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La Agenda 2030 en el contexto latinoamericano, un camino por recorrer

Por Ángela María Penagos, directora (e) del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) Los dos últimos años ha representado un choque inesperado para las sociedades modernas. Si bien los problemas estructurales se venían profundizando desde años anteriores, los efectos de la COVID-19 han acelerado este proceso. De acuerdo con la Cepal (2021a), en este momento el planeta enfrenta tres crisis estructurales: un crecimiento más lento del comercio y de las economías mundiales; el aumento de las desigualdades en la mayoría de los países y la devastación de ecosistemas que aseguran la sostenibilidad del planeta por cuenta de los patrones de producción y consumo actuales. Este aspecto cobra mayor relevancia en América Latina, que después de presentar una trayectoria en la reducción de la pobreza y, de alguna manera, un crecimiento sostenido de buena parte de su economía, hoy por hoy ve como esta tendencia se ha ido quebrando. En el 2020, las personas que viven en pobreza extrema llegaron a 78 millones en la región, 8 millones más que en 2019, lo que implicó un aumento en 2,9 % en el Índice de Gini (Cepal, 2021b). La desigualdad sigue siendo uno de los principales problemas de América Latina. El crecimiento de las economías no ha sido suficiente para reversar esta situación. De hecho, cada día se reconoce más que no es un fenómeno que se autocorrige. La región presenta enormes brechas entre personas y territorios, lo que se hizo aún más evidente con la limitada capacidad para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia y con el descontento social que se expresó con múltiples protestas. Al fenómeno de la desigualdad se le unen dos fenómenos adicionales, los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. El actual modelo de producción basado en el uso de combustibles fósiles ha llevado a que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) se incremente de manera sostenida llegando, en el 2020, a 415 partes por millón, el nivel más alto en los últimos 800 mil años, lo que implicará que en el siglo XXI la temperatura aumente tres grados centígrados, un grado por encima de la meta prevista en el Acuerdo de París (Cepal, 2021a). A ello hay que añadir que nuestros países todavía no cuentan con las condiciones institucionales, económicas y sociales para enfrentar estos fenómenos de forma que logremos una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en nuestros ecosistemas y sistemas agroalimentarios capaces de responder a los fenómenos de variabilidad climática y de integrarse regionalmente. En este contexto se requiere que, efectivamente, la Agenda 2030 se convierta en la hoja de ruta de los gobiernos actuales y próximos. No debería ser posible que, en el planteamiento programático de los nuevos gobiernos, así como en la implementación de las medidas de las administraciones actuales, las acciones en favor de esta agenda no sean claras, explícitas y contundentes. Es necesario que se pase de meros lineamientos a instrumentos con mecanismos de implementación donde las metas comprometidas en cada uno de los indicadores, sea un propósito de política pública de corto, mediano y largo plazo. Es así como es necesario, entonces, transitar a través de mecanismos de colaboración entre diversos actores de la sociedad, en donde el valor compartido se convierta en un fin. Esto implica alinear los instrumentos para conducir nuestros países hacia una sociedad dondela equidad, la acción climática y los sistemas agroalimentarios adaptados al clima, diversificados y desconcentrados sean el vehículo para caminar hacia una sociedad justa, resiliente y basada en valores democráticos. Para esto, como lo afirma Mazzucato (2021), es necesario avanzar en el desarrollo de capacidades para la cooperación, aprender a tomar riesgos conjuntamente, operar en condiciones de incertidumbre, así como utilizar los recursos públicos y los instrumentos financieros para objetivos transformacionales. Además, enfocar el accionar de la política en el logro de resultados, desarrollandocapacidades para evaluarlos desde una perspectiva comprehensiva y holística, considerando aspectos económicos, sociales, ambientalesy culturales, entre otros aspectos. Así mismo, desarrollar capacidades colaborativas entre sectores y entre niveles de gobierno. La velocidad con la que se requiere tomar medidas no da tiempo. Por lo tanto, las intervenciones de política deben favorecer las innovaciones que apunten a cambios de largo plazo, favoreciendo el desarrollo de estructuras que faciliten los mercados inclusivos donde el sector privado es más que un espectador, siendo, en definitiva, un actor y ejecutor del cambio. Referencias Mazzucatto, M. (2021). Missión Economy a Moonshot Guide to Changing Capitalims . New York : HarperCollins. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago: Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2021). Informe Especial NO 11 COVID – 19. Santiago: Naciones Unidas. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Desarrollo industrial sostenible e inclusivo: acciones en Colombia y caso de intervención en la cadena de químicos

