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La mujer trabajadora en estado de gestación, una oportunidad para mejorar la gestión de los riesgos ocupacionales

Por Luis  López / Médico cirujano / Especialista en Salud Ocupacional / Magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo con énfasis en Ergonomía Cómo citar este artículo: López L. ( 2024). La mujer trabajadora en estado de gestación, una oportunidad para mejorar la gestión de los riesgos ocupacionales. Protección & Seguridad No. 414 (marzo – abril 2024), ( 414), 56- 60. https://ccs.org.co/portfolio/mujer_trabajadora_estado_gestacion/ El trabajo es un reconocido determinante social de la salud (DSS) que permite a las personas mejorar su calidad de vida, sus ingresos económicos y el acceso a servicios sociales esenciales lo que impacta positivamente en su bienestar físico y mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los DSS como las circunstancias en las cuales las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, así como el conjunto de fuerzas y sistemas (políticos, laborales, sociales y económicos) que influyen sobre la vida cotidiana (Urbina Fuentes & González Block, 2012). A pesar de la positiva influencia del trabajo en la salud, la existencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos, así como las condiciones de carga física y mental presentes en todos los ambientes de trabajo conduce a circunstancias de exposición que pueden afectar la salud de los trabajadores. Esto adquiere especial importancia cuando la organización cuenta con trabajadoras en estado de embarazo ya que el feto es inmaduro y mucho más sensible a los riesgos ocupacionales (Marrero Santos et al., 2015). Esta particularidad insta a revisar la exposición de la mujer trabajadora a contaminantes y condiciones riesgosas que pueden repercutir en la salud de la diada madre-hijo. Los empleadores en Colombia están obligados a identificar los peligros, así como a evaluar y a controlar los riesgos ocupacionales presentes en los centros de trabajo (Decreto 1072 de 2015). Sin embargo, la evaluación específica de la exposición ocupacional en mujeres en estado de gestación no se encuentra en el marco jurídico mientras que los principios de la ética han limitado los estudios que abordan a las trabajadoras en esta condición (Sáenz et al., 2017). Sin duda esta particularidad representa un reto para las organizaciones, pero invita a crear Entornos Laborales Saludables (ELS) que incluyan la gestación en sus panoramas de exposición como una variable crucial. De esta forma, ante la notificación de una trabajadora en estado de embarazo, se deberán adoptar medidas de control de forma preventiva y no reactiva con el fin de iniciar su respectivo seguimiento y control por la ruta integral de atención materno-perinatal. Gestión de los riesgos ocupacionales en las trabajadoras gestantes Muchos peligros ocupacionales pueden afectar directamente el embarazo y causar teratogenicidad. Los teratógenos son agentes que causan alteraciones irreversibles en el crecimiento, la estructura o la función del embrión o el feto en desarrollo (Morgan-Ortiz et al., 2016). El daño que causan los contaminantes físicos y químicos durante la gestación es bastante conocido: teratogenicidad por exposición a radiaciones ionizantes y sustancias químicas, hipoacusia fetal y materna por ruido y amenaza de aborto por vibraciones de cuerpo entero son algunos ejemplos de peligros ocupacionales lesivos en el embarazo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT], 2011). Los contaminantes biológicos también pueden afectar la gestación. A este grupo pertenecen el citomegalovirus, la varicela y el virus de la hepatitis B presentes en el sector salud, así como el toxoplasma gondii, agente causal de la toxoplasmosis, que afecta a quienes laboran en el sector veterinario, ganadero y agrícola. Sin embargo, hay otros peligros para esta población trabajadora específica que se encuentran subestimados en las organizaciones. Tal es el caso de las condiciones de seguridad (superficies, impactos, caídas, desnivel, herramientas), la carga física (manipulación de cargas, esfuerzo físico, postura prolongada, movimientos repetitivos) y la carga mental (trabajo nocturno, horas extras, estrés laboral). Por ejemplo, las mujeres que trabajan prolongadamente de pie y aquellas que se desempeñan en turnos nocturnos, tienen mayor riesgo de tener hijos con bajo peso al nacer (inferior a 2500 gramos) y partos prematuros (antes de las 37 semanas de gestación) (Martínez et al., 2017). Es fundamental que el profesional de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que realice la evaluación de los riesgos ocupacionales en la empresa tenga en cuenta que los riesgos pueden ser mayores en las mujeres embarazadas y decida la implementación de controles dirigidos a esta población. En este sentido, cuando las organizaciones tienen trabajadoras en estado de embarazo, la gestión de los riesgos ocupacionales requiere la participación de varias disciplinas (profesionales en SST, ergónomos, psicólogos, médicos obstetras, médicos ocupacionales, entre otros) que articulen conocimientos según el área de experticia para desarrollar estrategias efectivas de gestión de los riesgos para el embarazo y garantizar que la mujer gestante trabaje en condiciones de seguridad. Además, se recomienda la participación de los diferentes niveles jerárquicos de la organización (supervisores, mandos medios y gerentes) para facilitar la adopción de estas medidas que protegen el embarazo. A continuación, se recomienda una secuencia de acciones para la gestión de riesgos ocupacionales en el contexto de trabajadoras gestantes (ver figura 1): 1. Individualizar los casos. Cada mujer embarazada tiene características particulares de salud y cada cargo tiene particularidades de exposición, razón por la cual la toma de decisiones sobre el manejo de la gestante no debe seguir un protocolo estandarizado aplicable a todas las trabajadoras en dicha condición, sino un conjunto de medidas que respondan a la realidad ocupacional de cada caso. 2. Evaluar los puestos de trabajo donde se emplean mujeres en edad fértil y en estado de embarazo. La notificación del estado de gestación debe desencadenar una serie de acciones que comienzan en los controles duros de la exposición, como la eliminación/sustitución del riesgo para la salud materno-perinatal (reemplazo de sustancias químicas teratógenas) o la ejecución de controles de ingeniería (aislamiento de fuentes de radiación o ruido, sistemas de ventilación según el riesgo químico e implementación de cabinas de seguridad biológica). Además, el empleador debe adoptar controles administrativos para disminuir la exposición (como el ajuste del tiempo de trabajo al eliminar horas extras e implementar rotación de tareas o de

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Trabajar ‘en cadena’ para elevar la productividad y la competitividad de las mipymes colombianas

