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Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?

Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cómo citar este artículo:Salamanca, V. (2022). Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 52-59. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/empleos-verdes-y-transicion-laboral-riesgos-emergentes-en-sst/ La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la SARS-CoV-2 impactó drásticamente los mercados laborales de América Latina. Las cifras son dispares. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021) en la región se llegaron a perder más de 31 millones de empleos. Por su parte, la Cepal y la OIT (2020) estiman una pérdida de alrededor de 47 millones de trabajos siendo los más afectados grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores informales, los inmigrantes, los jóvenes que recién se insertaban en el mercado laboral y los trabajadores de menor cualificación o que no tuvieron posibilidad de acceder al teletrabajo. Pese a los avances en los planes nacionales de vacunación, los esfuerzos de los Estados por alcanzar la inmunidad colectiva y la progresiva reactivación de la economía, los organismos internacionales mencionados anteriormente advierten que la recuperación laboral será lenta y se necesitará no solo tiempo sino también la adopción de importantes medidas para retornar a los niveles previos a la crisis sanitaria y lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, para el BID los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París, como parte de sus apuestas por el desarrollo de un nuevo modelo productivo mundial, pueden ser una fuente clave de oportunidades laborales y un motor para la reactivación económica. “Si bien la recuperación del empleo depende de múltiples factores, se estima que transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos, que hacen posible la descarbonización durante el proceso de transición hacia una economía de cero emisiones, pueden llegar a crear 15 millones de empleos netos en la región al 2030” (BID, 2021). Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, la OIT ha sido enfática en señalar que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y aboga por la necesidad de desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral (OIT, 2021), especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía (OIT, como se citó en Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019). 15 millones de empleos netos se podrían crear al 2030 en América Latina durante el proceso de transición hacia una economía baja en carbono, según el BID. De hecho, reconociendo que dicha transformación “impactará de manera más aguda a la fuerza laboral de sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias intensivas en energías fósiles” (UN Climate Change Conference UK, 2021) en octubre pasado, más de 30 países, entre estos, los principales productores de carbón, firmaron una declaración en la que se comprometen a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, las empresas y las comunidades más afectadas. Empleos verdes: retos para la SST La crisis económica y social de la COVID-19 no es el único factor que ha impactado el mercado laboral. Durante las últimas décadas el calentamiento global también se ha encargado de poner su cuota: los efectos de eventos climáticos extremos como las sequías, los incendios, las inundaciones, los huracanes y las heladas, entre otros, han interrumpido la operación de empresas y de sectores productivos debido a daños en infraestructuras, riesgos operacionales y bloqueos en cadenas de suministro por escasez lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas y destrucción masiva de empleos. En la transición hacia economías más verdes, las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente». A su vez, se perciben impactos en la productividad y la salud laboral. Según expertos del Programa Empleos Verdes de la OIT, cada año, se pierden miles de horas de trabajo a causa de factores ambientales y, para 2030, se estima que el número de horas trabajadas se reducirá en un 2 % debido al aumento de las temperaturas. De igual forma, la variabilidad climática está contribuyendo a generar riesgos ocupacionales y estrés térmico en la fuerza laboral (Sánchez, s.f., & Montt, 2019). Una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección». En este sentido, una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección. La OIT (2016) los define como: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (…). A nivel empresarial, los empleos verdes pueden producir bienes o prestar servicios con impactos ambientales positivos como, por ejemplo, los edificios

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Transición energética, principales retos para las empresas

