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Superar las comorbilidades sociales, clave para transitar hacia una recuperación ambientalmente sostenible, incluyente y resiliente

Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para Países Andinos El CCS consultó a la OIT para establecer qué desafíos enfrenta Latinoamérica en términos de trabajo decente. A raíz de la pandemia de la COVID- 19, en 2020 América Latina perdió 26 millones de empleos e inició el 2021 con una crisis en los mercados laborales, a pesar de los esfuerzos de recuperación económica y los avances en los planes de vacunación. De acuerdo con la OIT, el reto para este y los años sucesivos está en volver a generar los empleos perdidos y crear nuevas oportunidades de trabajo decente. En otras palabras, crear más y mejores puestos de trabajo. Pero, además, hay que atacar condiciones preexistentes en la región que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el empleo fue tan fuerte. En palabras de Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para Países Andinos, se trata de “comorbilidades sociales” que contribuyeron a agudizar los devastadores efectos que las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad tuvieron sobre el mercado laboral. Alta informalidad, persistente desigualdad, baja productividad, escasa cobertura de la protección social, inequidad de género, bajas oportunidades de empleo para los jóvenes, son algunos de los condicionantes que aún requieren un abordaje profundo e integral. Pese a los problemas que reveló y exacerbó la pandemia, de acuerdo con un reciente estudio de la OIT, siete de cada diez puestos de trabajo se están creando en la informalidad. “Esto indica que, aunque estamos presenciando una reactivación económica, se siguen reproduciendo esas comorbilidades sociales que atentan contra la dignificación del empleo. Tenemos por delante el reto de avanzar en políticas y programas orientados a promover la formalización laboral; que contribuyan a la creación de mejores oportunidades para los jóvenes, las mujeres y los migrantes; que incluyan el fortalecimiento de un sistema de protección social, con mayor cobertura, mayorcalidad y, por supuesto, con sostenibilidad financiera”, señala Cardona. Desafíos para avanzar hacia el trabajo decente y el crecimiento económico La OIT hace un llamado para que las políticas y los programas de reactivación económica pongan a las personas en el centro con un fuerte enfoque en la inclusión social. Por ende, el organismo ha propuesto desarrollar estrategias de recuperación basadas en un marco de políticas sobre la base de cuatro pilares: estimular la economía y el empleo; apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y recurrir al diálogo social para encontrar soluciones. A su vez se requiere asumir desafíos impostergables que Cardona, resume en los siguientes aspectos: Repensar la construcción de competencias para el trabajo. Con el surgimiento de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 se aceleró la transformación de las dinámicas laborales. Este cambio requiere nuevas competencias, conocimientos y habilidades que ayuden a las personas a enfrentar mejor los tránsitos en el mercado de trabajo a lo largo de su vida laboral. “Eso significa transformar la formación del talento humano. Hay que garantizar que las personas adquieran nuevas competencias que les asegure que la reactivaciónno las va a dejar atrás”, advierte el vocero de la OIT. Por lo tanto, es esencial mejorar la inversión en educación tanto para los empleos actuales, como para los del futuro. Proteger y priorizar el empleo en las pymes. Dado que la mayoría de los trabajos son creados en las micro, pequeñas y medianas empresas, la OIT insiste en la necesidad de qué las políticas de los Estados protejan el empleo existente en este sector de la economía,que ha sido particularmente afectado por la crisis y cuyas empresas aún continúan en una situación económica altamente vulnerable. Construcción de acuerdos a través del diálogo social. Para reactivar el tejido económico y social de los países se requiere un diálogo social tripartito (gobierno, empleadores y trabajadores) que favorezca la construcción de políticas públicas, pactos y acuerdos sobre la reglamentación de nuevas formas de empleo, potenciando así las oportunidades para promover el trabajo decente, el respeto de los derechos laborales y el desarrollo sostenible inclusivo. Asimismo, la OIT señala que, en línea a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias. Creación de entornos laborales seguros y saludables. Para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable, es fundamental priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Esto requiere un fuerte componente de formación y educación en SST y, por ende, robustecer los recursos institucionales y presupuestarios que garanticen su adopción y cumplimiento. Consideración de los impactos del cambio climático en el mercado laboral. Aparejada a la crisis sanitaria, está también la crisis ambiental. Se requiere considerar los efectos del cambio climático en el desarrollo de las actividades, los riesgos ambientales que estefenómeno genera para los trabajadores y sus impactos en la salud y la seguridad. A su vez, se requiere avanzar en el desarrollo de empleos de calidad enfocados en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Los sectores de la bioeconomía, las energías renovables, el ecoturismo y la economía circular, por mencionar algunos ejemplos, tienen el potencial de ser fuentes generadoras de empleo para grupos vulnerables, entre ellos, los jóvenes. La consideración de estos asuntos como desafíos, pero también como oportunidades, les permitirá a las naciones transitar hacia una recuperación ambientalmente sostenible, incluyente y resiliente. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Desarrollo industrial sostenible e inclusivo: acciones en Colombia y caso de intervención en la cadena de químicos

