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Cadenas mundiales de suministro: retos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo

Por: Lizeth Viviana Salamanca Galvis / líder de comunicaciones del CCS / comunicadora social con énfasis en periodismo / magíster en responsabilidad social y sostenibilidad Cómo citar este artículo Salamanca Galvis, Lizeth Viviana (2022). Cadenas mundiales de suministro: retos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo No. 403. (mayo – junio 2024). pág. 24-26. https://ccs.org.co/portfolio/cadenas-suministro-retos-oportunidades-sst/ La producción de bienes y servicios cada vez aparece más fragmentada y dispersa como consecuencia del surgimiento y expansión de las cadenas mundiales de suministro (CMS). De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre el 60 y el 80 % del comercio internacional pasa por este tipo de mecanismos (OIT, s.f.), lo que convierte a las CMS en una representación por excelencia de la economía globalizada. El término CMS abarca la organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores e incluye las operaciones de inversión extranjera directa, de abastecimiento internacional —especialmente entre multinacionales occidentales y proveedores radicados en economías en desarrollo— y de externalización de actividades (EU-OSHA, 2020). De acuerdo con la OIT (2018), entre los beneficios que se le atribuyen al crecimiento de las relaciones de suministro transnacionales está la generación de empleo, la creación de nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social, el fomento de emprendimientos, la transferencia de tecnología, la evolución hacia actividades de mayor valor añadido y la mejora de la productividad y la competitividad. No obstante, el organismo advierte que “las deficiencias en algunas cadenas mundiales de suministro han contribuido a los déficits de trabajo decente en las condiciones laborales, en ámbitos como el de la seguridad y salud en el trabajo, los salarios y los horarios, e influyen en la relación laboral y la protección que esta puede ofrecer” (OIT, 2016). También aclara que, si bien en muchos países ya existían problemas relativos al trabajo decente antes de que entraran a participar en las cadenas mundiales de suministro, se ha evidenciado que la actividad de estas cadenas ha contribuido a perpetuar e, inclusive, agravar dichos problemas o ha planteado nuevas dificultades. Los escándalos por abusos laborales protagonizados por reconocidas empresas de los sectores agrícola, textil, manufacturero y tecnológico, entre otros, y tragedias como las ocurridas en los últimos años en fábricas de Bangladesh y Pakistán, han suscitado una preocupación mundial por la gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo a lo largo y ancho de las cadenas mundiales de suministro instando a emprender acciones encaminadas a garantizar condiciones de trabajo decentes. Muestra de ello es la Resolución relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro adoptada en 2016 durante la 105 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), la cual plantea un mandato concreto a la OIT para que lidere iniciativas que conduzcan a resolver las brechas de gobernanza en las cadenas de suministro ya sean sectoriales, regionales, nacionales e internacionales. En este sentido, desde el 2019 el organismo viene desarrollando, entre otros proyectos, estudios de caso sobre los incentivos y las limitaciones que existen para mejorar la Seguridad y la Salud en el Trabajo en las cadenas de valor del aceite de palma en Indonesia, del lichi en Madagascar y del café en Colombia. Precisamente, para conocer cuáles han sido los avances y desafíos de las acciones emprendidas en materia de gestión de riesgos laborales en el encadenamiento comercial del producto insignia de nuestro país, el 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente contará con la participación de Schneider Guataqui Cervera, coordinador nacional de proyectos en SST de la OIT. En su conferencia ‘La seguridad y la salud del trabajo como elemento fundamental en la sostenibilidad en la cadena de suminis tros’, Guataqui abordará los factores que inciden en la prevalencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales asociadas a cada proceso productivo y cómo estos impactan sobre la rentabilidad empresarial. También presentará, como caso de estudio, los principales resultados y lecciones aprendidas de las estrategias adoptadas en materia de SST en la industria cafetalera colombiana, así como el impacto que han tenido en la mejora del desempeño social y económico del sector. Este ingeniero industrial, especialista en Gerencia en SST y magíster en Calidad y Gestión Integral, quien desde el Ministerio del Trabajo lideró el proceso de implementación de la política pública del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG–SST (Decreto 1072 de 2015) en Colombia y hoy brinda apoyo técnico a los países andinos desde la OIT, centrará su ponencia en las claves para construir y consolidar una cultura de seguridad y salud positiva mediante el diálogo social. “Una cultura en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente en iniciativas destinadas a asegurar un ambiente de trabajo seguro y saludable, mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, y en la que se conceda la máxima prioridad al principio de prevención”, sostiene Guataqui. De acuerdo con el experto, la pandemia de la COVID-19 que ha padecido el mundo en los últimos años ha planteado nuevos retos para la SST, “demostrando que el diálogo social ha sido particularmente decisivo a la hora de abordar sus impactos y futuras crisis en el mundo del trabajo y que apoya, no solo la protección de los trabajadores, sino también la supervivencia y la continuidad de las empresas”. Por eso, aunado a su experiencia en el proyecto «Mejorar la seguridad y salud en el trabajo en la cadena de suministro del café en Colombia» en su charla dará a conocer cómo fomentar el diálogo social en aras de crear una cultura de prevención, cuál es el papel de los interlocutores sociales en este sentido, por qué se requiere la cooperación entre empleadores y trabajadores para una gestión eficaz de la SST y cuál es el valor de exponer las preocupaciones asociadas. Referencias OIT. (2018). La seguridad y salud en el trabajo en las cadenas mundiales de valor. Kit de inicio. Evaluación de los incentivos y las limitaciones para mejorar la seguridad y

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Abecé de la ley de plásticos de un solo uso

