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Jekyll and Hyde: el extraño reclamo de una lavandería

Por Alejandro Aldana Pérez / Químico / Magíster en Química / Diciembre CCS literario 2019. Cómo citar este artículo:Aldana, A. 2019. Jekyll and Hyde: el extraño reclamo de una lavandería. Revista Protección & Seguridad No. 395 pág. 11 – 14. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/jekyll-and-hyde-el-extrano-reclamo-de-una-lavanderia/ El doctor Jekyll y el señor Hyde es una novela corta, publicada en 1886 y escrita por el escocés Robert Louis Stevenson. La historia es un «thriller» que gira en torno a una investigación liderada por el abogado Utterson. El jurista sigue la pista de una serie de sucesos extraños que involucran a su amigo, el noble médico Henry Jekyll y un siniestro personaje llamado Edward Hyde. El relato desarrolla la dualidad entre el bien y el mal. Narra el proceso de transformación de un hombre distinguido en un desalmado criminal (Stevenson, 1920). En términos anglosajones, la trama se podría resumir con la expresión “breaking bad”. Esta locución de habla inglesa es empleada cuando un individuo toma decisiones que convierten su vida en un completo caos. También, el mundo anglosajón emplea la expresión “Jekyll and Hyde”. La frase es usada para describir a una persona con dos lados muy diferentes de su personalidad, uno bueno y otro malo. Y aquí es necesario resaltar que en la narración fantástica del “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, el detonante de la transición entre una existencia equilibrada y el desconcierto es un brebaje químico. Por el momento, dejemos a un lado el asunto de los menjurjes químicos abordados desde la inventiva literaria y tratemos el tema desde otra faceta más formal. En el año 2018, Colombia asumió el reto de aplicar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Este método tiene como objetivo comunicar de manera práctica los peligros asociados con el uso de sustancias químicas en la industria. La metodología no es una ley, es una guía. Sin embargo, el Estado colombiano ha decretado que este sistema sea el empleado en los sitios de trabajo como herramienta para divulgar los peligros intrínsecos relacionados con los químicos. Lo que se busca con este instrumento de comunicación es tener un panorama de los peligros y determinar las medidas cautelares necesarias para mantener un equilibrio entre productividad y seguridad. Puesto sobre la mesa todo lo anterior, es oportuno hacer la siguiente pregunta: ¿qué propósito tiene mencionar el relato fantástico del escocés Robert Louis Stevenson, la dualidad entre el bien y el mal, una pócima que convierte al más noble de los hombres en un criminal, un sistema de comunicación de peligros asociados al uso de sustancias químicas y el reclamo de una lavandería? En un principio, esto puede parecer sin sentido, pero los elementos expuestos arriba están presentes día a día en las lavanderías donde se ejecutan procesos con el denim. El «jean» es una pieza de vestir informal, versátil y de nuestra cotidianidad. En otras palabras, es el comodín de nuestros armarios. El atractivo y el valor estético que caracteriza al denim es el contraste en el color. Y ese aspecto azuloso/blanquecino, propio de este tipo de atuendo, es posible gracias a diferentes manualidades ejecutadas en las lavanderías. La lista de técnicas es amplia; sin embargo, el empleo del permanganato de potasio es la principal vía usada con el objeto de generar esa apariencia de desgaste. A grandes rasgos, las lavanderías reciben un denim crudo de coloración homogénea. Es decir, sin toques de originalidad. Un elemento plano, simple. Luego, el artesano somete este material a un proceso creativo: como un pintor en su lienzo, el artista del denim espliega su arte sobre la prenda y genera una pieza única. Las pinceladas de permanganato de potasio, aplicadas por los artesanos sobre las piezas textiles, tienen como objetivo generar desgaste. En las zonas en que entra en contacto esta sustancia, se produce la degradación del índigo. El índigo es el elemento coloreado que le confiere esa tonalidad azulosa a la prenda. La interacción entre el índigo y el permanganato de potasio le concede al material textil una coloración parduzca indeseable. Esa apariencia parda-amarillenta es contrarrestada gracias a neutralizantes de permanganato. En consecuencia, se genera el contraste azul/blanquecino tan apreciado. En ese orden de ideas, hace algún tiempo el equipo de investigación y desarrollo donde trabajo ha venido ejecutando un estudio con la finalidad de identificar productos inocuos capaces de neutralizar residuos de permanganato de potasio, óxidos de manganeso e hipoclorito. Es pertinente saber que algunos de estos agentes neutralizantes presentan peligros que podrían afectar la salud de los trabajadores. Y aquí quiero que me permitan traer una digresión. Philip Ball es un químico