven de su operación4. En otras palabras, asigna a la empresa la responsabilidad de identificar y gestionar las amenazas externas (de orden natural, socio-natural y tecnológicas) que puedan afectar sus instalaciones, así como los riesgos que su actividad productiva suponen para las comunidades vecinas y su entorno próximo. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo establece que, para las empresas en general, las emergencias y la gestión del riesgo de desastres deben ser gestionadas de acuerdo con lo requerido el Decreto 1072 de 2015. En esta norma, particularmente, el artículo 2.2.4.6.25 ‘Prevención, preparación y respuesta ante emergencias’ define las responsabilidades de las empresas, incluyendo la formulación de un plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Además, conmina a desarrollar programas o planes de ayuda mutua, identificando los recursos para la prevención y respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica. Bajo este panorama, la pregunta que se podría hacer un prevencionista es ¿cómo dar cumplimiento a dichos requisitos tanto desde la Ley 1523 de 2012, como desde lo exigido en el Decreto 1072 de 2015 sobre el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? Para responder a esta duda, en primer lugar, es fundamental considerar las condiciones operativas y las actividades de la empresa u organización, así como las responsabilidades del sector público, en particular las de las entidades territoriales y sus autoridades en la gestión del riesgo de desastres. Estas entidades son las encargadas de dirigir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel territorial y, en el caso de los alcaldes, son los responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo en su ciudad o municipio, lo que incluye el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres dentro de su jurisdicción. En cumplimiento de las responsabilidades asignadas a las autoridades locales, los entes territoriales deben contar con instrumentos de planificación como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y las estrategias de respuesta. Estos planes deben incluir la identificación de posibles escenarios de emergencia, incluyendo los generados por actividades industriales, así como las afectaciones a la infraestructura empresarial expuesta. Además, deben evaluar los riesgos, definir acciones para su reducción y establecer mecanismos de respuesta ante emergencias. Por lo tanto, la articulación del sector público y del sector privado tanto en lo referente al conocimiento del riesgo cómo a la reducción y el manejo del desastre, es fundamental. Volviendo a la pregunta planteada inicialmente, es crucial reconocer si la actividad industrial desarrollada puede significar algún tipo de riesgo de desastre para la sociedad. En este caso, es necesario que se adelante lo correspondiente a lo definido por el Decreto 2157 de 20176 (adicionado al capítulo 5, título 1 de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la República). Esto implica la elaboración de un plan de gestión del riesgo de desastres, basado en los tres procesos clave: conocimiento, reducción y manejo del riesgo. Así, se garantizará la articulación de la respuesta de emergencia con los instrumentos de planeación de la entidad territorial. Se deberá identificar en qué estado se encuentran los instrumentos de planificación (planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta) de la entidad territorial en la cual se encuentra las instalaciones de la empresa, quién es el responsable o el coordinador del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo y qué acciones de articulación se han adelantado en ese territorio, esto con miras a

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Proyección de partícula de la herramienta

Trabajo que realizaba Durante la ejecución del cambio manual de traviesas de madera en la vía férrea, el auxiliar de mantenimiento de vía resultó lesionado al incrustarse una esquirla metálica en el muslo de su pierna izquierda. La esquirla fue proyectada desde el mazo de la mona al hacer contacto con la herramienta tipo botador durante el desarrollo de la tarea. Antecedentes del accidentado Dentro del rol asignado para la actividad de cambio de traviesas, era la persona encargada de sostener el botador, y fue quien recibió el impacto de la partícula en su pierna izquierda. Antecedentes eventos anteriores No se tiene registro de eventos similares en años anteriores relacionados con la proyección de partículas, ya sea originada por herramientas o por otros factores. Datos herramienta involucrada Evidencias Resultados de la investigación Tras realizar la investigación sobre el accidente por proyección de partículas durante la operación con el Martillo de vía férrea, se identificaron las causas principales y se determinaron las áreas de mejora para prevenir futuros riesgos. Principales hallazgos: Se observó que no se contaba con un EPP adecuado para minimizar el riesgo por proyección de partículas, especialmente cuerpo y rostro, lo que incrementó el riesgo de lesión por proyección de partículas. Se han utilizado durante mucho tiempo sin un mantenimiento o inspección adecuada, lo que lo ha llevado al desgaste progresivo de sus componentes. Línea de tiempo del evento Lecciones aprendidas 1. Uso obligatorio de EPP adecuado 2. Inspección previa de herramientas 3. Técnica de golpeo segura 4. Distancia de seguridad entre trabajadores 5. Evaluación de riesgos antes de la tarea 6. Comunicación efectiva en equipo Fuente: Empresa Contratista RUC – Anónima. El espacio de lecciones aprendidas es una herramienta para evitar que se presenten accidentes, invitamos a las empresas a enviar sus experiencias al correo ruc@ccs.org.co para que sean compartidas a través de estos boletines. 