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Por Helen Jhoana Mier Giraldo, chief technical advisor ONUDI y Carolina González Müller, representante ONUDI Colombia En el contexto actual los países siguen luchando contra la pobreza que, pese a las reducciones logradas en las dos últimas décadas, se ha visto fuertemente incrementada a causa de la pandemia de la COVID-19: según cálculos del Banco Mundial, este fenómeno alcanzó a 100 millones1 de personas adicionales a las ya registradas. Este panorama puede también verse agravado por los efectos de los conflictos sociales y del cambio climático que, de acuerdo con estimaciones del mismo organismo, llevará a la pobreza a un volumen que oscila entre las 68 y las 135 millones de personas para el 20302. Ante este escenario, los gobiernos continúan buscando medios efectivos para enfrentar la situación y el desarrollo productivo sigue siendo una de las principales estrategias de crecimiento, dentro del cual la industria representa, al menos, la quinta3 parte de la fuerza laboral mundial. Siguen entonces vigentes los preceptos de la Declaración de Lima, adoptada por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en diciembre de 2013, la cual sentó las bases para una nueva visión del Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID, por sus siglas en inglés) y destacó el papel de la industrialización como motor del desarrollo. Es así como la actividad industrial, además de generar empleos y mejores ingresos, representa uno de los motores para la innovación y el desarrollo tecnológico que requiere políticas y estrategias contundentes para el uso racional de los recursos naturales, la minimización de sus impactos en el ambiente y la salud, así como el aprovechamiento del progreso tecnológico para el logro de los objetivos medioambientales a escala global. De esta forma, el mandato del ISID se complementa con la Declaración de Abu Dabi (2019) que pone como prioridad la erradicación de la pobreza y la necesidad de hacer frente al cambio climático y a la degradación ambiental. La ONUDI4, en su calidad de agencia especializada de las Naciones Unidas, cuenta con una amplia red de organizaciones gubernamentales y privadas, centros de innovación y otros organismos internacionales con los que potencializa su trabajo especialmente en países en transición, promoviendo un desarrollo industrial con criterios ambientales y sociales. Estas alianzas también le han permitido a la ONUDI apoyar a los países en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA`s) como lo son el ‘Protocolo de Montreal’, la ‘Convención de Estocolmo’, la ‘Convención de Basilea’, el ‘Convenio de Minamata sobre Mercurio’ y la ‘Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)’. Así mismo, lehan permitido participar activamente en el desarrollo de los estándares internacionales promovidos por dichos convenios, así como ser parte del Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC) para la cooperación en el ámbito de la seguridad química. Desde el inicio de sus operaciones n Colombia, la ONUDI ha apoyado al gobierno central y a los gobiernos regionales en el propósito de alcanzar diferentes metas establecidas en los planes nacionales y locales de desarrollo y les ha brindado asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores. En este marco, se ha ofrecido acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, en la sustitución de la minería ilegal, artesanal y de pequeña escala, en la generación de nuevas habilidades y conocimientos en eficiencia energética y en el mejoramiento de las capacidades de parques industriales y zonas francas en su tránsito hacia el modelo de Parques Eco-Industriales (PEI). Es importante destacar el trabajo realizado en la mejora de la infraestructura de calidad en Colombia y el aumento de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de las regulaciones y de las normas internacionales de calidad y de sostenibilidad. Esto es relevante no solo porque promueve el desarrollo económico y social, sino porque en la medida en que se fortalecen las capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para el cumplimiento de las normas nacionales y globales, el país podráavanzar hacia la implementación y el monitoreo de modelos de sostenibilidad como la economía circular y la química verde. La ONUDI, junto a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), está implementando un importante modelo de intervención para la industria química, que hace parte del Programa Global de Calidad y Normas (GQSP, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa de la que hacen parte 12 países y en la que Colombia cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo, a través de Colombia Productiva, con enfoque en la cadena de químicos a través de una estrategia holística que aborda las principales brechas de calidad y sostenibilidad desde la política y las regulaciones, las instituciones, los bienes públicos y, finalmente, los actores de los sectores productivos. El GQSP Colombia5 ha venido trabajando en la mejora de las capacidades técnicas de ocho entidades nacionales (Invima, ONAC, Icontec, ANLA, ICA, INM, SIC, MinComercio) que son pilares de la Infraestructura Nacional de Calidad, como estrategia para la mejora de bienes públicos en materia de regulación, normalización técnica, metrología, acreditación e inspección, vigilancia y control para los diferentes sectores que conforman la industria química. Esto se complementa con la ampliación del portafolio de servicios de evaluación de la conformidad con reconocimiento internacional a disposición de la industria, por medio del cual se han fortalecido 31 laboratorios públicos y privados para la ampliación de sus capacidades en 24 métodos de ensayo, cuatro materiales de referencia y cuatro áreas de competencia en Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE, que beneficiarían los sectores de agroquímicos, pinturas, farmacéutico, cosméticos y química básica para el registro de sus productos y/o para demostrar su calidad y seguridad. Asimismo, el programa viene acompañando la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado deproductos químicos (SGA) en el país, mediante una estrategia integral que apoyó el desarrollo de la Resolución 773 de 2021, la capacitación de funcionarios

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Así se financia la sostenibilidad

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Por Hernando José Gómez Presidente de Asobancaria En entrevista con el CCS, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez habló de los instrumentos financieros y estrategias que está desarrollando la banca para impulsar la sostenibilidad del país. También se refirió a los principales resultados que ya arrojan esos mecanismos. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son los mayores desafíos y prioridades de trabajo que se vienen identificando en Asobancaria de cara a la inversión con enfoque en la sostenibilidad? Hernando José Gómez: El mayor desafío para la inversión con enfoque sostenible es el desarrollo de un mercado de proyectos o iniciativas que cumplan con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) para la sostenibilidad. Actualmente, la demanda de proyectos con estas características es limitada y para la banca existe el reto de estructurar instrumentos financieros que consideren las características y particularidades de los modelos de negocio para proyectos con criterios ASG. Adicionalmente, las entidades financieras tienen el gran reto de acompañar a las empresas en la transición de sus negocios hacia modelos más sostenibles. La banca tiene un potencial enorme para apalancar la sostenibilidad de la economía y un rol fundamental en ese proceso, precisamente, por ser la fuente de financiación de las familias y empresas en el desarrollo de sus proyectos. Es por eso que, como sector, tenemos el reto, no solo de trabajar internamente en asuntos de sostenibilidad como lo pueden ser la inclusión financiera o la mitigación y adaptación al cambio climático, sino 67 también el desafío de trabajar con nuestros clientes, apoyarlos e incentivarlos a transitar este camino. CCS: En ese sentido, ¿qué estrategias se están desarrollando desde el sector financiero para impulsar a las empresas a adoptar prácticasde sostenibilidad? H.J.G.: Son varios temas. Lo primero que quisiera destacar es el trabajo que ha hecho la Superintendencia Financiera para definir la Taxonomía Verde¹, una herramienta poderosa que nos va a permitir ser mucho más rigurosos y asertivos en las mediciones y metas que nos propongamos. Lo segundo es el trabajo que hemos venido realizando para el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) dirigido a instituciones financieras. Gracias a esta iniciativa, en 2020, más de 19 billones de pesos de la cartera fueron analizados con criterios de sostenibilidad, mientras que 773 solicitudes de crédito por 3,8 billones de pesos no fueron aprobados por no cumplir con esos estándares. A su vez, hemos desarrollado líneas de inversión y financiamiento sostenible como, por ejemplo, créditos atados a indicadores de desempeño ASG y productos verdes que incluyen, además, criterios de equidad, diversidad e inclusión los cuales incentivan a losclientes a adoptar prácticas sostenibles mediante mejores tasas, plazos y condiciones en sus productos financieros. También quisiera resaltar que el esfuerzo hecho por las entidades financieras para trabajar en proyectos e iniciativas sostenibles es exaltado a través de nuestro reconocimiento ‘Acercando la banca a los colombianos’ que, precisamente, busca reconocer los proyectos de la banca en materia de sostenibilidad. Para la edición 2021 recibimos más de 30 iniciativas en temas ambientales, sociales, económicos y también en equidad, diversidad e inclusión, lo que muestra que hay un interés del sector en esa dirección. Finalmente, contamos con nuestro protocolo verde, del que hablaremos más adelante. CCS: En Colombia, ¿existen productos financieros dirigidos a inversión sostenible? H.J.G.: Sí. Actualmente tenemos 14 entidades que ofrecen productos y servicios verdes pero, más importante aún, es que 12 entidades ya usan el Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y Ambientales. La meta para 2022 es que ese número crezca a 15. Ahora bien, aunque estos productos sostenibles están dirigidos principalmente a las empresas para acompañarlas en esa transición, recientemente se han visto productos como créditos más baratos y flexibles para que las personas naturales obtengan carros eléctricos o inviertan en viviendas sostenibles. Entonces son productos para todos, no solo para los empresarios. CCS: ¿Dónde se concentran las mayores necesidades de financiación? H.J.G.: En los últimos años el indicador de profundización financiera ha aumentado de manera sustancial: mientras que en 2010 la cartera representaba el 32 % del PIB, actualmente bordea el 51 %. Sin embargo, vale la pena anotar que este nivel todavía es inferior al registrado por pares regionales como Brasil, Argentina, Chile, México y Perú. Para avanzar en este frente, debemos prestar especial atención a segmentos que exhiben mayores rezagos como el rural, el de las mipymes y el hipotecario, entre otros, así como explotar el potencial que tiene el financiamiento verde. CCS: ¿Qué resultados arrojan hasta el momento los pilotos de innovación financiera y el denominado ‘Protocolo Verde’ que nos mencionó anteriormente? H.J.G.: El Protocolo Verde es una de las iniciativas más poderosas que hemos podido construir desde Asobancaria. Lo venimos trabajando desde 2012 y ya son 25 las entidades financieras que se han adherido. Es un esfuerzo que hemos hecho para implementar estrategias y prácticas que sean precursoras, multiplicadoras y demostrativas en términos de responsabilidad ambiental en armonía con el desarrollo sostenible del país. Solo para dar una idea de los resultados, en 2020 se hicieron desembolsos por más de 5 billones de pesos para temas verdes y la cartera de este segmento alcanzó los 11 billones de pesos. En 2022 haremos la renovación del Protocolo Verde con el Gobierno nacional, y con herramientas como la taxonomía verde, vamos a lograr darle aún más impulso. En cuanto a los pilotos de innovación financiera, generamos esquemas innovadores de colaboración público-privada que atienden necesidades específicas de financiamiento a través de inversión sostenible para el sector industrial, agropecuario, agua, vivienda, minería, transporte y energía. Gracias a estos pilotos, las entidades que participaron desarrollaron productos, servicios y herramientas para dar soluciones financieras a esos sectores. Los interesados en conocer en detalle los diagnósticos sectoriales desarrollados en el marco de los Pilotos de Innovación Financiera, asícomo los riesgos ambientales y sociales de algunas industrias pueden acceder a la Biblioteca de Documentos disponible en la página web de Asobancaria (asobancaria.com/2016/02/01/pilotos-deinnovacion/ Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’