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Por Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) Cómo citar este artículo Gerencia de Comunicaciones. (2024). Abecé de la ley de plásticos de un solo uso. Protección & Seguridad en la Comunidad No. 53. (enero – marzo 2024). pág. 07-11. https://ccs.org.co/portfolio/abece-ley-plasticos-de-solo-uso Recuerdas esas épocas en las que se usaban vasos, platos y cubiertos plásticos en las celebraciones que, luego, se desechaban en una gran bolsa de basura?, ¿qué decir de los pitillos, las bolsas plásticas para mercar y los mezcladores de bebidas? ¿o de los empaques de icopor donde se alistaba la comida para llevar? Este tipo de productos serán cosa del pasado en Colombia. El 7 de julio de 2024 entró en vigor la primera parte de la ley que prohíbe los denominados “productos plásticos de un solo uso”. Así, a partir de esa fecha, no podrán ser comercializados o distribuidos en el territorio nacional productos concebidos para ser utilizados una sola vez o cuya composición no incorpore materias primas recicladas o no permita su reutilización o biodegrabilidad. Sin embargo, existen muchas dudas en torno al alcance de la ley, sus excepciones y los productos que podrán seguir siendo comercializados. En esta edición de Protección & Seguridad en la Comunidad presentamos un abecé con el propósito de contribuir a clarificar el nuevo panorama de consumo de plásticos que afrontará el país en los siguientes años. De acuerdo con la Ley 2232 de 2022, los plásticos de un solo uso son aquellos “productos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor”. En otras palabras, son desarrollados para ser usados una sola vez y desechados con un tiempo de vida útil demasiado corto. B. ¿Cuáles son los productos que prohíbe la Ley 2232 de 2022? El artículo 5 de la Ley 2232 de 2022 prohíbe la introducción en el mercado, comercialización y distribución de los siguientes productos: En un plazo de dos años, se deberán dejar de producir y comercializar: • Bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial. • Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada. • Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos. • Mezcladores y pitillos para bebidas. • Soportes plásticos para las bombas de inflar. • Soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón. Así mismo, en un plazo de 8 años: • Envases o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no preenvasados, para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio. • Platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer. • Confeti, manteles y serpentinas. • Envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados conforme a la normatividad vigente, para consumo inmediato, utilizados para llevar o para entregas a domicilio. • Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, utilizados para llevar o para entrega a domicilio. • Mangos para hilo dental o porta hilos dentales de uso único. • Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización al consumidor final de frutas, verduras y tubérculos frescos que, en su estado natural, cuenten con cáscaras; hierbas aromáticas frescas, hortalizas frescas y hongos frescos. • Adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales. Quedan exceptuados de la prohibición y sustitución gradual los plásticos de un solo uso que se utilizan para: • Propósitos médicos por razones de asepsia e higiene; y para la conservación y protección médica, farmacéutica y/o de nutrición clínica que no cuenten con materiales alternativos para sustituirlos. • Contener productos químicos cuya manipulación genera riesgo para la salud humana o para el medio ambiente. • Contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados, que por razones de higiene y seguridad alimentaria necesitan estar en bolsas o recipientes de plástico de un solo uso. Fines específicos que, por razones de higiene o salud, requieren de una bolsa o recipiente plástico de un solo uso, de conformidad con las normas sanitarias. • Prestar servicios en los establecimientos que brindan asistencia médica y para el uso por parte de personas con discapacidad. • Los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos, en todos los casos, tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de Análisis de Ciclo de Vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico. • Empaques o envases de productos de la canasta familiar como los que contienen líquidos y bebidas de origen animal (por ejemplo, la leche) y aquellos que sean empaques de productos como cereales y leguminosas (arroz, avenas, fríjoles, pastas, etc.). • Empacar o envasar residuos peligrosos, de acuerdo con la normatividad vigente. • Aquellos productos fabricados con un ciento por ciento de materia prima plástica reciclada proveniente de material posconsumo nacional, certificada por organismos acreditados para tal fin por parte del Gobierno Nacional. • Materiales no plásticos reutilizables o biodegradables. • Plásticos cuyos componentes se degradan en condiciones ambientales naturales. • Alternativas biodegradables en condiciones naturales provenientes de los desechos agrícolas. • Productos elaborados a partir de materiales plásticos reciclados y que pasan por un proceso de reciclaje efectivo, que cuentan con una cadena de valor que permite su aprovechamiento o tienen metas individualizadas en el marco de la economía circular y de la Responsabilidad Extendida del Productor. No se permitirá el ingreso ni el uso de plásticos de un solo uso a las áreas protegidas como parques nacionales, páramos, humedales Ramsar (máxima categoría de protección a nivel mundial), ecosistemas marinos sensibles y reservas de biósfera (zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o

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Gestión sostenible en la cadena de suministro: retos y barreras para las pymes. Una reflexión desde la ANDI

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Carlos Herrera, vicepresidente de desarrollo sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Cómo citar este artículo Carlos Herrera. (2024). Gestión sostenible en la cadena de suministro: retos y barreras para las pymes. Una reflexión desde la ANDI. Protección & Seguridad No. 414. (marzo – abril 2024). pág. 34-36. https://ccs.org.co/portfolio/gestion-sostenible-cadena-suministro-retos-barreras-pymes-andi/ La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas que buscan no solo el éxito económico, sino también contribuir positivamente a la sociedad, al tiempo que preservan y regeneran el medio ambiente. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un papel crucial en la cadena de suministro al ser actores que pueden apalancar las iniciativas en la materia y convertirse en aliados estratégicos de las empresas ancla a la hora de adoptar buenas prácticas. No obstante, enfrentan desafíos particulares debido a su naturaleza, capacidad de gestión y acceso a recursos y conocimiento. Para arrojar luz sobre este tema, hablamos con Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) quien compartió las necesidades identificadas, así como las dificultades que enfrentan las pymes en su camino hacia la sostenibilidad. P&S: en términos de gestión de la sostenibilidad de la cadena de suministro, ¿qué aspectos son relevantes para las empresas a la hora de contratar o articular acciones con las mipymes? Carlos Herrera: las empresas están comprometidas con alcanzar altos estándares sociales y ambientales, muchos de ellos asociados con respuestas a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la inequidad. Las estrategias incluyen acciones internas orientadas a temas como la eficiencia en el uso de recursos naturales y la descarbonización, a lo que se suman iniciativas implementadas con los proveedores para que impulsen la eficiencia en sus procesos, la medición de la huella de carbono, el cumplimiento de reglas laborales y directrices de protección de los Derechos Humanos, entre otras Dependiendo del sector y del contexto donde la empresa desarrolle sus actividades, algunos de estos temas son parte de las condiciones para contratar a un proveedor. En muchos casos, se espera que también sean parte de los requerimientos que los mismos proveedores hagan a su cadena de suministro, generando un efecto cascada, que involucra empresas de diferentes tamaños. P&S: ¿cuáles son las necesidades que la ANDI ha identificado en las empresas para respaldar a las pequeñas y medianas, con el objetivo de fortalecer su gestión de la sostenibilidad? C.H.: resulta importante que las empresas fijen objetivos de largo plazo y promuevan que sus proveedores, a la vez, fijen sus propios propósitos acorde a sus actividades, capacidades y entorno regulatorio. Aquí las empresas pueden jugar un papel importante al hacer a las pymes parte de su estrategia general, compartiendo información, buenas prácticas y espacios de aprendizaje, transfiriendo conocimientos y generando acompañamiento para introducir buenas prácticas. Los temas varían según el sector y las particularidades regionales, pero, sin duda, aspectos comunes son la descarbonización, las prácticas de economía circular, los derechos laborales, la competencia y la transparencia. P&S: ¿qué dificultades encuentran en la gestión sostenible de las pequeñas y medianas empresas? C.H.: el contexto no siempre ayuda ya que los cambios en las políticas, un marco legal inadecuado y un contexto social inestable dificulta el crecimiento de las pymes y hace difícil la gestión sostenible. Teóricamente, la práctica de la sostenibilidad debe contribuir a generar empresas más eficientes y competitivas, pero esto no siempre es posible debido a limitaciones en torno al conocimiento, la disponibilidad de recursos, la competencia desleal y los obstáculos para transferencia de tecnología. A ello se suma la disponibilidad de personal entrenado y los costos que pueden afectar el valor de los productos. Además, muchos consumidores no reconocen los esfuerzos en sostenibilidad de estas empresas y no están dispuestos a preferir sus productos o servicios o pagar un poco más a quien tiene mejores prácticas en sostenibilidad. P&S: ¿la ANDI cuenta con programas de apoyo para mipymes a través de los cuales apoyan su gestión en sostenibilidad? De ser así, ¿cuáles son?, ¿en qué consisten y cómo pueden acceder estas organizaciones a tales iniciativas? C.H.: muchas empresas afiliadas a la ANDI, así como la misma asociación tienen proyectos que apoyan la implementación de buenas prácticas, emprendimientos, negocios inclusivos, prácticas de economía circular, digitalización, descarbonización o protección de la biodiversidad. Son diversos frentes que tiene el empresariado con el convencimiento de que no es posible avanzar hacia un país más competitivo y justo sin el involucramiento de las pymes. Dependiendo del tema hay oficinas transversales, sectoriales o regionales, que se pueden consultar para buscar contactos con quienes manejan dichos temas. P&S: ¿cuál es el principal desafío que identifican con respecto a la gestión de la sostenibilidad en las empresas, particularmente las pequeñas? C.H.: se requiere un entorno propicio para las pequeñas empresas, con reglas acordes a su capacidad, pocos trámites, acceso a información y recursos. Muchas reglas y requerimientos gubernamentales dirigidas a las empresas no diferencian su tamaño y capacidad de gestión. Por esto, un desafío en materia de sostenibilidad es contar con un entorno adecuado que promueva la formalidad y que oriente a las pequeñas y medianas empresas a prácticas de gestión sostenible que contribuyan a hacerlas más competitivas, ampliar sus mercados y mejorar las condiciones de sus empleados.

