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Contribuciones de la SST al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Por Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de comunicaciones del CCS / Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. La Seguridad y Salud en el Trabajo no solo es un factor estratégico que les permite a las organizaciones proteger su capital humano, mitigar riesgos en su cadena de valor, incrementar la productividad y blindar la continuidad de los negocios, también constituye una herramienta clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Cómo? A continuación, se evidencia la relación que existe entre la creación de entornos de trabajo sanos y seguros con algunas de las principales apuestas de la Agenda 2030. ODS 1. Fin de la pobreza. La SST puede ayudar a reducir la pobreza al mejorar las condiciones de trabajo y promover el acceso a empleos seguros y saludables, lo que a su vez contribuye a aumentar los ingresos de las personas. Es preciso tener en cuenta que una gran mayoría de los trabajadores informales laboran en condiciones precarias, insalubres e inseguras, sin protección social, por lo cual la formalización del empleo es una estrategia para asegurar que la fuerza laboral de un país cuente con condiciones dignas de trabajo y pueda acceder a la seguridad social dentro de un mercado laboral incluyente, justo y equitativo. De otro lado, hay que tener en cuenta que la muerte y la discapacidad resultantes de actividades laborales peligrosas constituyen una causa importante de pobreza que afecta a las familias de las víctimas, quienes pierden la capacidad productiva de sus integrantes y genera retrocesos en los avances en materia social. ODS 3. Salud y bienestar. Este objetivo cuenta con tres metas directamente relacionadas con la SST: la 3.5 “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol”; el 3.6 “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo” y el 3.9 “para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. En todos los tres casos, la SST juega un rol esencial. En el primero, la promoción y el cuidado de la salud mental y la gestión oportuna de los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo es una estrategia que incide positivamente en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población trabajadora, pues les proporciona herramientas para gestionar sus emociones y les brinda apoyo para superar situaciones adversas. Con relación a la meta 3.6, al menos para el caso colombiano, si bien se desconoce el número exacto de víctimas de siniestros viales de origen laboral, se sabe, sin embargo, que en el 21 % del total de los accidentes fatales en las vías que tuvieron lugar en el país entre 2016 y 2021 se vieron involucrados vehículos de transporte de carga y pasajeros, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Además, se estima que más del 50 % de las fatalidades en las vías y carreteras del país están asociadas a actividades laborales (no necesariamente donde le sucede algo al trabajador, pero si se genera afectación o daños a terceros), dejando un enorme impacto social y económico para las organizaciones y la sociedad. Frente a este panorama, adquiere relevancia la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial (PESV) hoy ya incorporados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De esta forma, las organizaciones cuentan con una estrategia que les permite reducir riesgos de siniestralidad en entornos laborales e implementar mecanismos y herramientas que favorezcan la adopción de hábitos, comportamientos y conductas seguras en las vías, así como la identificación, análisis, valoración y control de los riesgos viales asociados a su operación. Finalmente, en lo que respecta a la meta 3.9, la SST tiene como principal objetivo promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Para ello, las organizaciones deben implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este Sistema de Gestión es la herramienta esencial para que las empresas identifiquen los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores, hagan la gestión del riesgo asociado y prevengan la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Debe garantizar la aplicación de las medidas de control y prevención, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, el aseguramiento de condiciones de trabajo sanas y seguras y la gestión eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo. La aplicación del SG-SST tiene como ventajas la mejora de las condiciones de trabajo, el bienestar y la calidad de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de