y doctor en física autor del libro titulado “La invención del color”. Este texto es un recorrido fascinante y erudito que muestra cómo la química y los colores han estado vinculados durante el transcurso de la historia del arte. El manuscrito hace énfasis en cómo la ciencia influyó en la paleta de tonalidades de los pintores. También, cuenta cómo determinados tonos afectaron la salud de algunos genios del pincel (Ball, 2003). Lo que se pretende con esta pequeña digresión es demostrar que la ciencia no puede ser ignorada a la hora de crear obras de arte. Dicho lo anterior, es probable que no haya sido lo suficientemente claro en que ciertos neutralizantes de permanganato son peligrosos para el humano. Con el objetivo de reforzar lo antes mencionado, pongamos un ejemplo: el sulfato de hidroxilamina. Este compuesto químico es de uso extendido en el procesamiento del denim. Su capacidad de neutralización es apreciada en las lavanderías. Sin embargo, sus peligros asociados a alergias sobre la piel y su potencial efecto de perjudicar la molécula de hemoglobina presente en la sangre han motivado a los investigadores a hallar alternativas más inocuas (Gharahbaghian, Massoudian & DiMassa, 2009). Y en este punto es importante hacer énfasis que, gracias al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), la compañía donde presto mis servicios pudo asimilar la importancia de la identificación de los peligros asociados al uso de sustancias químicas. De cierta forma, esta metodología puso en el escenario los

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¿Cuál es la relación entre la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y la sostenibilidad?

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Desde que en 1987 la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo publicó el informe «Nuestro futuro común», también conocido como ‘Informe Brundtland’ (en el que, por primera vez, se definió el desarrollo sostenible), la salud, la seguridad y el cuidado de los trabajadores ya aparecía como un asunto fundamental en las estrategias para el desarrollo industrial sostenible. Más tarde, el programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río 92) puso un fuerte énfasis en el desarrollo de estrategias preventivas para reducir las enfermedades de carácter ocupacional y las causadas por toxinas en el medio ambiente y en el trabajo a fin de mejorar la seguridad de los trabajadores. Más recientemente, con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo número 8 ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ insta en su meta 8.8 a “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. De esta manera, la relación estrecha entre sostenibilidad y Seguridad y Salud en el Trabajo -SST (antes llamada salud ocupacional) ha estado presente desde la creación del concepto. Pero fue la llegada de la pandemia por la COVID-19, cuyos efectos aún vivimos, la que nos dejó enseñanzas significativa, donde lo fundamental volvió a cobrar sentido: garantizar la vida de las personas y su bienestar como la esencia de las sociedades. Es por esto que las diferentes estructuras sociales, empresariales y económicas han trazado planes para aportar en diferente medida a la sostenibilidad, donde la seguridad, la salud en el trabajo y el ambiente son parte de sus pilares. De hecho, el informe de Tendencias de Reportes de Sostenibilidad para el 2023 sitúa a la SST dentro de los asuntos materiales más importantes para las empresas en la elaboración de sus estrategias de sostenibilidad. A esto se le suma la comprensión de que la SST impacta profundamente la continuidad de los negocios, la estabilidad económica y la cohesión del tejido social. Según estimaciones de la OIT, cada año mueren 2,3 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo; otros 160 millones de trabajadores padecen enfermedades relacionadas con el trabajo, y 313 millones de trabajadores padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo que les deja secuelas de por vida. Para las empresas y los sistemas económicos, esta situación representa un costo significativo y puede poner en riesgo la sostenibilidad económica (por pérdidas en productividad, sanciones y costos reputacionales, entre otros). La OIT estima que se pierde más del 4 % del PIB anual del mundo como consecuencia de accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Por ende, hoy por hoy, invertir en seguridad y salud de los trabajadores ya no es un diferencial; es una condición para permanecer en el mercado, para garantizar operaciones sostenibles que permitan seguir contribuyendo al bienestar de las sociedades. Es por ello que la protección de los trabajadores se debe constituir en un pilar estratégico para todas las empresas, sin importar el tamaño ni el sector en el que se desempeñan. Así mismo, la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a familias enteras quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social. Ahora bien, frente a la relación que tiene la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la sostenibilidad ambiental, el avance hacia la descarbonización de las industrias, la adopción de energías renovables, la implementación de procesos ecoeficientes en los sistemas de producción y la introducción de la economía circular trae consigo grandes retos y nuevas oportunidades en materia de gestión laboral. El BID estima que los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París pueden llegar a generar 15 millones de empleos netos en América Latina al 2030. Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, es necesario tener en cuenta que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y, por lo tanto, es indispensable desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral, especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía.

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Contribuciones de la SST al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La Seguridad y Salud en el Trabajo no solo es un factor estratégico que les permite a las organizaciones proteger su capital humano, mitigar riesgos en su cadena de valor, incrementar la productividad y blindar la continuidad de los negocios, también constituye una herramienta clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Cómo? A continuación, se evidencia la relación que existe entre la creación de entornos de trabajo sanos y seguros con algunas de las principales apuestas de la Agenda 2030. ODS 1. Fin de la pobreza. La SST puede ayudar a reducir la pobreza al mejorar las condiciones de trabajo y promover el acceso a empleos seguros y saludables, lo que a su vez contribuye a aumentar los ingresos de las personas. Es preciso tener en cuenta que una gran mayoría de los trabajadores informales laboran en condiciones precarias, insalubres e inseguras, sin protección social, por lo cual la formalización del empleo es una estrategia para asegurar que la fuerza laboral de un país cuente con condiciones dignas de trabajo y pueda acceder a la seguridad social dentro de un mercado laboral incluyente, justo y equitativo. De otro lado, hay que tener en cuenta que la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a las familias de las víctimas, quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social. ODS 3. Salud y bienestar. Este objetivo cuenta con tres metas directamente relacionadas con la SST: la 3.5 “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”; el 3.6 “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo” y el 3.9 “para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. En todos los tres casos, la SST juega un rol esencial. En el primero, la promoción y el cuidado de la salud mental y la gestión oportuna de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo es una estrategia que incide positivamente en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población trabajadora, pues les proporciona herramientas para gestionar sus emociones y les brinda apoyo para superar situaciones adversas. Con relación a la meta 3.6, al menos para el caso colombiano, si bien se desconoce el número exacto de víctimas de siniestros viales de origen laboral, se sabe, sin embargo, que en el 21 % del total de los accidentes fatales en las vías que tuvieron lugar en el país entre 2016 y 2021 se vieron involucrados vehículos de transporte de carga y pasajeros, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se estima que más del 50 % de las fatalidades en las vías y carreteras del país están asociadas a actividades laborales (no necesariamente donde le sucede algo al trabajador, pero si se genera afectación o daños a terceros), dejando un enorme impacto social y económico para las organizaciones y la sociedad. Frente a este panorama, adquiere relevancia la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) hoy ya incorporados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De esta forma, las organizaciones cuentan con una estrategia que les permite reducir riesgos de siniestralidad en entornos laborales e implementar mecanismos y herramientas que favorezcan la adopción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías, así como la identificación, análisis, valoración y control de los riesgos viales asociados a su operación. Finalmente, en lo que respecta a la meta 3.9, la SST tiene como principal objetivo promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para ello, las organizaciones deben implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este Sistema de Gestión es la herramienta esencial para que las empresas identifiquen los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, hagan la gestión del riesgo asociado y prevengan la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Debe garantizar la aplicación de las medidas de control y prevención, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, el