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Transición energética, principales retos para las empresas

Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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Juntas de Calificación de Invalidez: nuevas disposiciones normativas

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Por: Gerencia Técnica del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). El 16 de junio de 2022 el Ministerio de Trabajo emitió dos actos administrativos que impactan el ejercicio de las juntas de calificación de invalidez. Por un lado, expidió la Resolución 2050, que establece el manual de procedimiento para su funcionamiento y, por otro lado, la Resolución 2051 de 2022 que define los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para dichas juntas. Protección & Seguridad consultó a Letty Rosmira Leal Maldonado, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, para conocer algunos aspectos relevantes de estas nuevas disposiciones normativas, su propósito, principales cambios e implicaciones. Protección & Seguridad: ¿Qué son las Juntas de Calificación de Invalidez?, ¿cuál es su principal función? Letty Leal: Conforme al artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales y cuyas decisiones son de carácter obligatorio. En dicho sentido, las Juntas Regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos técnicos y autónomos, científicamente hablando, para calificar la pérdida de capacidad laboral, así como el origen y la fecha de estructuración de las patologías que se le presentan para ser dictaminadas, bien sea en calidad de perito o como consecuencia de una inconformidad contra un dictamen de primera oportunidad. P&S: ¿Qué propósito se persigue al plantear “estándares mínimos” dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del SGRL para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: El objetivo de la Resolución 2051 de 2022 es establecer, registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa que resultan indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de las actividades de las Juntas Regionales y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el propósito de minimizar los riesgos asociados en la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes y funciones asignadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto1072 de 2015″. P&S: ¿Qué implicaciones tienen los “estándares mínimos” planteados para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: Los Estándares Mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para las Juntas de Calificación de Invalidez son de obligatorio cumplimiento y, por tanto, en caso de que no se implementen, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo son competentes para realizar las investigaciones administrativo- laborales que correspondan. P&S: ¿Qué aspectos relacionados con la atención de los usuarios se busca mejorar con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: La Resolución 2050 de 2022 tiene como finalidad dar lineamientos de obligatoria observancia en materia administrativa, operativa, financiera y contable a estos organismos de la seguridad social para complementar las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y garantizar la uniformidad en el desarrollo del proceso de calificación en las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta forma, se busca proteger los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad en las actuaciones que les han sido encomendadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto 1072 de 2015. P&S: Con estas dos normas, ¿cambia en algún aspecto el proceso para la emisión de un dictamen de determinación de origen y de Pérdida de Capacidad Laboral – PCL?, ¿se definen tiempos diferentes para los procesos? L.L.: Las Resoluciones 2050 y 2051 de 2022 no establecen términos, procedimientos ni plazos diferentes al proceso de calificacion que está reglamentado en el título 5 del Decreto 1072 de 2015. Las resoluciones emitidas complementan y precisan aspectos del proceso de calificación pero no suprime, agrega ni modifica ninguna de las etapas del proceso de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral. P&S: En ese mismo sentido, ¿cuáles son las implicaciones para los usuarios de las juntas? L.L.: Con la Resolución 2051 de 2022 y la Resolución 2050 de 2022, los trabajadores e interesados en los dictámenes tienen beneficios y garantías para el buen funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta manera, se evitan represamientos en el dictamen y se garantiza que sus actuaciones estén regidas por los principios establecidos en la Constitución Política; entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. P&S: ¿Cuál será el modo de verificación de dichos “estándares mínimos” ?, ¿cuáles son las acciones establecidas para aquellas Juntas de Calificación que no cumplan con tales estándares o con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: El artículo 5 de la Resolución 2051 de 2022, establece: Artículo 5. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Calidad. El Director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez liderarán y aplicaran los Estándares Mínimos de Juntas y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, de los planes de descongestión, con la participación, apoyo y compromiso de los miembros e integrantes de las juntas. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez deben cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en las normas vigentes del Sistema General de

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Gestión del riesgo vial y su integración con el SG-SST