los indicadores de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo y el aumento de la productividad. Además, el sistema permite velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en materia de riesgos laborales. ODS 5. Igualdad de género: la SST puede contribuir a la igualdad de género al mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de las mujeres en el lugar de trabajo y abordar los riesgos específicos que enfrentan las trabajadoras en ciertos sectores. De hecho, la OIT señala que “las cuestiones de igualdad de género y no discriminación, en particular la protección de la maternidad, el salario equitativo, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, se relacionan con la SST y pueden resolverse mediante leyes relativas a la SST en el ámbito nacional, y también mediante normas que rigen las cadenas mundiales de suministro”. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: la rigurosa aplicación de la normatividad en SST, la creación de iniciativas voluntarias y el trabajo constante en cuanto a actualización de leyes, reglamentos y sistemas relativos a la SST, ayuda a promover la creación de puestos de trabajo en

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Durante 2022, cerca del 19 % de las intoxicaciones con productos químicos afectaron niños menores de cuatro años

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Bogotá, abril de 2023. El 10 de abril se conoció que dos niños fallecieron por, presuntamente, inhalar creolina, un desinfectante que, entre otros usos, es empleado en actividades pecuarias. El caso, infortunadamente, no es aislado y se suma a los 12.489 eventos de personas intoxicadas con productos químicos reportados a CISPROQUIM® durante el 2022, de las cuales 2350 personas fueron menores de 4 años, lo que corresponde al 18,8 % del total de afectados; esto es, un incremento del 14 % frente al 2021. De este grupo, se reportó el fallecimiento de 5 niños. Al clasificar las intoxicaciones de las personas entre 0 a 4 años, según la causa de origen del evento, se encontró que el 93,8% de los casos se dieron debido al ‘Descuido de los responsables de los menores’, seguido de los casos por ‘Mal Uso’ de los productos (2,6 %) y las intoxicaciones de carácter ‘Ambiental’, al exponerse a espacios contaminados (1,2 %). Dentro de las intoxicaciones registradas en este grupo poblacional estuvieron involucrados 2432 productos diferentes; los cinco principales son los siguientes: Por distribución geográfica, Bogotá D.C. es la ciudad donde mayor número de casos con menores de cuatro años se registraron (13,5%), seguido de los departamentos de Valle del Cauca (13,1%), Santander (9,0%), Antioquia (7,7%) y Cundinamarca (5,6%). Estos cinco departamentos representan en conjunto cerca del 50% del total de intoxicaciones en menores de 4 años en Colombia. ¿Cómo evitar estas situaciones? El Centro de Información de Seguridad de Productos Químicos – CISPROQUIM®, del Consejo Colombiano de Seguridad, recomienda: ¿Cómo mitigar el riesgo desde la producción de estas sustancias? Desde CISPROQUIM® se recuerda a las empresas fabricantes, importadoras o distribuidoras de productos químicos que es fundamental implementar el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Este sistema internacional permite identificar y comunicar los peligros de las sustancias químicas (puras y sus mezclas) con el fin de transmitir información confiable sobre del producto, para proteger la salud humana y el ambiente. En Colombia, la Resolución 773 de 2021 del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social estipula la adopción y aplicación del SGA en los lugares de trabajo. De esta manera, las empresas que manipulen productos químicos deben asegurarse de que estos estén clasificados y etiquetados bajo este estándar. Esto permite que los trabajadores identifiquen el producto, los peligros a los que se podrían ver expuestos, consejos de prudencia para su uso, entre otra información dispuesta en las etiquetas y las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) que buscan lograr un uso seguro. Todo fabricante, importador o distribuidor de productos químicos, que estén dentro del alcance del SGA en Colombia, deberán entregar sus productos químicos clasificados bajo el SGA, correctamente etiquetados y suministrar la FDS en español y con el contenido especificado en la regulación colombiana. Las empresas productoras, fabricantes y distribuidoras de sustancias químicas pueden acceder a CISPROQUIM® como su línea de atención 24/7, donde se brinda información técnica y oportuna para el manejo de las posibles emergencias en el uso de sus productos que afecten al ambiente o la salud de las personas. Mayores informes en cisproquim@ccs.org.co