Por Aurelio Mejía / Gerente general de Colombia Productiva / Economista de la Universidad de Antioquia / Especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia / Magíster en Economía de la Salud de la Universidad de York. Colaboradores Giovanny Serrano¹,Jennifer Pineda²,Nathalia Córdoba³,Miguel Pire4,Camilo Torres5y José David Piñeros6 Cómo citar este artículo: Mejía A. ( 2024). Trabajar ‘en cadena’ para elevar la productividad y la competitividad de las mipymes colombianas. Protección & Seguridad No. 414 (marzo – abril 2024), ( 414), 30- 33. https://ccs.org.co/portfolio/trabajar-cadena-productividad-competitividad-mipymes-colombianas/ En Colombia, a pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental al generar el 67 % del empleo, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa en un 28 %7. Este porcentaje se ubica por debajo del aporte promedio de las mipymes de los países pertenecientes a la OCDE que alcanza el 50 % y y también queda rezagado con respecto a algunos países de la región tales como Brasil (60 %), Chile (49 %) y México (46 %). Un camino para que las mipymes del país aumenten su contribución al PIB consiste en elevar su productividad, calidad y competitividad. Esto puede lograrse mediante el fortalecimiento de sus capacidades para trabajar en cadena con otras empresas de sus sectores e industrias, dentro y fuera del país. No obstante, este proceso solo será factible si los productos y servicios que las mipymes ofrecen son de alta calidad y poseen un nivel de sofisticación y especialización que cumpla con los estándares requeridos por las empresas ancla, sean estas nacionales, internacionales o del Estado. Sin embargo, la falta de coordinación y vínculos entre empresas —que restringe la capacidad para generar economías de escala— también reduce las oportunidades de las mipymes de encadenarse con nuevos compradores, impide la transmisión de avances tecnológicos y afecta el desarrollo de bienes y servicios más sofisticados, reduciendo así su capacidad competitiva. Así, cuando una mipyme logra un encadenamiento o una conexión efectiva en una cadena de suministro, este logro no es otra cosa que el resultado de un proceso de mejora interna, de una puesta a punto para convertirse en una proveedora idónea que cumple las condiciones y requerimientos del mercado. Es decir, que ha alcanzado procesos con altos niveles de productividad y calidad, una eficiente capacidad de producción y de respuesta al cliente, un óptimo y consciente uso de los recursos, materias primas y capacidad logística, así como una oferta con valor agregado. En este sentido, el fortalecimiento de cadenas de suministro puede generar beneficios microeconómicos como mejoras en la productividad gracias a una mayor innovación de procesos y productos, aumento del empleo y de puestos de trabajo de mayor calidad, fortalecimiento de los eslabonamientos productivos —hacia atrás y adelante—, mayor participación de las micro y pequeñas empresas de bienes y servicios, así como el aumento de la capacidad exportadora de las empresas locales y su consiguiente inserción en cadenas globales. Un mercado lleno de oportunidades Pero, más allá de estos beneficios, ¿qué pueden lograr las empresas al ser mejores proveedoras y tener encadenamientos efectivos con empresas ancla (nacionales, extranjeras y del Estado) y al insertarse en cadenas de valor? Las cifras sobre oportunidades de mercado son muy dicientes. De acuerdo con un análisis realizado por Colombia Productiva8 sobre el porcentaje del consumo de materias primas, materiales y empaques en el Total del Consumo Intermedio9 (y que tuvo en cuenta las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para 2022), el 75 % del consumo de las materias primas, materiales y empaques totales son adquiridos en la industria nacional. Este porcentaje varía dependiendo de la actividad de las empresas proveedoras. Por ejemplo, en el sector agroindustrial (donde se analizaron 21 clases industriales de consumo intermedio) se efectúan compras por un total de 64 billones de pesos en bienes y servicios esenciales para la producción. De este monto, el 91 %, es decir, 58 billones de pesos, corresponde a materias primas, materiales y empaques. A ello se suma que el 86 % de estos se adquirieron en el país por una suma que asciende a los 49 billones de pesos. Entre los sectores manufactureros (89 clases industriales analizadas) se encontró un consumo intermedio de 146 billones de pesos, de los cuales, 129 billones (el 88 %) corresponde a materias primas, materiales y empaques. De estos, el 70 % ($93 billones) fue comprado en el país. Ahora bien, si se pone el foco en las compras que realizan las empresas del Estado, se obtiene que, a diciembre de 2022 y según cifras de Colombia Compra Eficiente, el monto de contratación en Colombia alcanzó los 163 billones de pesos, cifra cercana a 11,1 % del PIB. De este monto contratado, 63 billones de pesos se destinaron a contratación directa, 42 billones a contratación especial y 52 billones correspondieron a recursos contratados a través de esquemas de competencia. La participación de las mipymes en las compras públicas fue superior al 85 %. Una estrategia para fortalecer las cadenas de suministro inclusivas y sostenibles De acuerdo con el Conpes 4129 de 2023 de la Política de Reindustrialización que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de la cual Colombia Productiva es uno de los ejecutores, “la falta de encadenamientos impide la generación de riqueza de manera inclusiva y un uso más productivo del capital, las capacidades humanas, la infraestructura y la tecnología”. Dicho Conpes plantea instrumentos para fortalecer los encadenamientos y ayudar a las mipymes colombianas a insertarse en cadenas de suministro inclusivas y sostenibles. Bajo el liderazgo de la cartera anteriormente mencionada, Colombia Productiva implementó en diciembre de 2023 la iniciativa gubernamental ‘EnCadena, mejores proveedores’. Se trata de una estrategia gubernamental de encadenamientos que, a través de servicios de asistencia técnica, formación y herramientas digitales y complementarias, fortalecerá las capacidades de proveeduría de las mipymes para así fomentar el fortalecimiento de cadenas productivas de alto valor agregado que incorporen el uso de tecnología intermedia y avanzada en Colombia. ‘En Cadena, mejores proveedores’ busca mejorar

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Protección financiera frente al riesgo de desastres: un mecanismo para la resiliencia y la sostenibilidad