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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El papel de la seguridad y la salud en el trabajo para erigir empresas sostenibles

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. La sostenibilidad es un compromiso que la humanidad ha adquirido con el fin último de preservar la especie, fundamentado en los graves impactos ambientales que ha sufrido el planeta por la acción del hombre, así como en la necesidad de continuar desarrollando la sociedad en todos los aspectos, para hacerla más equitativa para todos. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó establecer un plan que permita contar con avances significativos en diferentes aspectos de la sostenibilidad para el 2030, de tal manera que se conviertan en la base para que loshabitantes del planeta Tierra tengamos un ambiente más sano, seamos más resilientes frente a fenómenos amenazantes, se incremente el acceso a aspectos básicos como la alimentación y el agua potable y se promueva un desarrollo económico orientado por la minimización de los impactos ambientales y sociales. La agenda para el desarrollo sostenible de la ONU estableció 17 objetivos para las personas y para el planeta que “constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo” (ONU, 2020). De estos, tres objetivos fueron identificados por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) como relevantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): ‘Salud y bienestar’ (ODS 3), ‘Trabajo decente y crecimiento económico’ (ODS 8) y ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ (ODS 16). En cada uno de estos objetivos se establecen metas específicas que aportan de manera directa a la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OIT, n.d.). Frente al objetivo de ‘Salud y bienestar’ se identifica la meta 3.9 la cual señala que, para 2030, se espera reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Por su parte, en el objetivo de ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, se encuentra la meta 8.8 que insta a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Al respecto, podría decirse que corresponde a la meta que aporta en mayor medida a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente, en el objetivo de ‘Paz, justicia e instituciones sólidas’ aparece la meta 16.6 que trata sobre la creación, en todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Desde el punto de vista organizacional, las empresas han querido abordar la sostenibilidad, en un principio, con un enfoque ambiental y, posteriormente, desde la responsabilidad social empresarial. Actualmente, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las organizaciones han comprendido que es necesario dar abordajes integrales a la sostenibilidad, donde aspectos como la gobernanza, la protección ambiental y las estrategias sociales y económicas, se han convertido en un pilar estratégico para los negocios. Sin embargo,no es sencillo para las compañías comprender el alcance que sus acciones tienen para el cumplimiento de los ODS. La sostenibilidad en las compañías suele entenderse desde los tres ejes o esferas que clásicamente se han descrito: social, ambiental y económica. Desde el punto de vista social, un componente importante es la protección de los trabajadores, señalando de manera enfática que una empresa no puede ser sostenible si sus trabajadores no están sanos y seguros. Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debe ser un compromiso corporativo con la sostenibilidad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos ha señalado que los temas que con mayor frecuencia se clasifican bajo la esfera social de la sostenibilidad (por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo, derechos humanos, relacioneslaborales, participación comunitaria, diversidad, equidad, beneficios y compensaciones, organización del trabajo, cadenas de suministro, cultura, entre otros) son menos comprendidos y han ganado menos atención (OSHA, 2016) en comparación con los temas de la esfera ambiental. A partir esta situación, los responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de las organizaciones han empezado a buscar cómo visibilizar sus aportes a la estrategia de sostenibilidad de las empresas para que tengan una relevancia similar a lostemas ambientales. Hay varios mecanismos a partir de los cuales se busca integrar los temas de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Por un lado, se encuentran reportes como el Global Reporting Initiative (GRI) o herramientas como la ‘Guía de Buenas Prácticas para incorporarla Seguridad y Salud en el Trabajo en los Reportes de Sostenibilidad’ del Center for Safety and Health Sustainability and their Advisory Council (CSHS, 2016). Este tipo de herramientas definen aspectos específicos que se pueden utilizar para informar los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo y cómo esto aporta en una calificación global de sostenibilidad. «Garantizar