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Aplicar altos estándares de HSE, una decisión estratégica en la industria petrolera

Carlos Martín Castro Cerón, ingeniero de petróleos, especialista en Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) / experto en evaluación de riesgos y realización de evaluaciones de cumplimiento HSE. El sector petrolero —con su vasta red de operaciones y su intrínseca relación con recursos naturales finitos— ha sido epicentro de discusiones sobre salud, seguridad y medio ambiente. Esta industria, debido a la naturaleza volátil y, a menudo, peligrosa de sus operaciones, ha tenido que enfrentarse a múltiples desafíos relacionados con la protección de sus trabajadores y del medio ambiente (Tveit & Walderhaug, 2018). Desde los inicios de la explotación petrolera, los graves incidentes ocurridos han puesto de relieve la necesidad de implementar protocolos de seguridad cada vez más rigurosos. Desastres notables como el de Piper Alpha, en 1988, y el derrame de Deepwater Horizon, en 2010, han llevado a la industria a una introspección profunda y a la búsqueda de innovaciones en términos de seguridad y protección ambiental (Kaiser, 2015; Birkland, 2011). En este contexto, la ingeniería de petróleos juega un papel esencial: no solo se ocupa de la extracción eficiente de hidrocarburos, sino que también tiene la responsabilidad de asegurarse de que este proceso se realice de manera segura y sostenible. Con el avance tecnológico, esta disciplina ha desarrollado herramientas y métodos que no solo mejoran la eficiencia de la producción, sino que también reducen los riesgos asociados a las operaciones petroleras (Holden, 2013). Es evidente que la integración de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés: Health, Safety, and Environment) no son simplemente un complemento, sino una parte integral de la ingeniería de petróleos moderna. Las universidades y las instituciones de formación que ofrecen este programa han reconocido esta realidad e incorporado la formación en HSE como parte esencial de sus currículos (Speight, 2011). Desde los albores de la industria petrolera, las preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad han sido una constante y en décadas recientes, la conciencia ambiental ha añadido otra dimensión a estas preocupaciones. Sin embargo, su historia temprana estuvo marcada por prácticas que hoy por hoy serían inaceptables. Durante la fiebre del petróleo de finales del siglo XIX, la falta de regulaciones y la carrera por explotar y producir el crudo resultaron en condiciones de trabajo peligrosas que provocaron un alto número de accidentes (Yergin, 1991). La explosión y posterior incendio de la plataforma petrolera Piper Alpha en el Mar del Norte, en 1988, fue un punto de inflexión que condujo a cambios significativos en la percepción y gestión del riesgo en la industria petrolera. El desastre llevó a la industria a reevaluar y fortalecer sus prácticas de HSE (Cullen, 1990). Con el derrame de petróleo del Exxon Valdez, en 1989, la atención se centró en las preocupaciones ambientales, llevando a la industria a revisar y a mejorar sus protocolos para prevenir derrames y minimizar el daño (Jernelöv, 2010). Por su parte, el derrame de Deepwater Horizon, en 2010, en el Golfo de México, uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos, resaltó la necesidad de crear sistemas de gestión de seguridad más robustos, así como la importancia de una cultura de prevención en la industria petrolera (Freudenburg & Gramling, 2011). Actualmente, las normas de HSE en este sector son el resultado de una evolución impulsada por incidentes desafortunados, avances tecnológicos y un crecimiento en la conciencia social y ambiental entre los directivos, especialistas y todos los actores involucrados en el proceso de exploración y explotación petrolera. La ingeniería de petróleos, con sus habilidades y competencias especializadas, juega un papel crucial en la fase inicial de diseño y planificación de cualquier proyecto petrolero. Esta etapa preparatoria es el punto de partida para establecer sólidos protocolos HSE ya que establece la base sobre la que se edificarán todas las operaciones subsiguientes. Desde esta fase de conceptualización es vital incluir los aspectos de HSE para que la infraestructura a desarrollar contemple aspectos ergonómicos, humanos, ambientales, de sostenibilidad y de compliance, así como las posibles contingencias, para mejorar el bienestar en todo el entorno de ese proyecto. Durante el diseño y la planificación, los ingenieros tienen en cuenta factores como la geología del sitio, las tecnologías disponibles, las características específicas del hidrocarburo y, lo que es más importante, las posibles amenazas para la salud humana, la seguridad y el medio ambiente (Lees, 1996). Esta consideración anticipada permite que los equipos diseñen sistemas y protocolos que reduzcan al mínimo el riesgo de accidentes y derrames y que protejan el capital natural en la zona de influencia (Skogdalen & Vinnem, 2012). Por ejemplo, en el diseño de instalaciones petroleras se deben considerar medidas de seguridad de todos los niveles de la jerarquía de control de riesgos como lo son los sistemas de detección y prevención de incendios, los equipos de protección personal y los sistemas de ventilación adecuados, entre otros. Además, se deben implementar prácticas y procedimientos seguros para las operaciones diarias tales como el manejo y el almacenamiento adecuado de sustancias químicas, el control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la gestión de residuos. El impacto de estas decisiones es profundo. Por ejemplo, la elección sobre el tipo de plataforma a utilizar en un campo petrolero offshore puede determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el riesgo de derrames de petróleo y la seguridad de los trabajadores en condiciones climáticas adversas (Thompson, 2015). Además, la selección de tecnologías de perforación y extracción, así como las técnicas de manejo y almacenamiento se determinan en esta fase y tienen un impacto directo en la eficiencia operativa, la salud y seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente (Mannan, 2005). En esencia, la fase de diseño y planificación es una oportunidad para que la ingeniería de petróleos integre las normas HSE desde el inicio, sentando las bases para operaciones más seguras y ambientalmente responsables. El corazón de cualquier operación petrolera reside en su etapa de operación y mantenimiento conocido como ‘O&M’.