aseguramiento de condiciones de trabajo sanas y seguras y la gestión eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo. La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora de las condiciones de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de los indicadores de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. Además, el sistema permite velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales. ODS 5. Igualdad de género: la SST puede contribuir a la igualdad de género al mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de las mujeres en el lugar de trabajo y abordar los riesgos específicos que enfrentan las trabajadoras en ciertos sectores. De hecho, la OIT señala que “las cuestiones de igualdad de género y no discriminación, en particular la protección de la maternidad, el salario equitativo, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, se relacionan con la SST y pueden resolverse mediante leyes relativas a la SST en el ámbito nacional, y también mediante normas que rigen las cadenas mundiales de suministro”. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: la rigurosa aplicación de la normatividad en SST, la creación de iniciativas voluntarias y el trabajo constante en cuanto a actualización de leyes, reglamentos y sistemas relativos a la SST, ayuda a promover la creación de puestos de trabajo en

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Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cómo citar este artículo:Salamanca, V. (2022). Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 52-59. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/empleos-verdes-y-transicion-laboral-riesgos-emergentes-en-sst/ La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la SARS-CoV-2 impactó drásticamente los mercados laborales de América Latina. Las cifras son dispares. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021) en la región se llegaron a perder más de 31 millones de empleos. Por su parte, la Cepal y la OIT (2020) estiman una pérdida de alrededor de 47 millones de trabajos siendo los más afectados grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores informales, los inmigrantes, los jóvenes que recién se insertaban en el mercado laboral y los trabajadores de menor cualificación o que no tuvieron posibilidad de acceder al teletrabajo. Pese a los avances en los planes nacionales de vacunación, los esfuerzos de los Estados por alcanzar la inmunidad colectiva y la progresiva reactivación de la economía, los organismos internacionales mencionados anteriormente advierten que la recuperación laboral será lenta y se necesitará no solo tiempo sino también la adopción de importantes medidas para retornar a los niveles previos a la crisis sanitaria y lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, para el BID los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París, como parte de sus apuestas por el desarrollo de un nuevo modelo productivo mundial, pueden ser una fuente clave de oportunidades laborales y un motor para la reactivación económica. “Si bien la recuperación del empleo depende de múltiples factores, se estima que transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos, que hacen posible la descarbonización durante el proceso de transición hacia una economía de cero emisiones, pueden llegar a crear 15 millones de empleos netos en la región al 2030” (BID, 2021). Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, la OIT ha sido enfática en señalar que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y aboga por la necesidad de desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral (OIT, 2021), especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía (OIT, como se citó en Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019). 15 millones de empleos netos se podrían crear al 2030 en América Latina durante el proceso de transición hacia una economía baja en carbono, según el BID. De hecho, reconociendo que dicha transformación “impactará de manera más aguda a la fuerza laboral de sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias intensivas en energías fósiles” (UN Climate Change Conference UK, 2021) en octubre pasado, más de 30 países, entre estos, los principales productores de carbón, firmaron una declaración en la que se comprometen a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, las empresas y las comunidades más afectadas. Empleos verdes: retos para la SST La crisis económica y social de la COVID-19 no es el único factor que ha impactado el mercado laboral. Durante las últimas décadas el calentamiento global también se ha encargado de poner su cuota: los efectos de eventos climáticos extremos como las sequías, los incendios, las inundaciones, los huracanes y las heladas, entre otros, han interrumpido la operación de empresas y de sectores productivos debido a daños en infraestructuras, riesgos operacionales y