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Por Helen Jhoana Mier Giraldo, chief technical advisor ONUDI y Carolina González Müller, representante ONUDI Colombia En el contexto actual los países siguen luchando contra la pobreza que, pese a las reducciones logradas en las dos últimas décadas, se ha visto fuertemente incrementada a causa de la pandemia de la COVID-19: según cálculos del Banco Mundial, este fenómeno alcanzó a 100 millones1 de personas adicionales a las ya registradas. Este panorama puede también verse agravado por los efectos de los conflictos sociales y del cambio climático que, de acuerdo con estimaciones del mismo organismo, llevará a la pobreza a un volumen que oscila entre las 68 y las 135 millones de personas para el 20302. Ante este escenario, los gobiernos continúan buscando medios efectivos para enfrentar la situación y el desarrollo productivo sigue siendo una de las principales estrategias de crecimiento, dentro del cual la industria representa, al menos, la quinta3 parte de la fuerza laboral mundial. Siguen entonces vigentes los preceptos de la Declaración de Lima, adoptada por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en diciembre de 2013, la cual sentó las bases para una nueva visión del Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID, por sus siglas en inglés) y destacó el papel de la industrialización como motor del desarrollo. Es así como la actividad industrial, además de generar empleos y mejores ingresos, representa uno de los motores para la innovación y el desarrollo tecnológico que requiere políticas y estrategias contundentes para el uso racional de los recursos naturales, la minimización de sus impactos en el ambiente y la salud, así como el aprovechamiento del progreso tecnológico para el logro de los objetivos medioambientales a escala global. De esta forma, el mandato del ISID se complementa con la Declaración de Abu Dabi (2019) que pone como prioridad la erradicación de la pobreza y la necesidad de hacer frente al cambio climático y a la degradación ambiental. La ONUDI4, en su calidad de agencia especializada de las Naciones Unidas, cuenta con una amplia red de organizaciones gubernamentales y privadas, centros de innovación y otros organismos internacionales con los que potencializa su trabajo especialmente en países en transición, promoviendo un desarrollo industrial con criterios ambientales y sociales. Estas alianzas también le han permitido a la ONUDI apoyar a los países en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA`s) como lo son el ‘Protocolo de Montreal’, la ‘Convención de Estocolmo’, la ‘Convención de Basilea’, el ‘Convenio de Minamata sobre Mercurio’ y la ‘Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)’. Así mismo, lehan permitido participar activamente en el desarrollo de los estándares internacionales promovidos por dichos convenios, así como ser parte del Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC) para la cooperación en el ámbito de la seguridad química. Desde el inicio de sus operaciones n Colombia, la ONUDI ha apoyado al gobierno central y a los gobiernos regionales en el propósito de alcanzar diferentes metas establecidas en los planes nacionales y locales de desarrollo y les ha brindado asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores. En este marco, se ha ofrecido acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, en la sustitución de la minería ilegal, artesanal y de pequeña escala, en la generación de nuevas habilidades y conocimientos en eficiencia energética y en el mejoramiento de las capacidades de parques industriales y zonas francas en su tránsito hacia el modelo de Parques Eco-Industriales (PEI). Es importante destacar el trabajo realizado en la mejora de la infraestructura de calidad en Colombia y el aumento de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de las regulaciones y de las normas internacionales de calidad y de sostenibilidad. Esto es relevante no solo porque promueve el desarrollo económico y social, sino porque en la medida en que se fortalecen las capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para el cumplimiento de las normas nacionales y globales, el país podráavanzar hacia la implementación y el monitoreo de modelos de sostenibilidad como la economía circular y la química verde. La ONUDI, junto a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), está implementando un importante modelo de intervención para la industria química, que hace parte del Programa Global de Calidad y Normas (GQSP, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa de la que hacen parte 12 países y en la que Colombia cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo, a través de Colombia Productiva, con enfoque en la cadena de químicos a través de una estrategia holística que aborda las principales brechas de calidad y sostenibilidad desde la política y las regulaciones, las instituciones, los bienes públicos y, finalmente, los actores de los sectores productivos. El GQSP Colombia5 ha venido trabajando en la mejora de las capacidades técnicas de ocho entidades nacionales (Invima, ONAC, Icontec, ANLA, ICA, INM, SIC, MinComercio) que son pilares de la Infraestructura Nacional de Calidad, como estrategia para la mejora de bienes públicos en materia de regulación, normalización técnica, metrología, acreditación e inspección, vigilancia y control para los diferentes sectores que conforman la industria química. Esto se complementa con la ampliación del portafolio de servicios de evaluación de la conformidad con reconocimiento internacional a disposición de la industria, por medio del cual se han fortalecido 31 laboratorios públicos y privados para la ampliación de sus capacidades en 24 métodos de ensayo, cuatro materiales de referencia y cuatro áreas de competencia en Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE, que beneficiarían los sectores de agroquímicos, pinturas, farmacéutico, cosméticos y química básica para el registro de sus productos y/o para demostrar su calidad y seguridad. Asimismo, el programa viene acompañando la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado deproductos químicos (SGA) en el país, mediante una estrategia integral que apoyó el desarrollo de la Resolución 773 de 2021, la capacitación de funcionarios

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Así se financia la sostenibilidad

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Por Hernando José Gómez Presidente de Asobancaria En entrevista con el CCS, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez habló de los instrumentos financieros y estrategias que está desarrollando la banca para impulsar la sostenibilidad del país. También se refirió a los principales resultados que ya arrojan esos mecanismos. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son los mayores desafíos y prioridades de trabajo que se vienen identificando en Asobancaria de cara a la inversión con enfoque en la sostenibilidad? Hernando José Gómez: El mayor desafío para la inversión con enfoque sostenible es el desarrollo de un mercado de proyectos o iniciativas que cumplan con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) para la sostenibilidad. Actualmente, la demanda de proyectos con estas características es limitada y para la banca existe el reto de estructurar instrumentos financieros que consideren las características y particularidades de los modelos de negocio para proyectos con criterios ASG. Adicionalmente, las entidades financieras tienen el gran reto de acompañar a las empresas en la transición de sus negocios hacia modelos más sostenibles. La banca tiene un potencial enorme para apalancar la sostenibilidad de la economía y un rol fundamental en ese proceso, precisamente, por ser la fuente de financiación de las familias y empresas en el desarrollo de sus proyectos. Es por eso que, como sector, tenemos el reto, no solo de trabajar internamente en asuntos de sostenibilidad como lo pueden ser la inclusión financiera o la mitigación y adaptación al cambio climático, sino 67 también el desafío de trabajar con nuestros clientes, apoyarlos e incentivarlos a transitar este camino. CCS: En ese sentido, ¿qué estrategias se están desarrollando desde el sector financiero para impulsar a las empresas a adoptar prácticasde sostenibilidad? H.J.G.: Son varios temas. Lo primero que quisiera destacar es el trabajo que ha hecho la Superintendencia Financiera para definir la Taxonomía Verde¹, una herramienta poderosa que nos va a permitir ser mucho más rigurosos y asertivos en las mediciones y metas que nos propongamos. Lo segundo es el trabajo que hemos venido realizando para el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) dirigido a instituciones financieras. Gracias a esta iniciativa, en 2020, más de 19 billones de pesos de la cartera fueron analizados con criterios de sostenibilidad, mientras que 773 solicitudes de crédito por 3,8 billones de pesos no fueron aprobados por no cumplir con esos estándares. A su vez, hemos desarrollado líneas de inversión y financiamiento sostenible como, por ejemplo, créditos atados a indicadores de desempeño ASG y productos verdes que incluyen, además, criterios de equidad, diversidad e inclusión los cuales incentivan a losclientes a adoptar prácticas sostenibles mediante mejores tasas, plazos y condiciones en sus productos financieros. También quisiera resaltar que el esfuerzo hecho por las entidades financieras para trabajar en proyectos e iniciativas sostenibles es exaltado a través de nuestro reconocimiento ‘Acercando la banca a los colombianos’ que, precisamente, busca reconocer los proyectos de la banca en materia de sostenibilidad. Para la edición 2021 recibimos más de 30 iniciativas en temas ambientales, sociales, económicos y también en equidad, diversidad e inclusión, lo que muestra que hay un interés del sector en esa dirección. Finalmente, contamos con nuestro protocolo verde, del que hablaremos más adelante. CCS: En Colombia, ¿existen productos financieros dirigidos a inversión sostenible? H.J.G.: Sí. Actualmente tenemos 14 entidades que ofrecen productos y servicios verdes pero, más importante aún, es que 12 entidades ya usan el Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y Ambientales. La meta para 2022 es que ese número crezca a 15. Ahora bien, aunque estos productos sostenibles están dirigidos principalmente a las empresas para acompañarlas en esa transición, recientemente se han visto productos como créditos más baratos y flexibles para que las personas naturales obtengan carros eléctricos o inviertan en viviendas sostenibles. Entonces son productos para todos, no solo para los empresarios. CCS: ¿Dónde se concentran las mayores necesidades de financiación? H.J.G.: En los últimos años el indicador de profundización financiera ha aumentado de manera sustancial: mientras que en 2010 la cartera representaba el 32 % del PIB, actualmente bordea el 51 %. Sin embargo, vale la pena anotar que este nivel todavía es inferior al registrado por pares regionales como Brasil, Argentina, Chile, México y Perú. Para avanzar en este frente, debemos prestar especial atención a segmentos que exhiben mayores rezagos como el rural, el de las mipymes y el hipotecario, entre otros, así como explotar el potencial que tiene el financiamiento verde. CCS: ¿Qué resultados arrojan hasta el momento los pilotos de innovación financiera y el denominado ‘Protocolo Verde’ que nos mencionó anteriormente? H.J.G.: El Protocolo Verde es una de las iniciativas más poderosas que hemos podido construir desde Asobancaria. Lo venimos trabajando desde 2012 y ya son 25 las entidades financieras que se han adherido. Es un esfuerzo que hemos hecho para implementar estrategias y prácticas que sean precursoras, multiplicadoras y demostrativas en términos de responsabilidad ambiental en armonía con el desarrollo sostenible del país. Solo para dar una idea de los resultados, en 2020 se hicieron desembolsos por más de 5 billones de pesos para temas verdes y la cartera de este segmento alcanzó los 11 billones de pesos. En 2022 haremos la renovación del Protocolo Verde con el Gobierno nacional, y con herramientas como la taxonomía verde, vamos a lograr darle aún más impulso. En cuanto a los pilotos de innovación financiera, generamos esquemas innovadores de colaboración público-privada que atienden necesidades específicas de financiamiento a través de inversión sostenible para el sector industrial, agropecuario, agua, vivienda, minería, transporte y energía. Gracias a estos pilotos, las entidades que participaron desarrollaron productos, servicios y herramientas para dar soluciones financieras a esos sectores. Los interesados en conocer en detalle los diagnósticos sectoriales desarrollados en el marco de los Pilotos de Innovación Financiera, asícomo los riesgos ambientales y sociales de algunas industrias pueden acceder a la Biblioteca de Documentos disponible en la página web de Asobancaria (asobancaria.com/2016/02/01/pilotos-deinnovacion/ Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’