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Mipymes sostenibles: su importancia, los desafíos y la ruta para avanzar

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Jacqueline Mesa Sierra, Gerente técnica del CCS / Ingeniera forestal / Especialista en gestión medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo Al hablar de mipymes es posible que su importancia se perciba de manera fragmentada, lo que dificulta comprender plenamente el impacto que tienen en las economías a nivel global. Aunque la definición y clasificación de micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) se basa en criterios diferentes de acuerdo con cada país1, en términos generales es clara y evidente la importancia económica y social que representan para las regiones y los países siendo, en muchos casos, la base de los mercados mundiales, nacionales y locales. Se estima que existen 162,8 millones de pymes establecidas, de las cuales, cerca de 96,3 millones se encuentran en mercados emergentes lo que representa casi el 90 % de todas las empresas y el 50 % del PIB en la mayoría de los países del mundo (UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford, 2020) citado por Mesa Sierra (2021). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dos de cada tres personas trabajan en una pyme y en muchos países representan hasta el 99 % de las empresas en la economía. Como ejemplo, en toda la Unión Europea (UE) el 99,8 % de todas las empresas son pymes, emplean al 66 % de la población activa total y representan el 56,4 % del valor agregado. Así mismo, son consideradas una de las más importantes fuentes de éxito para el desarrollo económico, por lo cual, para la UE, es clave garantizar un entorno beneficioso para estas organizaciones de tal manera que se asegure el éxito del desarrollo económico de Europa (Comisión Europea 2015 citado por Trenkle (2020). Para el caso de Latinoamérica y el Caribe de acuerdo con la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF (2024), las mipymes constituyen el 99,5 % de las empresas y casi nueve de cada diez pertenecen a la categoría de microempresas. Además, contribuyen con aproximadamente el 60 % del empleo productivo formal. Estos aspectos demuestran el papel fundamental que tienen las mipymes en el panorama social y económico de las diferentes regiones, por lo que es clave y necesario que se dé relevancia a la sostenibilidad como factor transformador de las mismas. Sin embargo, antes de hacer referencia a los beneficios que puede llegar a tener mipymes sostenibles, es necesario identificar las principales dificultades que tienen la gran mayoría (con pocas excepciones) de las mipymes en la región, entre los que se pueden destacar los siguientes: • Dificultades de financiación y acceso al crédito. Este es, quizá, uno de los principales retos para las mipymes, especialmente, para las micro y pequeñas empresas, que en sus primeros años dependen del capital propio de los fundadores o socios. Esta situación se agrava en el caso de aquellas que son lideradas por mujeres (OCDE, CAF, 2024). En Colombia, por ejemplo, casi no existen productos financieros para mipymes con menos tres años de creación formal, lo que limita su capacidad de crecimiento, genera una alta presión sobre los recursos personales y reduce considerablemente las oportunidades de mejora. • Deficiencias en mejoras continúas a nivel operativo y bajo nivel de innovación. De acuerdo con el sector en el que se generen los productos o se presten los servicios, las mipymes enfrentan una dificultad significativa para avanzar a nivel operativo. Dado que las inversiones suelen ser limitadas, la asignación de presupuestos para la mejora continua y la innovación de procesos puede no ser necesariamente prioritaria puesto que los recursos disponibles se destinan principalmente a mantener la operación en funcionamiento. Lo anterior, limita su capacidad para desarrollar negocios o vínculos comerciales con empresas de mayor tamaño o integrarse a economías de escala. Además, según la OCDE y la CAF (2024), estas restricciones impiden acelerar la innovación, manteniendo los procesos productivos anclados a tecnologías obsoletas o de baja productividad. • Sobrecostos y baja productividad. Aunque las mipymes generan una parte significativa del empleo, el valor que agregan en sus procesos es limitado. Dicha diferencia es mayor en las mipymes de América Latina y el Caribe, en donde la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) regional es de tan solo el 25 %, situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea, donde este indicador alcanza, en promedio, el 56 % (Dini & Stumpo, 2020)2. La productividad es especialmente baja en las micro y pequeñas empresas, lo que refleja desafíos estructurales que impiden su competitividad y sostenibilidad económica. • Administración y operación multitareas. En las mipymes es común encontrar esquemas de administración multitarea en las cuales los propietarios y los trabajadores vinculados (en muchos casos familias) tienen roles y funciones múltiples, lo que impide visualizar de manera estratégica las necesidades de cambio y ajuste. Además, diversos estudios y reportes sobre el desempeño de estas empresas señalan una carencia generalizada de directivos con habilidades gerenciales y pensamiento estratégico. • Dificultad en el acceso a tecnología. A pesar de los avances significativos en el acceso a tecnologías por parte de las mipymes tras la COVID-19 (de acuerdo con informes publicados sobre el tema), persisten brechas importantes en la adecuada identificación y adopción de soluciones tecnológicas y otras innovaciones. Esto incluye dificultades básicas en el acceso a internet de banda ancha, en desarrollo de habilidades digitales por parte de los trabajadores y en la digitalización de los procesos, entre otros aspectos. Esta brecha es aún más evidente en las mipymes de zonas rurales o alejadas de las zonas de mayor desarrollo. • Falta de asociatividad. La ausencia de redes de colaboración y gremios fortalecidos impide a las mipymes integrarse en modelos asociativos con otras empresas para generar economías de escala y bienes colectivos con los cuales puedan verse fortalecidas. Esta falta de asociatividad también impide el aprendizaje continuo, derivado de las buenas prácticas que deberían ser diseminadas a través de estas redes de trabajo. • Alta vulnerabilidad ante el cambio climático y los desastres. Los

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Transiciones del mercado laboral: retos y oportunidades