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Por: Jorge Olave Molano, gerente de relacionamiento institucional del CCS Ingeniero Agroindustrial / Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo / Auditor HSEQ (ISO 9001, 14001, 45001) / Auditor en gestión del riesgo biológico y bioseguridad / Auditor en ISO 39001, gestión de la seguridad vial. En los últimos años la tendencia en la generación de normativa técnica y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, enmarcada en la estructura de mejoramiento continuo bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se ha convertido en una fuerte tendencia en Colombia y en el mundo, permitiendo universalizar, en gran medida, el lenguaje de los sistemas de gestión. De la misma manera, ha promovido la practicidad y ha facilitado la integración de diferentes sistemas de gestión como la ISO 45001:2018 con la ISO 9001 o con el SG-SST que se halla especificado en el Decreto 1072 de 2015, o su integración con la ISO 39001: 2014, entre otras, apuntándole así a la eficacia y la eficiencia en el abordaje de riesgos bajo sistemas de gestión y/o de estructura de mejoramiento continuo. Cabe resaltar que el ciclo PHVA busca dar herramientas a la organización para alcanzar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión, mejorando su desempeño en cada etapa del proceso, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales (para ISO 45001), incrementando la satisfacción del cliente (para ISO 9001), mitigando de víctimas mortales y lesionados tras siniestros viales de tipo laboral (para ISO 39001), entre otros beneficios. Esto se debe a la adopción de acciones de planeación y contextualización del riesgo y su caracterización, de acuerdo con las actividades de la organización y el despliegue de actividades y programas para el control del mismo en relación con la priorización definida en el proceso de identificación y evaluación para luego, a través de mecanismos como indicadores de gestión, auditorías, acciones correctivas y preventivas o resultados de inspecciones planeadas, dar paso a la revisión y verificación que corresponda según las metas establecidas en el marco del sistema de gestión, implementando todo tipo de cambios y acciones enfocadas en cerrar las brechas identificadas durante la etapa de verificación y que le apuntan directamente al mejoramiento continuo. La norma internacional ISO 45001 define como mejora continua la ‘’actividad recurrente para mejorar el desempeño (…) está relacionada con el uso del sistema de gestión de la SST, para lograr la mejora del desempeño global de la SST coherente con la política de la SST y los objetivos de la SST” (ISO 45001 versión 2018, numeral 3,73) promoviendo así una estructura de gestión de la seguridad y salud en el trabajo compatible con cualquier gestión individual del riesgo ocupacional como lo es, por ejemplo, el riesgo de caída en alturas, el riesgo de accidente vial, el riesgo de incidencia de enfermedades laborales por factores biomecánicos, entre muchos otros. De esta manera, para promover la mejora continua de los sistemas de gestión de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, se hace necesario contemplar, entre otros elementos, medidas de control priorizadas y alineadas al contexto de la organización, sobre el individuo (trabajador, contratista, visitante), sobre el medio (ambiente de trabajo) y sobre la fuente del peligro. Un claro ejemplo de este esquema es la gestión de la seguridad vial ya que en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establecen controles sobre el vehículo (fuente), sobre el conductor (individuo expuesto) y sobre la infraestructura vial interna y externa (el medio donde interactúan el riesgo y el individuo). En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establecen controles sobre el vehículo (fuente), sobre el conductor (individuo expuesto) y sobre la infraestructura vial interna y externa (el medio donde interactúan el riesgo y el individuo)». El artículo 32 de la Resolución 0312 del 2019 establece que “todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) deberá articularlo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Para ello, es necesario analizar la estructura actual del PESV definido en la Resolución 1565 del 2014, en la cual se establece que para alcanzar la ‘’seguridad vial’’ como un factor intrínseco se deben establecer medidas, acciones, mecanismos y controles alineados con la interacción del hombre con la máquina en el entorno vial o del conductor o actor vial operador del vehículo automotor o no automotor en la infraestructura vial interna de la organización o externa, en rutas locales y nacionales, considerando el liderazgo y el compromiso de la gerencia de la organización y de los encargados de los procesos, al igual que acciones para dar respuesta oportuna a emergencias viales. Para esto es necesario considerar los cinco pilares que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Vial: • Pilar de gestión institucional.• Pilar de vehículo seguro.• Pilar de comportamiento humano.• Pilar de infraestructura segura.• Pilar de atención a víctimas. El primero se centra en la ‘gestión institucional’, un elemento que busca promover el liderazgo visible en materia de seguridad vial en la organización. Esto se logra mediante el empoderamiento de la alta gerencia a través del compromiso con la política de seguridad vial y la delegación de responsabilidades a los líderes del proceso por medio del comité de seguridad vial e incorpora la definición de recursos, la caracterización del riesgo vial, el contexto de los actores viales y sus necesidades, entre otros factores, alineados bajo la idoneidad del responsable de seguridad vial que la organización defina. El segundo pilar es el de ‘vehículo seguro’ el cual busca establecer acciones para promover controles eficaces sobre el vehículo automotor y no automotor, reducir la incertidumbre de falla y, por ende, de materialización (tanto como sea posible) de siniestros por causas asociadas al mismo. Para ello, se insta a la adopción de acciones de control como el mantenimiento preventivo del vehículo de manera estandarizada y programada de acuerdo con las especificaciones técnicas y de seguridad suministradas por el fabricante; la implementación de chequeos

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Madurez del SG-SST: ¿cómo y cuándo se alcanza?