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Comunicar la sostenibilidad: de la estrategia corporativa a la gestión de la reputación

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Por Diana C. Forero Buitrago / Comunicadora Social y Periodista / Magíster en Comunicación e Identidad Corporativa / Especialista en Marketing / Gerente de Comunicaciones CCS. Actualmente, gestionar la comunicación, como parte de la estrategia corporativa y de cara a los objetivos de las organizaciones, es fundamental. En ese marco de actuación, la política o estrategia de sostenibilidad se convierte en uno de los ejes clave en el proceso informativo, bajo el supuesto de que la empresa destaque su modelo de negocio sustentable, en el que se evidencian “los esfuerzos que realiza para sostener su actividad económica, considerando factores sociales y medioambientales, y haciendo de su gestión una acción responsable con los recursos” (Orellana, 2020). Es así como este artículo pretende abordar la importancia de comunicar la sostenibilidad, desde un sentido práctico pero acorde con una visión estratégica de negocio. Este tema puede llegar a ser tan robusto como se pretenda; por eso, el documento se acota bajo tres aspectos específicos: qué significa comunicar la sostenibilidad, por qué hacerlo y cómo realizarlo. Esto, desde la visión de la comunicación interna, la identidad de marca, la gestión de las relaciones públicas y de reputación y, lo más relevante, desde el compromiso real de las empresas por aportar a un mundo más sostenible. El artículo presume que la organización tiene claridad de lo que a sostenibilidad se refiere en su marco de actuación. Entonces, ¿qué significa comunicar la sostenibilidad? Hace referencia a un diálogo abierto y público para dar a conocer las actuaciones y resultados de una empresa, asociado a las acciones que emprende para contribuir al contexto en el que se desempeña. Esto, acorde con sus operaciones y enmarcadas en las siguientes dimensiones: económica, gobernanza empresarial, social y ambiental. Un enfoque también asociado a la Responsabilidad Social Empresarial. La norma ISO 26000, de Responsabilidad Social, plantea que esto hace referencia a la “responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético, que: contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”. Así las cosas, “se trata de comunicar elementos que, pese a ser intangibles, tienen un impacto muy concreto y medible en las organizaciones” (Granda, 2017). ¿Por qué comunicar la sostenibilidad? Lo que no se cuenta, no existe. Este famoso adagio reafirma una realidad de la comunicación. Pareciera ser obvio, pero, en ocasiones, puede no dársele a este tipo de informaciones la relevancia que tiene para la estrategia corporativa y la comunicación organizacional. Entonces, ¿por qué tomarse la ardua tarea de generar acciones que transmitan los resultados de gestión de la sostenibilidad? Podría reducirlo a una razón de peso: la gestión de la reputación. La Real Academia Española (RAE) define la reputación como la “opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”; es decir, esa percepción positiva o negativa que, para este caso, las personas tienen de una empresa. Es, en definitiva, uno de los activos intangibles de mayor valor. Joan Costa, director de la ‘Red DIRCOM[r1] [1] Euro-Iberoamericana’, asegura que “la reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de toda gestión. Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares principales: a) la solvencia económico-financiera, que dota a la imagen pública de una mayor consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios; b) la conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político); y c) la cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.)”. Así las cosas, comunicar la sostenibilidad se hace imprescindible. No por un ejercicio publicitario, nada más alejado de su propósito real; sino por presentar, con transparencia y coherencia, el actuar de una compañía en el contexto en el cual se desenvuelve, a partir de su compromiso social, económico y ambiental, y, en ese sentido, asumir la responsabilidad de sus impactos. Además, “la reputación corporativa se ha convertido para muchos especialistas en el último salto crítico dentro de la historia del management empresarial, con una repercusión no menor de la que tuvo hace un par de décadas, su precedente más próximo –la gestión de la calidad- debido a la importancia creciente que en los últimos años le conceden los dirigentes empresariales a la reputación de sus compañías” (Villafañe, J. (2006). De esta manera, comunicar la sostenibilidad trae una gran diversidad de beneficios desde el apalancamiento de la estrategia corporativa hasta la gestión de la reputación. Aquí, algunas de las principales razones: Permite que la empresa demuestre un compromiso real con la sostenibilidad. Las acciones que adelanta en el marco de su estrategia son reconocidas como parte de su operación natural. Villafañe (2006) asegura que “la reputación corporativa exige, y también presupone, esa nueva racionalidad empresarial y en la consolidación de este fenómeno de excelencia empresarial (que es la reputación) se puede encontrar otra evidencia de ese cambio de mentalidad sobre lo que una empresa es y debe ser; esa nueva racionalidad que viene caracterizada por dos ideas: la ética y la sostenibilidad”. Coherencia en la estrategia organizacional. Sumado a lo anterior, transmite una imagen de responsabilidad social corporativa al comprometer sus objetivos estratégicos en el marco de una genuina preocupación e interés por los impactos ambientales, económicos y sociales que genera. Según Gilles Lipovetsky, “se ha producido una ‘inversión ideológica’ (…); el respeto a los principios morales y éticos se ha convertido en una conditio sine qua non[1] para el éxito a largo plazo en los negocios”. Denota transparencia. Lo cual, a su vez, incide en la generación de confianza en sus grupos de interés, a partir