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Por Ítalo Cardona / Director de la Oficina de la OIT para los países andinos / Abogado y experto en legislación laboral y administración del trabajo / Responsable de liderar las acciones de la OIT en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El panorama laboral en América Latina y el mundo está marcado por desafíos y transformaciones significativas. En la región, las tasas de informalidad laboral siguen siendo altas, afectando la calidad del empleo y el acceso a derechos laborales. La pandemia de la COVID-19 exacerbó estas dificultades, aumentando el desempleo y la precariedad laboral. A nivel global, la automatización y la digitalización están redefiniendo el mercado laboral, generando tanto oportunidades como amenazas para los trabajadores. En este contexto, promover el trabajo decente y reducir las brechas laborales se vuelve crucial para garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Protección & Seguridad habló con Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los países andinos sobre los desafíos, oportunidades y herramientas que tienen las naciones en la actualidad para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro laboral más equitativo y justo para todos. Protección & Seguridad (P&S): desde la perspectiva de la OIT, ¿cuáles son los principales desafíos que urge atender en materia de trabajo decente? Ítalo Cardona (Í.C.): según el ‘Panorama Laboral’ de la OIT, América Latina y el Caribe enfrenta un 2024 caracterizado “por un bajo crecimiento y una fuerte incertidumbre ” a causa de una conjunción de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo. La informalidad laboral es uno de los desafíos más apremiantes en la región. Entre el 60 y el 90% de los trabajadores (especialmente en áreas rurales) se encuentra en el sector informal lo que afecta el goce efectivo de sus derechos laborales y hace que sea un reto enorme garantizar, incluso, los derechos fundamentales del trabajo que incluyen la libertad de asociación, la negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra el trabajo forzoso, la promoción de la igualdad y la no discriminación en el trabajo y promover condiciones de trabajo seguras y saludables. El segundo gran desafío es la baja productividad, especialmente en las micro y pequeñas empresas, que generan entre el 80 y 90 % de los empleos en los países de la región. Para que estas empresas puedan estabilizarse y crecer, es esencial implementar políticas de desarrollo productivo que estén coordinadas con las políticas laborales y de formación para el trabajo. Avanzar en esta línea no solo mejorará la calidad del empleo, también impactará positivamente en otros aspectos cruciales como el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Asimismo, la recuperación del empleo femenino también sigue siendo un desafío en la región, donde la participación laboral de las mujeres es un 23 % inferior a la de los hombres. Es urgente promover políticas transformadoras en materia de cuidados, ya que una de las razones principales por las que las mujeres no acceden al mercado laboral es la cantidad de horas que dedican a tareas de cuidado no remunerado: entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres en América Latina. La inversión en sistemas de cuidado puede, por un lado, liberar a las mujeres de esta sobrecarga desproporcionada y, por otro, impulsar la creación de empleo formal en un sector predominantemente femenino. La población joven tiene menores oportunidades de empleo decente en la región. De hecho, la tasa de desocupación de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe es más del doble en comparación a la de los adultos. Más grave aún es la constatación de que, en Colombia, uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja. Es importante reconocer la urgencia de diseñar políticas públicas orientadas a promover más y mejores oportunidades de empleo juvenil, con enfoque de género; a fortalecer los sistemas de educación y formación para facilitar la transición de la escuela al trabajo y corregir la desconexión entre las habilidades de los jóvenes y las demandas del mercado laboral; a invertir en programas que fomenten el espíritu empresarial y la creación de empleo por cuenta propia entre la población joven; y a garantizar la existencia de un ecosistema para el desarrollo de empresas sostenibles. P&S: la OIT ha sido enfática en señalar que el trabajo es la vía para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para todos. En la práctica, ¿cómo se debe traducir este llamado en políticas y acciones concretas a nivel regional? Í.C.: el bajo crecimiento económico en la región hace que se mantenga el riesgo de aumentos en la tasa de informalidad laboral. En la medida en que no se genere una cantidad suficiente de empleos en sectores con altos niveles de productividad y que no se cuente con políticas eficaces para promover ecosistemas para el desarrollo empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, los avances que se logren serán insuficientes frente a las necesidades de trabajo decente que tienen los países. En ese contexto, también es importante el reforzamiento de las instituciones laborales, especialmente, el salario mínimo y la negociación colectiva para proteger los ingresos de los trabajadores y poder acceder a mejores beneficios que contribuyan a la reducción de la pobreza y a promover oportunidades de trabajo decente. En el contexto actual, es necesario que los países se preparen para poder aprovechar los efectos positivos de la transición digital, la transición demográfica y la transición justa y lograr la creación de más y mejores empleos. En estos escenarios, que necesariamente implicarán una creciente demanda de nuevas habilidades y competencias, la formación profesional —pertinente, equitativa y de calidad— resulta fundamental para garantizar que todos los trabajadores, especialmente los más jóvenes, puedan beneficiarse de los nuevos empleos que se generen, pero también del relevo intergeneracional de los ya existentes. Por supuesto, el diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores es clave para diseñar la ruta y transitar estos senderos. Un conjunto de derechos y normas claramente definidos, junto con el funcionamiento de

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Financiamiento climático, la red que teje un país más resiliente

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Por Lina Fernanda Sánchez Alvarado / Comunicadora social y periodista / Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos En el mundo, de acuerdo con el Índice global de riesgo climático (Germanwatch, 2021), entre 2000 y 2019 se presentaron más de 11.000 eventos climáticos extremos, cobrando la vida de más de 475.000 personas y dejando pérdidas por 2,56 trillones de dólares. América Latina ha sido una de las regiones más afectadas: durante los últimos 30 años, los desastres climáticos se han duplicado, lo que ha profundizado las desigualdades sociales y frenado el desarrollo económico de los países, aumentando así los niveles de pobreza. De ahí que tomar medidas para enfrentar estos fenómenos meteorológicos como sociedad, sea un asunto que compete tanto al sector público como al privado. Colombia, uno de los países con mayor vulnerabilidad dada su ubicación geográica presenta una alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima (PNUD, 2010). El informe ‘Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 20112100: herramientas científicas para la toma de decisiones’ reveló que la temperatura promedio en Colombia para 2100 sería 2,14 °C mayor a la actual (La República, 2015). Por eso el país busca reducir en un 51 % sus emisiones de carbono al 2030 y espera lograr la meta de neutralidad de carbono para el 2050, de acuerdo con el ‘Programa nacional de carbono neutralidad y resiliencia climática’ del Ministerio de Medio Ambiente (s.f). Para enfrentar este desafío, se requiere de un conjunto de recursos financieros, como la movilización de fondos internacionales, el acceso a mecanismos de financiamiento climático y la creación de incentivos económicos que promuevan inversiones sostenibles. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad de los países para acceder a recursos de fondos multilaterales dedicados a financiar proyectos climáticos en países en desarrollo ya sea para impulsar proyectos de mitigación (reducción de emisiones) o de adaptación (resiliencia ante el cambio climático). También se hace necesario fomentar las alianzas público-privadas y establecer mercados de carbono que impulsen la reducción de emisiones. Estos instrumentos son esenciales para financiar la transición hacia economías bajas en carbono y enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Qué es el financiamiento climático? El financiamiento climático se refiere al lujo de recursos destinados para acciones de adaptación y mitigación al cambio climático (Departamento Nacional de Planeación, s.f). En las figuras 1, 2 y 3 se detallan las diversas fuentes de financiación. El Comité Permanente de Finanzas (CPF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) define el financiamiento climático como los lujos financieros que buscan reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que busca mitigar la vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos del cambio climático (CPF, 2014). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el financiamiento climático como «los lujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden ser públicos o privados» (OCDE, 2015). La apuesta por los bonos verdes Ejemplo de ello, son los bonos verdes, un vehículo de inversión que ha dinamizado el mercado de renta ija (Asobancaria, 2018). En su estructura se asemeja a un título tradicional diferenciándose en el uso que se les da a los recursos que se captan: en este caso tendrá una destinación exclusiva y relativa a materializar iniciativas, que generen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Tomado de: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Combina recursos privados, públicos e, incluso, de cooperación internacional. De esta forma, se emiten en mercados financieros para impulsar proyectos de infraestructura verde, energías renovables, transporte limpio, entre otros: • Bancolombia y Davivenda, por ejemplo, enfocaron su alcance a Figura 3. Fuentes de financiamiento público proyectos de construcción verde y energías renovables. Específicamente en el tema de construcción verde, los emisores han desarrollado una estrategia que permite demostrar al sector que sí se puede construir de manera sostenible, a través de normas o certificaciones reconocidas regional, nacional o internacionalmente (ej. EDGE, LEED). •Bancóldex ha inanciado proyectos de eiciencia energética, principalmente, seguido por proyectos destinados al control de la contaminación y eiciencia en el uso de los recursos. • El alcance del bono verde del Grupo Celsia tiene relación con las energías renovables y eiciencia energética. • El bono de Findeter fue emitido para inanciar proyectos que mitiguen el cambio climático y que tengan un impacto social positivo. (Superintendencia Financiera de Colombia, s.f). De esta manera, los bonos verdes permiten a las empresas recaudar capital para invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático y promuevan la sostenibilidad ambiental, como la transición a energías renovables. Entre 2016 y 2018 se emitieron los primeros bonos verdes en el país, la mayoría por entidades financieras. Este instrumento, que ha tenido un impulso en los últimos años y se ha convertido en una opción al déficit de financiamiento para proyectos de energía limpia y eficiencia energética. Y es que para lograr la reducción de emisiones al 2030, expertos calculan que se requerirá asignar el equivalente al 0,87 % del PIB nacional anual, es decir, alrededor de 15,9 billones de pesos (Alianza, clima y desarrollo, 2016), razón por la cual este mecanismo adquiere gran relevancia. El mundo de los mercados de carbono Las empresas también han empezado a incorporar la lucha contra el cambio climático en sus modelos de negocio, al proponer productos y servicios que contribuyan a la reducción de emisiones. Otras han creado políticas y estrategias que apuntan a la mitigación y adaptación, que al final van a terminar impactando su competitividad en el futuro. En la gráfica 4 se citan algunos mecanismos para promover el financiamiento climático. Al 2023, el corredor de financiamiento climático, que busca cerrar las brechas entre la oferta de recursos de financiación y la demanda (empresas y proyectos que contribuyen con la gestión del cambio climático) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reportaba en su inventario de productos financieros verdes del sector bancario un total de 72