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Patricia Canney Magíster en educación. Docente del Instituto Sueco para la Vida en el Trabajo (NIWL), el Instituto Nórdico para la Educación avanzada en Salud Ocupacional (NIVA) y el Instituto Karolinska de Suecia. Médica. Especialista en Gerencia Hospitalaria y en Salud Ocupacional. Por: Gerencia de Comunicaciones del CCS. Desde hace algunos años se viene afirmando que las organizaciones se están desenvolviendo en ambientes caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, lo que se ha denominado como ‘Entornos VUCA (por sus siglas en inglés). Ante este fenómeno las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios y disrupciones que retan su programación estratégica, sus planes de acción y sus rutinas profesionales. A la par, la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) se hace cada vez más dinámica, justamente, porque debe responder a las nuevas realidades y atemperar sus objetivos a los retos emergentes. En este sentido, ¿cómo se logra identificar el nivel de madurez en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización? Este será el interrogante que Patricia Canney Villa, médica y especialista en Salud Ocupacional, abordará durante su ponencia, que tendrá lugar en el 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Con 35 años de experiencia en este campo, esta docente universitaria, investigadora y consultora de organizaciones internacionales realizará un recorrido histórico a través de las perspectivas de la SST, identificando la evolución de los conceptos y abordajes que propone la literatura y los aprendizajes y resultados que, a partir de allí, se han alcanzado hasta el momento. Así mismo, expondrá las nuevas corrientes de pensamiento que han surgido en años recientes, así como las discusiones que se están gestando en los círculos académicos de cara a los desafíos actuales. Esa, según Canney, será la base conceptual para avanzar en la búsqueda de esa madurez que las organizaciones aspiran en su compromiso de proteger la vida de los trabajadores. “Abordaremos la visión clásica de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que corresponde al “modo control”, es decir, organizaciones que establecen sistemas, procedimientos, acciones documentadas, seguimientos y auditorías, pero también el “modo resiliente” basado en nuevas teorías que, sin desechar lo que hemos venido haciendo, nos proponen incorporar nuevos elementos y nos invitan a ser mejores observadores, a alejarnos de la mirada reduccionista del ser humano como un ser que se comporta bien o mal y a preguntarnos continuamente ¿cómo lograr un alto grado de madurez en la gestión de la SST?”, explica la investigadora. De acuerdo con la experiencia y los análisis desarrollados por Canney, la respuesta a esta última pregunta no es tan simple. “No es fácil decir: «voy a medir el grado de madurez en SST en una organización”. Uno quisiera contar con un instrumento, una herramienta que le permitiera obtener esa información, pero no hay fórmulas ni recetas únicas”, explica la experta. En cambio, señala que sí se pueden identificar elementos que ayudan a medir cuál es el avance obtenido, cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de la SST, qué se ha aprendido, dónde están las oportunidades de mejora y dónde hay nuevas posibilidades de acción, es decir, dónde se requiere concentrar o redoblar esfuerzos. Todo lo anterior, dice Canney, deberá estar enmarcado en el contexto actual de la organización y la lectura del entorno en el que esta se halla inmersa de modo que las acciones sean pertinentes y respondan oportunamente a los desafíos identificados. “Cada momento histórico marca esta necesidad porque el mundo del trabajo cambia aceleradamente, es dinámico y, si bien podemos decir que hemos venido haciendo las cosas bien y que hemos obtenido buenos resultados, eso no nos exime ni es suficiente para alcanzar resultados aún mejores”, advierte la académica. Por eso, el grado de madurez de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de una organización se alcanza, según Canney, cuando esta hace una autoevaluación de su gestión y en lugar de conformarse con lo ejecutado se pregunta ¿qué más podemos hacer?, ¿qué más necesitamos para continuar avanzando? “Generar esa inquietud es lo que nos irá llevando a alcanzar un nivel de madurez cada vez mayor y, al mismo tiempo, encarar los retos y expectativas del momento histórico que se está viviendo”, agrega. Precisamente, ese es el objetivo de su conferencia: discutir los elementos clásicos y modernos de la SST y su implementación en las organizaciones, generar preguntas que motiven la inquietud de los asistentes, interpelar perspectivas y visiones y, finalmente, llevar a la audiencia a reflexionar sobre el abordaje de esta materia e identificar estrategias para alcanzar un mayor grado de madurez en los sistemas de gestión de los riesgos laborales. El papel de los líderes y los profesionales de SST En la búsqueda de un SG-SST más sólido, robusto y afianzado, los líderes juegan un rol determinante. De acuerdo con la doctora Canney, quienes tienen mayor impacto e influencia en los equipos de trabajo deben apostar por la construcción de lo que denomina como “una SST natural”, que se halle inserta en el ADN de las organizaciones, en los planes de crecimiento y sostenibilidad, y en la cultura empresarial. “No puede seguirse viendo como una imposición, porque lo tenemos que hacer o porque es un requisito legal. Tiene que existir un liderazgo genuino en estos temas que demuestre que la SST realmente se comprende y se adopta como un elemento estratégico”, asegura Canney, quien dará algunas claves al respecto en su conferencia. Así mismo, la experta señala que los profesionales de la SST tienen el reto de permanecer a la vanguardia en términos de conocimientos adquiridos para así desarrollar intervenciones acordes a las necesidades actuales y futuras. “Es esencial estar atentos a explorar nuevas corrientes de pensamiento, estudiar, profundizar, interrogar, debatir… mantenerse constantemente actualizados para así poder compañar y asesorar correctamente a los líderes de las organizaciones y este Congreso es una oportunidad para ello”, puntualiza la académica. Referencias P. Canney (29 de abril de 2022)

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Análisis de modelos de gestión del riesgo para la seguridad vial empresarial: resultados y conclusiones