que los trabajadores puedan regresar a casa en iguales o mejores condiciones de las que salieron al inicio del día debeser un compromiso corporativo con la sostenibilidad» Por otro lado, diferentes certificaciones, tanto de sistemas de gestión como de producto, han empezado a visibilizar la importancia de integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo con la sostenibilidad. Un ejemplo de integración de elementos de sostenibilidady de seguridad y salud en el trabajo es lo que se ha explorado en las certificaciones Leed (Behm & Pearce, 2017) o la certificación GlobalGAP, que es la norma con reconocimiento internacional para la producción agropecuaria e involucra específicamente aspectos de salud, seguridad y bienestar del trabajador. Considerando este contexto, durante el 55 Congreso de Seguridad, Trabajo y Ambiente se presentará la conferencia ‘El papel de la seguridad y salud en el trabajo para hacer empresas sostenibles’ a cargo del autor de este texto. El propósito de la charla será aportar

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Organizaciones de triple impacto: un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis Líder de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Ser las mejores empresas para el mundo y no solo las mejores del mundo. Esa es la consigna del SistemaB, un movimiento de organizaciones que está replanteando el modelo económico actual y está demostrandoque sí es posible dotar los negocios de un alto propósito social y ambiental sin perder de vista la rentabilidad.De esta forma, busca transformar el paradigma empresarial y medir el éxito no solo desde su crecimiento económico sino también desde su contribución a la sociedad. En 2012 el Sistema B aterrizó en América Latina, una región que, de acuerdo con la Cepal (2016), es la más desigual del mundo y cuyas brechas de pobreza se acentúan, entre otros factores, por una arraigada “cultura del privilegio”. No en vano, el movimiento pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿qué sentido tiene una economía que crece financieramente y que, por su misma naturaleza, genera inequidad creciente, acaba con los recursos naturales y profundiza la exclusión de miles de personas? Por eso, promueve formas de organización económica que puedan ser medidas desde el bienestar de la población y del entorno natural, de forma simultánea, y conconsideraciones de corto y largo plazo. En ello radica su principal diferencia con respecto a las empresas socialmente responsables, pues, más allá de hacerse cargo de los impactos socioambientales de sus actividades y operaciones, tienen cuatro características fundamentales: 1) un modelo de negocio que soluciona, de forma intencional, uno o varios problemas sociales o ambientales; 2) estatutos que por mandato de los accionistas declaran la búsqueda del impacto social o ambiental y la triple cuenta de resultados (financiero, social y ambiental)¹; 3) un proceso exhaustivo de certificación que garantiza que su impacto es real, duradero y efectivo y 4) una declaración de interdependencia firmada, en la cual reconocen que son parte de una sociedad y de un ecosistema y, por lo tanto, deben trabajar a su favor y no a costa de ellos. “Las empresas B son inspiración, son ejemplo y se convierten en el aspiracional de otras empresas que quieren profundizar su modelo de sostenibilidad”, sostiene Camilo Ramírez, director ejecutivo del Sistema B en Colombia. Hoy por hoy, las empresas B certificadas a nivel mundial ascienden a 4500, conformando así una red global de empresas líderes en temas de sostenibilidad que están apuntalando el futuro de los negocios. En Latinoamérica ya son más de 800 y, a nivel local, Colombia cuenta con 75 empresas de este tipo, entre ellas, ConTREEbute, Juan Valdés, Alcagüete, Crepes & Waffles, Alquería, Grupo Contempo, Hybritec Solar, Portafolio Verde y Arroz Blanquita, entre otras. “El sector empresarial colombiano es sensible a temas de impacto social y ambiental. Esto ha hecho que en Colombia el movimiento haya crecido vertiginosamente en los últimos años. De igual forma, los consumidores de hoy les exigen a las empresasno solo un producto de alta calidad a un precio asequible, sino también una conexión con la solución de problemas sociales y ambientales que sea coherente y creíble por parte de la empresa. Es allí donde el movimiento B tiene sus bases de crecimiento”, explica Ramírez. Entre las ventajas que obtienen las organizaciones que deciden trabajar bajo un modelo de economía de triple impacto, el directivo señala una alta preferencia por parte de los consumidores; mayor nivel de atracción y retención de talentos en comparación con las empresas tradicionales —por cuanto los colaboradores se conectan con el propósito superior de la organización—; un interés cada vez mayor por parte de inversionistas y bancos que se inclinan por las empresas B en sus decisiones de