bloqueos en cadenas de suministro por escasez lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas y destrucción masiva de empleos. En la transición hacia economías más verdes, las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente». A su vez, se perciben impactos en la productividad y la salud laboral. Según expertos del Programa Empleos Verdes de la OIT, cada año, se pierden miles de horas de trabajo a causa de factores ambientales y, para 2030, se estima que el número de horas trabajadas se reducirá en un 2 % debido al aumento de las temperaturas. De igual forma, la variabilidad climática está contribuyendo a generar riesgos ocupacionales y estrés térmico en la fuerza laboral (Sánchez, s.f., & Montt, 2019). Una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección». En este sentido, una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección. La OIT (2016) los define como: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (…). A nivel empresarial, los empleos verdes pueden producir bienes o prestar servicios con impactos ambientales positivos como, por ejemplo, los edificios

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Transición energética, principales retos para las empresas

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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El papel de la seguridad y la salud en el trabajo para erigir empresas sostenibles

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. La sostenibilidad es un compromiso que la humanidad ha adquirido con el fin último de preservar la especie, fundamentado en los graves impactos ambientales que ha sufrido el planeta por la acción del hombre, así como en la necesidad de continuar desarrollando la sociedad en todos los aspectos, para hacerla más equitativa para todos. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó establecer un plan que permita contar con avances significativos en diferentes aspectos de la sostenibilidad para el 2030, de tal manera que se conviertan en la base para que loshabitantes del planeta Tierra tengamos un ambiente más sano, seamos más resilientes frente a fenómenos amenazantes, se incremente el acceso a aspectos básicos como la alimentación y el agua potable y se promueva un desarrollo económico orientado por la minimización de los impactos ambientales y sociales. La agenda para el desarrollo sostenible de la ONU estableció 17 objetivos para las personas y para el planeta que “constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo” (ONU, 2020). De estos, tres objetivos fueron identificados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como relevantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): ‘Salud y bienestar’ (ODS 3), ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ (ODS 8) y ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ (ODS 16). En cada uno de estos objetivos se establecen metas específicas que aportan de manera directa a la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OIT, n.d.). Frente al objetivo de ‘Salud y bienestar’ se identifica la meta 3.9 la cual señala que, para 2030, se espera reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Por su parte, en el objetivo de ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, se encuentra la meta 8.8 que insta a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Al respecto, podría decirse que corresponde a la meta que aporta en mayor medida a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el objetivo de ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ aparece la meta 16.6 que trata sobre la creación, en todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Desde el punto de vista organizacional, las empresas han querido abordar la sostenibilidad, en un principio, con un enfoque ambiental y, posteriormente, desde la responsabilidad social empresarial. Actualmente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las organizaciones han comprendido que es necesario dar abordajes integrales a la sostenibilidad, donde aspectos como la gobernanza, la protección ambiental y las estrategias sociales y económicas, se han convertido en un pilar estratégico para los negocios. Sin embargo,no es sencillo para las compañías comprender el alcance que sus acciones tienen para el cumplimiento de los ODS. La sostenibilidad en las compañías suele entenderse desde los tres ejes o esferas que clásicamente se han descrito: social, ambiental y económica. Desde el punto de vista social, un componente importante es la protección de los trabajadores, señalando de manera enfática que una empresa no puede ser sostenible si sus trabajadores no están sanos y seguros. Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debe ser un compromiso corporativo con la sostenibilidad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos ha señalado que los temas que con mayor frecuencia se clasifican bajo la esfera social de la sostenibilidad (por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, relacioneslaborales, participación comunitaria, diversidad, equidad, beneficios y compensaciones, organización del trabajo, cadenas de suministro, cultura, entre otros) son menos comprendidos y han ganado menos atención (OSHA, 2016) en comparación con los temas de la esfera ambiental. A partir esta situación, los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de las organizaciones han empezado a buscar cómo visibilizar sus aportes a la estrategia de sostenibilidad de las empresas para que tengan una relevancia similar a lostemas ambientales. Hay varios mecanismos a partir de los cuales se busca integrar los temas de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Por un lado, se encuentran reportes como el Global Reporting Initiative (GRI) o herramientas como la ‘Guía de Buenas Prácticas para incorporarla Seguridad y Salud en el Trabajo en los Reportes de Sostenibilidad’ del Center for Safety and Health Sustainability and their Advisory Council (CSHS, 2016). Este tipo de herramientas definen aspectos específicos que se pueden utilizar para informar los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo y cómo esto aporta en una calificación global de sostenibilidad. «Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debeser un compromiso corporativo con la sostenibilidad» Por otro lado, diferentes certificaciones, tanto de sistemas de gestión como de producto, han empezado a visibilizar la importancia de integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Un ejemplo de integración de elementos de sostenibilidady de seguridad y salud en el trabajo es lo que se ha explorado en las certificaciones Leed (Behm & Pearce, 2017) o la certificación GlobalGAP, que es la norma con reconocimiento internacional para la producción agropecuaria e involucra específicamente aspectos de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Considerando este contexto, durante el 55 Congreso de Seguridad, Trabajo y Ambiente se presentará la conferencia ‘El papel de la seguridad y salud en el trabajo para hacer empresas sostenibles’ a cargo del autor de este texto. El propósito de la charla será aportar

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Organizaciones de triple impacto: un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis Líder de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Ser las mejores empresas para el mundo y no solo las mejores del mundo. Esa es la consigna del SistemaB, un movimiento de organizaciones que está replanteando el modelo económico actual y está demostrandoque sí es posible dotar los negocios de un alto propósito social y ambiental sin perder de vista la rentabilidad.De esta forma, busca transformar el paradigma empresarial y medir el éxito no solo desde su crecimiento económico sino también desde su contribución a la sociedad. En 2012 el Sistema B aterrizó en América Latina, una región que, de acuerdo con la Cepal (2016), es la más desigual del mundo y cuyas brechas de pobreza se acentúan, entre otros factores, por una arraigada “cultura del privilegio”. No en vano, el movimiento pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué sentido tiene una economía que crece financieramente y que, por su misma naturaleza, genera inequidad creciente, acaba con los recursos naturales y profundiza la exclusión de miles de personas? Por eso, promueve formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de la población y del entorno natural, de forma simultánea, y conconsideraciones de corto y largo plazo. En ello radica su principal diferencia con respecto a las empresas socialmente responsables, pues, más allá de hacerse cargo de los impactos socioambientales de sus actividades y operaciones, tienen cuatro características fundamentales: 1) un modelo de negocio que soluciona, de forma intencional, uno o varios problemas sociales o ambientales; 2) estatutos que por mandato de los accionistas declaran la búsqueda del impacto social o ambiental y la triple cuenta de resultados (financiero, social y ambiental)¹; 3) un proceso exhaustivo de certificación que garantiza que su impacto es real, duradero y efectivo y 4) una declaración de interdependencia firmada, en la cual reconocen que son parte de una sociedad y de un ecosistema y, por lo tanto, deben trabajar a su favor y no a costa de ellos. “Las empresas B son inspiración, son ejemplo y se convierten en el aspiracional de otras empresas que quieren profundizar su modelo de sostenibilidad”, sostiene Camilo Ramírez, director ejecutivo del Sistema B en Colombia. Hoy por hoy, las empresas B certificadas a nivel mundial ascienden a 4500, conformando así una red global de empresas líderes en temas de sostenibilidad que están apuntalando el futuro de los negocios. En Latinoamérica ya son más de 800 y, a nivel local, Colombia cuenta con 75 empresas de este tipo, entre ellas, ConTREEbute, Juan