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Aplicar altos estándares de HSE, una decisión estratégica en la industria petrolera

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Carlos Martín Castro Cerón, ingeniero de petróleos, especialista en Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) / experto en evaluación de riesgos y realización de evaluaciones de cumplimiento HSE. El sector petrolero —con su vasta red de operaciones y su intrínseca relación con recursos naturales finitos— ha sido epicentro de discusiones sobre salud, seguridad y medio ambiente. Esta industria, debido a la naturaleza volátil y, a menudo, peligrosa de sus operaciones, ha tenido que enfrentarse a múltiples desafíos relacionados con la protección de sus trabajadores y del medio ambiente (Tveit & Walderhaug, 2018). Desde los inicios de la explotación petrolera, los graves incidentes ocurridos han puesto de relieve la necesidad de implementar protocolos de seguridad cada vez más rigurosos. Desastres notables como el de Piper Alpha, en 1988, y el derrame de Deepwater Horizon, en 2010, han llevado a la industria a una introspección profunda y a la búsqueda de innovaciones en términos de seguridad y protección ambiental (Kaiser, 2015; Birkland, 2011). En este contexto, la ingeniería de petróleos juega un papel esencial: no solo se ocupa de la extracción eficiente de hidrocarburos, sino que también tiene la responsabilidad de asegurarse de que este proceso se realice de manera segura y sostenible. Con el avance tecnológico, esta disciplina ha desarrollado herramientas y métodos que no solo mejoran la eficiencia de la producción, sino que también reducen los riesgos asociados a las operaciones petroleras (Holden, 2013). Es evidente que la integración de las normas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE, por sus siglas en inglés: Health, Safety, and Environment) no son simplemente un complemento, sino una parte integral de la ingeniería de petróleos moderna. Las universidades y las instituciones de formación que ofrecen este programa han reconocido esta realidad e incorporado la formación en HSE como parte esencial de sus currículos (Speight, 2011). Desde los albores de la industria petrolera, las preocupaciones relacionadas con la salud y la seguridad han sido una constante y en décadas recientes, la conciencia ambiental ha añadido otra dimensión a estas preocupaciones. Sin embargo, su historia temprana estuvo marcada por prácticas que hoy por hoy serían inaceptables. Durante la fiebre del petróleo de finales del siglo XIX, la falta de regulaciones y la carrera por explotar y producir el crudo resultaron en condiciones de trabajo peligrosas que provocaron un alto número de accidentes (Yergin, 1991). La explosión y posterior incendio de la plataforma petrolera Piper Alpha en el Mar del Norte, en 1988, fue un punto de inflexión que condujo a cambios significativos en la percepción y gestión del riesgo en la industria petrolera. El desastre llevó a la industria a reevaluar y fortalecer sus prácticas de HSE (Cullen, 1990). Con el derrame de petróleo del Exxon Valdez, en 1989, la atención se centró en las preocupaciones ambientales, llevando a la industria a revisar y a mejorar sus protocolos para prevenir derrames y minimizar el daño (Jernelöv, 2010). Por su parte, el derrame de Deepwater Horizon, en 2010, en el Golfo de México, uno de los peores desastres ambientales en la historia de Estados Unidos, resaltó la necesidad de crear sistemas de gestión de seguridad más robustos, así como la importancia de una cultura de prevención en la industria petrolera (Freudenburg & Gramling, 2011). Actualmente, las normas de HSE en este sector son el resultado de una evolución impulsada por incidentes desafortunados, avances tecnológicos y un crecimiento en la conciencia social y ambiental entre los directivos, especialistas y todos los actores involucrados en el proceso de exploración y explotación petrolera. La ingeniería de petróleos, con sus habilidades y competencias especializadas, juega un papel crucial en la fase inicial de diseño y planificación de cualquier proyecto petrolero. Esta etapa preparatoria es el punto de partida para establecer sólidos protocolos HSE ya que establece la base sobre la que se edificarán todas las operaciones subsiguientes. Desde esta fase de conceptualización es vital incluir los aspectos de HSE para que la infraestructura a desarrollar contemple aspectos ergonómicos, humanos, ambientales, de sostenibilidad y de compliance, así como las posibles contingencias, para mejorar el bienestar en todo el entorno de ese proyecto. Durante el diseño y la planificación, los ingenieros tienen en cuenta factores como la geología del sitio, las tecnologías disponibles, las características específicas del hidrocarburo y, lo que es más importante, las posibles amenazas para la salud humana, la seguridad y el medio ambiente (Lees, 1996). Esta consideración anticipada permite que los equipos diseñen sistemas y protocolos que reduzcan al mínimo el riesgo de accidentes y derrames y que protejan el capital natural en la zona de influencia (Skogdalen & Vinnem, 2012). Por ejemplo, en el diseño de instalaciones petroleras se deben considerar medidas de seguridad de todos los niveles de la jerarquía de control de riesgos como lo son los sistemas de detección y prevención de incendios, los equipos de protección personal y los sistemas de ventilación adecuados, entre otros. Además, se deben implementar prácticas y procedimientos seguros para las operaciones diarias tales como el manejo y el almacenamiento adecuado de sustancias químicas, el control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la gestión de residuos. El impacto de estas decisiones es profundo. Por ejemplo, la elección sobre el tipo de plataforma a utilizar en un campo petrolero offshore puede determinar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, el riesgo de derrames de petróleo y la seguridad de los trabajadores en condiciones climáticas adversas (Thompson, 2015). Además, la selección de tecnologías de perforación y extracción, así como las técnicas de manejo y almacenamiento se determinan en esta fase y tienen un impacto directo en la eficiencia operativa, la salud y seguridad de los trabajadores y la protección del medio ambiente (Mannan, 2005). En esencia, la fase de diseño y planificación es una oportunidad para que la ingeniería de petróleos integre las normas HSE desde el inicio, sentando las bases para operaciones más seguras y ambientalmente responsables. El corazón de cualquier operación petrolera reside en su etapa de operación y mantenimiento conocido como ‘O&M’.