financiación e, incluso, les otorgan tasas preferenciales de interés; y el incremento en la confianza y la reputación entre los diversos grupos de interés motivados por la ética en los negocios que estas evidencian. De igual forma, al regirse por un propósito superior, este tipo de organizaciones tiende a ser mucho más resilientes durante las crisis, puesto que se concentran en crear modelos de negocio orientados a resolver problemáticas y desafíos coyunturales, de modo que encuentran oportunidades en medio de las adversidades. “Así ocurrió en la pandemia. La emergencia sanitaria golpeó a todas las empresas del mundo por igual. Sin embargo, encontramos que a las empresas B sus consumidores y colaboradores no las abandonaron —apunta Ramírez—. De hecho, muchas crecieron durante este período porque estaban dando solución a las necesidades sociales y ambientales y no solo buscando rendimientos financieros a toda costa”. No obstante, el sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando empresas y gobiernos. Desde el 2014, elmovimiento viene construyendo la Red Latinoamericana de Abogados de Impacto a través de la cual promueve “estudios- y discusiones en torno a los temas legales más relevantes para propiciar un cambio en las reglas de juego en lo económico-corporativo de la nueva economía: desde el desarrollo del lenguaje legal de las empresas B, hasta promover cambios en las regulaciones o prácticas del mercado” (Sistema B, s.f.) De la mano de esta red de abogados, el Sistema B ha venido promoviendo en la región la figura jurídica denominada Sociedadesde Beneficio e Interés Colectivo también conocida como ‘Sociedades BIC’. De acuerdo con Ramírez, se trata de una figura pública, voluntaria y autorreportada que se convierte en un primer paso hacia la sostenibilidad para aquellas empresas que la adoptan. En Colombia, estas sociedades cuentan con reconocimiento legal a partir de la Ley 1901 de 2018, reglamentado por el Decreto 2046 de 2019 (MinCIT & Confecámaras, s.f.). «El sistema B reconoce que, para motivar un cambio profundo en el paradigma económico actual, se requieren también transformaciones estructurales y esto solo se logra incidiendo en política pública, conectando lo público y lo privado». ¿Dónde radica entonces la diferencia? Básicamente en que las empresas B se certifican bajo un modelo de

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Diez recomendaciones para la gestión de residuos químicos

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Los residuos químicos no son exclusivos de la industria química. También son generados en diversos sectores como el minero, el manufacturero, l automotriz, el industrial, el agropecuario y el educativo (en laboratorios), entre otros. Incluso se producen en diferentes procesos a pequeña escala, incluyendo el hogar. En este sentido, es clave comprender los diferentes impactos, problemas y peligros que se pueden generar por su inadecuada gestión. En el presente artículo se describe la importancia de prevenir la generación de dichos residuos como principal herramienta de gestión. A su vez, se abordan los principios de la química verde como la base para el diseño de nuevos productos desde un punto de vista ecológico y cómo en ese proceso deben vincularse términos actuales como la economía circular para, a partir de allí, dirigirse a la gestión de lo que, en últimas, se denominará “residuo químico”. De la misma manera se analiza el panorama de las sustancias y los residuos químicos categorizados en Colombia como “peligrosos” y autorreportado por las organizaciones como “Respel” en la plataforma del Ideam. Al finalizar se dan recomendaciones puntuales para las organizaciones sobre la gestión de residuos químicos. A continuación, se listan algunas recomendaciones para tener en cuenta en la gestión de los residuos químicos que son transversales a cualquier sector económico y requieren de un alto compromiso y liderazgo. 1. Revisar los procesos internos de tal manera que se evite generar el residuo. Cuando se pierden grandes porciones de las materias primas iniciales utilizadas en un proceso debido al diseño original, se generan inexorablemente desechos que, por definición, son indeseables (Anastas & Eghbali, 2009). En este sentido es clave realizar un análisis detallado del proceso productivo, buscando una mejora continua en las diferentes actividades y subactividades, incluyendo la etapa de diseño del producto. El objetivo es que al final del proceso productivo se reduzca o elimine la posibilidad de generar residuos. 2. Caracterizar y cuantificar el tipo de residuo y las cantidades generadas. En este caso, la organización debe tener claramente identificado el tipo de residuos o desechos químicos que está generando en sus procesos, así como las cantidades producidas. La caracterización se debe dar también en términos de si el residuo químico es peligroso o no peligroso, teniendo en cuenta el nivel de inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad. 3. Reducción, reciclaje y tratamiento en el punto de generación del residuo químico (en la fuente). Si es posible dentro del proceso, realizar tratamiento al residuo químico para reducir su nivel de peligrosidad o repensar el proceso para el reciclaje de la sustancia. 