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Julio Forigua Asesor en seguridad vial laboral en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ha sido director de proyectos en transporte, movilidad y seguridad vial en el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad. Ingeniero industrial, magíster en ingeniería de Transporte y candidato doctoral en Ingeniería Civil. Por: Lizeth Viviana Salamanca Galvis Líder de comunicaciones del CCS Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. El 9 de mayo de 2022, el diario El Tiempo publicó un informe especial en que alertaba que la tasa de fallecimientos por accidentes de tránsito en Colombia revelaba que el país sufría una pandemia oculta. La afirmación se sustenta en datos críticos: según el reportaje, entre el 2011 y el 2021, en el país se registraron más de 70.000 muertes como consecuencia de siniestros viales. “Esto es como si en la última década se hubieran caído 388 aviones (Airbus A320 con sus 180 ocupantes cada uno) o como si se hubiera borrado de la faz de la tierra el equivalente al público de 1,7 estadios El Campín”, ejemplifica el autor (El Tiempo, 2022). Adicionalmente, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2022), Colombia cerró el 2021 con un total de 7.270 personas fallecidas en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas quienes representaron el 59,5 % del total de víctimas fatales. Y las estadísticas no tienden a mejorar. El comparativo de personas fallecidas y lesionadas para el primer trimestre de este año (1798) con relación al anterior (1607) arroja un incremento del 11, 89 % (ANSV, 2022). La problemática del país representa apenas una porción de la gravedad del fenómeno a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), las muertes por accidentes de tránsito van en aumento con un promedio anual de 1,35 millones de fatalidades. Por si fuera poco, son la primera causa de muerte de personas entre 5 y los 29 años. La magnitud de los datos llevó a la Asamblea General de la ONU a adoptar, en 2020, la resolución 74/299 ‘Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo’, proclamando el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al menos el 50 % de las muertes y lesiones en las vías para el 2030 (OPS, s.f.). Entre los principales puntos que aborda el plan de acción definido allí se encuentra la responsabilidad compartida de la seguridad vial entre gobierno, sector privado, instituciones académicas, financiadores y sociedad civil; la aplicación de un enfoque de sistemas seguros integrado que aborde los principales comportamientos de riesgo; así como un enfoque de visión cero accidentes basado en pruebas e impulsado por los datos. En esa perspectiva, se han registrado algunos avances a nivel local. Prueba de ello es una investigación sobre modelos, metodologías, técnicas y herramientas que aportan en la identificación y gestión de riesgos de seguridad vial en organizaciones que implementan la ISO 39001, el Plan Estratégico de Seguridad Vial o el modelo RUC®️. “En la revisión del estado del arte no se han logrado identificar metodologías específicas para el tema. No obstante, existen mecanismos que resultan siendo muy aplicables en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. La idea, entonces, fue determinar cuáles serían aplicables o adaptables a la seguridad vial entendiendo sus limitaciones y su complejidad, de modo que esto les permita a las organizaciones una mejor toma de decisiones frente al abordaje del riesgo vial presente en trayectos en misión y en todos aquellos desplazamientos laborales donde puedan llegar a presentarse impactos», explica Julio Forigua, investigador y experto en temas de seguridad vial, tránsito, transporte y movilidad. Forigua es parte del selecto grupo de conferencistas que participará en el 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. En su ponencia titulada ‘Análisis de modelos de gestión del riesgo para la seguridad vial empresarial’ presentará en detalle los principales aspectos del estudio y los resultados más relevantes. De esta manera, compartirá con la audiencia una revisión de la literatura disponible alrededor de metodologías de gestión del riesgo, identificando fortalezas y debilidades a través de un marco comparativo y seleccionando aquellas que, por sus características y variables, son aplicables a asuntos asociados a transporte de carga y de pasajeros y que, a su vez, resultan útiles para empresas transportadoras, concesiones viales y organizaciones de diverso tipo que enfrentan riesgos en materia de seguridad vial. “La jornada académica dará lugar a una discusión de los resultados mediante análisis cualitativos y cuantitativos de aquellas metodologías que más impacto tienen en la seguridad vial y que realmente podrían estar agregando valor a las organizaciones”, anuncia Forigua. También se mostrarán las características y funcionalidades de los modelos, metodologías, técnicas y herramientas que evidenciaron mayor pertinencia y eficiencia durante la investigación. “Por ejemplo, vamos a profundizar en el Análisis Modal de Efectos y Fallos (FMEA, por sus siglas en inglés). Veremos cómo funciona el Modelo Corporativo de Seguridad Vial (CSRM, por sus siglas en inglés) y la metodología Risk Management World Class Transport – RMWCT que también tiene un impacto en el análisis de los riesgos para la toma de decisiones”, agrega el experto. Finalmente, se expondrán las conclusiones de la investigación, especialmente, el impacto que se logra en términos de seguridad vial. Según Forigua, los resultados del análisis permiten establecer los factores de desempeño que deberán abordar las organizaciones para reducir la siniestralidad y mantener una visión cero accidentes. “El estudio da cuenta del análisis de predicción de choques y colisiones que se pueden llegar a presentar, las causas y consecuencias y los controles aplicados, todo lo cual ayuda a las organizaciones a identificar en qué momento se puede materializar un riesgo y bajo qué condiciones. De esa manera podrán tomar medidas preventivas frente a ciertos desplazamientos o variables que intervengan en la siniestralidad asociadas al tipo de vehículo, el actor vial, la distribución de la carga y/o de los pasajeros, las rutas tomadas, las fechas y los horarios elegidos—explica el investigador —. Esto permite hacer unos análisis temporales,

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En cerca de 12 billones de pesos se estiman las pérdidas en la productividad laboral de Colombia debido al cambio climático, entre 2023 y 2030