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Mipymes sostenibles: su importancia, los desafíos y la ruta para avanzar

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Jacqueline Mesa Sierra, Gerente técnica del CCS / Ingeniera forestal / Especialista en gestión medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo Al hablar de mipymes es posible que su importancia se perciba de manera fragmentada, lo que dificulta comprender plenamente el impacto que tienen en las economías a nivel global. Aunque la definición y clasificación de micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) se basa en criterios diferentes de acuerdo con cada país1, en términos generales es clara y evidente la importancia económica y social que representan para las regiones y los países siendo, en muchos casos, la base de los mercados mundiales, nacionales y locales. Se estima que existen 162,8 millones de pymes establecidas, de las cuales, cerca de 96,3 millones se encuentran en mercados emergentes lo que representa casi el 90 % de todas las empresas y el 50 % del PIB en la mayoría de los países del mundo (UNDRR, Zodrow & Hendel-Blackford, 2020) citado por Mesa Sierra (2021). De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dos de cada tres personas trabajan en una pyme y en muchos países representan hasta el 99 % de las empresas en la economía. Como ejemplo, en toda la Unión Europea (UE) el 99,8 % de todas las empresas son pymes, emplean al 66 % de la población activa total y representan el 56,4 % del valor agregado. Así mismo, son consideradas una de las más importantes fuentes de éxito para el desarrollo económico, por lo cual, para la UE, es clave garantizar un entorno beneficioso para estas organizaciones de tal manera que se asegure el éxito del desarrollo económico de Europa (Comisión Europea 2015 citado por Trenkle (2020). Para el caso de Latinoamérica y el Caribe de acuerdo con la OCDE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF (2024), las mipymes constituyen el 99,5 % de las empresas y casi nueve de cada diez pertenecen a la categoría de microempresas. Además, contribuyen con aproximadamente el 60 % del empleo productivo formal. Estos aspectos demuestran el papel fundamental que tienen las mipymes en el panorama social y económico de las diferentes regiones, por lo que es clave y necesario que se dé relevancia a la sostenibilidad como factor transformador de las mismas. Sin embargo, antes de hacer referencia a los beneficios que puede llegar a tener mipymes sostenibles, es necesario identificar las principales dificultades que tienen la gran mayoría (con pocas excepciones) de las mipymes en la región, entre los que se pueden destacar los siguientes: • Dificultades de financiación y acceso al crédito. Este es, quizá, uno de los principales retos para las mipymes, especialmente, para las micro y pequeñas empresas, que en sus primeros años dependen del capital propio de los fundadores o socios. Esta situación se agrava en el caso de aquellas que son lideradas por mujeres (OCDE, CAF, 2024). En Colombia, por ejemplo, casi no existen productos financieros para mipymes con menos tres años de creación formal, lo que limita su capacidad de crecimiento, genera una alta presión sobre los recursos personales y reduce considerablemente las oportunidades de mejora. • Deficiencias en mejoras continúas a nivel operativo y bajo nivel de innovación. De acuerdo con el sector en el que se generen los productos o se presten los servicios, las mipymes enfrentan una dificultad significativa para avanzar a nivel operativo. Dado que las inversiones suelen ser limitadas, la asignación de presupuestos para la mejora continua y la innovación de procesos puede no ser necesariamente prioritaria puesto que los recursos disponibles se destinan principalmente a mantener la operación en funcionamiento. Lo anterior, limita su capacidad para desarrollar negocios o vínculos comerciales con empresas de mayor tamaño o integrarse a economías de escala. Además, según la OCDE y la CAF (2024), estas restricciones impiden acelerar la innovación, manteniendo los procesos productivos anclados a tecnologías obsoletas o de baja productividad. • Sobrecostos y baja productividad. Aunque las mipymes generan una parte significativa del empleo, el valor que agregan en sus procesos es limitado. Dicha diferencia es mayor en las mipymes de América Latina y el Caribe, en donde la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) regional es de tan solo el 25 %, situación que contrasta con la de los países de la Unión Europea, donde este indicador alcanza, en promedio, el 56 % (Dini & Stumpo, 2020)2. La productividad es especialmente baja en las micro y pequeñas empresas, lo que refleja desafíos estructurales que impiden su competitividad y sostenibilidad económica. • Administración y operación multitareas. En las mipymes es común encontrar esquemas de administración multitarea en las cuales los propietarios y los trabajadores vinculados (en muchos casos familias) tienen roles y funciones múltiples, lo que impide visualizar de manera estratégica las necesidades de cambio y ajuste. Además, diversos estudios y reportes sobre el desempeño de estas empresas señalan una carencia generalizada de directivos con habilidades gerenciales y pensamiento estratégico. • Dificultad en el acceso a tecnología. A pesar de los avances significativos en el acceso a tecnologías por parte de las mipymes tras la COVID-19 (de acuerdo con informes publicados sobre el tema), persisten brechas importantes en la adecuada identificación y adopción de soluciones tecnológicas y otras innovaciones. Esto incluye dificultades básicas en el acceso a internet de banda ancha, en desarrollo de habilidades digitales por parte de los trabajadores y en la digitalización de los procesos, entre otros aspectos. Esta brecha es aún más evidente en las mipymes de zonas rurales o alejadas de las zonas de mayor desarrollo. • Falta de asociatividad. La ausencia de redes de colaboración y gremios fortalecidos impide a las mipymes integrarse en modelos asociativos con otras empresas para generar economías de escala y bienes colectivos con los cuales puedan verse fortalecidas. Esta falta de asociatividad también impide el aprendizaje continuo, derivado de las buenas prácticas que deberían ser diseminadas a través de estas redes de trabajo. • Alta vulnerabilidad ante el cambio climático y los desastres. Los

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Transiciones del mercado laboral: retos y oportunidades