Valdés, Alcagüete, Crepes & Waffles, Alquería, Grupo Contempo, Hybritec Solar, Portafolio Verde y Arroz Blanquita, entre otras. “El sector empresarial colombiano es sensible a temas de impacto social y ambiental. Esto ha hecho que en Colombia el movimiento haya crecido vertiginosamente en los últimos años. De igual forma, los consumidores de hoy les exigen a las empresasno solo un producto de alta calidad a un precio asequible, sino también una conexión con la solución de problemas sociales y ambientales que sea coherente y creíble por parte de la empresa. Es allí donde el movimiento B tiene sus bases de crecimiento”, explica Ramírez. Entre las ventajas que obtienen las organizaciones que deciden trabajar bajo un modelo de economía de triple impacto, el directivo señala una alta preferencia por parte de los consumidores; mayor nivel de atracción y retención de talentos en comparación con las empresas tradicionales —por cuanto los colaboradores se conectan con el propósito superior de la organización—; un interés cada vez mayor por parte de inversionistas y bancos que se inclinan por las empresas B en sus decisiones de financiación e, incluso, les otorgan tasas preferenciales de interés; y el incremento en la confianza y la reputación entre los diversos grupos de interés motivados por la ética en los negocios que estas evidencian. De igual forma, al regirse por un propósito superior, este tipo de organizaciones tiende a ser mucho más resilientes durante las crisis, puesto que se concentran en crear modelos de negocio orientados a resolver problemáticas y desafíos coyunturales, de modo que encuentran oportunidades en medio de las adversidades. “Así ocurrió en la pandemia. La emergencia sanitaria golpeó a todas las empresas del mundo por igual. Sin embargo, encontramos que a las empresas B sus consumidores y colaboradores no las abandonaron —apunta Ramírez—. De hecho, muchas crecieron durante este período porque estaban dando solución a las necesidades sociales y ambientales y no solo buscando rendimientos financieros a toda costa”. No obstante, el sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando empresas y gobiernos. Desde el 2014, elmovimiento viene construyendo la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto a través de la cual promueve “estudios- y discusiones en torno a los temas legales más relevantes para propiciar un cambio en las reglas de juego en lo económico-corporativo de la nueva economía: desde el desarrollo del lenguaje legal de las empresas B, hasta promover cambios en las regulaciones o prácticas del mercado” (Sistema B, s.f.) De la mano de esta red de abogados, el Sistema B ha venido promoviendo en la región la figura jurídica denominada Sociedadesde Beneficio e Interés Colectivo también conocida como ‘Sociedades BIC’. De acuerdo con Ramírez, se trata de una figura pública, voluntaria y autorreportada que se convierte en un primer paso hacia la sostenibilidad para aquellas empresas que la adoptan. En Colombia, estas sociedades cuentan con reconocimiento legal a partir de la Ley 1901 de 2018, reglamentado por el Decreto 2046 de 2019 (MinCIT & Confecámaras, s.f.). «El sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando lo público y lo privado». ¿Dónde radica entonces la diferencia? Básicamente en que las empresas B se certifican bajo un modelo de

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Diez recomendaciones para la gestión de residuos químicos

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Los residuos químicos no son exclusivos de la industria química. También son generados en diversos sectores como el minero, el manufacturero, l automotriz, el industrial, el agropecuario y el educativo (en laboratorios), entre otros. Incluso se producen en diferentes procesos a pequeña escala, incluyendo el hogar. En este sentido, es clave comprender los diferentes impactos, problemas y peligros que se pueden generar por su inadecuada gestión. En el presente artículo se describe la importancia de prevenir la generación de dichos residuos como principal herramienta de gestión. A su vez, se abordan los principios de la química verde como la base para el diseño de nuevos productos desde un punto de vista ecológico y cómo en ese proceso deben vincularse términos actuales como la economía circular para, a partir de allí, dirigirse a la gestión de lo que, en últimas, se denominará “residuo químico”. De la misma manera se analiza el panorama de las sustancias y los residuos químicos categorizados en Colombia como “peligrosos” y autorreportado por las organizaciones como “Respel” en la plataforma del Ideam. Al finalizar se dan recomendaciones puntuales para las organizaciones sobre la gestión de residuos químicos. A continuación, se listan algunas recomendaciones para tener en cuenta en la gestión de los residuos químicos que son transversales a cualquier sector económico y requieren de un alto compromiso y liderazgo. 