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Variabilidad climática y fenómenos meteorológicos extremos, amenazas para la salud y la seguridad en el trabajo

Cástulo Rodríguez Correa, médico especialista en medicina del trabajo; vocero autorizado y expresidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Cómo citar este artículo: Rodríguez, C. 2022. JVariabilidad climática y fenómenos meteorológicos extremos, amenazas para la salud y la seguridad en el trabajo. Revista Perspectivas de Sostenibilidd Directorio 2022. 395 pág. 101 – 103. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/variabilidad-climatica-y-fenomenos-meteorologicos-extremos/ Las temperaturas continúan aumentando en todo el mundo agravando la carga de calor existente en las áreas tropicales y zonas aledañas a estas, tanto para entornos de trabajo interiores como exteriores. Los períodos calurosos más prolongados y frecuentes pueden generar un mayor estrés por calor ocupacional, lo que conduciría a más casos de enfermedades relacionadas, como lo es la insolación, el agotamiento, la disminución de la tolerancia química y la fatiga, por mencionar algunos ejemplos. La exposición a mayores temperaturas también puede reducir las funciones cognitivas y generar un mayor riesgo de lesiones o fallas en la seguridad. Además, el calor puede ser un factor que contribuya a muchas otras lesiones o enfermedades graves o mortales, como las provocadas por caídas o infartos de miocardio. Con temperaturas más altas y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos y más frecuentes, la exposición al calor y el estrés por este factor se están convirtiendo en un importante problema de seguridad para los empleados. Incluso, pequeños cambios en la temperatura promedio se traducirían potencialmente en un aumento sustancial en el número de muertes y casos de enfermedades graves relacionadas. Sin embargo, existen pocos estándares regulatorios para proteger a los trabajadores de los peligros relacionados con el cambio climático. Tal vez los trabajadores más expuestos a la variabilidad climática son los trabajadores agrícolas y de la construcción, los socorristas, los pescadores los agentes comerciales, los paramédicos, los trabajadores del transporte y otros colaboradores que desempeñan funciones al aire libre. Para ellos, especialmente, para quienes realizan trabajos físicamente exigentes durante períodos prolongados, las temperaturas elevadas son particularmente molestas. De hecho, en algunos casos, la necesidad de usar ropa protectora (debido a la naturaleza propia de su ocupación), puede incrementar el estrés por calor. No obstante, quienes se desempeñan en espacios interiores o seminteriores también pueden verse afectados por el aumento de la temperatura y la humedad. Las altas exposiciones al calor se pueden originar en ambientes interiores con poca ventilación ysin sistemas de enfriamiento. Incluso, en ocasiones las temperaturas en espacios interiores pueden llegar a ser más altas que en el exterior. A esto se le suma que, así como ocurre en entornos de trabajo al aire libre, algunos trabajadores de interiores también debenusan ropa protectora, lo que profundiza este estresor. A lo anterior se añade que la contaminación ambiental se encuentra vinculada a efectos agudos y crónicos sobre la salud. Las cardiopatías isquémicas, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades respiratorias y los trastornos alérgicos tienen una relacióncompleja con el cambio climático. Las temperaturas elevadas pueden aumentar los niveles de contaminación del aire, por ejemplo, de ozono a nivel del suelo y emisiones provenientes de incendios forestales. En este último caso, el humo que desprenden este tipo de conflagraciones contiene material particulado, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y varios compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a reducir significativamente la calidad del aire en áreas urbanasy rurales, tanto a nivel local como en un radio de acción más amplio gracias a la acción del viento. Ya sea en interiores o al aire libre, los trabajadores pueden estar cada vez más expuestos a los contaminantes del aire como resultado del cambio climático. Debido a que los fenómenos meteorológicos extremos que dan lugar a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra, tormentas y sequías son cada vez más frecuentes e intensos, la necesidad de contar con personal de emergencia es cada vezmayor. Por lo tanto, los trabajadores involucrados en las labores de rescate y recuperación, tendrán exposiciones más frecuentes a las condiciones de riesgo creadas por dichos eventos. A su vez, estos fenómenos pueden causar daños a la infraestructura como líneas eléctricas, carreteras, transporte y edificios, desastres que pueden conducir a un mayor riesgo de lesiones traumáticas. Por otro lado, las temperaturas y lluvias cambiantes pueden afectar el hábitat de vectores, patógenos, huéspedes y alérgenos. Tales cambios afectan también a los insectos vectores, aumentando sus poblaciones, extendiendo sus temporadas de transmisión y expandiendo su distribución estacional y espacialmente. Así mismo, el aumento de la prevalencia y distribución de patógenos puede afectar a los trabajadores de la salud, a los que se desempeñan al aire libre y a quienes se encargan de dar respuesta a las emergencias.Por ejemplo, quienes laboran en ambientes exteriores pueden tener un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos, como fiebre del Nilo, dengue, chikunguña, malaria y zika y enfermedades transmitidas por garrapatas, como laenfermedad de Lyme. Posiblemente existen varias enfermedades crónicas que pueden agravarse o, incluso, atribuirse a los efectos del cambio climático. Prueba de ello es la epidemia de enfermedad renal crónica de etiología no tradicional (ERCnT), que se ha relacionado con el aumentode las temperaturas en las zonas bajas de Centroamérica. En conclusión, los riesgos para la salud y la seguridad asociados con el cambio climático no pueden subestimarse. Sin embargo, los trabajadores, en particular los que laboran al aire libre en las regiones tropicales y subtropicales, así como en los países de ingresos bajos y medianos, son especialmente vulnerables. Frente a este desafío, ¿cuál debe ser la respuesta de los gobiernos, los empresarios y los profesionales responsables de los programas de seguridad y salud en el trabajo? Por un lado, están las tareas del gobierno, el cual tiene que ayudar a mejorar nuestro conocimiento. La información sobre el cambio climático y la información sobre medidas técnicas de adaptación son de las más importantes. Financiar la investigación básica en esta área es una de sus tareas fundamentales. Así mismo, debe proporcionar el marco regulatorio para los mercados de seguros. Las consecuencias económicas de los desastres naturales pueden amortiguarse a través de pólizas. A su vez, fomentar el crecimiento ayudará a hacer frente

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Hacia una gestión regional de los riesgos psicosociales: estándares y directrices comunes de política pública