4. Definir la recolección, transporte y almacenamiento temporal de residuos químicos (peligrosos y no peligrosos) al interior de la organización. Precisar los procedimientos y protocolos a llevar a cabo en cada dependencia y por cada tipo de residuo generado. El almacenamiento debe realizarse en recipientes adecuados para cada sustancia y se deben tener en cuenta las matrices de compatibilidad, entre otros aspectos. También se deben considerar aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante los cuales se garantice que los trabajadores que realicen las actividades de recolección, transporte y almacenamiento temporal fueron capacitados y conocen los peligros y riesgos relacionados con la manipulación de las sustancias caracterizadas. 5. Rotular y etiquetar adecuadamente todos los residuos químicos de acuerdo con la normatividad vigente. Aunque se defina como “residuo”, sigue siendo un producto químico, razón por la cual se deben cumplir los requisitos legales relacionados con el etiquetado y la rotulación de las sustancias. 6. Definir la recolección y transporte del residuo químico a nivel externo. Es de alta importancia que el proceso de recolección y transporte externo se lleve a cabo cumpliendo la normatividad vigente. En el caso de contratación de un tercero para prestar el servicio, es necesario que se revise de manera detallada el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el proceso se controle de manera permanente. La contratación externa no exime al productor de la responsabilidad en relación con el residuo y su destinación. 7. Definir el tipo de aprovechamiento, tratamiento y destinación final que se dará al residuo generado. Es clave identificar estos aspectos toda vez que de ello dependerá el nivel de impacto que el residuo generará. Después de generar el residuo, priorizar actividades de aprovechamiento y tratamiento resulta indispensable como paso previo a tomar la opción de disposición final. En cualquiera de los casos definidos, es necesario contar con la documentación y el seguimiento que soporte el cumplimiento legal del tercero que realizará el proceso. 8. Medir y controlar el proceso. Parte de la gestión implica un alto compromiso en el control y registro de todos los procesos realizados. Por lo tanto, llevar un control detallado ayudará a tener información pertinente en el momento de tomar decisiones. 9. Tener en cuenta la responsabilidad extendida de productor. Tanto si se es generador de la sustancia o consumidor, se debe tener claridad de la responsabilidad extendida que tienen las organizaciones. Esto quiere decir que el productor debe ser partícipe de la gestión de los residuos que se generan y gestionar, a nivel de la cadena de suministro, alianzas que apoyen la gestión adecuada de los residuos. 10. Mejora continua del proceso de gestión de residuos químicos. La mejora continua del proceso es clave toda vez que el análisis de las circunstancias y la búsqueda de soluciones novedosas por parte de las organizaciones puede llevar a la reestructuración de procesos, la búsqueda de opciones tecnológicas y la optimización de los recursos. Incluir en la gestión de residuos químicos actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es esencial para la generación de soluciones que reduzcan el impacto de los residuos. 11. Capacitación y entrenamiento a todo el personal involucrado (tanto operativo como quien toma las decisiones). En este aspecto es fundamental que dentro de la organización todos los colaboradores conozcan la importancia de

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Fenómeno migratorio y sostenibilidad: retos para el tejido empresarial colombiano

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Por Juvenal Moreno Carrillo, director ejecutivo nacional de la Cruz Roja Colombiana. La migración es un fenómeno histórico y de carácter global que conlleva cambios trascendentales en los países receptores incluyendo procesos de desarrollo económico, cultural y territorial, así como transformaciones duraderas de su mapa social. Según el más reciente informe de Migración de las Naciones Unidas, en el 2020, se registraron 274 millones de migrantes, 51 millones más que el año inmediatamente anterior, de los cuales dos tercios corresponden a migrantes laborales y un tercio a personas que han migrado por persecución, efectos del cambio climático o situaciones asociadas a crisis políticas y económicas. La migración en Colombia no constituye un evento reciente. Históricamente no solo los colombianos han migrado a otros países —siendo nuestro territorio considerado un país emisor dentro del marco global de migraciones sur-norte y, más recientemente, sursur—, sino que, a su vez, el territorio ha recibido por muchos años ciudadanos de otros países que ven en este país una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Desde el 2017, el país ha recibido un flujo incrementado de migrantes desde Venezuela (lo que también incluye el retorno de connacionales) con diferentes características y necesidades. Ante este fenómeno la Cruz Roja Colombiana, como auxiliar del Gobierno nacional en las acciones humanitarias, y con el apoyo de socios, cooperantes y donantes, ha desarrollado acciones de salud, protección,asistencia humanitaria, educación, integración y desarrollo. En esta última línea, el tejido empresarial colombiano tiene y tendrá un rol fundamental en el proceso de regularización de aproximadamente dos millones de migrantes venezolanos que están siendo beneficiados por el Estatuto Especial de ProtecciónTemporal para Migrantes, el cual les brinda oportunidades laborales, de salud, educación y proyección. Este rol se da, en primerainstancia, como ofertante de productos y servicios y, en segunda instancia, como fuente de empleo. Su participación conlleva desafíos propios de las condiciones y necesidades de estos migrantes, específicamente los relacionados a continuación: Cambios en la oferta y la demanda. Es importante que el sector productivo tenga en cuenta, en sus procesos de planeación, nuevos tipos de bienes y servicios que son requeridos por comunidades migrantes de acuerdo con sus características culturales. Es preciso considerar que, con el marco que brinda el Estatuto Especial de Protección Temporal para Migrantes, podrán tener mayores y mejores capacidades de adquisición, cubriendo sus necesidades básicas y a su vez, dinamizando el mercado, fomentando la evolución de productos y la tecnificación de procesos en Colombia. Diversidad en la comunicación. Con la variedad de productos y servicios, vienen aparejadas demandas diferenciadas en estrategias de comunicación y mercadeo, capaces de responder a las identidades socioculturales de las comunidades migrantes, con el fin de lograr los objetivos comerciales. A su vez, este reconocimiento de lenguajes, necesidades y deseos (desde el consumo) propicia escenarios de inclusión, mejorando las dinámicas sociales de percepción, así como generando imaginarios positivos sobre los migrantes y su estadía en nuestro país. Incorporación de los migrantes dentro del tejido productivo. Este es quizás el reto más significativo y, al mismo tiempo, una oportunidad para este sector puesto que se requiere garantizar que se cuenta con mano de obra cualificada. La formación, la capacitación y la generación de competencias asociadas al mercado y a la demanda de bienes y servicios en Colombia será un criterio fundamental para una integración efectiva y aportante a la generación de nuevas maneras de entender el desarrollo. En este sentido, resulta bastante relevante la incorporación de migrantes en el entorno productivo rural, que permita dar cuenta de la recuperación de la vocación productiva de los territorios en un escenario de posconflicto. Según cifras e informes publicados recientemente, los migrantes venezolanos establecidos en el país no cuentan con las cualificaciones y competencias suficientes en términos, por ejemplo, de modelos agrícolas o cadenas de producción y distribución, entre otros aspectos. Sin embargo, su inclusión permite un rejuvenecimiento de la base productiva por sus características demográficas, máxime si se tiene en cuenta que los migrantes representan actualmente un bono demográfico en Colombia que debe y puede potenciar la capacidad fabril y de cubrimiento de la demanda interna y externa. Por ende, el incremento de la productividad es una oportunidad a aprovechar en Colombia a través de adecuados procesos de integración, cualificación, capacitación en competencias e inclusión social y cultural, aspectos que se deben garantizar trabajando articuladamente y en red. Para estos desafíos, la Cruz Roja Colombiana seguirá comprometida con proporcionar, de la mano de sus socios y aliados, atención integral a la poblaciones migrantes no solo de Venezuela, sino también a los migrantes transcontinentales que viajan hacia Norteamérica, respondiendo a sus necesidades más urgentes y garantizando su dignidad y protección —siempre con expectativa de inclusión—, dando cuenta de las ventajas y bondades de incorporar de manera efectiva a este segmento poblacional en nuestro país. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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El modelo SG-SST, fundamento de la sostenibilidad empresarial