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Por Ítalo Cardona / Director de la Oficina de la OIT para los países andinos / Abogado y experto en legislación laboral y administración del trabajo / Responsable de liderar las acciones de la OIT en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El panorama laboral en América Latina y el mundo está marcado por desafíos y transformaciones significativas. En la región, las tasas de informalidad laboral siguen siendo altas, afectando la calidad del empleo y el acceso a derechos laborales. La pandemia de la COVID-19 exacerbó estas dificultades, aumentando el desempleo y la precariedad laboral. A nivel global, la automatización y la digitalización están redefiniendo el mercado laboral, generando tanto oportunidades como amenazas para los trabajadores. En este contexto, promover el trabajo decente y reducir las brechas laborales se vuelve crucial para garantizar un desarrollo económico inclusivo y sostenible. Protección & Seguridad habló con Ítalo Cardona, director de la Oficina de la OIT para los países andinos sobre los desafíos, oportunidades y herramientas que tienen las naciones en la actualidad para superar estos obstáculos y avanzar hacia un futuro laboral más equitativo y justo para todos. Protección & Seguridad (P&S): desde la perspectiva de la OIT, ¿cuáles son los principales desafíos que urge atender en materia de trabajo decente? Ítalo Cardona (Í.C.): según el ‘Panorama Laboral’ de la OIT, América Latina y el Caribe enfrenta un 2024 caracterizado “por un bajo crecimiento y una fuerte incertidumbre ” a causa de una conjunción de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo. La informalidad laboral es uno de los desafíos más apremiantes en la región. Entre el 60 y el 90% de los trabajadores (especialmente en áreas rurales) se encuentra en el sector informal lo que afecta el goce efectivo de sus derechos laborales y hace que sea un reto enorme garantizar, incluso, los derechos fundamentales del trabajo que incluyen la libertad de asociación, la negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil, la lucha contra el trabajo forzoso, la promoción de la igualdad y la no discriminación en el trabajo y promover condiciones de trabajo seguras y saludables. El segundo gran desafío es la baja productividad, especialmente en las micro y pequeñas empresas, que generan entre el 80 y 90 % de los empleos en los países de la región. Para que estas empresas puedan estabilizarse y crecer, es esencial implementar políticas de desarrollo productivo que estén coordinadas con las políticas laborales y de formación para el trabajo. Avanzar en esta línea no solo mejorará la calidad del empleo, también impactará positivamente en otros aspectos cruciales como el respeto a los derechos fundamentales del trabajo. Asimismo, la recuperación del empleo femenino también sigue siendo un desafío en la región, donde la participación laboral de las mujeres es un 23 % inferior a la de los hombres. Es urgente promover políticas transformadoras en materia de cuidados, ya que una de las razones principales por las que las mujeres no acceden al mercado laboral es la cantidad de horas que dedican a tareas de cuidado no remunerado: entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres en América Latina. La inversión en sistemas de cuidado puede, por un lado, liberar a las mujeres de esta sobrecarga desproporcionada y, por otro, impulsar la creación de empleo formal en un sector predominantemente femenino. La población joven tiene menores oportunidades de empleo decente en la región. De hecho, la tasa de desocupación de las personas jóvenes en América Latina y el Caribe es más del doble en comparación a la de los adultos. Más grave aún es la constatación de que, en Colombia, uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja. Es importante reconocer la urgencia de diseñar políticas públicas orientadas a promover más y mejores oportunidades de empleo juvenil, con enfoque de género; a fortalecer los sistemas de educación y formación para facilitar la transición de la escuela al trabajo y corregir la desconexión entre las habilidades de los jóvenes y las demandas del mercado laboral; a invertir en programas que fomenten el espíritu empresarial y la creación de empleo por cuenta propia entre la población joven; y a garantizar la existencia de un ecosistema para el desarrollo de empresas sostenibles. P&S: la OIT ha sido enfática en señalar que el trabajo es la vía para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para todos. En la práctica, ¿cómo se debe traducir este llamado en políticas y acciones concretas a nivel regional? Í.C.: el bajo crecimiento económico en la región hace que se mantenga el riesgo de aumentos en la tasa de informalidad laboral. En la medida en que no se genere una cantidad suficiente de empleos en sectores con altos niveles de productividad y que no se cuente con políticas eficaces para promover ecosistemas para el desarrollo empresarial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, los avances que se logren serán insuficientes frente a las necesidades de trabajo decente que tienen los países. En ese contexto, también es importante el reforzamiento de las instituciones laborales, especialmente, el salario mínimo y la negociación colectiva para proteger los ingresos de los trabajadores y poder acceder a mejores beneficios que contribuyan a la reducción de la pobreza y a promover oportunidades de trabajo decente. En el contexto actual, es necesario que los países se preparen para poder aprovechar los efectos positivos de la transición digital, la transición demográfica y la transición justa y lograr la creación de más y mejores empleos. En estos escenarios, que necesariamente implicarán una creciente demanda de nuevas habilidades y competencias, la formación profesional —pertinente, equitativa y de calidad— resulta fundamental para garantizar que todos los trabajadores, especialmente los más jóvenes, puedan beneficiarse de los nuevos empleos que se generen, pero también del relevo intergeneracional de los ya existentes. Por supuesto, el diálogo social entre el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores es clave para diseñar la ruta y transitar estos senderos. Un conjunto de derechos y normas claramente definidos, junto con el funcionamiento de

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Financiamiento climático, la red que teje un país más resiliente