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Bogotá, D.C., 29 de junio de 2022. Es un hecho que vamos a trabajar en un planeta más caliente y tenemos que pensar en los efectos que va a tener sobre la productividad y la vida laboral, para formular estrategias de mitigación del impacto y trazar planes de adaptación de las organizaciones. Este es el llamado que el Consejo Colombiano de Seguridad – CCS está haciendo a los empresarios para que, dentro de los planes de continuidad del negocio y estrategias de resiliencia, contemplen los escenarios de cambio climático y su afectación a los trabajadores. En mayo de 2022 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que hay un 50 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 ºC los niveles preindustriales, por lo menos en uno de los próximos cinco años. Los efectos del cambio climático también amenazan la productividad laboral, considerando que esta disminuye cuando la temperatura supera los 24 ºC. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha previsto que el estrés térmico[1] inducirá una reducción del 2,2 por ciento en el número de horas de trabajo en el mundo, para 2030, con un impacto de 2,4 billones de dólares en el PIB mundial. De hecho, el informe “Trabajar en un planeta más caliente: el impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente” de la OIT (2019) señala que, para el caso de Colombia, se perdería en promedio el 0,9 % de las horas de trabajo para el año 2030, siendo la industrias agrícola y de construcción las más afectadas, con un 3,52 % cada una (aun considerando que sus actividades se realicen a la sombra). Con esta información, el Consejo Colombiano de Seguridad se dio a la tarea de estimar el impacto que este fenómeno generaría en la productividad del país desde el año 2023 hasta 2030. Para ello, consideró el total de trabajadores ocupados en Colombia según reportes del DANE y tuvo en cuenta como base del cálculo el salario mínimo mensual actual, estimando su incremento a partir de los promedios del IPC entre 2009 y 2021. A partir de estos datos, se realizó una proyección del número de trabajadores (población ocupada), lo cual alcanzaría una cifra de 28 millones de personas para el 2030. Por su parte, se proyectó el valor del salario mínimo, el cual podría estimarse en un valor de un millón trescientos mil pesos para ese año. De esta forma, tomando el número de trabajadores ocupados para cada año, así como la proyección anual del incremento del salario mínimo (asumiendo que cada trabajador aporta a la economía en promedio lo correspondiente al salario mínimo), se estimó que el costo de las pérdidas de productividad con base en el 0,9 % de horas perdidas debido al estrés térmico, conlleva a un costo total acumulado para el país que podría ascender a los 11,9 billones de pesos entre 2023 y 2030. “Para lograr un futuro sostenible y con altos niveles de productividad debemos revisar las prácticas habituales; la gestión de los recursos naturales y las medidas de adaptación y mitigación deben analizarse desde la perspectiva de la resiliencia de las empresas y de la población trabajadora ante los efectos del cambio climático. Es importante considerar mayores inversiones para mejorar el monitoreo y predicciones de los potenciales efectos del cambio climático, fortalecer la gobernanza institucional, la evaluación de riesgos y el intercambio de conocimientos”, señala Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Adicionalmente, el estrés calórico plantea retos en el abordaje de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, puesto que se torna esencial encontrar mecanismos de adaptación a la variabilidad climática para mantener seguros a los trabajadores y limitar la exposición al calor y la humedad. Disponibilidad de agua, sequías y productividad El aumento en las temperaturas globales incide, además, en drásticos cambios en el ciclo del agua, un insumo fundamental en los procesos productivos de las industrias. Se estima que, por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7 % de la población mundial estará expuesta a una disminución de, al menos, 20 % de los recursos hídricos renovables, de acuerdo con informes de UN-Water. Por ejemplo, las reducciones en las lluvias sumadas a los cambios en el uso del suelo pueden acelerar e intensificar los procesos de desertificación y pérdida de recursos hídricos con los consecuentes impactos sobre la salud humana, la producción agropecuaria y forestal, la economía y la competitividad regional. En este sentido, no solo se afectaría el acceso al agua como materia prima, sino que también se exacerbarían conflictos por su uso en las comunidades. El Ideam ha estimado que el 31 % del territorio nacional podrá verse afectado por disminución en las precipitaciones para 2040; así mismo, el 55,6 % de la población nacional de la Región Andina deberán establecer medidas de adaptación al cambio climático para continuar produciendo el 62,1 % del PIB del país. Aumento del riesgo de desastres y pérdidas económicas Otro efecto del cambio climático que también tiene incidencia en la productividad de las organizaciones y de los países es el aumento del riesgo de desastres, en mayor medida por los fenómenos climáticos extremos. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha estimado que las pérdidas económicas derivadas de desastres como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones están alcanzando un promedio de 300 billones de dólares cada año y que, en muchos países, estas pérdidas están creciendo más rápido que su PIB per cápita. Un análisis del Banco Mundial encontró que, durante el periodo 1960 a 2018, los desastres climáticos redujeron la productividad anual en un promedio de 0,5 %. Incluso, después de tres años de su ocurrencia, los desastres climáticos severos continúan reduciendo la productividad laboral en aproximadamente un 7 %, según la UNDRR. Además de los escenarios de reducción de lluvias, el Ideam estima que 13 % del territorio nacional podrá verse afectado por grandes aumentos de

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Lo que debe saber sobre Fichas de Datos de Seguridad (FDS)

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Por: Diego Nahuel Gotelli / Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas Scottish Qualifications Authority (SQA) / Director de Ciquime (Argentina) / Químico y licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) son un método aceptado y eficaz para proporcionar información de los peligros de las sustancias y mezclas químicas tanto en el ámbito laboral como para los servicios de emergencias. Desde la adopción del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos a nivel mundial, las FDS junto a las etiquetas tienen cada vez mayor importancia en las acciones de comunicación de peligro que los empleadores deben adoptar para sus trabajadores. También, las FDS cumplen un rol importante en toda la cadena de distribución de un producto, ya que en la misma no sólo se indican las medidas a adoptar para una correcta manipulación, sino también todo lo referente a su transporte, acciones en caso de una emergencia (derrame, incendio, etc.) y la forma de disposición final. Por último, las FDS también son fuente de consulta permanente por las áreas de cumplimiento regulatorio de las empresas para saber cuáles son las normativas que aplican al ciclo de vida del producto. Por todo lo antes mencionado, sin lugar a duda las FDS son de vital importancia en la gestión de la seguridad de nuestras industrias. Las FDS deben ser desarrolladas por personas competentes, que asistan a entrenamientos periódicos en el tema, y cuenten con los recursos para consultas a los registros internacionales de sustancias químicas y así conocer toda la información referente a los peligros. ¿Qué cuidados debemos adoptar para desarrollar una FDS? No debemos olvidar a quién está dirigida, tanto a las personas que manipulan el producto como a los equipos de respuesta a emergencia y al personal encargado del cumplimiento regulatorio en las empresas. La información de los peligros deberá figurar en la FDS de manera concisa. Estará redactada de manera coherente y exhaustiva, utilizando un lenguaje sencillo, claro y preciso, evitando jergas, acrónimos y abreviaturas. Se evitará el uso de expresiones vagas y equívocas. Tampoco se recomiendan frases como “seguro en casi todas las condiciones de uso” o “inocuo”. También puede ocurrir que la información sobre ciertas propiedades no revista interés o que sea imposible técnicamente facilitarla; en ese caso, habrá que especificarlo claramente en cada sección de la FDS. Se debe incorporar a las FDS toda información “nueva y significativa” que reciban sobre los peligros de un producto químico. Se entiende por “información nueva y significativa” toda información que modifica la clasificación en el SGA de la sustancia o mezcla y resulta en una modificación de la información contenida en la etiqueta, o de cualquier información en las FDS relativa a las medidas de control del peligro. Esta actualización puede derivarse, por ejemplo, de la publicación de nuevos datos o de resultados de ensayos sobre los posibles efectos adversos de carácter crónico para la salud, aún cuando dichos datos no conlleven una modificación de la clasificación existente. Responsabilidad de entrega de la FDS Cuando hay una cadena de suministro, los requisitos de la entrega de las FDS se aplican en cada eslabón de la cadena. La responsabilidad inicial de elaborar la ficha de datos de seguridad corresponde al fabricante, importador o representante y debe ser facilitada al destinatario en el momento de la primera entrega del producto peligroso, o incluso antes, para que pueda tomar las medidas necesarias encaminadas a prevenir posibles riesgos en su utilización. En ella, deben constar los datos necesarios para la protección de las personas y del medio ambiente. El fabricante, el importador o el distribuidor puede comunicar esta ficha sobre papel o en forma electrónica y debe hacer partícipe al destinatario de cualquier nueva información pertinente sobre el producto. Criterios básicos para el desarrollo de una FDS Los criterios básicos a tener en cuenta para la elaboración de estas fichas pueden resumirse en: a. Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al fabricante o suministrador, así como un número de teléfono donde efectuar consultas de emergencia.b. Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a:◥ Inflamabilidad.◥ Estabilidad y reactividad.◥ Toxicidad.◥ Posibles lesiones por inhalación, ingestión o contacto dérmico.◥ Primeros auxilios.◥ Ecotoxicidad.c. Formar al usuario del producto sobre:◥ Comportamiento y características.◥ Correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.).◥ Controles de exposición.◥ Medios de protección (individual o colectiva) a utilizar en el caso de que el control no fuera del todo eficaz o en caso de emergencia.◥ Actuaciones para realizar en caso de accidente: extintores adecuados contra incendio, control y neutralización de derrames, etc. La formación continua de los profesionales y el acceso a las bases de datos de información de peligros son la clave para que cada día tengamos mejores FDS que permitan el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios. Cómo citar este artículo:Nahuel, D. (2019). Lo que debe saber sobre Fichas de Datos de Seguridad (FDS). Revista Protección & Seguridad No. 387. pág. 11-13. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/lo-que-debe-saber-sobre-fichas-de-datos-de-seguridad-fds/ Obtenga sus Fichas de Datos de Seguridad en Productos Quimicos, a través del servicio de Señalización del CCS.