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Trabajo decente vs. precarización laboral: un análisis comparativo

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Líder de Comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Si bien la precarización laboral y el trabajo decente son dos términos diametralmente opuestos, analizados en conjunto, permiten medir el grado de bienestar de los trabajadores y las brechas existentes en el mercado laboral, ofreciendo una perspectiva integral sobre la calidad del trabajo. No obstante, para ello es fundamental reconocer que trabajo no es sinónimo de empleo. El primero, es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2004). Por su parte, el empleo es definido como «trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin importar que quien lo desempeña sea, dependiente/asalariado o independiente” (OIT, 2004). En este contexto, el concepto de trabajo decente trasciende los límites de la empleabilidad. No todos los empleos formales garantizan condiciones laborales apropiadas: pueden estar bien remunerados y regidos bajo contrato formal y, aun así, ser insalubres y peligrosos o carentes de protección social. Por otro lado, la ausencia de una relación contractual formal no excluye la posibilidad de cumplir con los criterios de un trabajo decente. Existen formas de trabajo no convencionales que pueden ofrecer condiciones dignas y seguras, demostrando que el trabajo decente es un concepto multidimensional. Aún así, es innegable que la formalidad en el empleo es una vía que puede ayudar en la consecución de un trabajo decente, proporcionando mayor estabilidad y acceso a beneficios laborales. A su vez, la creación de nuevos empleos o el aumento de la población asalariada no necesariamente indica una reducción en los déficits de trabajo decente. Así, como lo advierte la OIT (2024), “muchas personas ocupadas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a un trabajo decente” dado que “la creación de empleo sigue la tendencia ascendente de la población activa, pero eso no conlleva necesariamente mejoras en la calidad de los puestos de trabajo”. En vista de estas consideraciones, es esencial profundizar en la comparación entre trabajo decente y precarización laboral para comprender mejor las disparidades existentes en los mercados de trabajo. Así, para ofrecer una visión más clara y estructurada, a continuación, se desglosan las definiciones conceptuales, características clave y alcances de cada concepto. Trabajo decente En 1999, durante la 87ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (como se citó en OIT, 2003), se acuña el término por primera vez:“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Más tarde, en 2004, en el contexto de la globalización, Virgilio Levaggi, director regional adjunto de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe señaló:“Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades (…). No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado (…) ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”. Finalmente, en 2015, fue introducido por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 como uno los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Trabajo decente significa oportunidades para todos de conseguir un trabajo que sea productivo y proporcione unos ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social”. El concepto de trabajo decente abarca, según la OIT, cuatro dimensiones básicas que, a su vez, se convierten en objetivos: • Promover y aplicar las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.•Crear mayores oportunidades de empleos e ingresos dignos para todas las personas.• Mejorar la cobertura y la eficacia de la protección social para todas las personas.• Fortalecer el tripartismo1 y el diálogo social. Un trabajo decente está asociado a:• Oportunidades de empleo y calidad del mismo (factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, mental, emocional y físico de los trabajadores).• Ingresos adecuados y trabajo productivo.• Horas de trabajo decentes (jornada laboral semanal según las disposiciones laborales y legales vigentes).• Estabilidad (considerando la contratación formal y su duración). Exige y promueve el uso de contratos claros y transparentes que cumplan con la legislación laboral.• Entorno de trabajo seguro y saludable (Salud y Seguridad en el Trabajo).• Conciliación de la vida laboral y familiar.• Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.• No discriminación.• Seguridad social. Cotización, afiliación o beneficiario de salud y pensión (contributivo o subsidiado), afiliación a riesgos laborales.• Oportunidades de formación y desarrollo profesional.• Diálogo social, representación y participación de los trabajadores.• Oportunidad de afiliación a una asociación gremial o sindical.• Ética en el trabajo (respeto a los derechos humanos, abolición del trabajo forzoso, la esclavitud y el trabajo infantil). En el marco del trabajo decente se utiliza una noción amplia de trabajo que abarca:• Todas las clases de trabajo. La idea de ‘trabajo decente’ es válida tanto para los trabajadores de la economía regular o formal como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y quienes laboral en plataformas digitales en todos los sectores productivos (Ghai, 2003).• Actividades que se realizan dentro de los hogares (economía del cuidado), el trabajo voluntario y la producción para autoconsumo. Todas

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Cadenas de suministro: del abastecimiento a la sincronización de esfuerzos en sostenibilidad