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Colombia: hacia el liderazgo mundial en construcción sostenible

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Por Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) En los últimos años, el sector edificador de Colombia ha liderado una verdadera transformación en el desarrollo de la construcción sostenible, convirtiéndose en una de las mejores prácticas empresariales para la reducción de impactos sobre el medio ambiente. La historia se remonta al 2017 cuando Camacol y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo para ser aliados en el desarrollo del Programa EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), introduciendo al mercado un estándar que ha revolucionado la construcción hacia prácticas más sostenibles en Colombia. Desde entonces, ha tenido un crecimiento acelerado con cifras que la posicionan como la certificación con más presencia y cobertura del país. La certificación EDGE exige que las edificaciones cumplan con parámetros de ahorro en agua, energía y energía incorporada en materiales donde, además de edificaciones residenciales, se pueden certificar hoteles, hospedajes, centros comerciales, oficinas, instalaciones educativas e infraestructuras para la prestación Sandra Forero Ramírez Presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de laConstrucción (Camacol) de servicios de salud. En comparación con un edificio base, el estándar EDGE propone ahorros correspondientes al 20 % en consumos de energía, agua y energía incorporada en materiales, respectivamente. Es preciso recordarque, para el caso de Colombia, los porcentajes de ahorro exigidos se deben alinear con la normativa nacional vigente, la Resolución 0549 de 2015, que estipula los porcentajes mínimos según la tipología de la edificación y la zona climática donde esta se encuentre. Durante los últimos cuatro años, los proyectos certificados con EDGE han generado importantes ahorros. Muestra de ello son los 109,597 MWh/año ahorrados, lo que equivale a la energía consumida por más de 10.700 hogares en un año, los 3,6 millones m3/año de agua que dejaron de consumirse y con los que podrían llenarse 1.440 piscinas olímpicas, o los 51,587 tCO₂/año de emisiones que no se emitieron a la atmósfera y que equivalen a retirar a más de 11.200 carros del tránsito cada año. Adicionalmente, hay que destacar que, durante el 2020, cerca del 15 % de los nuevos proyectos de vivienda lanzados en Colombia secertificaron en su etapa de diseño con el estándar EDGE, lo que permite inferir una fuerte tendencia del mercado hacia la inversión en activos seguros y sostenibles. A noviembre de 2021, Colombia cuenta con más de 6 millones de metros cuadrados de edificación verde certificados con EDGE con más de 80.000 viviendas, de las cuales, dos tercios son viviendas de interés social. El IFC estima que el total de superficie certificada con EDGE superó el 20 % de las nuevas construcciones en el año hasta el primero de julio de 2021, una de las tasas de penetración de mercado más altas para cualquier certificación de construcción verde reconocida internacionalmente. Adicional, la banca también ha acelerado esta transformación permitiendo a todos los segmentos y tamaños de empresa agregar la certificación EDGE a sus proyectos. Para lograr el cumplimiento del Acuerdo de París de contar con edificaciones nuevas con cero emisiones para el 2030 y edificaciones existentes para el 2050, se requiere seguir avanzando. A pesar del crecimiento verde del sector de la construcción en los últimosaños, se debe llegar a nuevos territorios y avanzar en su implementación. Por tal motivo, la Corporación Financiera Internacional y Camacol, junto con las entidades públicas rectoras de la política de sostenibilidad del país, aunamos esfuerzos para lograr lacreación de nuevos incentivos que aceleren la inclusión de criterios de sostenibilidad en edificaciones y asegure la transición progresiva hacia la carbono neutralidad. Este trabajo se viene adelantando mediante el acompañamiento de municipalidades con asistencia técnica desde la promoción de unahoja de ruta que busca la correcta implementación de incentivos para edificaciones sostenibles en Colombia. El sector de la construcción tiene un rol fundamental en los objetivos globales de sostenibilidad. Por lo tanto, los logros conseguidos nos llevan a nuevos retos y para avanzar debemos llegar a todos los actores del ciclo de vida de los proyectos (diseño, fabricación de materiales,construcción, uso y demolición). Si bien la industria ha avanzado significativamente los últimos años, todo el ecosistema pareceestar listo para evolucionar y seguir dando grandes saltos que nos lleven hacia el liderazgomundial en construcción sostenible. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Colombia: en la senda de la economía circular y la carbononeutralidad