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Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile. Desde 2017, la Alianza del Pacífico viene trabajando en la creación de un marco de acción general con el que cada país miembro podrá desarrollar actividades tendientes a fortalecer sus regulaciones en salud y seguridad en el trabajo con enfoque en salud mental. Pamela Gana, intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile, entidad a cargo del proyecto, habló con el CCS sobre los avances y desafíos de esta apuesta regional. Aunque las modalidades y condiciones de trabajo vienen experimentando transformaciones desde hace varios años producto de fenómenos como la globalización, la irrupción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los efectos del cambio climático, entre otros factores, la llegada de la pandemia de la COVID-19, ha acelerado definitivamente la metamorfosis laboral. De acuerdo con la OIT (2020), estos cambios se acompañan de nuevos desafíos psicosociales para la salud y el bienestar de los trabajadores que, si no se evalúan y gestionan adecuadamente, pueden aumentar los niveles de estrés y provocar problemas de salud física y mental. Por lo tanto, ha instado a los países a integrar la pro- 95 tección de la salud mental de los trabajadores en los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En Latinoamérica, uno de los primeros países en desarrollar acciones concretas en ese sentido fue Chile que, desde 2014, cuenta con una normativa que regula la evaluación del riesgo psicosocial en todas las organizaciones, independientemente de que sean públicas o privadas. De esta forma, le asigna al empleador la obligación de realizar la identificación, análisis y gestión de dichos riesgos bajo una metodología unificada, siendo el único instrumento validado en ese país para evaluar factores de riesgo psicosocial. “Bajo este enfoque empezamos a identificar que las enfermedades de salud mental, de origen laboral, van en aumento. A modo de ejemplo, en 2019, del total de enfermedades reconocidas como laborales, las que implicaron más días perdidos fueron las mentales, con un 60 %. Pero, además, comprendimos que no se trataba tan solo de un problema local, de Chile, sino de toda la región y que si bien, las normas de cada país mencionan la protección a la salud física y mental de los trabajadores, en la práctica son escasas las políticas y normativas específicas que buscan resguardar el bienestar mental —sostiene Pamela Gana, intendenta de Seguridad ySalud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile—. En ese contexto, iniciamos conversaciones desde nuestro Ministerio del Trabajo para ver cómo podríamos desarrollar un trabajo más colaborativo entre los países de la región”. XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, tuvo origen la Declaración de Cali, en la cual los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú se comprometieron a desarrollar acciones de intercambio de información y buenas prácticas en materia de prevención de riesgos psicosociales en los entornos laborales. De ahí en adelante, sumando a Argentina y Uruguay como países invitados, se empezó abonar el camino para el diseño de una política regional de gestión de factores psicosociales y promoción de la salud mental en el trabajo paralos países miembros de la alianza, proyecto que se concretó en 2020 con la ‘Declaración de Santiago’. De acuerdo con Gana, el objetivo general de esta iniciativa es que los países, pese a sus particularidades territoriales, sociales, culturales y productivas, cuenten con estándares y directrices comunes para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones en materia de política pública asociada a la gestión de riesgos psicosociales. Entre los componentes que integran el proyecto está la elaboraciónde un diagnóstico de la situación actual de los países en esta materia; el diseño, lanzamiento y ejecución de una campaña comunicacional conjunta que apunte a la sensibilización y promoción del cuidado de la salud mental; y la realización de capacitacionesy talleres dirigidos a grupos de interés clave como colectivos de trabajadores, sindicatos y gremios empresariales. “Estas dos últimas actividades son estratégicas porque, aunque hoy por hoy hay mayor conciencia acerca de los riesgos psicosociales, todavía nos encontramos con gente que los asume como problemas netamente personales del trabajador y no como aspectos que un empleador puede y debe gestionar”, advierte Gana. Actualmente, el proyecto está a cargo de la Superintendencia de Seguridad Social de Chile como contraparte técnica y ya cuenta con la transferencia de recursos por parte de la Alianza del Pacífico para su ejecución. De hecho, ya se lanzó una licitación internacional para contratar a la firma consultora que será la encargada de desarrollar el diagnóstico regional y determinar indicadores comparables, data que servirá de insumo para establecer un marco de acción general con el que cada país podrá desarrollar actividades tendientes a fortalecer sus regulaciones en salud y seguridad en el trabajo con enfoque en salud mental. “Uno de los principales desafíos que deberá sortear este proyecto es lograr ser lo suficientemente transversal teniendo en cuenta la diversidad de los países participantes. Así se espera que el trabajo conjunto permita desarrollar sinergias para resolver intereses comunes tanto para los países miembro, como para otros de Latinoamérica y, al final, aportar al trabajo decente y al desarrollo económico de las naciones”, expresa la funcionaria.Otro de los desafíos tiene que ver Otro de los desafíos tiene que ver con los ciclos políticos. “No podemos negar que, desde que comenzamos a trabajar en esta iniciativa los gobiernos de los países miembro de la Alianza han demostrado voluntad e interés. No obstante, cuando se dan cambios de administración se suelen perder los contactos de los delegados y de esas contrapartes lo cual es un tema muy relevante para darle continuidad al trabajo que ya se viene realizando”, advierte la intendenta Gana. Finalmente, y dado que se espera tener le proyecto finalizado hacia el cierre de este año, está el reto de implementar la política y monitorear su estado de avance en cada uno

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Superar las comorbilidades sociales, clave para transitar hacia una recuperación ambientalmente sostenible, incluyente y resiliente