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Por Jacqueline Mesa Sierra / Gerente técnica del CCS / Ingeniera forestal / Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo Para el 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, una locación comercial de ocho pisos en Savar, capital de Dhaka en Bangladesh, albergaba seis fábricas de ropa, cuyas confecciones eran suministradas a empresas de reconocidas marcas a nivel mundial y empleaba a aproximadamente 6000 personas. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las fallas que presentaba la estructura del edificio, se ordenó a los trabajadores que continuaran sus labores en el horario habitual, bajo la amenaza de recortarles los salarios a aquellos que se negaran. Era la última semana del mes. La mayoría de los trabajadores, especialmente, mujeres temían perder sus salarios y, por ende, su principal fuente de subsistencia así que ingresaron al edificio, el cual, horas más tarde se derrumbó. Más de 1100 personas fallecieron y más de 2500 resultaron heridas (Stefanicki (2013) citado por Akhter, 2014). La tragedia del Rana Plaza es apenas una de las muchas historias que suceden a diario y que, incluso, pasan desapercibidas o raramente se cuentan: proveedores y eslabones de las cadenas de suministro que violan derechos humanos, incumplen normativas laborales y dañan recursos naturales. Todo ello sin que las empresas cliente o los propios consumidores se cuestionen siquiera cuáles fueron los impactos sociales, ambientales y económicos generados por el proceso de producción. De ahí la necesidad urgente de reflexionar sobre la gestión sostenible de las cadenas de suministro. Sin embargo, antes de abordar la sostenibilidad, es esencial reflexionar sobre el concepto mismo de «cadena de suministro» debido a su importancia y a los desafíos económicos que representa para las empresas. ¿Qué es una cadena de suministro? De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), comprende “los diferentes eslabones que se suceden en una compañía, que van desde las materias primas no procesadas hasta los productos terminados que llegan al consumidor final”. En este sentido, la gestión de la cadena de suministro (Suply Shain Managemen-SCM por sus siglas en inglés) corresponde a la organización, coordinación y control del ciclo de vida de un producto o servicio “desde que se concibe hasta que se consume… (integra) un subsistema dentro de la organización que engloba la planificación de las actividades de suministro, fabricación y distribución de los productos. En definitiva, la cadena de suministro comprende la oferta y la demanda, dentro y fuera de la empresa”. Framinan et al. (2019) describen cuatro arquetipos de cadenas de suministro que vale la pena mencionar, sobre todo, para que cada una de las organizaciones defina qué tipo de gestión realiza dentro de sus procesos de abastecimiento: A pesar de lo mencionado anteriormente e independientemente del tipo de cadena de suministro que se gestione, no se puede considerar a las compañías que la conforman como entidades aisladas. Más bien, deben ser vistas como una red de socios en la estrategia corporativa (Pardillo Baez & Gómez Acosta, 2013). La gestión en la cadena de suministro se ha convertido en un concepto fundamental para que las empresas mejoren las relaciones con los clientes y proveedores y, a su vez, alcancen una ventaja competitiva. Sostenibilidad en la cadena de suministro En este contexto y con la cada vez más extendida intención de las empresas de asegurar la productividad y la competitividad de sus cadenas de suministro, surge el término «sostenibilidad». No se puede considerar a una empresa como «sostenible» si su única preocupación y objetivos están relacionados con sus propios procesos, sin haber mapeado y evaluado el impacto de sus proveedores de materias primas, actividades y operaciones, productos terminados y/o servicios. En un mundo globalizado, caracterizado por necesidades cambiantes y desafíos de mercado, es imperativo que las decisiones de compra y adquisición no se basen únicamente en criterios económicos o de producción. Es crucial garantizar que toda la cadena (red) cumpla con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Ninguna organización comprometida con la sostenibilidad desea verse inmiscuida en situaciones como las del desafortunado incidente del Rana Plaza, en los que productos o servicios suministrados a los clientes puedan ser cuestionados debido a prácticas inadecuadas. Garantizar la sostenibilidad en las cadenas de suministro es de suma importancia, ya que se ha convertido en un factor crucial de competitividad en el mercado actual. Implica mantener una relación cercana y permanente con las partes interesadas y asegurar de manera genuina que las operaciones puedan perdurar en las ubicaciones donde opera la organización maximizando las contribuciones positivas al tejido económico, social y ambiental de la zona, a la vez que mitiga los impactos negativos. Es en este punto donde las cadenas de suministro deben integrar y sincronizar sus esfuerzos en términos de sostenibilidad. Al retomar los conceptos de los «arquetipos» de cadena, se vuelve evidente que la información de cada proveedor o miembro de la misma debe ser transparente, no solo en cuanto a producción, sino también en términos de cumplimiento de criterios sostenibles. En este sentido, es fundamental contar con indicadores dinámicos que permitan a las partes interesadas conocer los niveles de cumplimiento de estándares en cada eslabón de la cadena. Sin embargo, el desafío para las organizaciones es considerable. Retos y dificultades En este sentido, se presentan diversos retos para lograr dicho propósito, entre los cuales se encuentran: • Dificultades en integración y sincronización: se requiere encontrar vías de comunicación en las cuales la información de cada eslabón de la cadena esté disponible y pueda ser verificada. • No siempre se asegura a todos los eslabones: en los procesos de compra y adquisición, las organizaciones suelen realizar auditorías que tienden a abarcar únicamente un eslabón aguas abajo. Esto significa que desconocen las prácticas y condiciones en las que operan los productores minoristas o las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se encuentran en eslabones más bajos de la cadena. • Objetivos de sostenibilidad no alineados: en el ámbito de la sostenibilidad, es común encontrar diferencias en las prioridades y criterios

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Panorama de la agroindustria y oportunidades hacia la sostenibilidad