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En un escenario de cambio climático y crecientes demandas para transformar los actuales modelos productivos, Colombia enfrenta el reto de avanzar hacia un desarrollo económico bajo en carbono y, a su vez, fortalecer su adaptabilidad y resiliencia. El CCS consultó a la directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Andrea Corzo Álvarez, para conocer las apuestas que desde esta cartera se están planteando, los avances normativos que apoyan esas estrategias y la manera en laque se involucra allí el sector privado. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son los principales desafíos ambientales que deberá enfrentar Colombia durante este 2022? Andrea Corzo Álvarez: Colombia está entrando en una fase de crecimiento económico post-COVID en la que hay que ser cuidadosos y contemplar los impactos sobre los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que de ellos dependen. Así, el país tiene una serie de retos relacionados con el uso eficiente de estos recursos y la búsqueda de fuentes más sostenibles de materias primas para el desarrollo industrial, entre ellas fuentes de energía renovables. Hay actividades que son más intensivas que otras en el uso de recursos. La agricultura y el transporte, por ejemplo, son algunas de las que representan mayores impactos en nuestro país en cuanto al uso de recursos como energía, suelo y agua y de ellas depende, en gran medida, el éxito o el fracaso del modelo de desarrollo económico con enfoque sostenible. CCS: ¿Cuáles son las estrategias que plantea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover la producción y el consumo sostenible a nivel empresarial durante este año? A.C.A.: Estamos trabajando en varios frentes para promover prácticas más sostenibles a nivel empresarial, pero, en términos de uso eficiente de recursos y reducción de impactos sobre los ecosistemas, tenemos un trabajo adelantado desde el 2019, a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), que tiene varias líneas de acción priorizadas para recursos como el agua, la energía, la biomasa, los materiales de construcción, los envases y empaques y los materiales industriales. De esta estrategia se han derivado instrumentos normativos como las resoluciones 1256 y 1257 de 2021 que promueven la circularidad a través del reúso de agua y de la gestión de los residuos de construcción y demolición, respectivamente. Adicionalmente, se encuentran en implementación las resoluciones 1407 de 2018 y 1342 de 2020 que reglamentan la gestión de los envases y empaques en el país bajo un esquema de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Estas resoluciones complementan un bloquenormativo que obliga a que los productores se hagan cargo de residuos de productos que pueden generar impac- 23 tos negativos sobre el ambiente como las llantas, las sustancias consideradas peligrosas y distintos tipos de aparatos eléctricos y electrónicos. También hay desarrollos más allá de lo normativo. Hemos trabajado de la mano con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) y con la Unión Europea para el desarrollo de guías y normas técnicas que permitan incorporar materiales secundarios en los procesos productivos. Es así como se adoptaron las NTC 6421 y 6422, que estandarizan el uso de agregados reciclados en mezclas de concreto y se desarrolló una guía para el aprovechamiento de biomasa residual. Esto viene acompañado de un trabajo constante con el sector privado, que incluye instancias de comunicación y cultura ciudadana y que pretenden integrar conceptos como el aprovechamiento, el reciclaje y el uso eficiente de los recursos en la conversación cotidiana de empresarios, gestores de residuos, tomadores de decisiones y ciudadanos en general. CCS: ¿Cómo va el país en materia de economía circular?, ¿cuáles son las prioridades en ese sentido? A.C.A.: A pesar de que aún hay un largo camino por recorrer ya tenemos indicadores que muestran un avance importante. El Dane ha hecho un ejercicio de diagnóstico que se refleja en los cuatro reportes de economía circular con indicadores sectoriales y de las líneas de acción priorizadas. Por supuesto, nuestra prioridad está asociada al cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, a nivel nacional, y de compromisos internacionales para los flujos de agua, energía, biomasa, materiales de construcción, envases y empaques y materiales industriales sujetos a gestión posconsumo. En ese sentido, la gestión de residuos se comienza a volcar hacia el aprovechamiento gracias a la REP de envases y empaques y empezamos a ver que las empresas tienen más interés en incluir criterios de circularidad en sus procesos productivos. Durante el 2021 las empresas debieron realizar la gestión inversa y el aprovechamiento de al menos el 10% de sus residuos de envases y empaquese implementar estrategias para la sustitución o reducción de los plásticos de un solo uso, entre otras acciones que promueven el uso circular de los residuos. También hemos identificado más de cien proyectos exitosos en 24 regiones del país a través de las Mesas Regionales de Economía Circular y de las ventanillas de negocios verdes que acompañan las diferentes autoridades ambientales. Como mencioné anteriormente, hay avances normativos y técnicos en esta materia y el balance es muy positivo desde la perspectiva del Gobierno nacional. El sector privado tiene mucho interés en participar de esta transición hacia un modelo de economía circular y muestra avances y propuestas para hacerlo de manera coordinada con las instituciones públicas locales, regionales y nacionales. CCS: A grandes rasgos ¿en qué consiste la hoja de ruta para alcanzar la carbononeutralidad y cómo se involucra allí el sector privado?, ¿qué avances se registran hasta el momento alrededor de esta perspectiva? A.C.A.: Desde el año pasado contamos con una Ley de transición energética y una Ley de acción climática que buscan que el sector privado —que es el que en últimas debe incorporar medidas de reducción de emisiones de CO₂ en sus cadenas de valor— defina las acciones para reducir y compensar sus emisiones hasta llegar al cero neto. Esta hoja de ruta ya surtió la fase de diagnóstico en la cual establecimos las íneas base de los diferentes sectores productivos, identificando cuáles son las

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El papel de la sostenibilidad empresarial en la creación de economías locales resilientes: oportunidades para la innovación de modelos de negocio