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Sergio Rengifo Caicedo, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (Cecodes). El Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible – Cecodes lleva más de 25 años impulsando en el país el concepto de la sostenibilidad empresarial como eje del desarrollo sostenible. Como capítulo nacional del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), trabajamos sobre la hoja de ruta creada por nuestra casa matriz en 2010, denominada Visión 2050, que establece como objetivo, para la mitad del presente siglo, que 9.000 millones de personas disfruten de un buen nivel de vida sin rebasar los límites planetarios. En 2021 esta visión se renovó, incorporando los cambios que se han generado en los años recientes y teniendo en cuenta la crisis mundial ocasionada por la COVID-19, que ha obligado a todos los Estados del mundo a implementar políticas para hacer frente a la pandemia. A pesar de esta reacción, resulta claro que las brechas de inequidad existentes se han acentuado en los países con instituciones fuertes y se han exacerbado en aquellos donde persiste la debilidad institucional. Por citar un par de ejemplos, en todo el mundo se registran retrocesos en avances claves como el acceso a servicios básicos o la superación de la pobreza. El empleo de millones de personas se ha visto amenazado y la productividad y competitividad de países y empresas afronta riesgos y pérdidasque jamás imaginamos. Ante esta realidad hemos decidido promover activamente el compromiso de todos los actores de la sociedad, bajo un lenguaje común, pensando siempre en el mayor y mejor beneficio de la sociedad, del medio ambiente y de la economía. Para lograrlo, es preciso convocar y contar con el apoyo de los grupos de interés determinantes de cada empresa y organización. Uno de ellos, primordial en el éxito a largo plazo, lo constituyen los trabajadores y su entorno. Desde Cecodes trabajamos junto con las empresas en temas primordiales para engrandecer el mundo del trabajo como los son los Derechos Humanos en las empresas, la inclusión, la igualdad y la diversidad y, dentro de esta última, la preparación para el futuro del trabajo. Además, todo el tema de transparencia y buen gobierno que resulta crucial para mantener la confianza entre empleador y empleado. Pero no solo se trata de considerar los aspectos de avanzada, sino también de retomar los aspectos esenciales. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ODS 8 contempla la relación estrecha entre trabajo decente y crecimiento económico. Allí se plantea la urgencia de generar espacios seguros y de bienestar para los trabajadores, lo cual permite el crecimiento económico sostenible.Para lograrlo, se requieren políticas, planes y acciones que aseguren efectivamente el bienestar de los trabajadores. En Colombia, por disposición normativa del Ministerio del Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe ser implementado por todos los empleadores y se fundamenta en el desarrollo de un proceso lógico y episódico, basado en la mejora continua, que permita anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Frente a este aspecto puntual vale resaltar que hemos avanzado, pues la mayoría de organizaciones formales están comprometidas y trabajan para alcanzar las metas de la Agenda 2030. Y aunque estamos a menos de una década de alcanzar ese límite, sabemosque es muy difícil que se cumpla esta agenda en su totalidad. Por eso, nuestro mensaje para 2022 y hacia adelante, es invitar a las organizaciones a tomar acciones, de manera rápida y contundente, para que los SG-SST se adopten y se adapten a la nueva realidad que enfrentamos: las nuevas tecnologías para el futuro del trabajo, las habilidades blandas, los Derechos Humanos como pilar fundamental de la estrategia de negocio y la preservación de la salud física y mental de los trabajadores por medio de la generación de ambientes laborales exitosos e inspiradores que permitan el desarrollo profesional y personal de todas las personas. Finalmente, quiero recordar que las empresas juegan un papel crucial en el desarrollo económico de un país y que su mayor valor sonsus colaboradores por la capacidad de influencia que ellos tienen. En Cecodes estamos convencidos de que la sostenibilidad se cimientaen buenos seres humanos y que los SG-SST son elementos fundamentales para preservar y engrandecer ese capital humano, permitiendo alcanzar y mantener metas ambiciosas. Nuestro mensaje, como miembros activos del sector privado, es que debemos adelantar la reactivación económica del país inspirados y regidos por el concepto de la sostenibilidad para que las personas alcancen un buen nivel de vida sin rebasar los límites planetarios. Y en ese empeño las empresas, junto con sus SG-SST, serán la clave y el impulso para lograrlo. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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La salud y la seguridad en el trabajo: una visión desde la sostenibilidad