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¿Cómo articular el SGA al SG-SST? Claves y aspectos para tener en cuenta

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. La gestión de las sustancias químicas en Colombia ha tenido un desarrollo incipiente en cuanto a la regulación sobre el control y uso de las mismas. Es así como en la Ley 09 y en la Resolución 2400 de 1979 se definieron algunos elementos básicos sobre el manejo de las sustancias químicas, el etiquetado y la protección de los trabajadores. 14 años después, Colombia, mediante la Ley 55 de 1993, aprueba el convenio 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Esta ley ha sido una de las herramientas de trabajo principales que han utilizado las empresas y trabajadores en los temas de seguridad y salud para buscar una gestión segura de los productos químicos, sin embargo, es bien sabido que esta norma no tuvo desarrollo normativo mediante reglamentaciones por lo que su alcance y aplicación se ha quedado corto. Uno de los aspectos fundamentales que adolece de definición en Colombia es un sistema de clasificación que permita identificar los peligros a la infraestructura (físicos), a la salud y al ambiente de las sustancias químicas, es por esto, que indistintamente se han utilizado sistemas cómo NFPA 704, HMIS III o el sistema antiguo de la comunidad económica europea (CEE) en algunos casos de maneras desafortunadas donde se utilizan estos sistemas sin la información de respaldo que acredite la clasificación de la sustancia. Colombia, en el marco del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en particular en lo que respecta al comité de químicos, ha establecido una hoja de ruta para fortalecer la seguridad química en el país. Uno de esos compromisos es la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) el cual estará en implementación para 2020 según lo definido en la Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3868). Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos En el mundo han existido diferentes sistemas clasificación de peligros químicos, así como regulaciones en la gestión de estos productos a nivel internacional, situación que ha creado una gran confusión e importantes dificultades para un control apropiado en el uso de los productos químicos (Winder, Azzi, & Wagner, 2005), en particular en el medio laboral y los productos de consumo. Es así, como desde el Convenio 170 adoptado por Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1990 se encontraban indicaciones para la definición de sistemas de clasificación. El Sistema Globalmente Armonizado nace del compromiso de los países en Rio de Janeiro en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, allí se estableció el programa 21 (conocido también como la Agenda 21) donde en el capítulo 19, definió la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos, contemplando dentro de las una de las seis áreas de programa, la armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químico. El trabajo que se realizó posteriormente con el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OIT y la OCDE, llevó a que en 2003 se publicara la primera versión del Sistema Globalmente Armonizado, como la base inicial para su implementación a nivel global (UNECE, 2017) este se viene actualizando cada dos años haciendo ajustes al texto oficial para mejorar su aplicación. El Sistema Globalmente Armonizado define los diferentes tipos de peligro de las sustancias químicas, utilizando criterios unificados, establece cómo se clasifican de acuerdo con sus características de peligrosidad, encontrando que estos peligros se pueden identificar según los posibles efectos físicos, a la salud y al ambiente. Así mismo, el sistema desarrolla elementos de comunicación de los peligros mediante las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. La clasificación de una sustancia química de acuerdo con el SGA depende de los criterios y de la confiabilidad de los métodos de prueba que sustentan los criterios (Winder et al., 2005), así mismo permite la reducción de ensayos de laboratorio en particular aquellos que se deben hacer en animales, permitiendo el uso de diferentes alternativas cuando no hay disponible información (Criterios de extrapolación). Avance de Colombia en la adopción del Sistema Globalmente Armonizado Hace más de 10 años en el país se ha hablado del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, tanto entes gubernamentales como organizaciones, como el Consejo Colombiano de Seguridad han hecho parte de las voces que han ayudado a dar a conocer el sistema en el país. Sin embargo, no se ha dado un paso fundamental, que es tener una regulación específica que defina su adopción y los pasos a seguir. En el marco del proceso de adhesión a la OCDE, algunos instrumentos relacionados con seguridad química propuestos por esta organización requieren que el país cuente con un sistema de clasificación de peligros de las sustancias, es por eso, que uno de los compromisos del país definidos en el CONPES 3868, es la implementación y puesta en marcha de este sistema (CONPES, 2016). A través de los compromisos de la mesa de seguridad química de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental(CONASA), los Ministerios del Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo y, Salud y Protección Social han promovido la construcción de la regulación para la adopción del sistema, con la publicación de dos proyectos de Decreto interministerial en los años 2016 y 2017, en los cuales se observa que el sistema busca adoptar de manera progresiva para los diferentes sectores de interés (puestos de trabajo, transporte, plaguicidas y productos de consumo). Por otra parte, la regulación en riesgos laborales ha empezado a incluir el uso del SGA en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad