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Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para Países Andinos El CCS consultó a la OIT para establecer qué desafíos enfrenta Latinoamérica en términos de trabajo decente. A raíz de la pandemia de la COVID- 19, en 2020 América Latina perdió 26 millones de empleos e inició el 2021 con una crisis en los mercados laborales, a pesar de los esfuerzos de recuperación económica y los avances en los planes de vacunación. De acuerdo con la OIT, el reto para este y los años sucesivos está en volver a generar los empleos perdidos y crear nuevas oportunidades de trabajo decente. En otras palabras, crear más y mejores puestos de trabajo. Pero, además, hay que atacar condiciones preexistentes en la región que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el empleo fue tan fuerte. En palabras de Ítalo Cardona, director de la oficina de la OIT para Países Andinos, se trata de “comorbilidades sociales” que contribuyeron a agudizar los devastadores efectos que las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad tuvieron sobre el mercado laboral. Alta informalidad, persistente desigualdad, baja productividad, escasa cobertura de la protección social, inequidad de género, bajas oportunidades de empleo para los jóvenes, son algunos de los condicionantes que aún requieren un abordaje profundo e integral. Pese a los problemas que reveló y exacerbó la pandemia, de acuerdo con un reciente estudio de la OIT, siete de cada diez puestos de trabajo se están creando en la informalidad. “Esto indica que, aunque estamos presenciando una reactivación económica, se siguen reproduciendo esas comorbilidades sociales que atentan contra la dignificación del empleo. Tenemos por delante el reto de avanzar en políticas y programas orientados a promover la formalización laboral; que contribuyan a la creación de mejores oportunidades para los jóvenes, las mujeres y los migrantes; que incluyan el fortalecimiento de un sistema de protección social, con mayor cobertura, mayorcalidad y, por supuesto, con sostenibilidad financiera”, señala Cardona. Desafíos para avanzar hacia el trabajo decente y el crecimiento económico La OIT hace un llamado para que las políticas y los programas de reactivación económica pongan a las personas en el centro con un fuerte enfoque en la inclusión social. Por ende, el organismo ha propuesto desarrollar estrategias de recuperación basadas en un marco de políticas sobre la base de cuatro pilares: estimular la economía y el empleo; apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y recurrir al diálogo social para encontrar soluciones. A su vez se requiere asumir desafíos impostergables que Cardona, resume en los siguientes aspectos: Repensar la construcción de competencias para el trabajo. Con el surgimiento de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 se aceleró la transformación de las dinámicas laborales. Este cambio requiere nuevas competencias, conocimientos y habilidades que ayuden a las personas a enfrentar mejor los tránsitos en el mercado de trabajo a lo largo de su vida laboral. “Eso significa transformar la formación del talento humano. Hay que garantizar que las personas adquieran nuevas competencias que les asegure que la reactivaciónno las va a dejar atrás”, advierte el vocero de la OIT. Por lo tanto, es esencial mejorar la inversión en educación tanto para los empleos actuales, como para los del futuro. Proteger y priorizar el empleo en las pymes. Dado que la mayoría de los trabajos son creados en las micro, pequeñas y medianas empresas, la OIT insiste en la necesidad de qué las políticas de los Estados protejan el empleo existente en este sector de la economía,que ha sido particularmente afectado por la crisis y cuyas empresas aún continúan en una situación económica altamente vulnerable. Construcción de acuerdos a través del diálogo social. Para reactivar el tejido económico y social de los países se requiere un diálogo social tripartito (gobierno, empleadores y trabajadores) que favorezca la construcción de políticas públicas, pactos y acuerdos sobre la reglamentación de nuevas formas de empleo, potenciando así las oportunidades para promover el trabajo decente, el respeto de los derechos laborales y el desarrollo sostenible inclusivo. Asimismo, la OIT señala que, en línea a las políticas laborales se requiere un sistema de protección social sensible a las diferencias, con políticas universales, redistributivas y solidarias. Creación de entornos laborales seguros y saludables. Para que la reactivación productiva y del empleo sea segura y saludable, es fundamental priorizar las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Esto requiere un fuerte componente de formación y educación en SST y, por ende, robustecer los recursos institucionales y presupuestarios que garanticen su adopción y cumplimiento. Consideración de los impactos del cambio climático en el mercado laboral. Aparejada a la crisis sanitaria, está también la crisis ambiental. Se requiere considerar los efectos del cambio climático en el desarrollo de las actividades, los riesgos ambientales que estefenómeno genera para los trabajadores y sus impactos en la salud y la seguridad. A su vez, se requiere avanzar en el desarrollo de empleos de calidad enfocados en la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Los sectores de la bioeconomía, las energías renovables, el ecoturismo y la economía circular, por mencionar algunos ejemplos, tienen el potencial de ser fuentes generadoras de empleo para grupos vulnerables, entre ellos, los jóvenes. La consideración de estos asuntos como desafíos, pero también como oportunidades, les permitirá a las naciones transitar hacia una recuperación ambientalmente sostenible, incluyente y resiliente. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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La Agenda 2030 en el contexto latinoamericano, un camino por recorrer

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Por Ángela María Penagos, directora (e) del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS) Los dos últimos años ha representado un choque inesperado para las sociedades modernas. Si bien los problemas estructurales se venían profundizando desde años anteriores, los efectos de la COVID-19 han acelerado este proceso. De acuerdo con la Cepal (2021a), en este momento el planeta enfrenta tres crisis estructurales: un crecimiento más lento del comercio y de las economías mundiales; el aumento de las desigualdades en la mayoría de los países y la devastación de ecosistemas que aseguran la sostenibilidad del planeta por cuenta de los patrones de producción y consumo actuales. Este aspecto cobra mayor relevancia en América Latina, que después de presentar una trayectoria en la reducción de la pobreza y, de alguna manera, un crecimiento sostenido de buena parte de su economía, hoy por hoy ve como esta tendencia se ha ido quebrando. En el 2020, las personas que viven en pobreza extrema llegaron a 78 millones en la región, 8 millones más que en 2019, lo que implicó un aumento en 2,9 % en el Índice de Gini (Cepal, 2021b). La desigualdad sigue siendo uno de los principales problemas de América Latina. El crecimiento de las economías no ha sido suficiente para reversar esta situación. De hecho, cada día se reconoce más que no es un fenómeno que se autocorrige. La región presenta enormes brechas entre personas y territorios, lo que se hizo aún más evidente con la limitada capacidad para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia y con el descontento social que se expresó con múltiples protestas. Al fenómeno de la desigualdad se le unen dos fenómenos adicionales, los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. El actual modelo de producción basado en el uso de combustibles fósiles ha llevado a que la concentración de dióxido de carbono (CO₂) se incremente de manera sostenida llegando, en el 2020, a 415 partes por millón, el nivel más alto en los últimos 800 mil años, lo que implicará que en el siglo XXI la temperatura aumente tres grados centígrados, un grado por encima de la meta prevista en el Acuerdo de París (Cepal, 2021a). A ello hay que añadir que nuestros países todavía no cuentan con las condiciones institucionales, económicas y sociales para enfrentar estos fenómenos de forma que logremos una mayor capacidad de adaptación y resiliencia en nuestros ecosistemas y sistemas agroalimentarios capaces de responder a los fenómenos de variabilidad climática y de integrarse regionalmente. En este contexto se requiere que, efectivamente, la Agenda 2030 se convierta en la hoja de ruta de los gobiernos actuales y próximos. No debería ser posible que, en el planteamiento programático de los nuevos gobiernos, así como en la implementación de las medidas de las administraciones actuales, las acciones en favor de esta agenda no sean claras, explícitas y contundentes. Es necesario que se pase de meros lineamientos a instrumentos con mecanismos de implementación donde las metas comprometidas en cada uno de los indicadores, sea un propósito de política pública de corto, mediano y largo plazo. Es así como es necesario, entonces, transitar a través de mecanismos de colaboración entre diversos actores de la sociedad, en donde el valor compartido se convierta en un fin. Esto implica alinear los instrumentos para conducir nuestros países hacia una sociedad dondela equidad, la acción climática y los sistemas agroalimentarios adaptados al clima, diversificados y desconcentrados sean el vehículo para caminar hacia una sociedad justa, resiliente y basada en valores democráticos. Para esto, como lo afirma Mazzucato (2021), es necesario avanzar en el desarrollo de capacidades para la cooperación, aprender a tomar riesgos conjuntamente, operar en condiciones de incertidumbre, así como utilizar los recursos públicos y los instrumentos financieros para objetivos transformacionales. Además, enfocar el accionar de la política en el logro de resultados, desarrollandocapacidades para evaluarlos desde una perspectiva comprehensiva y holística, considerando aspectos económicos, sociales, ambientalesy culturales, entre otros aspectos. Así mismo, desarrollar capacidades colaborativas entre sectores y entre niveles de gobierno. La velocidad con la que se requiere tomar medidas no da tiempo. Por lo tanto, las intervenciones de política deben favorecer las innovaciones que apunten a cambios de largo plazo, favoreciendo el desarrollo de estructuras que faciliten los mercados inclusivos donde el sector privado es más que un espectador, siendo, en definitiva, un actor y ejecutor del cambio. Referencias Mazzucatto, M. (2021). Missión Economy a Moonshot Guide to Changing Capitalims . New York : HarperCollins. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Santiago: Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). (2021). Informe Especial NO 11 COVID – 19. Santiago: Naciones Unidas. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Desarrollo industrial sostenible e inclusivo: acciones en Colombia y caso de intervención en la cadena de químicos