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Por Mauricio López González, director ejecutivo de la Red Colombia del Pacto Global, iniciativa de las Naciones Unidas. El Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa corporativa más grande del mundo, con más de 15.000 empresas y organizaciones, estructurada en 69 redes locales en más de 130 países en el mundo. Desde su fundación, en el año 2000, sus temas esenciales han sido la promoción de los Derechos Humanos, los estándares laborales para un trabajo digno, la protección ambiental y la lucha contra la corrupción a través de un decálogo de principios que pueden ser consultados con más detalle en www.pactoglobal-colombia.org. En Colombia, hay más de 600 empresas y organizaciones adheridas al Pacto Global en todos los sectores productivos e incluyen a grandes, medianas y pequeñas empresas, a la academia, a organizaciones sociales, gremiales y sindicales y a medios de comunicación. Desde el 2015, con la promulgación por parte de las Naciones Unidas de la Agenda 2030 de Sostenibilidad, el Pacto Global ha sido un referente esencial para la promoción adecuada y la inserción de la sostenibilidad en todas las actividades de la sociedad. No es una acción deshilvanada y marginal, sino que promueve una integración armónica y permanente entre 107 el desarrollo económico y social, y de estas dos variables insertadas en un ecosistema natural. Por eso la sostenibilidad es el eje que mueve la tendencia actual. A través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de sus 169 metas se presenta, de manera sistémica, todo un catálogo de referencias indispensables para alcanzar logros, tanto a nivel global como local, hacia el año 2030. Es decir que, hablando en plata blanca, solo nos quedan ocho años para alcanzar los objetivos centrales de tener un mundo mejor y más humano para todos los habitantes de este único planeta que tenemos. Dentro de todo el panorama integrador de los ODS, y haciendo la necesaria salvedad de que dicha articulación es esencial para alcanzar los objetivos propuestos, en esta ocasión nos vamos a concentrar en la Salud y la Seguridad en el Trabajo como eje central de varios de esos objetivos. En primer lugar, en Colombia, el Conpes 3918 de marzo de 2018 mediante el cual se establecen los lineamientos centrales para el cumplimiento de la Agenda 2030, presentó una meta para ese año con relación al ODS 8 ‘Trabajo Decente y Crecimiento Económico’. Esta meta consiste en la aspiración de alcanzar una tasa de formalidad laboral (% de la población ocupada) del 60 %. tiene toda la lógica. Definitivamente, con más empleos formales, se obtienen impactos positivos como los aumentos de coberturas en los sistemas de seguridad social y de pensiones, mayor salud y seguridad en el trabajo, inclusión y disminución de las inequidades, por mencionar algunos ejemplos. Y es que solo basta con mirar las metas del ODS 8 para encontrar relaciones directas: se alcanzan mayores niveles de productividad económica, a través de la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación (meta 8.2); se apuesta por lograr un empleo pleno y productivo garantizando un trabajo decente, sin discriminaciones de ningún tipo (meta 8.5); se protegen los derechos laborales y se promueven los entornos seguros y protegidos para la totalidad de los trabajadores (meta 8.8). Y si comenzamos a movernos por todo el universo de los ODS, encontramos relaciones directas con el ODS 3 ‘Salud y Bienestar’, el ODS 4 ‘Educación de Calidad’ y el ODS 5 ‘Equidad de Género’. Lo mismo ocurre con en el ODS 10 ‘Reducción de las desigualdades’ y conel ODS 16 ‘Paz, Justicia e Instituciones Sólidas’ porque, al tener un empleo seguro, digno, que permite avanzar hacia un mejor estadio de humanidad, la vida en el trabajo y el trabajo en la vida se vuelven amables y permiten una mejor convivencia, un mejor estar, una mayor formación, una inclusión sin discusiones. En Pacto Global nuestra apuesta recoge, sin duda, el esfuerzo colectivo como elemento sustancial para lograr los propósitos tal y como lo indica el ODS 17 ‘Alianzas para lograr objetivos’. Es ahí donde está la clave principal para entender que como sociedad debemos apropiarnos activamente de nuestra responsabilidad para que, entre todos, construyamos redes que permitan contar con ambientes de trabajo seguros y confiables. No hay mejor palabra que la CONFIANZA para apuntalar la SOSTENIBILIDAD. La integración armónica entre las variables económica, social y ambiental pasa por una convicción profunda acerca de nuestro papel en la vida, nuestros impactos y nuestra propia existencia y la de los demás. Por eso en Pacto Global nuestros esfuerzos están encaminados a consolidar la senda segura de la Agenda 2030, como el mejor guión aseguir si queremos lograr un mundo mejor, solidario, seguro y pacífico. ¡Manos a la obra! Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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