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Comunicar la sostenibilidad: de la estrategia corporativa a la gestión de la reputación

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Por Diana C. Forero Buitrago / Comunicadora Social y Periodista / Magíster en Comunicación e Identidad Corporativa / Especialista en Marketing / Gerente de Comunicaciones CCS. Actualmente, gestionar la comunicación, como parte de la estrategia corporativa y de cara a los objetivos de las organizaciones, es fundamental. En ese marco de actuación, la política o estrategia de sostenibilidad se convierte en uno de los ejes clave en el proceso informativo, bajo el supuesto de que la empresa destaque su modelo de negocio sustentable, en el que se evidencian “los esfuerzos que realiza para sostener su actividad económica, considerando factores sociales y medioambientales, y haciendo de su gestión una acción responsable con los recursos” (Orellana, 2020). Es así como este artículo pretende abordar la importancia de comunicar la sostenibilidad, desde un sentido práctico pero acorde con una visión estratégica de negocio. Este tema puede llegar a ser tan robusto como se pretenda; por eso, el documento se acota bajo tres aspectos específicos: qué significa comunicar la sostenibilidad, por qué hacerlo y cómo realizarlo. Esto, desde la visión de la comunicación interna, la identidad de marca, la gestión de las relaciones públicas y de reputación y, lo más relevante, desde el compromiso real de las empresas por aportar a un mundo más sostenible. El artículo presume que la organización tiene claridad de lo que a sostenibilidad se refiere en su marco de actuación. Entonces, ¿qué significa comunicar la sostenibilidad? Hace referencia a un diálogo abierto y público para dar a conocer las actuaciones y resultados de una empresa, asociado a las acciones que emprende para contribuir al contexto en el que se desempeña. Esto, acorde con sus operaciones y enmarcadas en las siguientes dimensiones: económica, gobernanza empresarial, social y ambiental. Un enfoque también asociado a la Responsabilidad Social Empresarial. La norma ISO 26000, de Responsabilidad Social, plantea que esto hace referencia a la “responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético, que: contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”. Así las cosas, “se trata de comunicar elementos que, pese a ser intangibles, tienen un impacto muy concreto y medible en las organizaciones” (Granda, 2017). ¿Por qué comunicar la sostenibilidad? Lo que no se cuenta, no existe. Este famoso adagio reafirma una realidad de la comunicación. Pareciera ser obvio, pero, en ocasiones, puede no dársele a este tipo de informaciones la relevancia que tiene para la estrategia corporativa y la comunicación organizacional. Entonces, ¿por qué tomarse la ardua tarea de generar acciones que transmitan los resultados de gestión de la sostenibilidad? Podría reducirlo a una razón de peso: la gestión de la reputación. La Real Academia Española (RAE) define la reputación como la “opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”; es decir, esa percepción positiva o negativa que, para este caso, las personas tienen de una empresa. Es, en definitiva, uno de los activos intangibles de mayor valor. Joan Costa, director de la ‘Red DIRCOM[r1] [1] Euro-Iberoamericana’, asegura que “la reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de toda gestión. Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares principales: a) la solvencia económico-financiera, que dota a la imagen pública de una mayor consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios; b) la conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político); y c) la cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.)”. Así las cosas, comunicar la sostenibilidad se hace imprescindible. No por un ejercicio publicitario, nada más alejado de su propósito real; sino por presentar, con transparencia y coherencia, el actuar de una compañía en el contexto en el cual se desenvuelve, a partir de su compromiso social, económico y ambiental, y, en ese sentido, asumir la responsabilidad de sus impactos. Además, “la reputación corporativa se ha convertido para muchos especialistas en el último salto crítico dentro de la historia del management empresarial, con una repercusión no menor de la que tuvo hace un par de décadas, su precedente más próximo –la gestión de la calidad- debido a la importancia creciente que en los últimos años le conceden los dirigentes empresariales a la reputación de sus compañías” (Villafañe, J. (2006). De esta manera, comunicar la sostenibilidad trae una gran diversidad de beneficios desde el apalancamiento de la estrategia corporativa hasta la gestión de la reputación. Aquí, algunas de las principales razones: Permite que la empresa demuestre un compromiso real con la sostenibilidad. Las acciones que adelanta en el marco de su estrategia son reconocidas como parte de su operación natural. Villafañe (2006) asegura que “la reputación corporativa exige, y también presupone, esa nueva racionalidad empresarial y en la consolidación de este fenómeno de excelencia empresarial (que es la reputación) se puede encontrar otra evidencia de ese cambio de mentalidad sobre lo que una empresa es y debe ser; esa nueva racionalidad que viene caracterizada por dos ideas: la ética y la sostenibilidad”. Coherencia en la estrategia organizacional. Sumado a lo anterior, transmite una imagen de responsabilidad social corporativa al comprometer sus objetivos estratégicos en el marco de una genuina preocupación e interés por los impactos ambientales, económicos y sociales que genera. Según Gilles Lipovetsky, “se ha producido una ‘inversión ideológica’ (…); el respeto a los principios morales y éticos se ha convertido en una conditio sine qua non[1] para el éxito a largo plazo en los negocios”. Denota transparencia. Lo cual, a su vez, incide en la generación de confianza en sus grupos de interés, a partir