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Por Helen Jhoana Mier Giraldo, chief technical advisor ONUDI y Carolina González Müller, representante ONUDI Colombia En el contexto actual los países siguen luchando contra la pobreza que, pese a las reducciones logradas en las dos últimas décadas, se ha visto fuertemente incrementada a causa de la pandemia de la COVID-19: según cálculos del Banco Mundial, este fenómeno alcanzó a 100 millones1 de personas adicionales a las ya registradas. Este panorama puede también verse agravado por los efectos de los conflictos sociales y del cambio climático que, de acuerdo con estimaciones del mismo organismo, llevará a la pobreza a un volumen que oscila entre las 68 y las 135 millones de personas para el 20302. Ante este escenario, los gobiernos continúan buscando medios efectivos para enfrentar la situación y el desarrollo productivo sigue siendo una de las principales estrategias de crecimiento, dentro del cual la industria representa, al menos, la quinta3 parte de la fuerza laboral mundial. Siguen entonces vigentes los preceptos de la Declaración de Lima, adoptada por los Estados miembro de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en diciembre de 2013, la cual sentó las bases para una nueva visión del Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID, por sus siglas en inglés) y destacó el papel de la industrialización como motor del desarrollo. Es así como la actividad industrial, además de generar empleos y mejores ingresos, representa uno de los motores para la innovación y el desarrollo tecnológico que requiere políticas y estrategias contundentes para el uso racional de los recursos naturales, la minimización de sus impactos en el ambiente y la salud, así como el aprovechamiento del progreso tecnológico para el logro de los objetivos medioambientales a escala global. De esta forma, el mandato del ISID se complementa con la Declaración de Abu Dabi (2019) que pone como prioridad la erradicación de la pobreza y la necesidad de hacer frente al cambio climático y a la degradación ambiental. La ONUDI4, en su calidad de agencia especializada de las Naciones Unidas, cuenta con una amplia red de organizaciones gubernamentales y privadas, centros de innovación y otros organismos internacionales con los que potencializa su trabajo especialmente en países en transición, promoviendo un desarrollo industrial con criterios ambientales y sociales. Estas alianzas también le han permitido a la ONUDI apoyar a los países en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMA`s) como lo son el ‘Protocolo de Montreal’, la ‘Convención de Estocolmo’, la ‘Convención de Basilea’, el ‘Convenio de Minamata sobre Mercurio’ y la ‘Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)’. Así mismo, lehan permitido participar activamente en el desarrollo de los estándares internacionales promovidos por dichos convenios, así como ser parte del Programa Interinstitucional de Gestión Racional de los Productos Químicos (IOMC) para la cooperación en el ámbito de la seguridad química. Desde el inicio de sus operaciones n Colombia, la ONUDI ha apoyado al gobierno central y a los gobiernos regionales en el propósito de alcanzar diferentes metas establecidas en los planes nacionales y locales de desarrollo y les ha brindado asistencia técnica para la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores. En este marco, se ha ofrecido acompañamiento en el cumplimiento de las obligaciones de los Acuerdos Multilaterales Ambientales, en la sustitución de la minería ilegal, artesanal y de pequeña escala, en la generación de nuevas habilidades y conocimientos en eficiencia energética y en el mejoramiento de las capacidades de parques industriales y zonas francas en su tránsito hacia el modelo de Parques Eco-Industriales (PEI). Es importante destacar el trabajo realizado en la mejora de la infraestructura de calidad en Colombia y el aumento de las capacidades de las pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de las regulaciones y de las normas internacionales de calidad y de sostenibilidad. Esto es relevante no solo porque promueve el desarrollo económico y social, sino porque en la medida en que se fortalecen las capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para el cumplimiento de las normas nacionales y globales, el país podráavanzar hacia la implementación y el monitoreo de modelos de sostenibilidad como la economía circular y la química verde. La ONUDI, junto a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), está implementando un importante modelo de intervención para la industria química, que hace parte del Programa Global de Calidad y Normas (GQSP, por sus siglas en inglés). Se trata de una iniciativa de la que hacen parte 12 países y en la que Colombia cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industriay Turismo, a través de Colombia Productiva, con enfoque en la cadena de químicos a través de una estrategia holística que aborda las principales brechas de calidad y sostenibilidad desde la política y las regulaciones, las instituciones, los bienes públicos y, finalmente, los actores de los sectores productivos. El GQSP Colombia5 ha venido trabajando en la mejora de las capacidades técnicas de ocho entidades nacionales (Invima, ONAC, Icontec, ANLA, ICA, INM, SIC, MinComercio) que son pilares de la Infraestructura Nacional de Calidad, como estrategia para la mejora de bienes públicos en materia de regulación, normalización técnica, metrología, acreditación e inspección, vigilancia y control para los diferentes sectores que conforman la industria química. Esto se complementa con la ampliación del portafolio de servicios de evaluación de la conformidad con reconocimiento internacional a disposición de la industria, por medio del cual se han fortalecido 31 laboratorios públicos y privados para la ampliación de sus capacidades en 24 métodos de ensayo, cuatro materiales de referencia y cuatro áreas de competencia en Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE, que beneficiarían los sectores de agroquímicos, pinturas, farmacéutico, cosméticos y química básica para el registro de sus productos y/o para demostrar su calidad y seguridad. Asimismo, el programa viene acompañando la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado deproductos químicos (SGA) en el país, mediante una estrategia integral que apoyó el desarrollo de la Resolución 773 de 2021, la capacitación de funcionarios

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Así se financia la sostenibilidad