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis / Comunicadora Social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad / Líder de Comunicaciones / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo: Salamanca Galvis, L. V. (2021). Protección financiera frente al riesgo de desastres: Un mecanismo para la resiliencia y la sostenibilidad. Revista Protección & Seguridad, (399), septiembre-octubre. Colombia es un país que, por su configuración geográfica y ambiental, es altamente vulnerable frente a amenazas de origen natural como los movimientos telúricos, las precipitaciones torrenciales, las inundaciones, los huracanes, los intensos periodos de sequía y los deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos, que a lo largo de su historia han afectado su desarrollo económico y social. Las pérdidas de vidas humanas, la destrucción total o parcial de infraestructura pública y privada, la suspensión de operaciones en diversos sectores de la economía durante semanas e, incluso, meses, y la pérdida de cultivos ha generado un grave impacto al presupuesto nacional y al patrimonio de pequeños y grandes empresarios, comerciantes, emprendedores y ciudadanos en las últimas décadas. Para no ir tan lejos, el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en noviembre de 2020, dejó más del 98 % de la infraestructura de la isla de Providencia afectada y 1.134 viviendas destruidas, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidad realizada días posteriores a la catástrofe por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La emergencia afectó los planes de reactivación económica del archipiélago, en un momento en el que el sector turístico —previamente afectado por la pandemia—, apenas iniciaba su reactivación: una buena proporción de hoteles, restaurantes y comercios de los cuales depende la subsistencia de gran parte de los isleños se vio gravemente afectada. Así mismo, el Gobierno Nacional estimó que los recursos necesarios para mitigar esta emergencia superarían los 82 mil millones de pesos. Lo anterior demuestra que el riesgo de desastres puede afectar, desde el punto de vista macroeconómico, la sostenibilidad fiscal de los Estados. A su vez, impacta el patrimonio de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en una región o país, que pueden ver amenazada su continuidad dependiendo de la gravedad de las pérdidas generadas por el desastre y de la capacidad económica con la que cuentan para afrontar una emergencia y llevar a cabo la reposición o reconstrucción posdesastre. De ahí la importancia que adquiere el aseguramiento en la gestión del riesgo de desastres pues permite contar con una protección financiera con el fin de disminuir la vulnerabilidad fiscal de un territorio u organización y aumentar su nivel de resiliencia. Así, tal y como lo establece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se trata de mecanismos o instrumentos financieros de retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos para la atención de la emergencia y la recuperación. No en vano, el decreto 2157 de 2017, “por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas”, menciona la protección financiera en su numeral 2.3 como el conjunto de “instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada para disponer de recursos económicos, una vez se materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños y la recuperación” y establece que “la entidad responsable deberá suscribir coberturas financieras que le permitan atender los impactos ante la ocurrencia de un desastre ya sea por el ejercicio de la actividad propia o por aquellos eventos de origen natural que la afecten directamente o al entorno acorde con las ofertas que para ello ofrezca el mercado financiero”. Dada la importancia que adquieren estos mecanismos, máxime en un escenario en el que los fenómenos de variabilidad climática se hace sentir con mayor intensidad, hablamos con Carlos Alberto Varela Rojas, vicepresidente Técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) para que nos contara sobre los avances, perspectivas y desafíos que tiene el sector asegurador frente a la gestión del riesgo de desastres y por qué las organizaciones, sin importar su tamaño, sector o naturaleza deben empezar a considerar la protección financiera como un asunto de carácter estratégico en su planeación y operación. CCS: La gestión del riesgo comprende diversos aspectos. Una de estos es la transferencia del riesgo. ¿Cómo se está abordando actualmente la protección financiera frente a los riesgos de desastres desde el sector asegurador? Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda: El riesgo de desastres no ha sido ajeno al sector asegurador. Por su naturaleza catastrófica, las compañías de seguros y reaseguros han venido estudiando continuamente este tipo de riesgos desde hace varias décadas, mejorado las metodologías para su adecuada medición y posterior tarifación previo a la expedición de las pólizas. Uno de los riesgos catastróficos más relevantes para el país es el de sismo. Después del terremoto del eje cafetero, tanto las compañías de seguros como el supervisor y regulador financiero, acometieron la tarea de mejorar los esquemas de protección y aseguramiento contra este riesgo. Después de un trabajo de casi dos décadas, a partir del 2019, las aseguradoras realizan modelaciones probabilísticas de las pérdidas por sismo, utilizando softwares de avanzada que contienen información de la amenaza sísmica regional y local, así como datos sobre las características físicas de las edificaciones presentes en el país. La información específica que las compañías han venido recopilando de todos y cada uno de los bienes inmuebles asegurados, ha repercutido no sólo en el abordaje de los terremotos sino en la cobertura por inundación, vientos huracanados y movimientos en masa. Hoy el sector cuenta con información de los bienes asegurados, en un nivel de detalle que hace tan solo cinco años parecía imposible de alcanzar. ¿Dónde están los riesgos (en términos de coordenadas geográficas)?, ¿qué tipo de edificación cuenta con cobertura?, ¿dicha edificación es privada, pública, es una empresa, es una PYME?, ¿qué uso

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‘Desarrollando Ciudades Resilientes MCR2030’, un marco de articulación en Colombia para la resiliencia ante desastres

Por: Cómo citar este artículo: Velandia Granados, G., & Torres Forero, B. Y. (2021). Desarrollando Ciudades Resilientes MCR2030: Un marco de articulación en Colombia para la resiliencia ante desastres. Revista Protección & Seguridad, (399), septiembre-octubre. A lo largo de la historia, Colombia ha sido impactada por diversos desastres. Dichas situaciones han permitido reconocer que la gestión del riesgo de desastres es un determinante y, a la vez, un condicionante para el desarrollo sostenible del país, en términos de planificación y planeación del desarrollo seguro. De ahí, la importancia de reconocer y destacar el rol tan importante de las comunidades, las autoridades locales y las entidades público–privadas para avanzar en la construcción y el fortalecimiento de la resiliencia y la gestión del riesgo de desastres en el país. La iniciativa ‘Desarrollando Ciudades Resilientes 2030’, MCR2030 (por sus siglas en inglés) es una alianza global que busca la articulación entre los diferentes actores del orden nacional y territorial con un propósito común: fortalecer las capacidades en gestión del riesgo de desastres para lograr la construcción de la sostenibilidad y la resiliencia territorial. Esta iniciativa global cuenta con una coordinación regional y nacional que facilita la conexión entre las necesidades de los territorios locales y una red de aprendizaje propicia para incidir en la reducción de los daños, pérdidas y costos asociados a los desastres. MCR2030 se soporta en el éxito del trabajo realizado en el marco de la Campaña Mundial ‘Desarrollando ciudades resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!’, que concluyó a finales de 2020 y promovió la implementación de ‘Diez aspectos esenciales para lograr ciudades resilientes’. Se trata de un decálogo concebido para guiar a los gobiernos locales en la planificación y toma de decisiones en materia de resiliencia, una apuesta adoptada por más de 4.347 gobiernos locales en el mundo y por más de 71 entidades territoriales en Colombia. En la actualidad, la MCR2030 busca incrementar el número de territorios comprometidos con la reducción del riesgo climático y de desastres así como la construcción de la resiliencia en el orden local, avanzando en la formulación e implementación de los planes territoriales de gestión del riesgo de desastres, planes de adaptación al cambio climático y demás acciones para mejorar las capacidades territoriales y aumentar el número de alianzas a nivel global y regional a lo largo de esta hoja de ruta hacia la resiliencia. En el caso de Colombia se convierte en una de las principales herramientas para mejorar los avances en la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con miras a lograr mayores alcances en la sostenibilidad, la seguridad territorial y la protección de los bienes e intereses colectivos a través de la formulación y/o actualización de los planes territoriales de gestión del riesgo (municipal, distrital, departamental y nacional), acordes con lo establecido en el marco normativo reglamentario (Ley 1523 de 2012[1]). El enfoque programático de la iniciativa MCR2030 se apoya en una hoja de ruta conformada por tres etapas que abordan los procesos de comprensión del riesgo, la planificación y la implementación de acciones estratégicas que guían a los territorios, progresivamente y de manera particular, en el fortalecimiento de sus capacidades de reaccionar con efectividad y rapidez ante los efectos e impactos de las emergencias y los desastres. Gráfica 1. Hoja de ruta para la resiliencia MCR2030 Colombia Fuente: UNGRD a partir UNDRR, 2021 Es así como la UNGRD, en calidad de entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD) y miembro del Comité Regional de Coordinación de la MCR2030, en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Regional para Las Américas y El Caribe (UNDRR), ha puesto en marcha esta estrategia en Colombia como una contribución al desarrollo sostenible. Esta colaboración persigue la articulación con el marco normativo nacional en la construcción de sinergias entre socios estratégicos y, a su vez, la promoción, la divulgación y el apoyo (coordinado con el orden departamental) a los municipios y demás territorios que deseen inscribirse. De igual manera, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha manifestado que, mediante la articulación de múltiples partes interesadas, la iniciativa MCR2030 busca impulsar la resiliencia territorial a través de la incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades. De forma simultánea, estimula el fortalecimiento de las capacidades técnicas, conecta múltiples niveles de gobierno y promueve alianzas estratégicas[2]. Es fundamental también reconocer que la naturaleza y el origen de los escenarios de riesgo han cambiado y evolucionado y que los territorios se enfrentan al aumento de las condiciones de riesgo de desastres derivados de los efectos del cambio climático u otros factores como la pandemia por la COVID-19. Así, el enfoque de la gestión del riesgo de desastres debe ser sistémico, integral y sectorial, permitiendo la participación de todos los actores y facilitando que las entidades público, privadas y comunitarias comprendan los escenarios de riesgo para la posterior implementación de las medidas de reducción, el fortalecimiento de sus capacidades para la atención, la ejecución de la respuesta, la recuperación y por supuesto, la gobernanza en la Gestión del Riesgo de Desastres. Recientemente, Colombia ha soportado eventos como el paso de los huracanes ETA e IOTA, el impacto de las lluvias, de los eventos asociados a las precipitaciones y su impacto en diferentes departamentos del país. Esto, sumado a la actuación y respuesta para enfrentar la pandemia por la COVID-19, ha evidenciado las capacidades y fortalezas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  No obstante, también ha generado necesidades y retos para continuar robusteciendo la gobernanza, los instrumentos de planificación y las acciones de articulación con cada uno de los actores en la implementación de los procesos de la gestión del riesgo concebidos desde la política nacional. De este modo, ‘Desarrollando Ciudades Resilientes 2030’ se constituye como una hoja de ruta que permitirá a las autoridades y entidades territoriales orientar sus procesos de