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Colombia: hacia el liderazgo mundial en construcción sostenible

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Por Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) En los últimos años, el sector edificador de Colombia ha liderado una verdadera transformación en el desarrollo de la construcción sostenible, convirtiéndose en una de las mejores prácticas empresariales para la reducción de impactos sobre el medio ambiente. La historia se remonta al 2017 cuando Camacol y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo para ser aliados en el desarrollo del Programa EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), introduciendo al mercado un estándar que ha revolucionado la construcción hacia prácticas más sostenibles en Colombia. Desde entonces, ha tenido un crecimiento acelerado con cifras que la posicionan como la certificación con más presencia y cobertura del país. La certificación EDGE exige que las edificaciones cumplan con parámetros de ahorro en agua, energía y energía incorporada en materiales donde, además de edificaciones residenciales, se pueden certificar hoteles, hospedajes, centros comerciales, oficinas, instalaciones educativas e infraestructuras para la prestación Sandra Forero Ramírez Presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de laConstrucción (Camacol) de servicios de salud. En comparación con un edificio base, el estándar EDGE propone ahorros correspondientes al 20 % en consumos de energía, agua y energía incorporada en materiales, respectivamente. Es preciso recordarque, para el caso de Colombia, los porcentajes de ahorro exigidos se deben alinear con la normativa nacional vigente, la Resolución 0549 de 2015, que estipula los porcentajes mínimos según la tipología de la edificación y la zona climática donde esta se encuentre. Durante los últimos cuatro años, los proyectos certificados con EDGE han generado importantes ahorros. Muestra de ello son los 109,597 MWh/año ahorrados, lo que equivale a la energía consumida por más de 10.700 hogares en un año, los 3,6 millones m3/año de agua que dejaron de consumirse y con los que podrían llenarse 1.440 piscinas olímpicas, o los 51,587 tCO₂/año de emisiones que no se emitieron a la atmósfera y que equivalen a retirar a más de 11.200 carros del tránsito cada año. Adicionalmente, hay que destacar que, durante el 2020, cerca del 15 % de los nuevos proyectos de vivienda lanzados en Colombia secertificaron en su etapa de diseño con el estándar EDGE, lo que permite inferir una fuerte tendencia del mercado hacia la inversión en activos seguros y sostenibles. A noviembre de 2021, Colombia cuenta con más de 6 millones de metros cuadrados de edificación verde certificados con EDGE con más de 80.000 viviendas, de las cuales, dos tercios son viviendas de interés social. El IFC estima que el total de superficie certificada con EDGE superó el 20 % de las nuevas construcciones en el año hasta el primero de julio de 2021, una de las tasas de penetración de mercado más altas para cualquier certificación de construcción verde reconocida internacionalmente. Adicional, la banca también ha acelerado esta transformación permitiendo a todos los segmentos y tamaños de empresa agregar la certificación EDGE a sus proyectos. Para lograr el cumplimiento del Acuerdo de París de contar con edificaciones nuevas con cero emisiones para el 2030 y edificaciones existentes para el 2050, se requiere seguir avanzando. A pesar del crecimiento verde del sector de la construcción en los últimosaños, se debe llegar a nuevos territorios y avanzar en su implementación. Por tal motivo, la Corporación Financiera Internacional y Camacol, junto con las entidades públicas rectoras de la política de sostenibilidad del país, aunamos esfuerzos para lograr lacreación de nuevos incentivos que aceleren la inclusión de criterios de sostenibilidad en edificaciones y asegure la transición progresiva hacia la carbono neutralidad. Este trabajo se viene adelantando mediante el acompañamiento de municipalidades con asistencia técnica desde la promoción de unahoja de ruta que busca la correcta implementación de incentivos para edificaciones sostenibles en Colombia. El sector de la construcción tiene un rol fundamental en los objetivos globales de sostenibilidad. Por lo tanto, los logros conseguidos nos llevan a nuevos retos y para avanzar debemos llegar a todos los actores del ciclo de vida de los proyectos (diseño, fabricación de materiales,construcción, uso y demolición). Si bien la industria ha avanzado significativamente los últimos años, todo el ecosistema pareceestar listo para evolucionar y seguir dando grandes saltos que nos lleven hacia el liderazgomundial en construcción sostenible. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Planes Estratégicos de Seguridad Vial, acciones en clave de una movilidad segura y sostenible