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Por Hernando José Gómez Presidente de Asobancaria En entrevista con el CCS, el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez habló de los instrumentos financieros y estrategias que está desarrollando la banca para impulsar la sostenibilidad del país. También se refirió a los principales resultados que ya arrojan esos mecanismos. Consejo Colombiano de Seguridad (CCS): ¿Cuáles son los mayores desafíos y prioridades de trabajo que se vienen identificando en Asobancaria de cara a la inversión con enfoque en la sostenibilidad? Hernando José Gómez: El mayor desafío para la inversión con enfoque sostenible es el desarrollo de un mercado de proyectos o iniciativas que cumplan con criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) para la sostenibilidad. Actualmente, la demanda de proyectos con estas características es limitada y para la banca existe el reto de estructurar instrumentos financieros que consideren las características y particularidades de los modelos de negocio para proyectos con criterios ASG. Adicionalmente, las entidades financieras tienen el gran reto de acompañar a las empresas en la transición de sus negocios hacia modelos más sostenibles. La banca tiene un potencial enorme para apalancar la sostenibilidad de la economía y un rol fundamental en ese proceso, precisamente, por ser la fuente de financiación de las familias y empresas en el desarrollo de sus proyectos. Es por eso que, como sector, tenemos el reto, no solo de trabajar internamente en asuntos de sostenibilidad como lo pueden ser la inclusión financiera o la mitigación y adaptación al cambio climático, sino 67 también el desafío de trabajar con nuestros clientes, apoyarlos e incentivarlos a transitar este camino. CCS: En ese sentido, ¿qué estrategias se están desarrollando desde el sector financiero para impulsar a las empresas a adoptar prácticasde sostenibilidad? H.J.G.: Son varios temas. Lo primero que quisiera destacar es el trabajo que ha hecho la Superintendencia Financiera para definir la Taxonomía Verde¹, una herramienta poderosa que nos va a permitir ser mucho más rigurosos y asertivos en las mediciones y metas que nos propongamos. Lo segundo es el trabajo que hemos venido realizando para el diseño y puesta en marcha de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS) dirigido a instituciones financieras. Gracias a esta iniciativa, en 2020, más de 19 billones de pesos de la cartera fueron analizados con criterios de sostenibilidad, mientras que 773 solicitudes de crédito por 3,8 billones de pesos no fueron aprobados por no cumplir con esos estándares. A su vez, hemos desarrollado líneas de inversión y financiamiento sostenible como, por ejemplo, créditos atados a indicadores de desempeño ASG y productos verdes que incluyen, además, criterios de equidad, diversidad e inclusión los cuales incentivan a losclientes a adoptar prácticas sostenibles mediante mejores tasas, plazos y condiciones en sus productos financieros. También quisiera resaltar que el esfuerzo hecho por las entidades financieras para trabajar en proyectos e iniciativas sostenibles es exaltado a través de nuestro reconocimiento ‘Acercando la banca a los colombianos’ que, precisamente, busca reconocer los proyectos de la banca en materia de sostenibilidad. Para la edición 2021 recibimos más de 30 iniciativas en temas ambientales, sociales, económicos y también en equidad, diversidad e inclusión, lo que muestra que hay un interés del sector en esa dirección. Finalmente, contamos con nuestro protocolo verde, del que hablaremos más adelante. CCS: En Colombia, ¿existen productos financieros dirigidos a inversión sostenible? H.J.G.: Sí. Actualmente tenemos 14 entidades que ofrecen productos y servicios verdes pero, más importante aún, es que 12 entidades ya usan el Sistema de Análisis de Riesgos Sociales y Ambientales. La meta para 2022 es que ese número crezca a 15. Ahora bien, aunque estos productos sostenibles están dirigidos principalmente a las empresas para acompañarlas en esa transición, recientemente se han visto productos como créditos más baratos y flexibles para que las personas naturales obtengan carros eléctricos o inviertan en viviendas sostenibles. Entonces son productos para todos, no solo para los empresarios. CCS: ¿Dónde se concentran las mayores necesidades de financiación? H.J.G.: En los últimos años el indicador de profundización financiera ha aumentado de manera sustancial: mientras que en 2010 la cartera representaba el 32 % del PIB, actualmente bordea el 51 %. Sin embargo, vale la pena anotar que este nivel todavía es inferior al registrado por pares regionales como Brasil, Argentina, Chile, México y Perú. Para avanzar en este frente, debemos prestar especial atención a segmentos que exhiben mayores rezagos como el rural, el de las mipymes y el hipotecario, entre otros, así como explotar el potencial que tiene el financiamiento verde. CCS: ¿Qué resultados arrojan hasta el momento los pilotos de innovación financiera y el denominado ‘Protocolo Verde’ que nos mencionó anteriormente? H.J.G.: El Protocolo Verde es una de las iniciativas más poderosas que hemos podido construir desde Asobancaria. Lo venimos trabajando desde 2012 y ya son 25 las entidades financieras que se han adherido. Es un esfuerzo que hemos hecho para implementar estrategias y prácticas que sean precursoras, multiplicadoras y demostrativas en términos de responsabilidad ambiental en armonía con el desarrollo sostenible del país. Solo para dar una idea de los resultados, en 2020 se hicieron desembolsos por más de 5 billones de pesos para temas verdes y la cartera de este segmento alcanzó los 11 billones de pesos. En 2022 haremos la renovación del Protocolo Verde con el Gobierno nacional, y con herramientas como la taxonomía verde, vamos a lograr darle aún más impulso. En cuanto a los pilotos de innovación financiera, generamos esquemas innovadores de colaboración público-privada que atienden necesidades específicas de financiamiento a través de inversión sostenible para el sector industrial, agropecuario, agua, vivienda, minería, transporte y energía. Gracias a estos pilotos, las entidades que participaron desarrollaron productos, servicios y herramientas para dar soluciones financieras a esos sectores. Los interesados en conocer en detalle los diagnósticos sectoriales desarrollados en el marco de los Pilotos de Innovación Financiera, asícomo los riesgos ambientales y sociales de algunas industrias pueden acceder a la Biblioteca de Documentos disponible en la página web de Asobancaria (asobancaria.com/2016/02/01/pilotos-deinnovacion/ Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’

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Comunicar la sostenibilidad: de la estrategia corporativa a la gestión de la reputación