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Colombia registra la tasa de mortalidad laboral más baja en los últimos siete años, pero la accidentalidad no cede

Bogotá, septiembre de 2024. El Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) publicó el Informe de Siniestralidad Laboral del primer semestre de 2024 basado en los datos reportados por Fasecolda, revelando un panorama de avances y desafíos persistentes en la gestión de riesgos laborales en Colombia. Preocupante descenso en las afiliaciones al SGRL Durante el primer semestre de 2024, el número de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) disminuyó un 12,4 %, alcanzando un total de 10.343.378 trabajadores, frente a los 11.813.554 del mismo periodo en 2023. Este comportamiento contrasta con los tres periodos anteriores, en los que, cada año, se había registrado un aumento en la cantidad de trabajadores afiliados. A su vez, se evidenció que el número de empresas afiliadas al SGRL descendió en un 15,1 %, al pasar de 1.144.353 empresas en 2023 a 971.715 empresas en 2024. «No podemos permitirnos retroceder en la formalización del empleo y la protección social de nuestros trabajadores. La disminución de afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales es un llamado de atención urgente. Necesitamos redoblar esfuerzos para que cada trabajador y cada empresa estén debidamente protegidos, asegurando condiciones dignas y seguras que prevengan la siniestralidad laboral y promuevan el bienestar de la fuerza laboral”, señaló Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). La accidentalidad laboral no da tregua Durante el primer semestre de 2024 se presentó un total de 242.813 accidentes de trabajo, es decir, se registraron 1342 eventos al día. Este indicador experimentó una reducción del 11,5 % frente al mismo periodo de 2023, contrario al comportamiento registrado en los cuatro años anteriores donde el número de casos había incrementado progresivamente. No obstante, la tasa de accidentalidad laboral no cede. En el periodo analizado se registró una tasa semestral de 2,35 accidentes por cada 100 trabajadores, siendo esta tasa ligeramente mayor con respecto a la tasa del mismo semestre de 2023 cuando se ubicó en 2,32 accidentes por cada 100 trabajadores, y siendo la mayor tasa registrada desde el 2019. El sector de ‘Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’ encabeza la lista de actividades productivas con mayor accidentalidad con una alarmante tasa de 7,64 eventos por cada 100 trabajadores, triplicando la tasa nacional e, incluso, superando en una unidad su propio registro del semestre del año anterior. Le siguen de cerca ‘Explotación de minas y canteras’ (6,46) y ‘Distribución y tratamiento de agua’ (5,70), mostrando, en ambos casos, un incremento con respecto al mismo período de 2023. En términos numéricos, las ‘Industrias manufactureras’ lideran con 40.387 accidentes (16,6 % del total), seguidas por ‘Construcción’ con 28.597 eventos (11,8 %) y las ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ con 27.714 casos (11,4 %). Sin embargo, estos tres sectores mostraron descensos significativos del 15 %, 14 % y 6,2 %, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2023. Curiosamente, el sector de ‘Transporte y almacenamiento’ fue el único que registró un aumento en el número de accidentes, con un incremento del 1,7 %. En cuanto a la distribución geográfica de la accidentalidad laboral, Magdalena continúa liderando por sexto año consecutivo con una tasa de 3,35 accidentes por cada 100 trabajadores, aunque muestra una reducción respecto al año anterior. Caldas (3,20), Antioquia (3,15), Meta (3,09) y Cundinamarca (3,00) completan el ‘top 5’ de departamentos con mayores tasas en este ámbito. La mayor cantidad de accidentes se registró en Bogotá D.C. con 70.994 (29,2 % del total nacional), seguida por Antioquia con 57.070 (23,5 %) y Valle del Cauca con 25.310 (10,4 %). Es destacable que, a pesar de estos altos números, estos departamentos lograron reducciones del 5,2 %, 6,1 % y 8,8 %, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior. Mortalidad laboral semestral registra la tasa más baja en siete años La nota más positiva proviene de la mortalidad laboral. Con una tasa de 1,84 muertes por cada 100.000 trabajadores, Colombia registra su cifra más baja en siete años en el mismo periodo. En total, se presentaron 190 fallecimientos de trabajadores con una reducción del 14 % frente al mismo periodo de análisis de 2023, un comportamiento que, además, se viene registrando en los últimos tres años. No obstante, el hecho de que aún se produzca un deceso por causas asociadas al trabajo al día subraya la necesidad de realizar mayores esfuerzos en prevención y control de riesgos. Del total de vidas perdidas, cabe resaltar que una inmensa mayoría (98,9 %) se debió a accidentes de origen laboral mientras que las muertes calificadas por enfermedad laboral representan el 1,1 % restante. El sector ‘Explotación de minas y canteras’ continúa ostentando el deshonroso primer lugar en mortalidad con una tasa de 27,51 muertes por cada 100.000 trabajadores, siendo 15 veces mayor con respecto a la tasa nacional del semestre, aunque ligeramente inferior si se compara con la tasa registrada para este sector en el mismo periodo del 2023 la cual se ubicó en 30,79 fallecimientos por cada 100.000 trabajadores. A su vez, es el sector productivo que mayor número de defunciones por causas asociadas al trabajo reportó con 33 decesos lo que equivale al 17,4 % del total de casos. Los otros sectores con mayor tasa de mortalidad laboral fueron ‘Distribución y tratamiento de agua’ (3,42) y ‘Construcción’ (3,20), este ultima también destacándose por ocupar el segundo lugar en cuanto al número de fatalidades con 27 muertes correspondiente al 14,2 % del total. La mayor tasa de mortalidad laboral semestral se presentó en Boyacá, departamento que ocupa esta posición por tercer año consecutivo, con una tasa de 10,72 fatalidades por cada 100.000 trabajadores, superior frente a la registrada en el mismo periodo de 2023. El ‘top 5’ lo completan los departamentos de Casanare, Cundinamarca, Cauca y Norte de Santander. Por su parte, Bogotá D.C. es el territorio que mayor número de muertes por causas relacionadas con el trabajo presentó en el primer semestre de 2024 (59 eventos y una participación del 31,1 %) lo

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¿Cómo saber si es víctima de acoso laboral?