1. Revisar los procesos internos de tal manera que se evite generar el residuo. Cuando se pierden grandes porciones de las materias primas iniciales utilizadas en un proceso debido al diseño original, se generan inexorablemente desechos que, por definición, son indeseables (Anastas & Eghbali, 2009). En este sentido es clave realizar un análisis detallado del proceso productivo, buscando una mejora continua en las diferentes actividades y subactividades, incluyendo la etapa de diseño del producto. El objetivo es que al final del proceso productivo se reduzca o elimine la posibilidad de generar residuos. 2. Caracterizar y cuantificar el tipo de residuo y las cantidades generadas. En este caso, la organización debe tener claramente identificado el tipo de residuos o desechos químicos que está generando en sus procesos, así como las cantidades producidas. La caracterización se debe dar también en términos de si el residuo químico es peligroso o no peligroso, teniendo en cuenta el nivel de inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. 3. Reducción, reciclaje y tratamiento en el punto de generación del residuo químico (en la fuente). Si es posible dentro del proceso, realizar tratamiento al residuo químico para reducir su nivel de peligrosidad o repensar el proceso para el reciclaje de la sustancia. 4. Definir la recolección, transporte y almacenamiento temporal de residuos químicos (peligrosos y no peligrosos) al interior de la organización. Precisar los procedimientos y protocolos a llevar a cabo en cada dependencia y por cada tipo de residuo generado. El almacenamiento debe realizarse en recipientes adecuados para cada sustancia y se deben tener en cuenta las matrices de compatibilidad, entre otros aspectos. También se deben considerar aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante los cuales se garantice que los trabajadores que realicen las actividades de recolección, transporte y almacenamiento temporal fueron capacitados y conocen los peligros y riesgos relacionados con la manipulación de las sustancias caracterizadas. 5. Rotular y etiquetar adecuadamente todos los residuos químicos de acuerdo con la normatividad vigente. Aunque se defina como “residuo”, sigue siendo un producto químico, razón por la cual se deben cumplir los requisitos legales relacionados con el etiquetado y la rotulación de las sustancias. 6. Definir la recolección y transporte del residuo químico a nivel externo. Es de alta importancia que el proceso de recolección y transporte externo se lleve a cabo cumpliendo la normatividad vigente. En el caso de contratación de un tercero para prestar el servicio, es necesario que se revise de manera detallada el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el proceso se controle de manera permanente. La contratación externa no exime al productor de la responsabilidad en relación con el residuo y su destinación. 7. Definir el tipo de aprovechamiento, tratamiento y destinación final que se dará al residuo generado. Es clave identificar estos aspectos toda vez que de ello dependerá el nivel de impacto que el residuo generará. Después de generar el residuo, priorizar actividades de aprovechamiento y tratamiento resulta indispensable como paso previo a tomar la opción de disposición final. En cualquiera de los casos definidos, es necesario contar con la documentación y el seguimiento que soporte el cumplimiento legal del tercero que realizará el proceso. 8. Medir y controlar el proceso. Parte de la gestión implica un alto compromiso en el control y registro de todos los procesos realizados. Por lo tanto, llevar un control detallado ayudará a tener información pertinente en el momento de tomar decisiones. 9. Tener en cuenta la responsabilidad extendida de productor. Tanto si se es generador de la sustancia o consumidor, se debe tener claridad de la responsabilidad extendida que tienen las organizaciones. Esto quiere decir que el productor debe ser partícipe de la gestión de los residuos que se generan y gestionar, a nivel de la cadena de suministro, alianzas que apoyen la gestión adecuada de los residuos. 10. Mejora continua del proceso de gestión de residuos químicos. La mejora continua del proceso es clave toda vez que el análisis de las circunstancias y la búsqueda de soluciones novedosas por parte de las organizaciones puede llevar a la reestructuración de procesos, la búsqueda de opciones tecnológicas y la optimización de los recursos. Incluir en la gestión de residuos químicos actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es esencial para la generación de soluciones que reduzcan el impacto de los residuos. 11. Capacitación y entrenamiento a todo el personal involucrado (tanto operativo como quien toma las decisiones). En este aspecto es fundamental que dentro de la organización todos los colaboradores conozcan la importancia de

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