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Por: José DiBella, investigador del ‘Proyecto Transform’[1]/ Director del Proyecto para Latinoamérica Waterloo, Canadá / Directora ejecutiva del Centro Interdisciplinario en Cambio Climático de la Universidad de Waterloo En los últimos dos años hemos visto cómo los múltiples impactos producidos por la propagación de la pandemia del coronavirus COVID-19 han evidenciado la fragilidad y las vulnerabilidades de las economías mundiales y locales. La emergencia sanitaria ha perturbado gravemente una amplia gama de sectores, poniendo de relieve la limitada capacidad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para resistir los impactos de tales alteraciones. La pandemia ha pasado de ser un peligro para la salud a un desastre en cascada que afecta a todo el sistema y que plantea cuestiones fundamentales sobre la capacidad de recuperación de las comunidades. La velocidad de sus impactos ha revelado las disparidades socioeconómicas preexistentes y la vulnerabilidad arraigada en las economías nacionales. En este contexto, hemos buscado evidencias de cómo las diferentes configuraciones empresariales y los modelos orientados a la sostenibilidad despliegan prácticas que influyen en la capacidad de las organizaciones para sobrevivir e, incluso, prosperar en tiempos de crisis y disrupción. Estas prácticas ofrecen modelos que pueden servir de base para un esfuerzo de recuperación basado en la sostenibilidad, fortaleciendo las capacidades organizativas y comunitarias mediante una forma de nuevos servicios empresariales, los cuales requieren promover la integración de nuevas habilidades para construir espacios y redes locales que propicien comunidades más resilientes. Esto requiere de un proceso de innovación para modelos de negocio capaces de reconocer y responder a los retos del futuro (Burch y Dibella, 2021). La pandemia nos ha revelado una oportunidad para interrogar más detenidamente el rol del sector privado en la vida social. Este momento de cambio nos deja lecciones importantes para continuar trabajando en acciones tendientes hacia una sociedad sostenible y preparada para los más frecuentes e intensos impactos del cambio climático. El proceso de recuperación y reorganización económica puede servir como plataforma para que las empresas logren dar un salto hacia modelos que presentan una alternativa económica, ecológica y socialmente justa, que fortalezca a las comunidades e impulse el bienestar individual y colectivo en un contexto de clima cambiante, además de la imperativa de continuar trabajando hacia el logro de las metas acordadas por los países en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la nueva Agenda Urbana. Esta oportunidad permite pensar en la necesidad de crear resiliencia frente al cambio climático y ambiental. La resiliencia es la capacidad de un sistema (individuos, comunidades, sociedades, corporaciones o sistemas socioecológicos) para responder, funcionar y mejorar ante los impactos externos al sistema (Berkes y Ross, 2013). Al considerar la resiliencia desde la perspectiva de las empresas sostenibles, podemos pensar cómo las prácticas empresariales pueden dar forma o crear resiliencia en tres escalas. Individual La medida en que las prácticas empresariales pueden desarrollar la capacidad de los empleados para afrontar la adversidad (Berkes y Ross, 2013). Esto incluye prácticas para apoyar la salud mental de los trabajadores, crear una fuerte red social interna, garantizar que los trabajadores reciban salarios y beneficios decentes, permitir horarios de trabajo flexibles e incluir de manera significativa a los trabajadores en la toma de decisiones (Spreitzer et al., 2012). En conjunto, estas prácticas pueden ser la diferencia entre una empresa que sobrevive o fracasa en tiempos difíciles (Brown et al., 2019). Organizacional Se refiere al grado en que las operaciones de las empresas pueden continuar funcionando, reanudarse o adaptarse a los impactos externos. Esta escala se fomenta a través de recursos financieros flexibles, capacidad de virar y adaptar procesos operativos rápidamente, seguros y fondos para desastres e, incluso, la creación de nuevas alianzas para fortalecer las capacidades operativas. Comunitario La resiliencia de la comunidad se ve reforzada con la creación de un entorno que fomente la cultura de la innovación y la diversidad. El Centro Canadiense para la Renovación Comunitaria (2001) se refiere a la resiliencia comunitaria como el grado en que los miembros de la comunidad pueden prosperar en un entorno cambiante y precario. Cada una de las tres escalas aquí descritas es interdependiente y forma parte de una sociedad resiliente en su conjunto. Cinco recomendaciones para la innovación en la búsqueda de la sostenibilidad y la resiliencia Los tipos de prácticas que contribuyen estrategicamente a la sostenibilidad y a la resiliencia requieren de un ecosistema de apoyo financiero, técnico y de política pública que les facilite a las empresas iniciar procesos de innovación. Para potencializar dichos procesos en los modelos de negocio, hemos identificado diversos mecanismos que pueden facilitar la formación de capacidades para hacer frente a los impactos del cambio climático y, a su vez, promover la búsqueda de soluciones de sostenibilidad al paso y la escala necesarios para resolver los desafíos de la nueva época denominada “antropoceno”. En el estudio se identifican cinco elementos para la innovación de modelos de negocio que permiten reconocer e implementar estas prácticas de forma acelerada y de manera que sea consistente con los productos y servicios de cada empresa. Estos elementos se pueden considerar como una serie de recomendaciones para que las empresas fortalezcan sus sistemas de innovación. Contribuir y aprender del contexto Para identificar y perseguir prioridades específicas del contexto, las empresas deben establecer mecanismos que reconozcan y se basen en las conexiones profundas y complejas entre la empresa y sus entornos locales. La implementación de formas estratégicas de colaboración y un compromiso más cercano con los actores de la comunidad es fundamental para desarrollar capacidades transformadoras dentro de estas organizaciones. Cultivar un sentido más fuerte del lugar y los valores específicos del contexto puede impulsar la acción local y la sostenibilidad basada en el lugar. Esta contextualización puede manifestarse en mejorar las prácticas de contratación inclusivas o participar en la creación conjunta de ejercicios de sostenibilidad basados en territorio con la sociedad civil, los gobiernos locales o la comunidad. En la práctica, estos cambios operativos requieren

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La revolución tecnológica de la sostenibilidad: oportunidades y desafíos