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Por Johan Andrés García Meneses / Líder técnico del CCS Ingeniero químico / Magíster en Ingeniería Química A lo largo del tiempo, la agroindustria ha sido definida como aquella actividad económica que se dedica a transformar los insumos provenientes de la agricultura, la ganadería, la avicultura, la acuicultura y la silvicultura (actividades forestales). En Colombia, la historia de la agroindustria se remonta a 1904 cuando ya existían algunas pequeñas empresas artesanales dedicadas al procesamiento de productos agrícolas, como el algodón y el tabaco (Mineducación, 2017). Con el transcurso de los años, el sector agroindustrial ha experimentado un rápido desarrollo dando lugar a dos categorías principales: la tradicional y la moderna. La agroindustria tradicional se caracteriza por su dependencia, en gran medida, de las materias primas de origen agropecuario y por el uso de tecnología relativamente sencilla. Por otro lado, la agroindustria moderna se destaca por su enfoque en una mayor transformación de las materias primas, llegando a un nivel intermedio de desarrollo industrial (Mineducación, 2017). Con el paso de los años, el sector agroindustrial se ha convertido en una de las bases fundamentales de la economía colombiana, englobando una gran cantidad de actividades laborales desempeñadas por la mayoría de la población del país. La industria de alimentos, en particular, ha surgido como uno de los sectores más prometedores para la competitividad de Colombia en los mercados globales gracias a la diversidad regional y la calidad de los productos colombianos reconocidos en todo el mundo. Agroindustria en Latinoamérica El sector agroindustrial ha desempeñado un papel crucial en la recuperación económica de América Latina y el Caribe (ALC) tras la pandemia. De acuerdo con el Banco Mundial, en el 2022, este sector representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región y empleó alrededor del 14 % de la fuerza laboral. En el caso de Colombia, la contribución de la agroindustria al PIB alcanzó el 8,3 % el año pasado (The World Bank) (la figura 1 muestra el comportamiento de este indicador a lo largo del tiempo). En la década de los sesenta, el aporte del sector al PIB sobrepasaba el 25 % destacándose como uno de los principales pilares de la economía del país. Hoy en día su contribución es mucho menor dados los ingresos por hidrocarburos y por el desarrollo del sector industrial. Sin embargo, esto no significa que el sector no haya crecido en los últimos años. A pesar de estos logros, la agroindustria enfrenta desafíos relacionados con las demandas del mercado y la adopción de nuevas tecnologías. Para integrarse a las cadenas de valor agroalimentarias modernas, los productores deben cumplir con estándares de calidad y satisfacer las condiciones comerciales exigidas por los compradores internacionales (FAO, 2013). Además, los consumidores cada vez desean más información sobre el impacto social y ambiental de los productos que consumen. Por otra parte, la región de ALC ha experimentado un aumento en la complejidad, la competencia y las demandas del mercado. Los inversores, acreedores y consumidores finales, así como otros actores sociales, esperan que los productores rurales implementen buenas prácticas dentro de sus procesos productivos como un factor fundamental para su éxito. Contar con prácticas sólidas y establecidas se ha vuelto esencial para que las empresas del sector agroindustrial enfrenten diversos desafíos, como aumento de la productividad, implementación de nueva tecnología, aspectos logísticos, nuevas políticas comerciales y regulaciones ambientales. Aquí es donde se empieza a hablar de agroindustria sostenible. ¿Qué es la agroindustria sostenible? Muchas personas se preguntarán qué se entiende por agroindustria sostenible. Desde la perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ASG), la agroindustria sostenible se basa en promover buenas prácticas y principios en estos ámbitos. Estas prácticas y principios se aplican en la producción, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas, forestales, marinos y otros sectores naturales (Zapata Dávila, 2021). Por tanto, es crucial capacitar y asesorar a los agricultores sobre los avances y tendencias en las prácticas medioambientales que se demandan a nivel global, ya que ellos proveen la materia prima del sector. Además, para lograr una agroindustria sostenible y exitosa, es esencial establecer alianzas y promover la colaboración entre los sectores público, privado y la comunidad en general. Esto permitirá desarrollar proyectos que beneficien a cada uno de estos sectores. Así mismo, es necesario integrar a los pequeños productores, muchos de ellos provenientes de la agricultura familiar campesina o de comunidades indígenas, en las cadenas de valor modernas. Estos productores difícilmente podrían integrarse de forma individual, por lo que se agrupan en cooperativas o asociaciones, o trabajan con empresas más grandes que les brindan asistencia técnica, financiamiento y los conectan con las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. Otros aspectos importantes de inclusión son la digitalización y el acceso a servicios financieros para el desarrollo del campo y el aumento de la productividad (FAO, 2013). A pesar de que el sector agropecuario representa el 6,5 % del PIB en la región de América Latina y el Caribe, apenas un 3 % de los créditos se dirigen hacia este sector (Sbardellini Cossi & Azevedo, 2021). La crisis relacionada con la pandemia y los períodos prolongados de inactividad comercial han afectado los pagos y cobros en las cadenas que incluyen múltiples actores. Es importante el apoyo financiero sobre todo para aquellos productores primarios. ¿Qué beneficios trae una agroindustria sostenible? Cuando se habla de nuevos conceptos relacionados con sostenibilidad a menudo se tiende a creer que, en el sector agroindustrial, este propósito se queda en buenas intenciones. Sin embargo, una agenda de sostenibilidad puede contribuir a aumentar la rentabilidad de este, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe (ALC), que es responsable del 14 % de la producción agrícola a nivel mundial y se espera que represente el 25 % de las exportaciones globales de productos agrícolas y pesqueros para el 2028 (Sbardellini Cossi & Azevedo, 2021). En esta región se cuenta con una oportunidad única que muchas otras partes del mundo no tienen: aprovechar la última revolución tecnológica teniendo en cuenta los aspectos ambientales,

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Desastres y continuidad de los negocios: prioridades y desafíos

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Por Jacqueline Mesa Sierra / Gerente técnica del CCS Ingeniera forestal / Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo Los costos asociados a una inadecuada gestión de los riesgos relacionados con amenazas ambientales, el cambio climático y los que se pueden generar por las mismas operaciones del sector productivo siguen en aumento. A pesar de los esfuerzos por proporcionar el financiamiento necesario para la mitigación y adaptación al cambio climático, el mundo sigue lejos de implementar plenamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana, entre otros acuerdos internacionales. Las inversiones en adaptación y reducción de riesgos de desastres siguen estando insuficientemente financiadas y, en algunos casos, pueden representar tan solo entre el 1 y el 2 % de la financiación climática (Press-Williams et al., 2024), factor que está poniendo en riesgo los esfuerzos y la consecución de las metas del Marco de Sendai. Los costos derivados de los pagos de primas de seguros, así como de las pérdidas y daños manifiestos, siguen aumentando. Al revisar los indicadores interanuales de eventos extremos, las reaseguradoras han encontrado que, en los últimos cuatro años consecutivos, las pérdidas aseguradas a nivel mundial han superado los 100 mil millones de dólares consecutivos (Banerjee et al., 2024). De acuerdo con los datos reportados por CRESTA1, las pérdidas para el sector de seguros generados por eventos catastróficos siguen en aumento de acuerdo con el informe preliminar del segundo trimestre del 2024. La lista de estas pérdidas incluye, a la fecha del reporte, 197 grandes catástrofes naturales, 117 de las cuales superan el umbral de notificación. En conjunto, los acontecimientos por encima del umbral representan más de 344 billones de dólares en pérdidas para la industria, siendo las inundaciones los eventos más recurrentes, pero no los únicos (CRESTA, 2024). Al revisar estas cifras, se evidencia que invertir en reducción de riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y resiliencia tiene beneficios a nivel económico y social para las regiones y los sectores productivos. Cada dólar invertido en reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta 15 dólares en recuperación posdesastre. Cada dólar invertido en hacer que la infraestructura sea resiliente a los desastres ahorra cuatro dólares en reconstrucción. Los beneficios en términos de invertir en prevención y resiliencia son claros. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), por cada 100 dólares estadounidenses de asistencia oficial para desastres, tan solo se invierten 50 centavos en proteger del impacto de los mismos (UNDRR, 2024). Esto indica una falta de iniciativas privadas y públicas en la inversión en prevención, adaptación y resiliencia en todos los ámbitos y, aún más, en los sectores productivos. Modelos de negocios: el desafío en el análisis del riesgo sistémico Con los desafíos del cambio climático y la exacerbación del riesgo de desastres producto de este fenómeno, queda la inquietud acerca de si los negocios y organizaciones, sin importar su tamaño, han incluido en sus modelos de negocios los análisis suficientes para poder prepararse, adaptarse y recuperarse de manera más eficaz y eficiente. Y quizá la respuesta es que no de manera general. Los gerentes y administradores de las organizaciones aún continúan desarrollando o manteniendo modelos de negocios y planes estratégicos, sin contemplar estos temas lo que, en realidad, genera una alta vulnerabilidad y reduce la posibilidad de mantenerse en el tiempo. Lo primero que debe ocurrir en los ámbitos administrativos y gerenciales, sin importar el tamaño de la empresa, es que los modelos de negocio y su estructuración deben integrar de manera eficaz el análisis del ‘riesgo sistémico’2 y el ‘megarriesgo sistémico’3. Bajo este enfoque, se analiza a la organización y a su operación como parte de un sistema económico, social y ambiental. Además, se incluyen dentro de los análisis financieros y económicos todos los aspectos y amenazas que pueden impactar, impedir y/o potencializar la continuidad de las operaciones. De acuerdo con la interrelación en el sistema, existen algunos sectores con mayor probabilidad de ser impactadas y/o impactar un sistema completo. Por ejemplo, la llegada de huracanes extremadamente dañinos a los Estados Unidos ha puesto en manifiesto que la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas es una realidad en las economías desarrolladas. A continuación, se presenta la relación de las infraestructuras vitales de los sistemas y cómo estas se interrelacionan, pudiendo impactar áreas que no habían sido mapeadas. La resiliencia y sus dividendos Con el contexto anterior, es evidente que las organizaciones deben tomar decisiones basadas en riesgos, como un paso importante para alcanzar la resiliencia y la continuidad de sus negocios. De acuerdo con Tanner et al. (2015), “los métodos existentes para evaluar las inversiones en gestión de riesgo de desastres subestiman los beneficios asociados con la resiliencia”. Esto está vinculado a la percepción común de que invertir en resiliencia a los desastres solo generará beneficios una vez que ocurra el desastre. La interpretación de quienes invierten va por el mismo camino: se ve como una apuesta que solo da frutos en caso de desastre. Y es esta la misma apuesta que hacen los tomadores de decisiones a nivel de las empresas. «Es evidente que las organizaciones deben tomar decisiones basadas en riesgos, como un paso importante para alcanzar la resiliencia y la continuidad de sus negocios» En este sentido, también es importante resaltar los beneficios que puede traer la resiliencia a partir de lo que se ha denominado el ‘triple dividendo de la resiliencia’ aplicado a los entornos empresariales (Tanner et al., 2015): Entender los dividendos derivados de invertir en la gestión de riesgos de desastre, la adaptación al cambio climático y la resiliencia, e incluirlos en la planificación y definición de los modelos de negocios, es el argumento para apalancar las inversiones. Esto porque se mapean las pérdidas evitadas, los estímulos a nivel económico y los cobeneficios que se obtienen de las inversiones, que también apalancan las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones.