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En conversación con el CCS, Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió su visión acerca de por qué gestionar la seguridad vial es un asunto estratégico para las organizaciones y cuáles son los cambios normativos que se han dado en los últimos años en esa materia. Por Luis Felipe Lota Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas como consecuencia de accidentes de tránsito y se estima que, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, muchos de los cuales resultan en discapacidades. Adicionalmente, los indicadores demuestran que el problema afecta gravemente a los países de ingreso bajo y medio, donde tiene lugar el 93 % de las fatalidades. No en vano, la seguridad vial representa uno de los principales desafíos asociados a una movilidad sostenible, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe. Adicionalmente, aparece inmersa en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 y 11, en cuyas metas se insta a reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo y a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles. “Empezar a abordar ese desafío requiere, en primera instancia, el trabajo sobre cuatro componentes clave: la seguridad de los vehículos, el estado de la infraestructura vial y sus elementos constitutivos, el comportamiento de los actores viales y la sinergia institucional”, señala Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para lograr una comprensión y una gestión efectiva de dichos componentes, el funcionario precisa que es necesario gestionar el conocimiento, es decir, contar con información suficiente y adecuada para identificar los problemas asociados a la accidentalidad vial y, a partir de ahí, desarrollar soluciones pertinentes. A su vez, de acuerdo con Lota, se requiere desarrollar una cultura de corresponsabilidad y de cumplimiento de las normas por parte de todos los actores viales, así como un modelo de gobernanza en el que todos los involucrados sumen esfuerzos en el propósito de reducir el número de fatalidades y lesiones asociadas a accidentes de tránsito. Rol del sector privado y marco normativo La seguridad vial es un asunto estratégico para el sector privado. Por un lado, la accidentalidad en la vías puede llegar a afectar negativamente la productividad laboral por cuenta de la pérdida de capital humano o de las incapacidades asociadas. Por otro, los siniestros en los cuales se ven involucrados vehículos, tanto propios como de proveedores y distribuidores, suelen generar pérdidas económicas representadas en daños a la mercancía, incumplimientos, aumentos en los costos de los seguros, bajas en la flota transportadora y repercusiones financieras y presupuestales, entre otras. De ahí la importancia de contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011. “Se trata de una herramienta de gestión que les permite a las entidades, organizacio- 59 nes y empresas identificar y gestionar sus riesgos en seguridad vial y focalizar recursos y acciones para reducirlos y/o mitigarlos, promoviendo una movilidad segura. Ahí radica su relevancia para la política de seguridad vial y su concepción como herramienta de gestión del riesgo”, señala el director de la ANSV. En aras de incentivar su adopción y fortalecer la responsabilidad social empresarial en materia de seguridad vial, en los últimos años Colombia, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y de la ANSV, ha venido desarrollando ajustes normativos que faciliten su puesta en marcha. “La primera reforma que tenemos es el Decreto 2106 de 2019, artículo 110, que modifica el artículo 12 de la ley 1503 de 2011 y elimina la necesidad de contar con un aval por parte de un organismo de tránsito previo a la implementación del PESV — explica Lota—. A su vez, insta a su articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de modo que los riesgos viales también sean incorporados de manera integral a la matriz de riesgos identificados en las empresas, un acoplamiento que queda ratificado en la Ley 1250 de 2020”. Finalmente, el avance normativo más reciente es la expedición del Decreto 1252 de 2021 el cual establece que el diseño e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial debe contemplar, entre otros aspectos, un diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, la realización de capacitaciones a los trabajadores del cargo o rol que desempeñe en torno a dichos riesgos, el establecimiento de compromisos claros por parte del nivel directivo orientados al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial y la ejecución de labores de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos, incluidos los vehículos propios de los trabajadores que sean puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones. “Incluso, se establece que las empresas podrán optar por acreditar el diseño e implementación del PESV a través de la ISO 39001 sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial”, añade el funcionario. Acompañamiento al sector productivo Aquellas organizaciones que requieran orientación para construir y ejecutar sus PESV cuentan con el acompañamiento de la agencia mediante la iniciativa ‘La seguridad vial se toma tu empresa’. Se trata de un espacio de formación e intercambio de conocimientoque promueve la reducción de siniestros viales relacionados con el sector productivo colombiano. Incluye una serie de capacitaciones y asistencias técnicas a través de herramientas, programas y metodologías puestas al alcance de líderes y colaboradores de compañías,organizaciones y gremios en el diseño, implementación y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Las firmas y empresas interesadas en acceder a la programación de ‘La seguridad vial se toma tu empresa’, pueden consultar la página web de la entidad. Allí encontrarán información sobre el desarrollo de las jornadas empresariales. “A la par de la COVID-19 en 2022 debemos continuar afrontando la mortalidad por

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Garantizar una actividad minera segura, responsable y sostenible, reto en el que Colombia ya está trabajando