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Por Diana C. Forero Buitrago / Comunicadora Social y Periodista / Magíster en Comunicación e Identidad Corporativa / Especialista en Marketing / Gerente de Comunicaciones CCS. Actualmente, gestionar la comunicación, como parte de la estrategia corporativa y de cara a los objetivos de las organizaciones, es fundamental. En ese marco de actuación, la política o estrategia de sostenibilidad se convierte en uno de los ejes clave en el proceso informativo, bajo el supuesto de que la empresa destaque su modelo de negocio sustentable, en el que se evidencian “los esfuerzos que realiza para sostener su actividad económica, considerando factores sociales y medioambientales, y haciendo de su gestión una acción responsable con los recursos” (Orellana, 2020). Es así como este artículo pretende abordar la importancia de comunicar la sostenibilidad, desde un sentido práctico pero acorde con una visión estratégica de negocio. Este tema puede llegar a ser tan robusto como se pretenda; por eso, el documento se acota bajo tres aspectos específicos: qué significa comunicar la sostenibilidad, por qué hacerlo y cómo realizarlo. Esto, desde la visión de la comunicación interna, la identidad de marca, la gestión de las relaciones públicas y de reputación y, lo más relevante, desde el compromiso real de las empresas por aportar a un mundo más sostenible. El artículo presume que la organización tiene claridad de lo que a sostenibilidad se refiere en su marco de actuación. Entonces, ¿qué significa comunicar la sostenibilidad? Hace referencia a un diálogo abierto y público para dar a conocer las actuaciones y resultados de una empresa, asociado a las acciones que emprende para contribuir al contexto en el que se desempeña. Esto, acorde con sus operaciones y enmarcadas en las siguientes dimensiones: económica, gobernanza empresarial, social y ambiental. Un enfoque también asociado a la Responsabilidad Social Empresarial. La norma ISO 26000, de Responsabilidad Social, plantea que esto hace referencia a la “responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético, que: contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones”. Así las cosas, “se trata de comunicar elementos que, pese a ser intangibles, tienen un impacto muy concreto y medible en las organizaciones” (Granda, 2017). ¿Por qué comunicar la sostenibilidad? Lo que no se cuenta, no existe. Este famoso adagio reafirma una realidad de la comunicación. Pareciera ser obvio, pero, en ocasiones, puede no dársele a este tipo de informaciones la relevancia que tiene para la estrategia corporativa y la comunicación organizacional. Entonces, ¿por qué tomarse la ardua tarea de generar acciones que transmitan los resultados de gestión de la sostenibilidad? Podría reducirlo a una razón de peso: la gestión de la reputación. La Real Academia Española (RAE) define la reputación como la “opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo”; es decir, esa percepción positiva o negativa que, para este caso, las personas tienen de una empresa. Es, en definitiva, uno de los activos intangibles de mayor valor. Joan Costa, director de la ‘Red DIRCOM[r1] [1] Euro-Iberoamericana’, asegura que “la reputación es un constructo forjado sobre la identidad, la cultura, la imagen de la empresa, la marca corporativa, la conducta ética y la comunicación, que es el vehículo de toda gestión. Sin embargo, la reputación se afianza en tres pilares principales: a) la solvencia económico-financiera, que dota a la imagen pública de una mayor consistencia corporativa, más allá de los productos/servicios; b) la conducta ética y la responsabilidad social corporativa, que acercan la empresa a la sociedad (y atempera los posibles excesos de poder, económico y político); y c) la cultura organizacional que implica al conjunto de los empleados como caja de resonancia reputacional (portavoces, “embajadores”, etc.)”. Así las cosas, comunicar la sostenibilidad se hace imprescindible. No por un ejercicio publicitario, nada más alejado de su propósito real; sino por presentar, con transparencia y coherencia, el actuar de una compañía en el contexto en el cual se desenvuelve, a partir de su compromiso social, económico y ambiental, y, en ese sentido, asumir la responsabilidad de sus impactos. Además, “la reputación corporativa se ha convertido para muchos especialistas en el último salto crítico dentro de la historia del management empresarial, con una repercusión no menor de la que tuvo hace un par de décadas, su precedente más próximo –la gestión de la calidad- debido a la importancia creciente que en los últimos años le conceden los dirigentes empresariales a la reputación de sus compañías” (Villafañe, J. (2006). De esta manera, comunicar la sostenibilidad trae una gran diversidad de beneficios desde el apalancamiento de la estrategia corporativa hasta la gestión de la reputación. Aquí, algunas de las principales razones: Permite que la empresa demuestre un compromiso real con la sostenibilidad. Las acciones que adelanta en el marco de su estrategia son reconocidas como parte de su operación natural. Villafañe (2006) asegura que “la reputación corporativa exige, y también presupone, esa nueva racionalidad empresarial y en la consolidación de este fenómeno de excelencia empresarial (que es la reputación) se puede encontrar otra evidencia de ese cambio de mentalidad sobre lo que una empresa es y debe ser; esa nueva racionalidad que viene caracterizada por dos ideas: la ética y la sostenibilidad”. Coherencia en la estrategia organizacional. Sumado a lo anterior, transmite una imagen de responsabilidad social corporativa al comprometer sus objetivos estratégicos en el marco de una genuina preocupación e interés por los impactos ambientales, económicos y sociales que genera. Según Gilles Lipovetsky, “se ha producido una ‘inversión ideológica’ (…); el respeto a los principios morales y éticos se ha convertido en una conditio sine qua non[1] para el éxito a largo plazo en los negocios”. Denota transparencia. Lo cual, a su vez, incide en la generación de confianza en sus grupos de interés, a partir

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Colombia: hacia el liderazgo mundial en construcción sostenible