Por Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) ( 2024). ¿Cómo saber si es víctima deacoso laboral?. Protección & Seguridad en la Comunidad No. 51, pág. 34- 37. https://ccs.org.co/portfolio/como-saber-si-es-victima-de-acoso-laboral/ Llamados de atención desproporcionados y humillantes, despidos injustificados, asignación excesiva de trabajo, intimidación, invasión de la privacidad… la lista de conductas lesivas de superiores hacia subordinados o entre pares en los ambientes de trabajo puede ser extensa. No obstante, hoy por hoy, la población trabajadora tiene una mayor conciencia de sus derechos laborales, de la gestión de la carga mental, los aspectos psicosociales y del cuidado de su salud mental. El abordaje de hechos que vulneren su bienestar adquiere, cada vez, una mayor atención. Por eso, no es casualidad que las denuncias sobre presuntos casos de acoso laboral estén a la orden del día y ocupen los titulares de los principales medios de comunicación. Pero ¿cómo saber si una determinada conducta en el entorno laboral puede ser tipificada como tal?, ¿cómo establecer el límite entre el ejercicio de la autoridad y el hostigamiento? Para salir de dudas, es preciso remitirse a la definición de acoso laboral. En Colombia, la Ley 1010 de 2006 indica que es “toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, que está encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo” (Congreso de la República, 2006). Por su parte, en 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el mismo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Partiendo de estas definiciones, el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) se dio a la tarea de establecer cuáles son esas conductas que hacen parte del universo del acoso laboral y cuáles se inscriben en el ámbito del cumplimiento de obligaciones en la relación contractual. “Es importante tener claro que toda relación laboral implica el cumplimiento de derechos y deberes; así mismo, involucra exigencias técnicas, requerimientos de eficiencia, peticiones de colaboración que siempre deberán estar justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios”, señala Lizeth Pérez, magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo y ex líder técnica del CCS. Modalidades de acoso laboral Según una investigación desarrollada por Pérez (2022) y publicada en la revista Protección & Seguridad del CCS, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades establecidas también en la Ley 1010 de 2006: Entonces, ¿qué no es acoso laboral? Es crucial saber distinguir entre el ejercicio de la autoridad y la exigencia del cumplimiento contractual de las situaciones de acoso para evitar malentendidos y, así, fomentar relaciones laborales basadas en el respeto y la cooperación. No todo conflicto, seguimiento a la ejecución de labores o llamado de atención se clasifica como acoso laboral mientras se desarrollen en el marco de la supervisión legítima y las decisiones de gestión objetivas. Las siguientes son acciones que no constituyen acoso laboral de acuerdo con lo descrito por Pérez (2022) con base en lo establecido por el artículo 8 de la Ley 1010 del 2006: ¿Qué hacer en caso de ser víctima de acoso laboral? El acoso laboral es un fenómeno, que abarca diversas manifestaciones perjudiciales e impacta no solo la salud emocional de las personas afectadas, sino también la eficiencia y la moral en el entorno laboral. De ahí su importancia de reconocerlo y actuar a tiempo para gestionar la situación y ponerle fin. Para ello, el Ministerio de Justicia ofrece una “ruta de actuación” con las alternativas que tienen las víctimas, ruta que tiene los siguientes pasos: Paso 1. Acudir al comité de convivencia laboral de la empresa u organización donde trabaja o al inspector del trabajo del lugar de domicilio para poner en conocimiento la situación y aportar las pruebas que se tengan. Paso 2. El comité de convivencia o la autoridad correspondiente deberá darle un tratamiento confidencial a la queja. En el proceso de investigación del caso, procederán a citar y escuchar a las partes involucradas, y de ser posible, buscarán acuerdos que incluyen la formulación de un plan de mejoramiento para reconstruir la convivencia laboral. Paso 3. Si el comité de convivencia no dio solución al problema o pese a los acuerdos establecidos la situación se sigue presentando, la víctima podrá acudir ante el inspector de trabajo, a quien se deberá presentar una copia de la solicitud o queja enviada al comité de convivencia de la empresa. En caso de que el municipio o ciudad no cuente con Inspección de Trabajo, la víctima podrá acudir a la inspección de policía o Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento la situación. A falta de las anteriores autoridades, podrá acudir al personero municipal. “En tal sentido, el Ministerio del Trabajo, a través de sus inspectores, al recibir la denuncia, conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa”, indica esa cartera en su página web (MinTrabajo, 2022). Ahora bien, si la víctima desea ser reparada por los daños causados o exige que se castigue al infractor mediante una multa o sanción penal, podrá presentar una demanda ante un juez laboral o civil o ante un juzgado de pequeñas causas. Identificar y denunciar a tiempo situaciones de acoso laboral es esencial para preservar la integridad emocional de los trabajadores. La pronta identificación de comportamientos inapropiados permite implementar medidas preventivas y correctivas, evitando que el acoso persista y se intensifique. Además, denunciar a tiempo contribuye a crear un entorno laboral más seguro y respetuoso, promoviendo

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Síndrome de Boreout: del aburrimiento a la insatisfacción laboral