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Implementación del SGA: avances en Colombia y Latinoamérica

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Manuela Cortés Rojas, Ingeniera química Asesora técnica de CISPROQUIM® El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) inicia su historia poco después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en 1992, en la cual se expresó la necesidad de crear un sistema mundialmente unificado de clasificación y etiquetado que incorporara fichas de datos de seguridad y etiquetado de productos químicos con símbolos de fácil comprensión (Naciones Unidas, 2017). En 2003, once años más tarde, se publicó la primera edición del documento base para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado a escala mundial bajo el símbolo ST/SG/AC.10/30, el cual se conoce como libro púrpura y es actualizado cada dos años desde entonces (Naciones Unidas, 2017). La implementación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) no es de carácter obligatorio a nivel mundial. Su adopción se va ejecutando país por país en los plazos que cada territorio considera adecuados para realizar la transición de los requisitos que venían manejando a nivel local hacia los nuevos parámetros globales que dispone el sistema. Por esta razón, el avance de los diferentes países en Latinoamérica es diferente. Para Colombia, por ejemplo, las normativas referentes a la seguridad sobre el manejo, almacenamiento y clasificación de los productos químicos inició en 1979 con la Resolución 2400, artículos 64 y 213. Posteriormente, en 1993, se ratificó el Convenio 170 y la Recomendación 177 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las cuales tratan específicamente sobre productos químicos y su utilización en el trabajo (Resolución 773, 2021). En la actualidad, con la expedición de la Resolución 773 del 2021 que determina el deber de los empleadores de implementar el SGA, Colombia trabaja en diferentes normativas que promueven la implementación del SGA, así como la prevención y disminución del riesgo químico en empresas colombianas. A continuación, se enmarca el proceso de implementación del SGA de manera breve y concreta para Colombia y algunos países iberoamericanos como lo son México, Chile y Brasil, los cuales, al igual que Colombia, vienen desarrollando todo un proceso interinstitucional y normativo con el fin de ratificar al SGA como sistema de comunicación de riesgos en la industria químca. Ventajas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Con la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado se observan las siguientes ventajas: • Mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente. • Proponer un marco reconocido a países que carecen de sistema de clasificación y etiquetado.• Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos.• Facilidad para el comercio internacional de los productos químicos Colombia Inicio de la implementación SGA: 2013 • En 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció y publicó el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas dentro del cual se inicia el desarrollo de una estrategia nacional para la implementación de SGA. • Ese mismo año se realizó una evaluación de desempeño ambiental con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dio origen al proyecto de apoyo a la implementación del SGA y del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés) en convenio con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). • En agosto de 2018, bajo el Decreto 1496, Colombia adoptó el SGA como norma voluntaria para la clasificación y etiquetado de productos químicos.• En abril del 2021 el Ministerio del Trabajo publicó la Resolución 773 mediante la cual se define la aplicación del SGA como norma obligatoria siguiendo la sexta versión del libro púrpura. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017; Ministerio del Trabajo, 2021. México Inicio de la implementación SGA: 2006 • En 2006 se creó el Comité Técnico Interinstitucional integrado por el sector gubernamental, privado, educativo y organizaciones de trabajadores. • En 2011 se publicó la NMX-R-019-SCFI-201 que inicia la adaptación del SGA como norma voluntaria con la tercera versión del libropúrpura.• En 2015 se publicó la NOM-018-STPS-2015 en la que se adopta el SGA con carácter obligatorio a partir de la quinta versión dellibro púrpura reemplazando la norma NOM018-STPS-2000 en la que se clasificaban los peligros mediante NFPA (National Fire Protection Association).• En 2018 se cumplió el límite de tiempo establecido en la NOM-018-STPS-2015 para fabricantes, importadores, distribuidores y empleadores de adaptar el SGA a sus procesos. Fuente: Secretaría de Gobierno de México, 2011; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2015. Chile Inicio de la implementación SGA: 2004 • En 2004, el Ministerio de Salud inició el estudio del libro púrpura y de los antecedentes preliminares para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado.• En 2011 se aceptó el proyecto del Fondo Fiduciario del Programa de Inicio Rápido del SAICM apoyando el financiamiento y elaboración de estrategias para la implementación del SGA. A su vez, el país participó, ese mismo año, en el proyecto regional de coordinación e implementación del SGA del Mercosur. • El 9 de febrero de 2021 se estableció el Decreto Supremo 57/19 que reglamenta la aplicación del SGA a los procesos, estableciendo plazos para su implementación según el tipo de sustancia. Fuente: Ministerio de Salud de Chile, 2015; Ministerio de Salud de Chile, 2021. Brasil Inicio de la implementación SGA: 2001 • En 2001 se creó un grupo informal para la implementación del SGA que fue socializado seis años más tarde, en 2007.• Entre el 2009 y el 2015 se publicaron cuatro partes de la norma ABNT NRB 14725 (-1:2009, -2:2009, :2014 y :2015), las cuales abarcan terminología, clasificación de peligros, etiquetado y hoja de datos de seguridad según el SGA en su cuarta versión.• En 2011 se modificó la norma reglamentaria NR- 64 incluyendo la obligatoriedad del SGA en el proceso de comunicar los peligros de los productos químicos. • Para la implementación del SGA en este país se dieron dos períodos de transición: del 2009 al 2011,