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Por Juan Miguel Durán Prieto, Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad. La minería ha sido un importante motor de la economía colombiana y cada día se proyecta como eje de la reactivación productiva porque tiene amplios recursos minerales y alto potencial productivo para distintos minerales. Con 16 acuerdos comerciales, 14 acuerdos de inversión, 12 acuerdos de doble tributación y una ubicación geográfica excepcional, Colombia ratifica su potencial de exportación hacia los mercados internacionales. Así mismo, según la más reciente encuesta anual del Instituto Fraser, el país ocupa el primer lugar en el Índice de Atracción de la Inversión y en el Índice de Potencial Minero de América Latina y el Caribe. Un escenario prominente que lleva a la Agencia Nacional de Minería, como autoridad minera, a trabajar continuamente en la administración de los recursos minerales del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, el otorgamiento de títulos y el seguimiento y control de la exploración y la explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral del país. Así mismo, su reto es garantizar una actividad minera segura, responsable y sostenible. Lo más importante en las minas debe ser la vida, razón por la que desarrollamos, desde la institucionalidad, estrategias e iniciativas que articulan todos los esfuerzos para rodear a los mineros de una atención integral, además de prevenir y reducir los accidentes y fatalidades mineras. Por lo tanto, desde la Agencia Nacional de Minería tomamos medidas para garantizar la vida de las personas, pero es preciso resaltar que, para el cumplimiento de este objetivo, se requiere del compromiso de las autoridades locales, de las empresas mineras y del sector entero. Es claro que la minería es clave para el desarrollo económico del país, y esa visión sostenible es perfectamente compatible cuando se adelanta de manera legal, limpia y segura. Por ende, los desafíos que enfrenta Colombia para que la minería sea más segura, y que desde la ANM asumimos como propios, están en el seguimiento y la fiscalización minera con el fin de comprobar que las instrucciones técnicas que se imponen en materia de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, se cumplan en los pasos establecidos y, de esta manera, poder lograr que las labores mineras se adelanten bajo estándares mínimos de seguridad. Dentro de las estrategias de la Agencia en torno a la seguridad se destaca la promoción del mejoramiento de las prácticas mineras, la prevención de muertes y lesiones a través de la capacitación en seguridad y salvamento minero, la promoción de la investigación y cooperación en temas de seguridad, el seguimiento y fiscalización a los títulos mineros y el fomento del desarrollo legal de la actividad. En el tema de minería no autorizada, el trabajo está enfocado en brindar las herramientas necesarias para alcanzar la formalización, lograr que los mineros legalicen su trabajo y cumplan 49 las normas de seguridad adelantando así una actividad minera responsable, puesto que la extracción ilícita de minerales hoy en día representa un gran porcentaje de muertes registradas en Colombia. Igualmente, como autoridad minera del país seguimos trabajando en el fortalecimiento del conocimiento y las competencias, tanto de los socorredores mineros como de actores particulares, quienes son voluntarios imprescindibles en el sistema de salvamento. Esto con el fin de mantenerlos altamente preparados para apoyar la atención de emergencias y convertirlos en multiplicadores de una cultura de prevención de accidentes y de control de riesgos mineros en el sector. Así mismo, con la estrategia de atención móvil en los territorios ‘ANM Activa la Región’ y la iniciativa ‘Jóvenes Mineros’ tenemos un mayor acercamiento a la comunidad minera, fortalecemos la comunicación y promovemos una cultura de responsabilidad, prevención y seguridad en el desarrollo de la actividad. Trabajamos en espacios para capacitar al trabajador minero en la identificación de peligros, valoración de riesgos y la forma de establecer los controles necesarios para evitar que se materialicen los accidentes. De otro lado, con los grupos regionales de seguridad minera generamos oportunidades de llegar a las regiones con jornadas de seguridad donde se capacitan en temas de seguridad e higiene minera. Para fomentar la prevención de accidentes y el autocuidado de los trabajadores mineros y sus familias, también adelantamos jornadas lúdico-pedagógicas con el programa ‘Por mi familia cuido mi vida’ un espacio para crear conciencia en los mineros al desarrollar las labores siguiendo procedimientos de trabajo seguro para evitar incidentes en la mina, siempre con la premisa de que lo más importante que debe salir de la mina es el minero antes que cualquier mineral. A su vez, como autoridad minera, lideramos la convocatoria para congregar a los actores clave y representativos del sector en una unión de esfuerzos para la creación de un Centro de Investigación en Seguridad Minera e Infraestructura Subterránea (CISMIS) de nivel nacional, que cuente con personal competente para desarrollar proyectos de investigación que impulsen el desarrollo minero en el país, construir conocimiento y promover el avance de la institucionalidad e infraestructura minera, de modo que, a través de la innovación y la transferencia de conocimiento, se logre responder a las necesidades y oportunidades de mejora en la seguridad de este sector. Para el 2022, la ANM realizará acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad en las explotaciones mineras subterráneas del país y plantea, como una de las actividades, el programa denominado “Herramientas esenciales para proteger la vida del minero”. El objetivo de este programa será integrar herramientas que, de acuerdo con el análisis de accidentalidad del país de los últimos tres años, deben estar presentes como aspectos básicos en la gestión de los riesgos mineros para mejorar las condiciones de seguridad en las labores mineras subterráneas y proteger la vida de los trabajadores. De esta manera, nuestro compromiso se mantiene en seguir trabajando para transformar la minería en oportunidades, enfocándonos en el desarrollo de una actividad minera segura,

Garantizar una actividad minera segura, responsable y sostenible, reto en el que Colombia ya está trabajando Leer más »

Más de 30 billones de pesos se habría ahorrado el país en costos derivados de la siniestralidad laboral

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En el periodo de 2013 a 2021, después de la expedición de la Ley 1562 de 2012, que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales, se puede estimar que en el país se evitaron más de cuatro millones de accidentes de trabajo y se salvó la vida de más de dos mil trabajadores. De acuerdo con lo anterior, en los últimos nueve años el país se habría ahorrado un aproximado de 30,3 billones de pesos en costos derivados de la siniestralidad laboral, unos 3,4 billones de pesos anuales. Estos datos fueron revelados a partir del 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente, realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad, en el que se desarrolló el Panel de Presidentes de ARL para abordar los retos del SGRL. Bogotá, D.C., 11 de julio de 2022. Tras cumplirse 10 años de la expedición de la Ley 1562 de 2012 que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en Colombia y reemplazó la terminología de “salud ocupacional” por “Seguridad y Salud en el Trabajo”, el Consejo Colombiano de Seguridad —a través del Observatorio de la Seguridad y Salud— se propuso estimar el potencial impacto económico de su entrada en vigor, considerando el comportamiento observado en la tendencia de la siniestralidad laboral de la última década. Para el análisis, se tomaron los datos registrados por Fasecolda sobre accidentes y muertes relacionadas con el trabajo en todo el país, desde el 2009 hasta el 2021. El estudio de la información se dividió en dos etapas: la primera abarcó el análisis de los datos del periodo comprendido entre el 2009 y el 2012, el cual se consideró como previo a la expedición de la Ley; a partir de allí se realizó un pronóstico hasta 2021 del comportamiento de la siniestralidad, sobre la información de este periodo. La segunda etapa consideró el rango de tiempo entre el 2013 al 2021, que corresponde al periodo de aplicación de la normativa, comparando el comportamiento real de los siniestros con el pronóstico realizado. La primera etapa mostró que, de continuar la tendencia evidenciada antes de la expedición de la Ley, la cifra anual de accidentes podría situarse en cerca de 1,5 millones de eventos en el 2021. No obstante, este escenario no ocurrió. Por el contrario, según los resultados de la segunda etapa de análisis que corresponde al periodo de aplicación de la ley (años 2013-2021), los accidentes de trabajo disminuyeron progresivamente, llegando a una cifra de 513.857 en 2021. En otras palabras, se podría considerar que para el 2021 se pudieron evitar un aproximado de 932.664 accidentes con respecto de lo previsto en la tendencia que mostraban los años 2009 a 2012 (ver gráfica 1 y tabla 1). Gráfica 1: Accidentes de trabajo en el periodo 2009 a 2021. Pronóstico y eventos ocurridos. Tabla 1: Accidentes de trabajo entre 2009 y 2021. Eventos ocurridos y pronóstico. Para el caso de la mortalidad laboral, los hallazgos fueron similares. Según el pronóstico, en promedio, el incremento de muertes podría haber alcanzado hasta 924 fallecimientos de trabajadores en 2021. Sin embargo, no fue así y, a partir del registro de 2013, la tendencia de los eventos mortales tendió a descender, llegando a una cifra de 608 trabajadores fallecidos en 2021, es decir, 316 menos de lo que podría haber ocurrido, de acuerdo con la tendencia observada en los años 2009 a 2012 (ver gráfica 2 y tabla 2). Vale la pena señalar que en 2021 la cifra de mortalidad sufrió un incremento a niveles similares al 2016. Gráfico 2: Muertes por causas asociadas al trabajo en el periodo 2009 a 2021. Pronóstico y eventos ocurridos Tabla 2: Muertes por causas asociadas con el trabajo entre 2009 y 2021. Eventos ocurridos y pronóstico. De lo anterior se puede inferir que, comparado con el pronóstico marcado por la tendencia de 2009 a 2012, para el periodo de 2013 a 2021, se presentaron alrededor de cuatro millones de accidentes de trabajo menos y se protegió la vida de más 2200 trabajadores. Estimación de los costos de la siniestralidad Bajo estos dos escenarios, se tomaron como referencia los costos estimados de los accidentes de trabajo y las muertes por causas laborales presentados por el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (NSC, por sus siglas en inglés), los cuales están representados en ingresos no percibidos o gastos incurridos debido a lesiones prevenibles fatales y no fatales. Estos reflejan el impacto en la sociedad, no específicamente en los empleadores (National Safety Council, 2022). Vale la pena señalar que Colombia no cuenta con estimación de los costos de siniestralidad, razón por la cual se acude a estimaciones internacionales de organizaciones altamente reconocidas. En este sentido, la estimación de costos del NSC para accidentes de trabajo es de $1.100 USD (aproximadamente $4.400.000 pesos) y para muertes es de $1.310.000 USD (aproximadamente $5.240.000.000 pesos) por cada caso (para efectos del cálculo se tomó como promedio una tasa de cambio de $4.000 pesos). Con estas cifras se calculó el costo de los eventos ocurridos y se comparó con el costo de los eventos pronosticados descritos en las tablas 1 y 2. Con base en lo anterior, se pudo estimar que el costo de los accidentes de trabajo ocurridos entre 2013 y 2021 fue de cerca de 24,7 billones de pesos y el costo de las muertes estuvo alrededor de 26,9 billones de pesos. Esto quiere decir que en los últimos nueve años los accidentes laborales y las muertes de trabajadores le han costado al país cerca de 51,6 billones de pesos. Realizando el mismo cálculo con las cifras pronosticadas en la tendencia de accidentes y muertes entre 2009 y 2012, el costo de los accidentes de trabajo y las muertes de los trabajadores pudo haber ascendido a una cifra cercana a los 81,9 billones de pesos. A partir de los resultados, se puede concluir que posterior a la expedición de la Ley 1562 de 2012 el país se ha ahorrado un aproximado de 30,3 billones de pesos en costos