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Por Sandra Forero Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) En los últimos años, el sector edificador de Colombia ha liderado una verdadera transformación en el desarrollo de la construcción sostenible, convirtiéndose en una de las mejores prácticas empresariales para la reducción de impactos sobre el medio ambiente. La historia se remonta al 2017 cuando Camacol y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) firmaron un acuerdo para ser aliados en el desarrollo del Programa EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), introduciendo al mercado un estándar que ha revolucionado la construcción hacia prácticas más sostenibles en Colombia. Desde entonces, ha tenido un crecimiento acelerado con cifras que la posicionan como la certificación con más presencia y cobertura del país. La certificación EDGE exige que las edificaciones cumplan con parámetros de ahorro en agua, energía y energía incorporada en materiales donde, además de edificaciones residenciales, se pueden certificar hoteles, hospedajes, centros comerciales, oficinas, instalaciones educativas e infraestructuras para la prestación Sandra Forero Ramírez Presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de laConstrucción (Camacol) de servicios de salud. En comparación con un edificio base, el estándar EDGE propone ahorros correspondientes al 20 % en consumos de energía, agua y energía incorporada en materiales, respectivamente. Es preciso recordarque, para el caso de Colombia, los porcentajes de ahorro exigidos se deben alinear con la normativa nacional vigente, la Resolución 0549 de 2015, que estipula los porcentajes mínimos según la tipología de la edificación y la zona climática donde esta se encuentre. Durante los últimos cuatro años, los proyectos certificados con EDGE han generado importantes ahorros. Muestra de ello son los 109,597 MWh/año ahorrados, lo que equivale a la energía consumida por más de 10.700 hogares en un año, los 3,6 millones m3/año de agua que dejaron de consumirse y con los que podrían llenarse 1.440 piscinas olímpicas, o los 51,587 tCO₂/año de emisiones que no se emitieron a la atmósfera y que equivalen a retirar a más de 11.200 carros del tránsito cada año. Adicionalmente, hay que destacar que, durante el 2020, cerca del 15 % de los nuevos proyectos de vivienda lanzados en Colombia secertificaron en su etapa de diseño con el estándar EDGE, lo que permite inferir una fuerte tendencia del mercado hacia la inversión en activos seguros y sostenibles. A noviembre de 2021, Colombia cuenta con más de 6 millones de metros cuadrados de edificación verde certificados con EDGE con más de 80.000 viviendas, de las cuales, dos tercios son viviendas de interés social. El IFC estima que el total de superficie certificada con EDGE superó el 20 % de las nuevas construcciones en el año hasta el primero de julio de 2021, una de las tasas de penetración de mercado más altas para cualquier certificación de construcción verde reconocida internacionalmente. Adicional, la banca también ha acelerado esta transformación permitiendo a todos los segmentos y tamaños de empresa agregar la certificación EDGE a sus proyectos. Para lograr el cumplimiento del Acuerdo de París de contar con edificaciones nuevas con cero emisiones para el 2030 y edificaciones existentes para el 2050, se requiere seguir avanzando. A pesar del crecimiento verde del sector de la construcción en los últimosaños, se debe llegar a nuevos territorios y avanzar en su implementación. Por tal motivo, la Corporación Financiera Internacional y Camacol, junto con las entidades públicas rectoras de la política de sostenibilidad del país, aunamos esfuerzos para lograr lacreación de nuevos incentivos que aceleren la inclusión de criterios de sostenibilidad en edificaciones y asegure la transición progresiva hacia la carbono neutralidad. Este trabajo se viene adelantando mediante el acompañamiento de municipalidades con asistencia técnica desde la promoción de unahoja de ruta que busca la correcta implementación de incentivos para edificaciones sostenibles en Colombia. El sector de la construcción tiene un rol fundamental en los objetivos globales de sostenibilidad. Por lo tanto, los logros conseguidos nos llevan a nuevos retos y para avanzar debemos llegar a todos los actores del ciclo de vida de los proyectos (diseño, fabricación de materiales,construcción, uso y demolición). Si bien la industria ha avanzado significativamente los últimos años, todo el ecosistema pareceestar listo para evolucionar y seguir dando grandes saltos que nos lleven hacia el liderazgomundial en construcción sostenible. Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad.

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Planes Estratégicos de Seguridad Vial, acciones en clave de una movilidad segura y sostenible

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En conversación con el CCS, Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) compartió su visión acerca de por qué gestionar la seguridad vial es un asunto estratégico para las organizaciones y cuáles son los cambios normativos que se han dado en los últimos años en esa materia. Por Luis Felipe Lota Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas como consecuencia de accidentes de tránsito y se estima que, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, muchos de los cuales resultan en discapacidades. Adicionalmente, los indicadores demuestran que el problema afecta gravemente a los países de ingreso bajo y medio, donde tiene lugar el 93 % de las fatalidades. No en vano, la seguridad vial representa uno de los principales desafíos asociados a una movilidad sostenible, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe. Adicionalmente, aparece inmersa en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3 y 11, en cuyas metas se insta a reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo y a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles. “Empezar a abordar ese desafío requiere, en primera instancia, el trabajo sobre cuatro componentes clave: la seguridad de los vehículos, el estado de la infraestructura vial y sus elementos constitutivos, el comportamiento de los actores viales y la sinergia institucional”, señala Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Para lograr una comprensión y una gestión efectiva de dichos componentes, el funcionario precisa que es necesario gestionar el conocimiento, es decir, contar con información suficiente y adecuada para identificar los problemas asociados a la accidentalidad vial y, a partir de ahí, desarrollar soluciones pertinentes. A su vez, de acuerdo con Lota, se requiere desarrollar una cultura de corresponsabilidad y de cumplimiento de las normas por parte de todos los actores viales, así como un modelo de gobernanza en el que todos los involucrados sumen esfuerzos en el propósito de reducir el número de fatalidades y lesiones asociadas a accidentes de tránsito. Rol del sector privado y marco normativo La seguridad vial es un asunto estratégico para el sector privado. Por un lado, la accidentalidad en la vías puede llegar a afectar negativamente la productividad laboral por cuenta de la pérdida de capital humano o de las incapacidades asociadas. Por otro, los siniestros en los cuales se ven involucrados vehículos, tanto propios como de proveedores y distribuidores, suelen generar pérdidas económicas representadas en daños a la mercancía, incumplimientos, aumentos en los costos de los seguros, bajas en la flota transportadora y repercusiones financieras y presupuestales, entre otras. De ahí la importancia de contar con un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011. “Se trata de una herramienta de gestión que les permite a las entidades, organizacio- 59 nes y empresas identificar y gestionar sus riesgos en seguridad vial y focalizar recursos y acciones para reducirlos y/o mitigarlos, promoviendo una movilidad segura. Ahí radica su relevancia para la política de seguridad vial y su concepción como herramienta de gestión del riesgo”, señala el director de la ANSV. En aras de incentivar su adopción y fortalecer la responsabilidad social empresarial en materia de seguridad vial, en los últimos años Colombia, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y de la ANSV, ha venido desarrollando ajustes normativos que faciliten su puesta en marcha. “La primera reforma que tenemos es el Decreto 2106 de 2019, artículo 110, que modifica el artículo 12 de la ley 1503 de 2011 y elimina la necesidad de contar con un aval por parte de un organismo de tránsito previo a la implementación del PESV — explica Lota—. A su vez, insta a su articulación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de modo que los riesgos viales también sean incorporados de manera integral a la matriz de riesgos identificados en las empresas, un acoplamiento que queda ratificado en la Ley 1250 de 2020”. Finalmente, el avance normativo más reciente es la expedición del Decreto 1252 de 2021 el cual establece que el diseño e implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial debe contemplar, entre otros aspectos, un diagnóstico y caracterización de los riesgos de seguridad vial de la empresa, la realización de capacitaciones a los trabajadores del cargo o rol que desempeñe en torno a dichos riesgos, el establecimiento de compromisos claros por parte del nivel directivo orientados al cumplimiento de las acciones y estrategias en seguridad vial y la ejecución de labores de inspección y mantenimiento periódico a los vehículos, incluidos los vehículos propios de los trabajadores que sean puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones. “Incluso, se establece que las empresas podrán optar por acreditar el diseño e implementación del PESV a través de la ISO 39001 sobre Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial”, añade el funcionario. Acompañamiento al sector productivo Aquellas organizaciones que requieran orientación para construir y ejecutar sus PESV cuentan con el acompañamiento de la agencia mediante la iniciativa ‘La seguridad vial se toma tu empresa’. Se trata de un espacio de formación e intercambio de conocimientoque promueve la reducción de siniestros viales relacionados con el sector productivo colombiano. Incluye una serie de capacitaciones y asistencias técnicas a través de herramientas, programas y metodologías puestas al alcance de líderes y colaboradores de compañías,organizaciones y gremios en el diseño, implementación y mejora del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). Las firmas y empresas interesadas en acceder a la programación de ‘La seguridad vial se toma tu empresa’, pueden consultar la página web de la entidad. Allí encontrarán información sobre el desarrollo de las jornadas empresariales. “A la par de la COVID-19 en 2022 debemos continuar afrontando la mortalidad por