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Por Lina Fernanda Sánchez Alvarado / Comunicadora social y periodista / Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos En el mundo, de acuerdo con el Índice global de riesgo climático (Germanwatch, 2021), entre 2000 y 2019 se presentaron más de 11.000 eventos climáticos extremos, cobrando la vida de más de 475.000 personas y dejando pérdidas por 2,56 trillones de dólares. América Latina ha sido una de las regiones más afectadas: durante los últimos 30 años, los desastres climáticos se han duplicado, lo que ha profundizado las desigualdades sociales y frenado el desarrollo económico de los países, aumentando así los niveles de pobreza. De ahí que tomar medidas para enfrentar estos fenómenos meteorológicos como sociedad, sea un asunto que compete tanto al sector público como al privado. Colombia, uno de los países con mayor vulnerabilidad dada su ubicación geográica presenta una alta recurrencia y magnitud de desastres asociados al clima (PNUD, 2010). El informe ‘Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 20112100: herramientas científicas para la toma de decisiones’ reveló que la temperatura promedio en Colombia para 2100 sería 2,14 °C mayor a la actual (La República, 2015). Por eso el país busca reducir en un 51 % sus emisiones de carbono al 2030 y espera lograr la meta de neutralidad de carbono para el 2050, de acuerdo con el ‘Programa nacional de carbono neutralidad y resiliencia climática’ del Ministerio de Medio Ambiente (s.f). Para enfrentar este desafío, se requiere de un conjunto de recursos financieros, como la movilización de fondos internacionales, el acceso a mecanismos de financiamiento climático y la creación de incentivos económicos que promuevan inversiones sostenibles. Asimismo, es fundamental fortalecer la capacidad de los países para acceder a recursos de fondos multilaterales dedicados a financiar proyectos climáticos en países en desarrollo ya sea para impulsar proyectos de mitigación (reducción de emisiones) o de adaptación (resiliencia ante el cambio climático). También se hace necesario fomentar las alianzas público-privadas y establecer mercados de carbono que impulsen la reducción de emisiones. Estos instrumentos son esenciales para financiar la transición hacia economías bajas en carbono y enfrentar los efectos del cambio climático. ¿Qué es el financiamiento climático? El financiamiento climático se refiere al lujo de recursos destinados para acciones de adaptación y mitigación al cambio climático (Departamento Nacional de Planeación, s.f). En las figuras 1, 2 y 3 se detallan las diversas fuentes de financiación. El Comité Permanente de Finanzas (CPF) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) define el financiamiento climático como los lujos financieros que buscan reducir las emisiones y mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que busca mitigar la vulnerabilidad y mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas humanos y ecológicos ante los efectos negativos del cambio climático (CPF, 2014). Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define el financiamiento climático como «los lujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, los cuales pueden ser públicos o privados» (OCDE, 2015). La apuesta por los bonos verdes Ejemplo de ello, son los bonos verdes, un vehículo de inversión que ha dinamizado el mercado de renta ija (Asobancaria, 2018). En su estructura se asemeja a un título tradicional diferenciándose en el uso que se les da a los recursos que se captan: en este caso tendrá una destinación exclusiva y relativa a materializar iniciativas, que generen un impacto positivo sobre el medio ambiente. Tomado de: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Combina recursos privados, públicos e, incluso, de cooperación internacional. De esta forma, se emiten en mercados financieros para impulsar proyectos de infraestructura verde, energías renovables, transporte limpio, entre otros: • Bancolombia y Davivenda, por ejemplo, enfocaron su alcance a Figura 3. Fuentes de financiamiento público proyectos de construcción verde y energías renovables. Específicamente en el tema de construcción verde, los emisores han desarrollado una estrategia que permite demostrar al sector que sí se puede construir de manera sostenible, a través de normas o certificaciones reconocidas regional, nacional o internacionalmente (ej. EDGE, LEED). •Bancóldex ha inanciado proyectos de eiciencia energética, principalmente, seguido por proyectos destinados al control de la contaminación y eiciencia en el uso de los recursos. • El alcance del bono verde del Grupo Celsia tiene relación con las energías renovables y eiciencia energética. • El bono de Findeter fue emitido para inanciar proyectos que mitiguen el cambio climático y que tengan un impacto social positivo. (Superintendencia Financiera de Colombia, s.f). De esta manera, los bonos verdes permiten a las empresas recaudar capital para invertir en proyectos que mitiguen el cambio climático y promuevan la sostenibilidad ambiental, como la transición a energías renovables. Entre 2016 y 2018 se emitieron los primeros bonos verdes en el país, la mayoría por entidades financieras. Este instrumento, que ha tenido un impulso en los últimos años y se ha convertido en una opción al déficit de financiamiento para proyectos de energía limpia y eficiencia energética. Y es que para lograr la reducción de emisiones al 2030, expertos calculan que se requerirá asignar el equivalente al 0,87 % del PIB nacional anual, es decir, alrededor de 15,9 billones de pesos (Alianza, clima y desarrollo, 2016), razón por la cual este mecanismo adquiere gran relevancia. El mundo de los mercados de carbono Las empresas también han empezado a incorporar la lucha contra el cambio climático en sus modelos de negocio, al proponer productos y servicios que contribuyan a la reducción de emisiones. Otras han creado políticas y estrategias que apuntan a la mitigación y adaptación, que al final van a terminar impactando su competitividad en el futuro. En la gráfica 4 se citan algunos mecanismos para promover el financiamiento climático. Al 2023, el corredor de financiamiento climático, que busca cerrar las brechas entre la oferta de recursos de financiación y la demanda (empresas y proyectos que contribuyen con la gestión del cambio climático) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), reportaba en su inventario de productos financieros verdes del sector bancario un total de 72

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Trabajo decente vs. precarización laboral: un análisis comparativo

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Líder de Comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad Si bien la precarización laboral y el trabajo decente son dos términos diametralmente opuestos, analizados en conjunto, permiten medir el grado de bienestar de los trabajadores y las brechas existentes en el mercado laboral, ofreciendo una perspectiva integral sobre la calidad del trabajo. No obstante, para ello es fundamental reconocer que trabajo no es sinónimo de empleo. El primero, es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos” (OIT, 2004). Por su parte, el empleo es definido como «trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o pagos en especie) sin importar que quien lo desempeña sea, dependiente/asalariado o independiente” (OIT, 2004). En este contexto, el concepto de trabajo decente trasciende los límites de la empleabilidad. No todos los empleos formales garantizan condiciones laborales apropiadas: pueden estar bien remunerados y regidos bajo contrato formal y, aun así, ser insalubres y peligrosos o carentes de protección social. Por otro lado, la ausencia de una relación contractual formal no excluye la posibilidad de cumplir con los criterios de un trabajo decente. Existen formas de trabajo no convencionales que pueden ofrecer condiciones dignas y seguras, demostrando que el trabajo decente es un concepto multidimensional. Aún así, es innegable que la formalidad en el empleo es una vía que puede ayudar en la consecución de un trabajo decente, proporcionando mayor estabilidad y acceso a beneficios laborales. A su vez, la creación de nuevos empleos o el aumento de la población asalariada no necesariamente indica una reducción en los déficits de trabajo decente. Así, como lo advierte la OIT (2024), “muchas personas ocupadas enfrentan múltiples obstáculos para acceder a un trabajo decente” dado que “la creación de empleo sigue la tendencia ascendente de la población activa, pero eso no conlleva necesariamente mejoras en la calidad de los puestos de trabajo”. En vista de estas consideraciones, es esencial profundizar en la comparación entre trabajo decente y precarización laboral para comprender mejor las disparidades existentes en los mercados de trabajo. Así, para ofrecer una visión más clara y estructurada, a continuación, se desglosan las definiciones conceptuales, características clave y alcances de cada concepto. Trabajo decente En 1999, durante la 87ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (como se citó en OIT, 2003), se acuña el término por primera vez:“El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. Más tarde, en 2004, en el contexto de la globalización, Virgilio Levaggi, director regional adjunto de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe señaló:“Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades (…). No es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado (…) ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”. Finalmente, en 2015, fue introducido por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 como uno los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): “Trabajo decente significa oportunidades para todos de conseguir un trabajo que sea productivo y proporcione unos ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social”. El concepto de trabajo decente abarca, según la OIT, cuatro dimensiones básicas que, a su vez, se convierten en objetivos: • Promover y aplicar las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.•Crear mayores oportunidades de empleos e ingresos dignos para todas las personas.• Mejorar la cobertura y la eficacia de la protección social para todas las personas.• Fortalecer el tripartismo1 y el diálogo social. Un trabajo decente está asociado a:• Oportunidades de empleo y calidad del mismo (factores vinculados al trabajo que influyen en el bienestar económico, social, mental, emocional y físico de los trabajadores).• Ingresos adecuados y trabajo productivo.• Horas de trabajo decentes (jornada laboral semanal según las disposiciones laborales y legales vigentes).• Estabilidad (considerando la contratación formal y su duración). Exige y promueve el uso de contratos claros y transparentes que cumplan con la legislación laboral.• Entorno de trabajo seguro y saludable (Salud y Seguridad en el Trabajo).• Conciliación de la vida laboral y familiar.• Igualdad de oportunidades y de trato en el empleo.• No discriminación.• Seguridad social. Cotización, afiliación o beneficiario de salud y pensión (contributivo o subsidiado), afiliación a riesgos laborales.• Oportunidades de formación y desarrollo profesional.• Diálogo social, representación y participación de los trabajadores.• Oportunidad de afiliación a una asociación gremial o sindical.• Ética en el trabajo (respeto a los derechos humanos, abolición del trabajo forzoso, la esclavitud y el trabajo infantil). En el marco del trabajo decente se utiliza una noción amplia de trabajo que abarca:• Todas las clases de trabajo. La idea de ‘trabajo decente’ es válida tanto para los trabajadores de la economía regular o formal como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y quienes laboral en plataformas digitales en todos los sectores productivos (Ghai, 2003).• Actividades que se realizan dentro de los hogares (economía del cuidado), el trabajo voluntario y la producción para autoconsumo. Todas