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Transformación digital: una estrategia para impulsar la productividad de la industria colombiana

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Por Iván Mauricio Durán Pabón, Viceministro de transformación digital En 2019 Colombia se convirtió en uno de los países pioneros de América Latina en establecer una política nacional para el uso estratégico de tecnologías digitales. El viceministro de transformación digital del MinTIC, Iván Mauricio Durán Pabón, habla de los programas que ya están en marcha en el país. En Colombia, según la más reciente Encuesta de Transformación Digital desarrollada por la ANDI (2019), aproximadamente, una de cada tres empresas todavía no cuenta con una estrategia de transformación digital. Limitaciones presupuestales, falta de cultura, resistencia al cambio, desconocimiento sobre las bondades de las tecnologías y su posible aplicación en el negocio, bajo liderazgo y debilidades en el capital humano son considerados como las mayores barreras y desafíos que enfrentan las organizaciones para dar el salto hacia lo digital. Incluso, pese a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para incrementar la productividad, fortalecer la competitividad y aportar a la sostenibilidad, se estima que más del 60 % de las empresas colombianas aún no realizan procesos de innovación, lo que supone un desafío en materia de política pública (MinComercio, 2020). “Somos conscientes de que existen grandes brechas en el sector productivo en materia de adopción tecnológica. Por eso, hemos diseñado y venimos ejecutando una ruta para la transformación digital empresarial del país, que tiene el propósito de impulsar la adopción de tecnologías maduras y avanzadas en las cadenas de producción y comercialización”, señala Iván Mauricio Durán Pabón, viceministro de transformación digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De acuerdo con el funcionario, entre los programas que hacen parte de esa ruta se encuentran los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE), desarrollados en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). Su propósito es desarrollar capacidades en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que les permitan superar las barreras de apropiación tecnológica a partir de la implementación de un plan de transformación digital, entendiendo factores como la heterogeneidad de las regiones, el grado de madurez en términos de adopción digital y el tamaño de la empresa, entre otros factores. Otra de las líneas de acción es la iniciativa ‘Quiero mi tienda virtual’ que tiene como objetivo implementar plataformas de comercio electrónico, páginas web, pasarelas de pago y logísticas de entrega a 6.690 empresarios del país. Por su parte, la iniciativa Apps.co busca impulsar la creación y consolidación de emprendimientos digitales y brindar mentorías y espacios de experimentación e investigación a través del uso de las metodologías ágiles. “También venimos implementando el programa ‘Retos 4.0’, que cofinancia soluciones tecnológicas avanzadas a problemas previamente identificados en el sector productivo y la iniciativa ‘Agro 4.0’ cuyo propósito es implementar tecnologías de la cuarta revolución industrial en cultivos de café, cacao y aguacate para monitorear, a través de inteligencia artificial e internet de las cosas, variables agroclimáticas, enfermedades de los cultivos, calidad de las cosechas y prácticas sostenibles, entre otros aspectos”, explica Durán Pabón. Estos esfuerzos se enmarcan en el Conpes 3975 con el que Colombia se convirtió, en 2019, en uno de los países pioneros de la región en establecer una política nacional para la transformación digital y la inteligencia artificial con el fin de impulsar la productividad de todos los sectores, mediante el uso estratégico de tecnologías digitales. Y es que las empresas y organizaciones que no aborden el tren de la cuarta revolución industrial corren el riesgo de perder participación en el mercado, no contar con bienes y servicios diferenciados, no responder eficazmente a las dinámicas actuales y las nuevas demandas de los consumidores, enfrentar un difuso reconocimiento de su marca y, en el peor de los escenarios, no sobrevivir al cambio de paradigma y ser condenadas a la extinción como ya lo señalan expertos de la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital (MinComercio, 2020). Sin embargo, más allá de las bondades que las tecnologías 4.0 ofrecen a los modelos de negocio, también hay que tener en cuenta consideraciones en términos de seguridad y salud en el trabajo. “La irrupción de las nuevas tecnologías está brindando la oportunidad para que las organizaciones y las personas en general conozcan nuevas formas de ser productivos. Muestra de ello es el teletrabajo, como forma organizacional amparada por la Ley 1221 del 2008 y lasnuevas formas de trabajo no presenciales como el trabajo en casa y el trabajo remoto, reglamentadas por la Ley 2088 del 2021 y Ley 2121 del 2021, respectivamente. Estas modalidades ofrecen un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal, siempre y cuando se realicen de manera responsable”, advierte Durán Pabón. Por ello, insiste en que es clave lograr una mayor articulación entre las organizaciones y las ARL en términos de monitorear los ambientes y condiciones en las que los colaboradores realizan sus labores, implementar capacitaciones en habilidades blandas y técnicas, establecer canales de comunicación idóneos y prevenir riesgos asociados, tanto físicos como psicosociales. Así mismo, el viceministro destaca que se requiere tener en cuenta que, con la adopción de tecnologías avanzadas en el sector empresarial, algunos riesgos se pueden exacerbar o, por el contrario, disminuir, dependiendo del sector y el proceso al que se apliquen. En este sentido, es clave que las organizaciones desarrollen un proceso de planeación y análisis integral que considere factores como la cultura organizacional, la caracterización del talento humano, la infraestructura disponible, las implicaciones económicas, sociales y ambientales, así como la identificación y gestión de los riesgos asociados a la transformación digital (especialmente aquellos que expongan la seguridad y salud de los trabajadores). “Las organizaciones pueden ser “tecnológicamente responsables” al adoptar tecnologías que faciliten el trabajo del personal, aumente sus niveles de bienestar y mejore los procesos productivos. Esto implica capacitar permanentemente a las personas en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, procurando que no sean excluidas ni reemplazadas de sus ocupaciones”, enfatiza el vocero de MinTic. La pandemia, aún latente, viene presionando a las empresas a acelerar el uso de herramientas digitales y ampliar su conectividad digital,