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad / Líder de comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Las nuevas tecnologías están adquiriendo un rol esencial en la sostenibilidad. Según la ONU (2017) la tecnología se convierte, cada vez más, en una aliada imprescindible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que tiene el potencial de acelerar su cumplimiento, interconectar actores y reducir el coste de los procesos y acciones que se requieren para alcanzar las metas trazadas en la Agenda 2030. Para la muestra, el estudio #SMARTer2030 desarrollado por el Global e-Sustainability Initiative (GeSI, 2015) estimó que, al implementar soluciones digitales en distintos sectores de la economía, el total de emisiones globales de dióxido de carbono equivalente (CO2e) podría reducirse en 12 gigatoneladas (Gt) para 2030, por cuenta del uso de tecnologías limpias en los procesos de producción, la incorporación de energías alternativas renovables y biocombustibles, el aprovechamiento más eficiente de recursos, las transformaciones en la logística apoyadas por la digitalización y la virtualización, así como el desarrollo de cadenas de suministro circulares donde la inteligencia artificial y el internet de las cosas adquieren un rol central. Las posibilidades son enormes. Por mencionar algunos ejemplos, el Global Compact (2017) sostiene que tecnologías como el big data y el cloud computing permiten la recolección, el procesamiento y análisis de datos en tiempo real, lo cual facilita la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones, así como la medición y el monitoreo permanente del desempeño económico, social y ambiental. En el sector agropecuario, los avances en la agricultura de precisión, el uso de drones y sensores, los sistemas de riego eficiente, el desarrollo de semillas resistentes a la variabilidad climática, la incorporación de maquinaria agrícola inteligente y la implementación de softwares que permiten mapear los cambios actuales y futuros en las precipitaciones, la temperatura, el rendimiento de los cultivos y la salud de las plantas, están ayudando a incrementar el rendimiento y la productividad de los cultivos. En este sentido, las buenas prácticas agrícolas soportadas en la tecnología están aportando a la eficiencia en el consumo de recursos naturales y agentes químicos (Cepal, 2021). De otro lado, el desarrollo de aplicaciones digitales que eliminan intermediarios y conectan a productores con consumidores son una tendencia en aumento que favorece, especialmente, a los pequeños productores. Incluso, de acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (2020) titulado Harvesting Prosperity: technology and productivity growth in agriculture (Cómo cosechar prosperidad: mayor tecnología y productividad en la agricultura), los agricultores de los países en desarrollo deberán aumentar de forma drástica la innovación agrícola y el uso de la tecnología para satisfacer la creciente demanda de alimentos y hacer frente a los efectos adversos del cambio climático. En el tratamiento de aguas residuales, tanto en el sector industrial como en el de servicios públicos, se registran avances en el uso de tecnologías de ósmosis inversa, microfiltración y ultrafiltración; adopción de nanotecnología y desarrollo de biorreactores de membrana (MBR) entra otras innovaciones cuyo auge es cada vez más común en la gestión de vertimientos. De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las posibilidades que brinda la cuarta revolución industrial también convergen en el desarrollo de infraestructuras más eficientes de provisión de agua potable. En su reporte Uso de tecnologías de la 4RI en agua y saneamiento en América Latina y el Caribe (2020), el organismo analiza diversos estudios de caso en las que start-ups, empresas y organizaciones de la sociedad civil están utilizando la Inteligencia Artificial, el internet de las cosas, el big data, el blockchain, la realidad virtual y aumentada, así como drones y sensores remotos para analizar flujos hídricos en tiempo real, detectar fugas y desperdicios, clausurar automáticamente sistemas cuando se detectan anomalías, desarrollar medidores inteligentes, monitorear lluvias y sequías, entre otros usos. En esta misma línea, algunas industrias están invirtiendo en automatización, robótica e inteligencia artificial no solo para optimizar la eficiencia de sus procesos y reducir el consumo de recursos y materias primas, sino también para clasificar residuos sólidos, extraer los materiales reciclables de manera más eficiente y reincorporarlos en el ciclo productivo mediante técnicas de separación de compuestos. A su vez, se busca aprovechar los residuos orgánicos en la obtención de nuevas fuentes de energía mediante biodigestores de vanguardia. En el sector manufacturero y alimenticio, algunas innovaciones tecnológicas le apuntan al ecodiseño y a la elaboración de envases y embalajes a partir de plástico reciclado y fibras vegetales, biopolímeros y nanomateriales que adquieren características biodegradables, reciclables e incluso compostables. En cuanto al sector transporte, la movilidad sostenible es uno de los principales retos que encaran las ciudades y en esa perspectiva las tecnologías de vanguardia están jugando un papel fundamental. Aquí destaca el desarrollo de vehículos con motores eléctricos e híbridos, la construcción de electrocorredores, así como la creación de aplicaciones digitales que favorecen el uso compartido del carro, el alquiler de bicicletas y monopatines eléctricos, la planeación eficiente de rutas para disminuir tiempos y ahorrar combustible y el uso eficiente del transporte público. Los impactos de estas transformaciones no son despreciables: según el informe Movilidad eléctrica:oportunidades para Latinoamérica (2019) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el despliegue de la movilidad eléctrica en América Latina significaría una disminución aproximada de 1,4 gigatoneladas de CO2 y un ahorro en combustibles cercano a 85.000 millones de dólares para el período 2016-2050. En el ámbito de la construcción, la energía solar y eólica se utiliza cada vez más en las edificaciones sostenibles. Sin embargo, también se están incorporando soluciones tecnológicas centradas en un uso más eficiente del recurso hídrico, la recolección y uso de aguas lluvia y la reutilización de aguas grises, la construcción de jardines verticales y techos verdes que liberan oxígeno y capturan CO2 y el uso de materiales inteligentes que, incluso, tienen la propiedad de autorrepararse, así como de cementos y aceros fabricados medianteprocesos más amigables con el medio ambiente. En este sentido,

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Protección financiera frente al riesgo de desastres: un mecanismo para la resiliencia y la sostenibilidad

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Comunicadora Social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad / Líder de Comunicaciones / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Colombia es un país que, por su configuración geográfica y ambiental, es altamente vulnerable frente a amenazas de origen natural como los movimientos telúricos, las precipitaciones torrenciales, las inundaciones, los huracanes, los intensos periodos de sequía y los deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos, que a lo largo de su historia han afectado su desarrollo económico y social. Las pérdidas de vidas humanas, la destrucción total o parcial de infraestructura pública y privada, la suspensión de operaciones en diversos sectores de la economía durante semanas e, incluso, meses, y la pérdida de cultivos ha generado un grave impacto al presupuesto nacional y al patrimonio de pequeños y grandes empresarios, comerciantes, emprendedores y ciudadanos en las últimas décadas. Para no ir tan lejos, el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en noviembre de 2020, dejó más del 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia afectada y 1.134 viviendas destruidas, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidad realizada días posteriores a la catástrofe por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La emergencia afectó los planes de reactivación económica del archipiélago, en un momento en el que el sector turístico —previamente afectado por la pandemia—, apenas iniciaba su reactivación: una buena proporción de hoteles, restaurantes y comercios de los cuales depende la subsistencia de gran parte de los isleños se vio gravemente afectada. Así mismo, el Gobierno Nacional estimó que los recursos necesarios para mitigar esta emergencia superarían los 82 mil millones de pesos. Lo anterior demuestra que el riesgo de desastres puede afectar, desde el punto de vista macroeconómico, la sostenibilidad fiscal de los Estados. A su vez, impacta el patrimonio de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en una región o país, que pueden ver amenazada su continuidad dependiendo de la gravedad de las pérdidas generadas por el desastre y de la capacidad económica con la que cuentan para afrontar una emergencia y llevar a cabo la reposición o reconstrucción posdesastre. De ahí la importancia que adquiere el aseguramiento en la gestión del riesgo de desastres pues permite contar con una protección financiera con el fin de disminuir la vulnerabilidad fiscal de un territorio u organización y aumentar su nivel de resiliencia. Así, tal y como lo establece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se trata de mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de la emergencia y la recuperación. No en vano, el decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas”, menciona la protección financiera en su numeral 2.3 como el conjunto de “instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada para disponer de recursos económicos, una vez se materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños y la recuperación” y establece que “la entidad responsable deberá suscribir coberturas financieras que le permitan atender los impactos ante la ocurrencia de un desastre ya sea por el ejercicio de la actividad propia o por aquellos eventos de origen natural que la afecten directamente o al entorno acorde con las ofertas que para ello ofrezca el mercado financiero”. Dada la importancia que adquieren estos mecanismos, máxime en un escenario en el que los fenómenos de variabilidad climática se hace sentir con mayor intensidad, hablamos con Carlos Alberto Varela Rojas, vicepresidente Técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) para que nos contara sobre los avances, perspectivas y desafíos que tiene el sector asegurador frente a la gestión del riesgo de desastres y por qué las organizaciones, sin importar su tamaño, sector o naturaleza deben empezar a considerar la protección financiera como un asunto de carácter estratégico en su planeación y operación. Carlos Alberto Varela Rojas, Ingeniero civil de la Universidad del Valle. Magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Especialista en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana. MBA en administración con énfasis en finanzas y gerencia del riesgo. Experto en reaseguramiento, pérdidas por sismos y transferencias del riesgo de desastres. Vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). CCS: La gestión del riesgo comprende diversos aspectos. Una de estos es la transferencia del riesgo. ¿Cómo se está abordando actualmente la protección financiera frente a los riesgos de desastres desde el sector asegurador? Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda: El riesgo de desastres no ha sido ajeno al sector asegurador. Por su naturaleza catastrófica, las compañías de seguros y reaseguros han venido estudiando continuamente este tipo de riesgos desde hace varias décadas, mejorado las metodologías para su adecuada medición y posterior tarifación previo a la expedición de las pólizas. Uno de los riesgos catastróficos más relevantes para el país es el de sismo. Después del terremoto del eje cafetero, tanto las compañías de seguros como el supervisor y regulador financiero, acometieron la tarea de mejorar los esquemas de protección y aseguramiento contra este riesgo. Después de un trabajo de casi dos décadas, a partir del 2019, las aseguradoras realizan modelaciones probabilísticas de las pérdidas por sismo, utilizando softwares de avanzada que contienen información de la amenaza sísmica regional y local, así como datos sobre las características físicas de las edificaciones presentes en el país. La información específica que las compañías han venido recopilando de todos y cada uno de los bienes inmuebles asegurados, ha repercutido no sólo en el abordaje de los terremotos sino en la cobertura por inundación, vientos huracanados y movimientos en masa. Hoy el sector cuenta con información de los bienes asegurados, en un nivel de detalle que hace tan