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Cadenas de suministro: del abastecimiento a la sincronización de esfuerzos en sostenibilidad

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Por Jacqueline Mesa Sierra / Gerente técnica del CCS / Ingeniera forestal / Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo Para el 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, una locación comercial de ocho pisos en Savar, capital de Dhaka en Bangladesh, albergaba seis fábricas de ropa, cuyas confecciones eran suministradas a empresas de reconocidas marcas a nivel mundial y empleaba a aproximadamente 6000 personas. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las fallas que presentaba la estructura del edificio, se ordenó a los trabajadores que continuaran sus labores en el horario habitual, bajo la amenaza de recortarles los salarios a aquellos que se negaran. Era la última semana del mes. La mayoría de los trabajadores, especialmente, mujeres temían perder sus salarios y, por ende, su principal fuente de subsistencia así que ingresaron al edificio, el cual, horas más tarde se derrumbó. Más de 1100 personas fallecieron y más de 2500 resultaron heridas (Stefanicki (2013) citado por Akhter, 2014). La tragedia del Rana Plaza es apenas una de las muchas historias que suceden a diario y que, incluso, pasan desapercibidas o raramente se cuentan: proveedores y eslabones de las cadenas de suministro que violan derechos humanos, incumplen normativas laborales y dañan recursos naturales. Todo ello sin que las empresas cliente o los propios consumidores se cuestionen siquiera cuáles fueron los impactos sociales, ambientales y económicos generados por el proceso de producción. De ahí la necesidad urgente de reflexionar sobre la gestión sostenible de las cadenas de suministro. Sin embargo, antes de abordar la sostenibilidad, es esencial reflexionar sobre el concepto mismo de «cadena de suministro» debido a su importancia y a los desafíos económicos que representa para las empresas. ¿Qué es una cadena de suministro? De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), comprende “los diferentes eslabones que se suceden en una compañía, que van desde las materias primas no procesadas hasta los productos terminados que llegan al consumidor final”. En este sentido, la gestión de la cadena de suministro (Suply Shain Managemen-SCM por sus siglas en inglés) corresponde a la organización, coordinación y control del ciclo de vida de un producto o servicio “desde que se concibe hasta que se consume… (integra) un subsistema dentro de la organización que engloba la planificación de las actividades de suministro, fabricación y distribución de los productos. En definitiva, la cadena de suministro comprende la oferta y la demanda, dentro y fuera de la empresa”. Framinan et al. (2019) describen cuatro arquetipos de cadenas de suministro que vale la pena mencionar, sobre todo, para que cada una de las organizaciones defina qué tipo de gestión realiza dentro de sus procesos de abastecimiento: A pesar de lo mencionado anteriormente e independientemente del tipo de cadena de suministro que se gestione, no se puede considerar a las compañías que la conforman como entidades aisladas. Más bien, deben ser vistas como una red de socios en la estrategia corporativa (Pardillo Baez & Gómez Acosta, 2013). La gestión en la cadena de suministro se ha convertido en un concepto fundamental para que las empresas mejoren las relaciones con los clientes y proveedores y, a su vez, alcancen una ventaja competitiva. Sostenibilidad en la cadena de suministro En este contexto y con la cada vez más extendida intención de las empresas de asegurar la productividad y la competitividad de sus cadenas de suministro, surge el término «sostenibilidad». No se puede considerar a una empresa como «sostenible» si su única preocupación y objetivos están relacionados con sus propios procesos, sin haber mapeado y evaluado el impacto de sus proveedores de materias primas, actividades y operaciones, productos terminados y/o servicios. En un mundo globalizado, caracterizado por necesidades cambiantes y desafíos de mercado, es imperativo que las decisiones de compra y adquisición no se basen únicamente en criterios económicos o de producción. Es crucial garantizar que toda la cadena (red) cumpla con estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Ninguna organización comprometida con la sostenibilidad desea verse inmiscuida en situaciones como las del desafortunado incidente del Rana Plaza, en los que productos o servicios suministrados a los clientes puedan ser cuestionados debido a prácticas inadecuadas. Garantizar la sostenibilidad en las cadenas de suministro es de suma importancia, ya que se ha convertido en un factor crucial de competitividad en el mercado actual. Implica mantener una relación cercana y permanente con las partes interesadas y asegurar de manera genuina que las operaciones puedan perdurar en las ubicaciones donde opera la organización maximizando las contribuciones positivas al tejido económico, social y ambiental de la zona, a la vez que mitiga los impactos negativos. Es en este punto donde las cadenas de suministro deben integrar y sincronizar sus esfuerzos en términos de sostenibilidad. Al retomar los conceptos de los «arquetipos» de cadena, se vuelve evidente que la información de cada proveedor o miembro de la misma debe ser transparente, no solo en cuanto a producción, sino también en términos de cumplimiento de criterios sostenibles. En este sentido, es fundamental contar con indicadores dinámicos que permitan a las partes interesadas conocer los niveles de cumplimiento de estándares en cada eslabón de la cadena. Sin embargo, el desafío para las organizaciones es considerable. Retos y dificultades En este sentido, se presentan diversos retos para lograr dicho propósito, entre los cuales se encuentran: • Dificultades en integración y sincronización: se requiere encontrar vías de comunicación en las cuales la información de cada eslabón de la cadena esté disponible y pueda ser verificada. • No siempre se asegura a todos los eslabones: en los procesos de compra y adquisición, las organizaciones suelen realizar auditorías que tienden a abarcar únicamente un eslabón aguas abajo. Esto significa que desconocen las prácticas y condiciones en las que operan los productores minoristas o las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se encuentran en eslabones más bajos de la cadena. • Objetivos de sostenibilidad no alineados: en el ámbito de la sostenibilidad, es común encontrar diferencias en las prioridades y criterios