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Las mipymes como motor social del desarrollo sostenible del país: retos y oportunidades

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Por: Rosmery Quintero Castro, presidenta nacional de Acopi. En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel social y económico muy importante al ser fuentes de empleo y uno de los motores de la economía, lo que las convierte en actores claves en la sostenibilidad y el crecimiento. Mediante su representatividad, estas empresas logran posicionarse en el mercado: constituyen alrededor del 96 % del tejido empresarial colombiano, aportan el 80 % del empleo y participan con el 40 % en el total del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, cifras que, por sí solas, ratifican la necesidad de impulsar su desempeño a través de políticas e instrumentos más expeditos y acordes a sus necesidades. No obstante, la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de la COVID-19 afectó de manera significativa al tejido empresarial colombiano, especialmente, a las mipymes quienes, bajo un entorno de incertidumbre, se vieron obligadas a tomar decisiones difíciles como el cierre total o temporal de sus operaciones, el despido de empleados y el endeudamiento, todavía mayor,con el sector bancario. Las mismas circunstancias llevaron a cambios estructurales en su capacidad de producción y de interacción con su equipo de colaboradores y clientes. Estas transformaciones se evidencian de manera significativa en la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE), a través del Observatorio mipyme de Acopi donde, en el proceso de reactivación económica, las empresas del segmento mipyme manifestaron haber destinado gran parte de sus inversiones en la capacitación de su capital humano (53,9 %), la transformación digital(46,4 %) y en el desarrollo de nuevos procesos de fabricación de sus productos (46,1 %). Adicionalmente, la pandemia aceleró el uso de herramientas tecnológicas, permitiendo que las mipymes empiecen a ser más competitivas y generen valor en el mercado, lo que se convierte en un beneficio que, además de contribuir a la reactivación, estimulala innovación y fortalece las cadenas de valor. Lo anterior contribuyó a robustecer el desempeño empresarial de este segmento. El impacto de los cambios se dimensiona al realizar un balance entre las cifras prepandémicas y los indicadores del 2021. Allí se puede observar que las empresas del segmento mipymehan logrado un mejor comportamiento en indicadores como ventas, producción, inversión, rentabilidad y ausentismo laboral, arrojando mejoras sustanciales entre un 38 % y un 50 % en dichos rubros. Estas cifras demuestran la resiliencia y tenacidad de este segmento frente a la crisis. Pese a enfrentar problemáticas estructurales como la falta de liquidez y el difícil acceso al financiamiento, ha luchado por permanecer en el mercado, contribuyendo a la recuperacióneconómica y social del país. Asimismo, según cifras de Confecámaras, en el primer semestre de 2021 se crearon 166.338 unidades productivas, 26,2 % más que en el mismo período de 2020, cuando el indicador se ubicaba en 131.848. Al diferenciar esta información por tamaño de empresa, se observa que las micro y pequeñas empresas aumentaron en un 26,2 %, cada una, con respecto al primer trimestre de 2020. Pese a lo anterior, sabemos que uno de los indicadores indispensables en el desempeño de las mipymes, y del país en general, es elempleo. Si bien este indicador ya era un problema antes de la pandemia, con la crisis social y económica generada por el Coronavirusse agudizó, incurriendo en grandes pérdidas para las empresas y para el bienestar de los 16 millones de trabajadores colombianos quepertenecían a este segmento, convirtiéndose en uno de los mayores retos en materia de política económica para el país. A pesar de losmecanismos y estrategias desarrolladas por el Gobierno Nacional para recuperar y generar nuevos empleos, es necesario insistir y trabajar en una reforma laboral estructural que permita una mayor inclusión y que conduzca a eliminar las barreras e inflexibilidades existentes en el mercado. Aunado a lo anterior, de cara al 2022, uno de los grandes obstáculos que deberán encarar las mipymes, y las empresas en general, es el desabastecimiento internacional de materias primas e insumos como el cartón, papel, cuero y aluminio. Frente a esto, las empresas han optado por ejecutar diferentes soluciones como buscar nuevos proveedores o incrementar el precio de sus bienes y servicios para mantener sus niveles de producción y su planta de personal. Por ende, es necesario destinar recursos que impulsen la innovación, focalizándolos en sectores estratégicos que permitan disminuir la alta dependencia que como país tenemos a las importaciones.En efecto, resulta importante seguir fomentando diferentes mecanismos para mitigar el impacto causado por la pandemia y posicionaral segmento en niveles superiores a los que se encontraban, teniendo en cuenta que, este es el segmento que dinamiza la economía y el desarrollo social del país. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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