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Salamanca. L. ( 2024). Síndrome de Boreout: del aburrimiento a la insatisfacción laboral. Protección & Seguridad en la Comunidad No. 53, pág. 13- 16. https://ccs.org.co/portfolio/sindrome-de-boreout-del-aburrimiento-a-la-insatisfaccion-laboral/ Imagina llegar a la oficina o a tu lugar de trabajo cada día y sentir que las horas se hacen eternas. Tus tareas son repetitivas y monótonas hasta el aburrimiento. Te sientes desmotivado. No encuentras nuevos retos y sientes que tu potencial está siendo desperdiciado. Este es el día a día de muchas personas que sufren del “Síndrome de Boreout”, un problema cada vez más común en el entorno laboral. El término fue acuñado en 2007 por los psiquiatras suizos Philippe Rothlin y Peter R. Werder para conceptualizar las manifestaciones psicológicas y comportamentales que aparecen en un trabajador cuando experimenta escasa exigencia por parte de sus superiores y aburrimiento o desinterés crónico en su trabajo de manera prolongada. Como consecuencia, se siente insatisfecho, desinteresado y apático con la labor que desempeña e, incluso, puede llegar a sentirse inútil y despreciado (García, 2012, como se citó en Medina, 2015). Así, a diferencia del burnout que surge del estrés y la sobrecarga de trabajo, el boreout se origina en la falta de estímulo y motivación laboral, siendo un fenómeno que aqueja, cada vez, a mayor número de trabajadores. Según un estudio realizado por la consultora Plurum y citado por el diario económico Portafolio (2021), tan solo en 2019 el 80 % de los más de 45.000 trabajadores colombianos pertenecientes a 60 organizaciones nacionales y multinacionales que fueron encuestados, manifestaron que se sentían insatisfechos con sus trabajos. A su vez, un 40 % admitió sentirse poco valorados en sus empresas “mientras que el 77 % afirmó que, de sentirse mucho menos aburridos con las actividades que realizaban, harían sus tareas con mayor entusiasmo y rendimiento” (Portafolio, 2021). Impacto en la productividad Dado que el boreout les impide a las personas desempeñarse satisfactoriamente, el fenómeno tiene un alto impacto en la productividad de las organizaciones. Rothlin y Werder señalan que los trabajadores que padecen este síndrome, suelen permanecer en sus trabajos ya sea por necesidad económica, por falta de nuevas oportunidades laborales o por resignación frente a las circunstancias (como se citó en Agudelo, 2020). Esta situación los obliga a desarrollar mecanismos para paliar el aburrimiento y así, poder sentirse algo más productivos. Por ello, como lo indica EUDE Business School (2022) en uno de los artículos de su blog, terminan “matando” el tiempo realizando otras actividades como hacer compras en línea, desarrollar quehaceres personales o consultar redes sociales. Otras estrategias incluyen parecer agobiados por la cantidad de trabajo que tienen a cargo para, así, poder rechazar trabajo extra o hacer solo aquello que les corresponde, sin ningún grado de proactividad, innovación y agregación de valor, lo que se explica por la falta de autoexigencia. El síndrome de boreout es un preludio del presentismo laboral y se trata de sentir la obligación de estar en el lugar de trabajo durante horas sin saber qué hacer”, advierten los expertos de EUDE Business School (2022). Lo peor, según Sinergye (s.f.), una consultora en gestión de recursos humanos con presencia en 17 países es que “el problema puede alargarse durante meses o años, ya que quien sufre síndrome de boreout no colapsa tan rápidamente como sí ocurre cuando hay mucho estrés o sobrecarga. Además, el estigma que recae sobre la falta de productividad hace que se evite hablar del tema”, indica. Esto no solo repercute en la eficiencia y calidad de los procesos que están a cargo del trabajador afectado y, por ende, en la productividad de la organización en general, sino también en el crecimiento personal y profesional del trabajador, así como en su salud mental, ya que la desmotivación puede conducir a generar enfermedades laborales que afectan el bienestar de los trabajadores como lo son trastornos de estrés, ansiedad y depresión. De igual forma, se pueden producir accidentes laborales debido a actos inseguros cometidos por el trabajador. “Las consecuencias perjudiciales para las empresas son altas tasas de rotación, pérdida de productividad e insatisfacción laboral en el seno de la plantilla, lo que generaría un mal ambiente y, como consecuencia, dificultades tanto para retener talento como para atraerlo”, añaden los especialistas de Sinergye. Síntomas a los que se debe prestar atención Una cosa es que identifiquemos que ciertas funciones o tareas nos producen tedio y otra muy diferente es sentir apatía por el trabajo de manera constante, siendo esta una sensación que se prolonga por días, semanas y/o meses. Por eso, es clave estar alerta a los síntomas del boreout. De acuerdo con Juan Moisés de la Serna (2024), doctor en psicología, entre las manifestaciones más habituales se encuentran las siguientes: Principales causas Si bien la desmotivación y el aburrimiento en el trabajo puede estar asociados a factores propios del trabajador como la falta de interés personal en las tareas asignadas, una baja autoevaluación de sus propias capacidades o una actitud pasiva hacia su desarrollo profesional, en muchos casos, este fenómeno hunde sus raíces en factores organizacionales. Al respecto, los académicos de EUDE Business School (2022) enlistan algunas de las causas que podrían influenciar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores: Lo anterior revela que, para fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable, es fundamental que las organizaciones implementen estrategias que aborden estos factores, promoviendo una cultura de reconocimiento, desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento de su talento humano, aspectos que también contribuirán a un buen clima laboral y a la mejora en el desempeño, compromiso y productividad de los trabajadores. Además, es esencial identificar de manera proactiva los casos de boreout dentro de la empresa, partiendo de la sensibilización de los equipos —a todo nivel jerárquico— sobre este fenómeno, sus síntomas y señales de alarma. De esta manera, se podrán generar intervenciones oportunas y ofrecer soluciones personalizadas que revitalicen el compromiso y la motivación de los trabajadores afectados. Referencias

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Los riesgos de consumir estimulantes para rendir más en el trabajo