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Tres días, múltiples voces y una sola misión: avanzar hacia una gestión integral de la SST y la sostenibilidad

Un total de 1500 asistentes, 70 conferencias técnicas nacionales e internacionales,18 conferencias técnico-comerciales, ocho experiencias empresariales, tres conversatorios de actualidad, cinco master class de liderazgo, 70 expositores en más de 45 categorías de productos y servicios, 19 ponencias de investigación, e innumerables experiencias enriquecedoras y de alto impacto son algunos de los resultados tangibles que dejó la edición 58 del Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente y la 39 Feria de la Seguridad Integral  dejó un balance contundente. Durante tres días, el evento convocó a líderes empresariales, expertos técnicos, académicos, autoridades y profesionales de distintos sectores y países como Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, España, Perú, El Salvador y Suiza, todos unidos por un mismo propósito: avanzar hacia entornos laborales más seguros, saludables, sostenibles y centrados en las personas.   Revive lo mejor del primer día del Congreso: desde la apertura oficial hasta las conferencias que marcaron el rumbo de esta edición, con voces expertas y temas clave para el sector. Conócelo todo dando clic aquí. La jornada final de este, el evento anual más importante en SST y gestión sostenible que lidera el Consejo Colombiano de Seguridad, contó con intervenciones memorables, espacios de diálogo multisectoriales y llamados a la acción concretos, el evento concluyó poniendo en el centro la necesidad de consolidar entornos laborales más seguros, humanos y sostenibles.  La agenda académica del tercer día arrancó con una mirada a la salud mental desde el enfoque de los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), una charla liderada por el médico y psiquiatra, Jorge Mc Douall, del grupo Keralty, de la que el público se llevó herramientas prácticas para ofrecer apoyo emocional a personas que atraviesan una crisis o situación estresante, ya sea en los lugares de trabajo o en los hogares.  Allí, se enfatizó en la necesidad crear un ambiente donde los empleados se sientan seguros al expresar sus preocupaciones, puedan recibir una escucha activa y empática y ser orientados hacia recursos de apoyo si lo necesitan. En términos de control de riesgos industriales, algunas de las charlas del día abordaron la disciplina operativa como atributo cultural en las organizaciones, la seguridad de procesos como factor clave de éxito para la sostenibilidad empresarial, normas obligatorias para el aseguramiento de instalaciones, procesos y procedimientos y modelos “candado de seguridad”, entre otras. Estas reflexiones fueron lideradas por compañías como Frontera Energy, SierraCol Energy, Ecopetrol, Vanti, 3M y Renault – Sofasa Colombia, así como por organizaciones referentes a nivel mundial como el Centro para la Seguridad de Procesos Químicos (CCPS), que aportaron perspectivas estratégicas, casos reales y lecciones aprendidas para fortalecer la gestión integral del riesgo. La cuota legal del día la puso la firma de abogados Holland & Knight Colombia que presentó una detallada evolución del marco legal ambiental en el país y brindó claves para mejorar la gestión de los riesgos en las operaciones enfatizando en instrumentos clave como los mecanismos de participación ambiental, los procesos de consulta previa y las audiencias públicas ambientales.  Explora lo vivido en el segundo día: una jornada centrada en innovación, experiencias técnicas y nuevos enfoques en SST y sostenibilidad. Accede al resumen completo aquí. Visiones estratégicas para transformar el sistema de riesgos laborales Uno de los espacios más relevantes de la jornada fue el panel Riesgo Laboral: Futuro y Perspectivas del Sistema General de Riesgos Laborales, que reunió a actores clave del ámbito nacional e internacional para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sistema en Colombia. El panel contó con la participación de Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos; Ángela Huzgame, directora de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda; y Wilmar Rincón, director de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo y fue moderada por Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad y Joan Avellaneda, director general de Noticentro (Canal 1).  La sesión permitió identificar rutas de acción orientadas a fortalecer la articulación institucional, avanzar en la cobertura efectiva y responder a las nuevas dinámicas del mundo laboral con un enfoque preventivo, justo y sostenible. Entre diversos temas se discutieron las buenas prácticas internacionales en prevención y cobertura integral de riesgos laborales que podría adoptar Colombia para cerrar brechas estructurales, especialmente en sectores con alta informalidad, los desafíos asociados, los avances normativos o iniciativas gubernamentales orientadas a fortalecer la cultura de prevención en las empresas y los retos y oportunidades que traen consigo las nuevas formas de empleo. Además se abordaron algunas acciones necesarias para fortalecer el SGRL frente al surgimientos de nuevas patologías y transformaciones del entorno. Networking y nuevas alianzas estratégicas La 39 ExpoCCS de la Seguridad Integral acompañó la agenda académica con una muestra comercial diversa y especializada en soluciones innovadoras para la gestión del riesgo, la salud laboral y la sostenibilidad empresarial.  Durante los tres días del evento, más de 70 empresas nacionales e internacionales presentaron productos y servicios de última generación en más de 45 categorías, permitiendo a los asistentes participar de demostraciones en vivo, comparar entre diversas alternativas, recibir asesoría especializada y encontrar nuevos proveedores y aliados estratégicos para fortalecer la seguridad y la gestión sostenible de sus organizaciones.  Así es como la ExpoCCS se sigue consolidando como un espacio clave de networking, facilitando el encuentro entre actores de diversos sectores y disciplinas, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración. La voz de las empresas A lo largo de los tres días del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente y la 39 Expo CCS se presentaron ocho conferencias en un novedoso espacio denominado ‘La voz de las empresas’, una serie de sesiones en las que reconocidas compañías y organizaciones nacionales e internacionales compartieron experiencias implementadas y probadas en sus propios entornos laborales. En este espacio se presentaron casos reales que han generado impacto positivo, permitiendo a los asistentes extraer lecciones aprendidas, identificar soluciones escalables y descubrir estrategias viables para fortalecer la seguridad, salud, sostenibilidad y cultura organizacional en sus propias compañías. Los temas abordaron desde desarrollos pioneros en gestión energética y tecnologías

Tres días, múltiples voces y una sola misión: avanzar hacia una gestión integral de la SST y la sostenibilidad Leer más »