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Estrategias para intervenir comportamientos inseguros a nivel organizacional

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Ricardo Montero Martínez, ingeniero industrial, Director de la especialización y maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Occidente. Desde comienzos de este siglo la comprensión del efecto de los factores organizacionales en la ocurrencia del comportamiento inseguro o seguro ha venido en aumento. Si bien las raíces conceptuales se hallan en la profundidad de la literatura del siglo XX (Khon et al, 2000; Perrow, 1984; Reason, 1990; 2000; Sagan, 1993; Sender y Moray, 1991) y desde los años 60 se hacía mención de estos factores, fue en este siglo XXI que la literatura al respecto se incrementó y se incorporaron nuevos autores alrededor del tema (ver, por ejemplo, a Dekker, 2005; Hollnagel, 2014; Kletz, 2001; Peter & Peter, 2006; Sarter et al., 2010; Sharit, 2012; Whittingham, 2004). Siguiendo el ‘Modelo del Queso Suizo’ de James Reason (2009) la ocurrencia de accidentes corresponde, usualmente, a una combinación de errores activos y latentes que se manifiestan en las áreas de ingeniería, de operaciones y mantenimiento en las industrias y de sus equivalentes en los servicios. Los errores activos son aquellos relacionados con comportamientos inseguros de quienes ejecutan acciones frente a los riesgos. Por su parte, los errores latentes están asociados a comportamientos inseguros querealizan personas que pueden no estar presentes en el momento de ocurrencia del accidente o que, incluso, están relacionados con una actividad bastante previa, como lo sería el diseño conceptual de la máquina o la herramienta que se utiliza en la operación donde ocurrió el accidente. Como su nombre lo indica, los errores latentes no conducen de inmediato al accidente, pero están ahí, y, en combinación con errores activos u otros aleatorios, vulneran las defensas establecidas y conducen al accidente en un momento dado. Se pueden identificar dos tipos de errores latentes: operacionales y organizacionales. Los errores latentes operacionales están más asociados al mantenimiento cuando no se logra dejar el sistema en un determinado nivel de seguridad o no se logra que el equipamiento crítico para la seguridad (alarmas, dispositivos de paradas automáticas o de mitigación automática, etc.) esté disponible cuando se necesita por razones que involucran dicho mantenimiento. Los errores latentes organizacionales van desde errores de diseño —los cuales provocan que el sistema donde opera el humano sea inseguro (incluyendo eldiseño de los equipos, los procesos, los ambientes, las tareas y los procedimientos)— hasta los errores de gestión, los cuales inducen a errores activos por parte de los trabajadores. Prevención de los comportamientos inseguros a nivel macro Más que prevenir errores latentes de gestión, para comenzar, habría que asegurar y promover los Factores que Influencian el Desempeño (de las personas o grupos) o Performance Influencing Factors (PIFs). Para este caso, tales factores son de origen organizacional y están relacionados con la gestión. Parece lo mismo prevenir que asegurar, pero en realidad lo segundo es un enfoque mucho más positivo que prevenir errores. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el tema que se abordará a continuación no se produce de forma natural en las organizaciones. Cuando no se toman acciones conscientes para promover la cultura de la seguridad (que puede ser sinónimo de asegurar los factores que influencian el desempeño) y este asunto es dejado a la reacción natural de las personas, el resultado es tan aleatorio como lo puede ser el comportamiento humano sin ninguna guía o dirección. De hecho, la cultura organizacional se inclinará a darle prioridad a los temas de producción o servicios por encima de cualquier tema de seguridad ya que la mayoría de las organizaciones están diseñadas para esas funciones. Por supuesto, para promover la cultura de la seguridad no basta solamente con hacer declaraciones o diseñar políticas de seguridad y salud. Este es apenas un primer paso, pero es completamente insuficiente manifestar el deseo por sí solo, sin que esté seguido del resto de los componentes del ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar o ciclo PHVA. Manifestar el deseo es solo un componente de la fase Planear y pudiera ser declarar la política. En muchas organizaciones hay una política de seguridad y salud establecida e, incluso, un sistema de gestión de la seguridad y salud diseñado y, al menos, parcialmente implementado. Sin embargo, la cultura de la seguridad tiene amplias posibilidades de ser mejorada. Casi nunca se cierra el ciclo PHVA desde el punto de vista de la gestión, principalmente por los jefes que no son los encargados de la seguridad y la salud. ¿De qué vale que el gerente general declare que lo más importante en la organización son las personas, su seguridad y su salud, si después, durante el resto del año, nadie percibe que él se está ocupando realmente de esos asuntos? En muchas ocasiones hay una percepción por parte de los especialistas en SST de que son los mandos medios los que “se resisten” a implementar las acciones de seguridad que son de su responsabilidad. “La alta gerencia está convencida” se les oye declarar a los especialistas en SST, “pero a esos jefes intermedios es a quien debe estar dirigida cualquier intervención para que mejore la cultura de la seguridad” es lo que se sueleescuchar. Lamentablemente, y aunque las percepciones sean legítimas, pocas veces corresponden con la realidad. Los mandos medios saben perfectamente a qué deben responder para ser eficientes en lo que se les evalúa en sus puestos de trabajo y esto, como quizás todos sabemos, tiene que ver no con lo que el mando medio crea que es importante, sino, en primer lugar, con aquello por lo que su jefe de verdad se preocupa y le controla. Por ejemplo, si el mando medio tan solo es evaluado por la cantidad de producción, a ese aspecto le dedicará todos sus esfuerzos. Entretanto, la atención que le dedique a la seguridad será aleatoria, dependiente, quizás, de cuánta “sensibilidad humana” haga parte de su personalidad. Es obvio, entonces, que el trabajo sobre la seguridad no debe depender de los rasgos de personalidad de quienes ocupen un puesto directivo. Es el sistema el que

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