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Panorama de la agroindustria y oportunidades hacia la sostenibilidad

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Por Johan Andrés García Meneses / Líder técnico del CCS Ingeniero químico / Magíster en Ingeniería Química A lo largo del tiempo, la agroindustria ha sido definida como aquella actividad económica que se dedica a transformar los insumos provenientes de la agricultura, la ganadería, la avicultura, la acuicultura y la silvicultura (actividades forestales). En Colombia, la historia de la agroindustria se remonta a 1904 cuando ya existían algunas pequeñas empresas artesanales dedicadas al procesamiento de productos agrícolas, como el algodón y el tabaco (Mineducación, 2017). Con el transcurso de los años, el sector agroindustrial ha experimentado un rápido desarrollo dando lugar a dos categorías principales: la tradicional y la moderna. La agroindustria tradicional se caracteriza por su dependencia, en gran medida, de las materias primas de origen agropecuario y por el uso de tecnología relativamente sencilla. Por otro lado, la agroindustria moderna se destaca por su enfoque en una mayor transformación de las materias primas, llegando a un nivel intermedio de desarrollo industrial (Mineducación, 2017). Con el paso de los años, el sector agroindustrial se ha convertido en una de las bases fundamentales de la economía colombiana, englobando una gran cantidad de actividades laborales desempeñadas por la mayoría de la población del país. La industria de alimentos, en particular, ha surgido como uno de los sectores más prometedores para la competitividad de Colombia en los mercados globales gracias a la diversidad regional y la calidad de los productos colombianos reconocidos en todo el mundo. Agroindustria en Latinoamérica El sector agroindustrial ha desempeñado un papel crucial en la recuperación económica de América Latina y el Caribe (ALC) tras la pandemia. De acuerdo con el Banco Mundial, en el 2022, este sector representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la región y empleó alrededor del 14 % de la fuerza laboral. En el caso de Colombia, la contribución de la agroindustria al PIB alcanzó el 8,3 % el año pasado (The World Bank) (la figura 1 muestra el comportamiento de este indicador a lo largo del tiempo). En la década de los sesenta, el aporte del sector al PIB sobrepasaba el 25 % destacándose como uno de los principales pilares de la economía del país. Hoy en día su contribución es mucho menor dados los ingresos por hidrocarburos y por el desarrollo del sector industrial. Sin embargo, esto no significa que el sector no haya crecido en los últimos años. A pesar de estos logros, la agroindustria enfrenta desafíos relacionados con las demandas del mercado y la adopción de nuevas tecnologías. Para integrarse a las cadenas de valor agroalimentarias modernas, los productores deben cumplir con estándares de calidad y satisfacer las condiciones comerciales exigidas por los compradores internacionales (FAO, 2013). Además, los consumidores cada vez desean más información sobre el impacto social y ambiental de los productos que consumen. Por otra parte, la región de ALC ha experimentado un aumento en la complejidad, la competencia y las demandas del mercado. Los inversores, acreedores y consumidores finales, así como otros actores sociales, esperan que los productores rurales implementen buenas prácticas dentro de sus procesos productivos como un factor fundamental para su éxito. Contar con prácticas sólidas y establecidas se ha vuelto esencial para que las empresas del sector agroindustrial enfrenten diversos desafíos, como aumento de la productividad, implementación de nueva tecnología, aspectos logísticos, nuevas políticas comerciales y regulaciones ambientales. Aquí es donde se empieza a hablar de agroindustria sostenible. ¿Qué es la agroindustria sostenible? Muchas personas se preguntarán qué se entiende por agroindustria sostenible. Desde la perspectiva ambiental, social y de gobernanza (ASG), la agroindustria sostenible se basa en promover buenas prácticas y principios en estos ámbitos. Estas prácticas y principios se aplican en la producción, el procesamiento y la comercialización de productos agrícolas, forestales, marinos y otros sectores naturales (Zapata Dávila, 2021). Por tanto, es crucial capacitar y asesorar a los agricultores sobre los avances y tendencias en las prácticas medioambientales que se demandan a nivel global, ya que ellos proveen la materia prima del sector. Además, para lograr una agroindustria sostenible y exitosa, es esencial establecer alianzas y promover la colaboración entre los sectores público, privado y la comunidad en general. Esto permitirá desarrollar proyectos que beneficien a cada uno de estos sectores. Así mismo, es necesario integrar a los pequeños productores, muchos de ellos provenientes de la agricultura familiar campesina o de comunidades indígenas, en las cadenas de valor modernas. Estos productores difícilmente podrían integrarse de forma individual, por lo que se agrupan en cooperativas o asociaciones, o trabajan con empresas más grandes que les brindan asistencia técnica, financiamiento y los conectan con las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. Otros aspectos importantes de inclusión son la digitalización y el acceso a servicios financieros para el desarrollo del campo y el aumento de la productividad (FAO, 2013). A pesar de que el sector agropecuario representa el 6,5 % del PIB en la región de América Latina y el Caribe, apenas un 3 % de los créditos se dirigen hacia este sector (Sbardellini Cossi & Azevedo, 2021). La crisis relacionada con la pandemia y los períodos prolongados de inactividad comercial han afectado los pagos y cobros en las cadenas que incluyen múltiples actores. Es importante el apoyo financiero sobre todo para aquellos productores primarios. ¿Qué beneficios trae una agroindustria sostenible? Cuando se habla de nuevos conceptos relacionados con sostenibilidad a menudo se tiende a creer que, en el sector agroindustrial, este propósito se queda en buenas intenciones. Sin embargo, una agenda de sostenibilidad puede contribuir a aumentar la rentabilidad de este, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe (ALC), que es responsable del 14 % de la producción agrícola a nivel mundial y se espera que represente el 25 % de las exportaciones globales de productos agrícolas y pesqueros para el 2028 (Sbardellini Cossi & Azevedo, 2021). En esta región se cuenta con una oportunidad única que muchas otras partes del mundo no tienen: aprovechar la última revolución tecnológica teniendo en cuenta los aspectos ambientales,

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