Por José López Guzmán, doctor en farmacia de la Universidad de Valencia. Catedrático del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Navarra. Presidente de la Asociación Española de Farmacia Social. Académico Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Tomado de The Conversation. Consulte la versión original en https://theconversation.com/profiles/jose-lopezguzman-1512237 Desde la cafeína, el ginseng y el omega-3 hasta el metilfenidato, el LSD y la ayahuasca. En los últimos años se ha incrementado el uso de estos productos y medicamentos que ayudan a incrementar el rendimiento físico y mental, también en el ámbito laboral. La duda es: ¿son seguros? Existen estimulantes de distintos tipos, con efectos y riesgos muy diferentes. Básicamente, podemos distinguir tres grupos: Los menos agresivos son los denominados nootrópicos, suplementos que no requieren prescripción médica y que pueden mejorar el rendimiento físico, la motivación, etc. Entre los suplementos nootrópicos podemos encontrar la cafeína, el ginseng, el ginkgo biloba, el triptófano, el omega-3, etc. El segundo grupo está compuesto por aquellos medicamentos que, estando indicados para enfermedades específicas, se utilizan, de forma desviada, para mejorar el rendimiento físico o mental. Por ejemplo, el metilfenidato prescrito en TDAH es empleado por estudiantes (principalmente, en épocas de exámenes) y trabajadores (sometidos a horarios intensos) para aumentar la memoria o la concentración. Este tipo de sustancias requiere fórmula médica. El último grupo está integrado por las microdosis psicodélicas o lisérgicas. Se refiere al consumo de ciertos productos psicoactivos en dosis mínimas, por debajo del umbral de la experiencia psicodélica. Esta práctica se ha extendido entre trabajadores de empresas con elevada exigencia competitiva (ya sea por el grado de implicación, horarios, etc.). Así, entre los productos empleados se encuentran el LSD (dietilamina del ácido lisérgico), la ayahuasca y la mescalina que, a bajas dosis se asocian con un aumento del rendimiento y la confianza. Simultáneamente, también reducen la depresión y la ansiedad. “Los riesgos son elevados en las microdosis psicodélicas por la falta de evidencia científica de sus efectos”. Riesgos de los estimulantes para aumentar la productividad Al usar estimulantes en el trabajo lo que se pretende es mejorar el rendimiento físico o mental para lograr una mayor resistencia a la hora de cumplir horarios exigentes, incrementar el rendimiento en los exámenes o aumentar la capacidad en la práctica deportiva. Los problemas que ello acarrea dependen del producto utilizado. En general, los riesgos son mínimos en algunos suplementos nootrópicos por su inocuidad, por el aval de estudios científicos y por los controles de calidad a los que la mayoría de ellos están sometidos. En cambio, los riesgos son elevados en las microdosis psicodélicas por la falta de evidencia científica de sus efectos. A esto se le suma que se trata de roductos que, por ser ilegales, no están comercializados en los canales ordinarios, lo que supone un riesgo añadido al no contar con los pertinentes controles de calidad. Ahora bien, independientemente del tipo de producto, el uso de estimulantes tiene efectos negativos por varias razones. Para empezar, obvia elementos básicos de la personalidadcomo lo son la voluntad o el esfuerzo. También puede llegar a enmascarar problemas personales o no detectar ciertas patologías, con productos paliativos que no se dirigen a la raíz del problema. Sin olvidar que puede llegar a tener efectos indeseables y, en algunos casos, ni tan siquiera ponderados. “Las empresas deben crear un clima ético adecuado, con unos horarios y unas exigencias laborales proporcionadas a la realidad de sus trabajadores, ya que, en este ámbito, la utilización de los estimulantes suele estar incitada por la agresividad de los entornos corporativos”. El desarrollo del mercado de los estimulantes Es muy difícil realizar un control de estos estimulantes y, por ello, es previsible que su consumo aumente en los próximos años. Para evitarlo, es importante que se adopten determinadas medidas legales. Las autoridades deben implicarse en el control de los productos estimulantes, la legislación tiene que ser clara y no hay que obviar la exigencia de evidencia científica y control de calidad de los productos involucrados. Todo ello sin esperar a reaccionar cuando sea tarde. Por su parte, las empresas deben crear un clima ético adecuado, con unos horarios y unas exigencias laborales proporcionadas a la realidad de sus trabajadores, ya que, en este ámbito, la utilización de los estimulantes suele estar incitada por la agresividad de los entornos corporativos. Una vez creado ese clima ético empresarial, los servicios de bienestar laboral y gestión del talento humano han de preocuparse por el cuidado de sus trabajadores, teniendo presente que muchos estimulantes suponen un riesgo tanto para el colaborador como para la propia empresa y, dado el caso, incluso, para sus clientes. Por último, en lo que respecta a la industria farmacéutica, esta suele ser vista como la “mala de la película” cuando, en realidad, solo tiene responsabilidad en el grupo de los nootrópicos. En este sentido, las compañías farmacéuticas pueden favorecer su buen uso, evitando crear expectativas que no se ajusten a la realidad o asignar propiedades que no estén avaladas por la evidencia científica. En cuanto a los productos de los otros dos grupos, los medicamentos de uso desviado requieren prescripción médica y los lisérgicos son ilegales. Por ello, la influencia de las compañías farmacéuticas en esas dos categorías es bastante limitada. Incentivado por una sociedad que no valora el esfuerzo Existe un claro componente social en el aumento del consumo de productos estimulantes. Por un lado, la presión ejercida por una sociedad que, prioritariamente, valora a las personas por sus resultados. Esta presión ocurre en un ambiente en el que se ha dejado de enseñar el valor del esfuerzo y la voluntad. Y en el que es palpable la falta de capacidad, principalmente entre los más jóvenes, para enfrentarse al fracaso. Lo que parece indiscutible es que su consumo tiene más riesgos que beneficios, puesto que no hacen al ser humano más humano, sino que le ayudan a soportar un entorno hostil o situaciones que suponen un esfuerzo, sin enfrentarse de verdad a los problemas.

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Trabajadores al aire libre, los más afectados por las altas temperaturas

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad. Cómo citar este artículo:Salamanca, V. ( 2024). Trabajadores al aire libre, los más afectados por las altas temperaturas. Protección & Seguridad en la Comunidad No. 52, pág. 26- 30. El 22 de abril de 2024, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe en el que revela que el calor excesivo y la radiación ultravioleta son algunos de los efectos del cambio climático que tienen un gran impacto sobre la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SST). El estudio llega en un momento en que las oleadas de calor se han intensificado. Para la muestra, el 2023 fue, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el año más cálido jamás registrado en la historia con un promedio anual de 1,45 °C de temperatura, lo que indica que la humanidad continúa acercándose rápidamente al umbral crítico de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París. Como si fuera poco, recientemente la ONU advirtió que existe una «alta probabilidad» de que en 2024 también se registren temperaturas récord que pondrán cada vez más en riesgo la fuerza laboral de los países (como se citó en France 24). De hecho, la OIT (2024) señala que, cada año, al menos 2410 millones de trabajadores se ven expuestos al calor excesivo en el trabajo y unos 1600 millones a la radiación ultravioleta.En este último caso, el organismo advierte que los trabajadores al aire libre reciben entre dos y tres veces mayor radiación que quienes se desempeñan en interiores e, incluso, dosis diarias cinco veces superiores a los límites recomendados internacionalmente. “La OIT señala que, cada año, al menos 2410 millones de trabajadores se ven expuestos al calor excesivo en el trabajo y unos 1600 millones a la radiación ultravioleta». Aquellas personas que corren un mayor riesgo son quienes se desempeñan en trabajos físicamente exigentes como lo son las labores de la agricultura, la ganadería, la pesca, la construcción, la recolección de residuos, las reparaciones de infraestructura, el transporte, el turismo, los deportes y la gestión ambiental (por ejemplo, guardaparques e ingenieros ambientales). El listado de los efectos que el aumento de las temperaturas genera en la salud, según la OIT, es extenso: estrés térmico, insolación, agotamiento por calor, calambres, sarpullido, enfermedad cardiovascular, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y lesiones físicas, entre otros. Y es que según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), el estrés térmico y el cansancio pueden reducir el nivel de atención, la productividad y la capacidad laboral “lo que conduce a errores en la seguridad y aumenta el riesgo de sufrir lesiones”. El impacto de este fenómeno es tal que, cada año, se registran 22,85 millones de accidentes profesionales y 18.970 fallecimientos atribuibles al calor excesivo en el trabajo.} De otro lado, producto de la radiación, los trabajadores al aire libre pueden sufrir “quemaduras solares, ampollas en la piel, lesiones oculares agudas, debilitamiento del sistema inmunitario, cataratas, degeneración macular y cáncer de piel, entre otros”, advierte la OIT. Incluso, con relación a este último efecto se han presentado cerca de 19 mil muertes relacionadas con el trabajo solo por cáncer de piel no melanoma (Pega et al. 2023, citado por OIT). Pérdidas en la productividad El calor excesivo no solo pone en riesgo la salud, sino que también afecta la productividad de los trabajadores. En 2019 un informe titulado ‘Trabajar en un planeta más caliente’ la OIT advertía que la capacidad laboral “disminuye cuando la temperatura supera los 24 a 26 °C, mientras que, al alcanzar los 33 o 34 °C, con una intensidad de trabajo moderada, lostrabajadores pierden un 50 por ciento de su capacidad”. Por ende, el organismo estima que, para 2030, se habrá perdido un 2,2 % del total de horas de trabajo en todo el mundo. “Si pensamos que las tareas agrícolas y de construcción se realizan a pleno sol, en 2030 la pérdida prevista de horas de trabajo en todo el mundo aumentará a un 3,8 %, el equivalente a 136 millones de puestos de trabajo”, añade la OIT. En otras palabras, para ese año, alrededor del 60 % de la reducción prevista de las horas de trabajo como consecuencia del estrés térmico se concentrará en este sector. Por ello, no resulta extraño que los trabajadores del sector agropecuario estén entre los más perjudicados, especialmente, en países donde los índices de precarización laboral, empleo informal y agricultura de subsistencia son más elevados. “Los grupos y comunidades vulnerables de la población, incluidos los pueblos indígenas y tribales que dependenpara su sustento de la agricultura o de los medios de vida del litoral, tienen mayor riesgo de sufrir las consecuencias adversas del aumento de temperaturas”, indica el informe., A lo anterior se suma el hecho de que el estrés térmico es un factor que obliga a los trabajadores agrícolas a abandonar las zonas rurales no solo por la pérdida de productividady degradación de los suelos, producto de las intensas sequías, sino por el empeoramiento de sus condiciones de trabajo. “No resulta extraño que los trabajadores del sector agropecuario estén entre los más perjudicados, especialmente, en países donde los índices de precarización laboral, empleo informal y agricultura de subsistencia son más elevados». Recomendaciones para “lidiar” con las altas temperaturas en labores al aire libre Para evitar golpes de calor y otro tipo de efectos adversos para la salud producidos por las altas temperaturas, los empleadores, los supervisores de campo y los trabajadores al aire libre deben tener en cuenta las siguientes medidas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): “Las operaciones, tareas, turnos y condiciones de trabajo se deben planificar considerando los aumentos de temperatura para reducir la exposición de los trabajadores al calor”. Las consecuencias del calentamiento global sobre la seguridad laboral son evidentes. Poner en práctica estas medidas contribuirá a proteger la vida de los trabajadores