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Servicios públicos y comunicaciones: la apuesta sectorial por la SST y la Agenda 2030

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Por Camilo Sánchez / Presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) / Economista / Magíster en Gobernabilidad y Democracia / Especialista en Alta Gerencia / Ex Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio / Gerente general y financiero en empresas del sector privado y miembro de diferentes juntas directivas en Colombia. El cumplimiento de la Agenda 2030 es esencial para que el desarrollo sostenible sea una realidad. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), hemos apostado por los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas desde el 2005 y, conjuntamente con las empresas afiliadas a esta iniciativa, se ha consolidado un sector que tiene políticas y estrategias consistentes y claras para que en Colombia podamos alcanzar una integración armónica entre las dimensiones económica, social y ambiental. Dentro de esta dinámica, el plan de acción de Andesco tiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible una conjunción plena. Recordemos que el 25 de septiembre de 2015, el mundo estableció unos objetivos globales con el fin primordial de erradicar la pobreza, con unas acciones claras y contundentes para la protección de la vida en el planeta y, por supuesto, para generar prosperidad para todos. En este sentido, la acción del sector de servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en línea con la Agenda 2030 ha generado una contribución clave. En primer lugar, como es bien sabido, uno de los problemas estructurales que tiene el empleo en Colombia es su alta dosis de informalidad, con valores superiores al 56 % en 2023, aunque ha habido una mejora en los últimos 30 años en los cuales el fenómeno llegó a situarse en cerca del 70 %. En un estudio realizado por Andesco, con datos recopilados por Kondata, se puede constatar que el sector de servicios públicos y de las TIC ha sido un gran dinamizador del empleo, particularmente, del empleo formal. De más o menos 23 millones de ocupados en el país, los servicios públicos y las TIC ocupan a alrededor de 690 mil personas. De todo el sector, las TIC presentan una participación mayoritaria, con el 57 % debido, sobre todo, al aumento en las ofertas de servicios asociados, lo que implica una contratación importante en el tema de comercialización al detal, asunto que se evidencia en todos los municipios del país. Entre tanto, el sector de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (AAA) participa con el 29 % y el de energía y gas con un 14 %. Lo más significativo es que, con 525 mil empleos formales en 2023, la tasa de formalidad es del 76 %, muy superior al 45 % que tiene, en promedio, el país. En el sector de AAA tenemos alrededor de un 48 % de formalidad. Esto demuestra que persiste un reto importante para alcanzar la formalización plena en el sector de aseo, dado el incremento de la actividad de aprovechamiento que requiere una mayor acción de formalización con los grupos de recuperadores ambientales (recicladores); lo mismo ocurre en los acueductos veredales en todo el país. En las TIC la formalidad alcanza el 85 %, quedando por cerrar la brecha en algunos elementos de comercialización de servicios al detal en los municipios. En contraste, el sector de energía y gas, con un 96 % de formalización se sitúa en los primeros lugares del país. Lo anterior es una muestra de nuestros esfuerzos para contribuir al ODS 8 ‘Trabajo Decente y Crecimiento Económico’ de cuyas metas se destacan, entre otros elementos, el fomento de la formalización y el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas con una adecuada inclusión financiera. “El reto de la formalización implica toda una cadena virtuosa de contar con programas consistentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con la eficaz promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgo” Esta formalización implica, por supuesto, toda una cadena virtuosa de contar con programas consistentes de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con la eficaz promoción de un entorno de trabajo seguro y sin riesgo. Ejemplo de ello es que más de 90 % de las empresas afiliadas tienen como prioridad cumplir con los requerimientos del Decreto 1072 de 2015 y cuentan con programas de bienestar para los colaboradores como lo evidencia el Primer Estudio de Sostenibilidad Sectorial de Andesco. Así mismo, frente a la certificación ISO 45001:2018 sobre SST, el 52 % de las empresas del sector de energía y gas están certificadas, mientras que en el sector TIC este valor asciende al 75 % y en el sector AAA, el 90 % de las empresas implementan esta norma internacional como un referente de gestión. De esta manera, se genera un impacto positivo en el ODS 3, Salud y Bienestar, con programas de salud para el trabajador y sus familias y se logra una incidencia directa en sus condiciones para contribuir al desarrollo sostenible. Para las empresas afiliadas, es crucial garantizar la capacitación en SST de sus grupos de interés. Por ejemplo, en el sector AAA, el 70 % de las compañías realiza capacitaciones a sus colaboradores. En el sector de energía y gas, este valor aumenta al 93 %, y en TIC, el 100 % de las empresas capacita tanto a colaboradores como a proveedores. De otro lado, la inclusión financiera con un trabajo formal implica necesariamente un paso fundamental para cumplir con los indicadores establecidos en el ODS 10 ‘Reducción de las Desigualdades’, principalmente, en lo que respecta a las metas de garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados además de la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social y lograr progresivamente una mayor igualdad. Todo esto también impone acciones que permiten lograr el ODS 1 ‘Fin de la Pobreza’ en cuanto a la implementación de adecuados sistemas de protección social, así como la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de los servicios financieros, incluida la microfinanciacion. Siguiendo con la materialidad pertinente a