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Prevenir la generación de residuos y gestionarlos como nuevos materiales, claves para transitar hacia la economía circular

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Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Comunicadora Social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social Empresarial / Líder de Comunicaciones / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). El aprovechamiento de los residuos sólidos en Colombia presenta serias difi cultades. Por un lado, la falta de estándares de compostaje, el escaso conocimiento sobre la producción y aplicación de abono y biogás de calidad y las bajas tarifas de compra, hacen que sea mucho más eficiente y económico llevar a los vertederos las más de 9 mil toneladas de residuos orgánicos que se producen diariamente en el país en lugar de recuperarlos. Por otro lado, el sector de los residuos y la economía circular está subfi nanciado. A pesar de los esfuerzos desarrollados en los últimos años por el Gobierno Nacional, el país todavía carece de sufi cientes instrumentos fi nancieros para estimular las inversiones. A esto se le suma que, en algunos sectores como el de la construcción, hay poco conocimiento sobre cómo cerrar el ciclo de los materiales, comenzando por el ecodiseño. Estos son algunos de los hallazgos identifi cados por el capítulo ‘Informe de país sobre gestión de residuos: Colombia’, que hace parte del estudio ‘Oportunidades de negocio para los Países Bajos en el sector de la economía circular y residuos en ocho países de América Latina’, desarrollado por olland Circular Hotspot, una plataforma público-privada en la que empresas, institutos de conocimiento y autoridades gubernamentales promueven la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos sobre la economía circular holandesa. El documento fue lanzado durante el primer semestre de este año e identifi ca el estado actual de la gestión de residuos, el marco regulatorio y los desafíos que enfrentan Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú al tiempo que establece coincidencias con las necesidades y demandas del mercado holandés. Por ejemplo, para el caso colombiano, se estima que las empresas holandesas podrían intervenir y proporcionar tecnología y soluciones de infraestructura para la producción de compost y biogás, entre otras oportunidades. “Colombia va muy bien en comparación con otros países de América Latina: la recolección de residuos está en un 98 %, ya casi no existen botaderos a cielo abierto y la gran mayoría de residuos llega a un relleno sanitario. Es un avance muy grande en los últimos 20 años. Ahora, el país tiene que dar el siguiente paso y es transitar de la recolección al aprovechamiento, dejar de pensar en construir más rellenos y empezar a trabajar en la valorización de los desechos en la cadena de valor. El siguiente nivel es la economía circular”, sostiene Linda Breukers, directora de Holland House Waste Window y una de las investigadoras del citado estudio. De nacionalidad holandesa, esta experta en manejo de residuos y economía circular fue asesora del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en el diseño de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), especialmente, en la línea de empaques y envases. También ha colaborado en varios proyectos de impacto ambiental con gobiernos locales y entidades gremiales como la Andi. Actualmente, es consultora de empresas privadas para la gestión de residuos sólidos y, a través de su organización, Holland House Waste Window, promueve la cooperación sostenible entre los gobiernos, las empresas y las instituciones de investigación de Holanda y Colombia, en el sector de residuos sólidos y aguas residuales. De la prevención a la creación de nuevos modelos de negocio Para Breukers, el primer paso para transitar hacia la economía circular es la prevención, es decir, evitar la generación de residuos innecesarios como el plástico de un solo uso, por mencionar un ejemplo. Este salto lo acaba de dar el “viejo continente” con la entrada en vigor, hace unas semanas, de la ‘Directiva Europea sobre Plásticos de un solo Uso’ que obliga a los países miembro a aplicar una serie de medidas contra los plásticos desechables, entre ellas, su prohibición. No obstante, Breukers reconoce que llegar a este punto implica abordar una serie de confl ictos con la industria. Muestra de ello fueron las complejas e intensas negociaciones que tuvieron que surtir los gobiernos europeos con sus sectores productivos. “Sabemos que cambiar los plásticos de un solo uso por otros materiales reutilizables o biodegradables signifi ca también que vamos a quitar el ingreso de una empresa. Incluso, hoy las empresas de aseo tienen un modelo de negocio establecido en el que lo más rentable es el relleno sanitario. Entonces, si vamos a transitar hacia la economía circular, tenemos que pensar en esas empresas ¿qué va a pasar con todos los empleos que generan?, ¿qué va a pasar con las inversiones que hicieron en los últimos 20 años?, ¿cómo gestionamos sus intereses que también son legítimos?, ¿cómo les ayudamos a transformar sus modelos de negocio?, ¿qué va a pasar con los recicladores? Hay que analizar cómo logramos construir un modelo económico realmente inclusivo”, señala la experta. En este sentido, Breukers resalta el rol del Gobierno Nacional, el cual debe generar las políticas públicas y los incentivos adecuados para que las empresas y el mercado se sumen y, lo más importante, se preparen para el cambio, empiecen a transformar sus esquemas de operación y adopten innovaciones. Desde su perspectiva, no se trata de cambiar el modelo de un día para otro sino de ir haciendo cambios graduales y progresivos. Por eso el tránsito hacia una economía circular es un proyecto a largo plazo que debe contar con metas bien claras y concretas, plazos prudentes, planes de implementación y responsables de llevar a cabo las actividades establecidas. “Es necesario comprender que la economía circular no es un capricho de unos ambientalistas, no es un tema netamente ambiental. Es un modelo económico y, por eso, no debe ser un asunto tan solo del Ministerio de Ambiente, sino que aquí se tiene que involucrar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como el Ministerio de Hacienda en el diseño de incentivos económicos para hacer que el material reciclado sea más interesante y atractivo que la

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