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¿Cómo sé si mi empresa debe implementar el PESV?

Por Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) Cómo citar este artículo:Gerencia de Comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) ( 2024). Seguridad Vial: ¿Cómo sé si mi empresa debe implementar el PESV? Protección & Seguridad en la Comunidad No. 52, pág. 11- 14. https://ccs.org.co/portfolio/como-se-si-mi-empresa-debe-implementar-el-pesv/ Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los accidentes de tránsito causan el fallecimiento de 1,3 millones de personas al año, mientras que otras 50 millones resultan heridas de gravedad en todo el mundo. La magnitud de la cifra ha llevado a calificar el fenómeno como “una epidemia silenciosa y ambulante”, tal como lo afirmó el Secretario General de la ONU, António Guterres. A lo anterior se suma que el 90 % de los accidentes de tráfico ocurre en países de renta baja y media mientras que las carreteras inseguras generan pérdidas anuales de entre el 2 y el 5 % de su Producto Interno Bruto según cálculos del organismo, un factor que obstaculiza el avance de las naciones en desarrollo. Entre los riesgos de accidentalidad vial, la ONU indica factores como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia psicoactiva o droga, la falta de uso de cinturones de seguridad, la infraestructura vial insegura y los vehículos inseguros. “Colocar la seguridad en el centro de nuestros sistemas de movilidad es un imperativo urgente para la salud, la economía y la moral”, conminó Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. Dado el contexto, en septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para proclamar el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y fijó como meta de reducir a la mitad el número de víctimas fatales y lesionadas para 2030. Con respecto a ese objetivo, las empresas están instadas a fortalecer la seguridad vial tanto en sus propias operaciones como en sus cadenas de valor. Esto se debe a que muchas actividades económicas usan el transporte como parte de su logística, convirtiéndolas en un actor corresponsable en la reducción de la accidentalidad y la gestión del riesgo en la vías. En ese marco, Colombia reglamentó los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) a través del Decreto 1252 del 2021 como un mecanismo para incentivar la gestión del riesgo en seguridad vial en las organizaciones y fortalecer la responsabilidad social empresarial en esta materia. ¿Qué es un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)? El artículo 1 del mencionado decreto indica que “es una herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de planificación, implementación, seguimiento y mejora que deben adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público o privado del país encaminadas a generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías para prevenir riesgos, reducir la accidentalidad vial y disminuir sus efectos nocivos”. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el PESV tiene como objetivo principal promover una cultura vial responsable y prevenir los comportamientos riesgosos en la vía, así como mejorar la infraestructura y la tecnología relacionadas con la seguridad vial. “Las empresas están instadas a fortalecer la seguridad vial tanto en sus propias operaciones como en sus cadenas de valor (…). Son un actor corresponsable en la reducción de la accidentalidad y la gestión del riesgo en la vías». El plan incluye diversas medidas, como la educación y sensibilización de los actores viales, la modernización de la infraestructura vial, la regulación y vigilancia de la circulación vehicular y la atención integral a las víctimas de accidentes. “Las empresas tienen un papel clave en la implementación de este proyecto, ya que sus colaboradores son usuarios frecuentes de las vías y están expuestos a situaciones de riesgo. Por esta razón, el programa busca involucrar a las empresas en la promoción de una cultura de seguridad vial en el ámbito laboral y en la adopción de prácticas seguras en sus operaciones”, indica la ANSV. Otro aspecto clave es que los PESV deberán estar articulados al Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de cada organización. ¿Cómo sé si mi empresa debe implementar el PESV?La empresa, organización o entidad debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: ¿Por dónde arrancar? Lo primero que las organizaciones deberán hacer es evaluar la situación actual de la seguridad vial en la organización, la definición de los objetivos y metas a alcanzar, la identificación de los actores involucrados y sus roles, la determinación de los recursos necesarios y la elaboración de un cronograma de actividades, es decir, de aquellas acciones específicas que se llevarán a cabo con el objetivo de reducir la siniestralidad. El plan deberá contener como mínimo los siguientes aspectos, tal como lo determina la Resolución 20223040040595 de 2022: “Para conocer, paso a paso, cómo adoptar el PESV, las empresas pueden consultar el anexo de la Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte”. Para conocer, paso a paso, cómo adoptar el PESV, las empresas pueden consultar el anexo de la Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte que definela metodología para el diseño, implementación y verificación de dichos planes. Adicionalmente, la ANSV, a través de su ‘Escuela Virtual de Seguridad Vial’ disponible en ansv.gov.co/es/escuela/ 9864, ofrece a las empresas diversas herramientas y recursos paraque puedan mejorar la seguridad vial en sus operaciones y reducir los riesgos de siniestros. Estas herramientas incluyen la capacitación de los colaboradores en temas de seguridadvial, la implementación de programas de prevención de accidentes, la promoción del uso responsable de los vehículos y la adopción de prácticas seguras en la gestión logística.Además, las empresas pueden participar activamente en la implementación de campañas de educación y concientización en sus comunidades y en la promoción de una cultura de seguridad vial en el país. ¿Qué tipo de riesgos para la seguridad vial se deben tener en cuenta? Uno de los pasos cruciales de la metodología de implementación del PESV es la caracterización de los riesgos en

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