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Primeros auxilios en accidentes de tránsito, ¿cómo actuar correctamente?

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Por Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) Tan solo entre enero y junio de 2024, las víctimas de accidentes de tránsito (tanto de lesionados como de fallecidos) ascendieron a 16.000, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Los más afectados continúan siendo, en su orden, los usuarios de motocicletas, los usuarios de vehículo particular, los peatones y los ciclistas. Y es que encontrarse con un siniestro vial en cualquier desplazamiento, se convirtió en una triste constante: ya sea una simple colisión o un aparatoso accidente por exceso de velocidad, incumplimiento de las señales de tránsito, estado de embriaguez, fallas mecánicas o mal estado de la vía, entre otros factores, nadie es ajeno a presenciar un incidente que puede cambiar vidas en un instante. Por eso, saber cómo actuar para socorrer a las víctimas y brindarles primeros auxilios de forma adecuada y efectiva es parte de nuestra responsabilidad social y de los deberes que todos tenemos como ciudadanos. ¿Qué hacer ante la ocurrencia de un accidente de tránsito? De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) citados por el Ministerio de Transporte de Colombia (2022), una intervención adecuada en primeros auxilios en el lugar del accidente puede prevenir hasta en un 4,5 % la ocurrencia de las muertes previo o durante su traslado al hospital. Esto debido a que el 75 % de las muertes ocurre en la primera hora después del accidente y cada 10 minutos de retraso en la atención incrementan en un 6 % la probabilidad de obtener resultados negativos graves como discapacidades severas o fallecimientos. Por lo tanto, es esencial actuar con rapidez y prudencia para asegurar la seguridad de todos los involucrados y minimizar los daños. Pareciera frase de cajón, pero, como en toda emergencia, el primer paso siempre será mantener la calma, actuar con serenidad y evaluar la situación con claridad. Para ello, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) han establecido el protocolo PAS, cuyas siglas indican el paso a paso de la acciones que deben realizar las personas que deseen auxiliar a las víctimas: ‘Proteger, Avisar y Socorrer’. “Saber cómo actuar para socorrer a las víctimas y brindarles primeros auxilios de forma adecuada y efectiva es parte de nuestra responsabilidad social». Por lo tanto, es esencial actuar con rapidez y prudencia para asegurar la seguridad de todos los involucrados y minimizar los daños. Pareciera frase de cajón, pero, como en toda emergencia, el primer paso siempre será mantener la calma, actuar con serenidad y evaluar la situación con claridad. Para ello, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) han establecido el protocolo PAS, cuyas siglas indican el paso a paso de la acciones que deben realizar las personas que deseen auxiliar a las víctimas: ‘Proteger, Avisar y Socorrer’. Proteger Ubícate en un lugar seguro. Si eres conductor de un vehículo, estaciónate fuera de la calzada y enciende las luces de emergencia. Ponte el chaleco reflectivo si dispones de este elemento en tu kit de carreteras y ubica señales de advertencia para demarcar el área impactada. Esto ayudará a reducir la probabilidad de que ocurra otro accidente y brindará un lugar seguro, tanto para el accidentado como para quienes brinden auxilio. Así mismo, asegúrate de que en la zona no exista ningún peligro visible que te pueda poner en riesgo a ti o a las personas que requieren ayuda. Avisar Contacta a los organismos de socorro para solicitar ayuda. Si estás en una ciudad marca a la línea de emergencia local y si te encuentras en una carretera nacional comunícate con el #767. Aquí es clave que indiques tu ubicación con el mayor detalle posible señalando referencias que faciliten la llegada de los operadores encargados de atender la emergencia de acuerdo con la gravedad de la situación (ambulancia, policía de tránsito, bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras). Así mismo, detalla las características y cantidad de vehículos y personas involucradas, informa si hay fallecidos, heridos o personas atrapadas. y en qué estado se encuentran. También es importante que precises si existen peligros adicionales visibles en la escena como fuego, derrame de líquidos y presencia de olores fuertes o extraños. Adicionalmente, deberás proporcionar tu número telefónico para asegurarte que recibas la asistencia necesaria y seguir las instrucciones que te proporcionen. No cuelgues el teléfono sin comprobar que la información haya sido correctamente recibida por el operador de la línea de emergencia. Socorrer Acércate a la víctima y solo si tienes conocimientos en primeros auxilios, ofrece ayuda inicial acorde a tu capacidad. Asegúrate de no causar daño adicional y actúa con cuidado y calma para no empeorar la situación. Para ello, ten en cuenta las siguientes recomendaciones que proporciona la ANSV: Atención especializada Una vez lleguen los organismos de socorro, el personal de salud prestará los primeros auxilios y realizará los exámenes correspondientes a las víctimas, evaluando sus signos vitales (exploración primaria) y la gravedad de las lesiones (exploración secundaria cefalocaudal). A través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se determinará a qué Institución Prestadora de Salud (IPS) se debe trasladar al paciente según la gravedad y el tipo de lesiones, asegurando así que reciba la atención médica adecuada lo más pronto posible. Este procedimiento es crucial para aumentar las posibilidades de recuperación y minimizar las secuelas de las lesiones. Por su parte, la autoridad de tránsito se encargará de preservar el lugar de los hechos para evitar cualquier alteración que pueda afectar la investigación. Recolectará todos los elementos que puedan servir como material probatorio, incluyendo vehículos, huellas y testimonios de testigos. Este proceso es fundamental para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades, así como para implementar medidas preventivas que puedan evitar futuros incidentes similares. “En todos los casos en que exista una víctima lesionada o fallecida, la autoridad de tránsito remitirá a los conductores implicados a una prueba de embriaguez, siempre que se encuentren en condición para ello”, indica la ANSV. Referencias Observatorio

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