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Garantizar una actividad minera segura, responsable y sostenible, reto en el que Colombia ya está trabajando

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Por Juan Miguel Durán Prieto, Presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Artículo técnico tomado del Directorio ‘Perspectivas de Sostenibilidad 2022’ del Consejo Colombiano de Seguridad. La minería ha sido un importante motor de la economía colombiana y cada día se proyecta como eje de la reactivación productiva porque tiene amplios recursos minerales y alto potencial productivo para distintos minerales. Con 16 acuerdos comerciales, 14 acuerdos de inversión, 12 acuerdos de doble tributación y una ubicación geográfica excepcional, Colombia ratifica su potencial de exportación hacia los mercados internacionales. Así mismo, según la más reciente encuesta anual del Instituto Fraser, el país ocupa el primer lugar en el Índice de Atracción de la Inversión y en el Índice de Potencial Minero de América Latina y el Caribe. Un escenario prominente que lleva a la Agencia Nacional de Minería, como autoridad minera, a trabajar continuamente en la administración de los recursos minerales del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, el otorgamiento de títulos y el seguimiento y control de la exploración y la explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral del país. Así mismo, su reto es garantizar una actividad minera segura, responsable y sostenible. Lo más importante en las minas debe ser la vida, razón por la que desarrollamos, desde la institucionalidad, estrategias e iniciativas que articulan todos los esfuerzos para rodear a los mineros de una atención integral, además de prevenir y reducir los accidentes y fatalidades mineras. Por lo tanto, desde la Agencia Nacional de Minería tomamos medidas para garantizar la vida de las personas, pero es preciso resaltar que, para el cumplimiento de este objetivo, se requiere del compromiso de las autoridades locales, de las empresas mineras y del sector entero. Es claro que la minería es clave para el desarrollo económico del país, y esa visión sostenible es perfectamente compatible cuando se adelanta de manera legal, limpia y segura. Por ende, los desafíos que enfrenta Colombia para que la minería sea más segura, y que desde la ANM asumimos como propios, están en el seguimiento y la fiscalización minera con el fin de comprobar que las instrucciones técnicas que se imponen en materia de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente, se cumplan en los pasos establecidos y, de esta manera, poder lograr que las labores mineras se adelanten bajo estándares mínimos de seguridad. Dentro de las estrategias de la Agencia en torno a la seguridad se destaca la promoción del mejoramiento de las prácticas mineras, la prevención de muertes y lesiones a través de la capacitación en seguridad y salvamento minero, la promoción de la investigación y cooperación en temas de seguridad, el seguimiento y fiscalización a los títulos mineros y el fomento del desarrollo legal de la actividad. En el tema de minería no autorizada, el trabajo está enfocado en brindar las herramientas necesarias para alcanzar la formalización, lograr que los mineros legalicen su trabajo y cumplan 49 las normas de seguridad adelantando así una actividad minera responsable, puesto que la extracción ilícita de minerales hoy en día representa un gran porcentaje de muertes registradas en Colombia. Igualmente, como autoridad minera del país seguimos trabajando en el fortalecimiento del conocimiento y las competencias, tanto de los socorredores mineros como de actores particulares, quienes son voluntarios imprescindibles en el sistema de salvamento. Esto con el fin de mantenerlos altamente preparados para apoyar la atención de emergencias y convertirlos en multiplicadores de una cultura de prevención de accidentes y de control de riesgos mineros en el sector. Así mismo, con la estrategia de atención móvil en los territorios ‘ANM Activa la Región’ y la iniciativa ‘Jóvenes Mineros’ tenemos un mayor acercamiento a la comunidad minera, fortalecemos la comunicación y promovemos una cultura de responsabilidad, prevención y seguridad en el desarrollo de la actividad. Trabajamos en espacios para capacitar al trabajador minero en la identificación de peligros, valoración de riesgos y la forma de establecer los controles necesarios para evitar que se materialicen los accidentes. De otro lado, con los grupos regionales de seguridad minera generamos oportunidades de llegar a las regiones con jornadas de seguridad donde se capacitan en temas de seguridad e higiene minera. Para fomentar la prevención de accidentes y el autocuidado de los trabajadores mineros y sus familias, también adelantamos jornadas lúdico-pedagógicas con el programa ‘Por mi familia cuido mi vida’ un espacio para crear conciencia en los mineros al desarrollar las labores siguiendo procedimientos de trabajo seguro para evitar incidentes en la mina, siempre con la premisa de que lo más importante que debe salir de la mina es el minero antes que cualquier mineral. A su vez, como autoridad minera, lideramos la convocatoria para congregar a los actores clave y representativos del sector en una unión de esfuerzos para la creación de un Centro de Investigación en Seguridad Minera e Infraestructura Subterránea (CISMIS) de nivel nacional, que cuente con personal competente para desarrollar proyectos de investigación que impulsen el desarrollo minero en el país, construir conocimiento y promover el avance de la institucionalidad e infraestructura minera, de modo que, a través de la innovación y la transferencia de conocimiento, se logre responder a las necesidades y oportunidades de mejora en la seguridad de este sector. Para el 2022, la ANM realizará acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad en las explotaciones mineras subterráneas del país y plantea, como una de las actividades, el programa denominado “Herramientas esenciales para proteger la vida del minero”. El objetivo de este programa será integrar herramientas que, de acuerdo con el análisis de accidentalidad del país de los últimos tres años, deben estar presentes como aspectos básicos en la gestión de los riesgos mineros para mejorar las condiciones de seguridad en las labores mineras subterráneas y proteger la vida de los trabajadores. De esta manera, nuestro compromiso se mantiene en seguir trabajando para transformar la minería en oportunidades, enfocándonos en el desarrollo de una actividad minera segura,

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