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Se presentaron 1488 accidentes de trabajo en promedio cada día durante el 2022

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Bogotá, marzo de 2023. El Consejo Colombiano de Seguridad presenta su Informe de Siniestralidad año 2022 como producto del trabajo que lidera su Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El informe expone el comportamiento de los accidentes de trabajo, las enfermedades calificadas de origen laboral y la mortalidad, consecuencia de estos siniestros en Colombia, y entrega cifras comparadas sobre las tasas de afiliación al SGRL, análisis por sector económico y distribución geográfica en cada una de las categorías. “En este informe las cifras hablan por sí solas y lo que los datos revelan en realidad es que aún hay mucho por hacer en materia de salud y seguridad en el trabajo. Los resultados nos permiten hacer una invitación para que empresas, entidades no gubernamentales y gobierno trabajemos juntos por consolidar una cultura de SST sólida que afiance la seguridad y el bienestar de los trabajadores colombianos de cara a la sostenibilidad del país” afirmó Adriana Solano, presidente del Consejo Colombiano de Seguridad. Crecen las afiliaciones al SGRL de los trabajadores independientes en Colombia Comenzando por el SGRL se evidenció un aumento del 8,1 % en el número de trabajadores afiliados, esto si se compara con el 2021, en donde se pasó de 10.799.343 trabajadores a 11.675.905 para el 2022. En cuanto a los trabajadores independientes, el crecimiento fue del 13,2 % y del 7,6 % para trabajadores dependientes afiliados a este sistema. Por otro lado, las empresas afiliadas representaron un incremento del 6,5 %, pasando de un promedio de 1.014.966 empresas, en 2021, a 1.080.796 en 2022. Este hecho se podría ver como una mejora en relación con la formalización y protección de las compañías con sus colaboradores. Accidentalidad laboral: en promedio se presentaron 1.488 accidentes laborales por día durante el 2022 El 2022 registró un aumento del 6 % en el total de accidente con respecto a los años anteriores, alcanzando un total de 542.983 accidentes de trabajo y una tasa de 4,65 accidentes por cada 100 trabajadores. Dentro del análisis, se identificaron los picos altos y bajos de accidentalidad. Así, agosto fue el mes con la tasa más alta (0,44 accidentes por cada 100 trabajadores) y marzo presentó la tasa más baja (0,27 accidentes por cada 100 trabajadores). Ahora bien, en el análisis por sector económico, los renglones que presentaron mayores tasas de accidentalidad fueron ‘Minas y canteras’, con 12,54 accidentes por cada 100 trabajadores; seguido de ‘Agricultura, ganadería, caza y silvicultura’, con una cifra del 11,97 de accidentes. Los datos mencionados muestran cómo cada uno de estos últimos sectores casi que triplicó la tasa de accidentalidad nacional. Por otro lado, en relación con la distribución geográfica de la accidentalidad, por tercer año consecutivo el departamento del Magdalena registró la tasa más alta a nivel nacional con 6,7 accidentes por cada 100 trabajadores. Le siguen Caldas y Meta con tasas de 6,36 y 6,03, respectivamente. Bogotá, por su parte, se mantiene como la ciudad en la que se presentan más accidentes de trabajo con 154.246, seguida por el departamento de Antioquia con 119.852. Las dos regiones, reúnen el 50,5 % del total de accidentes reportados. El 2022 obtuvo la tasa de enfermades laborales más baja que se haya registrado en los últimos años Entre los resultados de los últimos tres años, el 2022 obtuvo la tasa de enfermades laborales más baja que se haya registrado con 270,4 enfermedades calificadas por cada 100.000 trabajadores, alcanzando una reducción porcentual del 26% en comparación con el 2021 y del 38,1% frente al 2020. Así, se reportó un total de 31.572 enfermedades calificadas lo que indica que, en promedio, se presentaron 86 enfermedades calificadas por día en el país. En el análisis por sector económico las cifras no son tan alentadoras. El sector de servicios sociales y de salud registró la tasa más alta de enfermedades calificadas con 2792,9 casos por cada 100.000 trabajadores. De igual manera, este sector presentó el mayor número de enfermedades laborales con un total de 21.750 eventos. Por otro lado, en cuanto al desarrollo mensual y distribución geográfica, enero y febrero registraron las mayores tasas de esta categoría con 64,6 y 50 enfermedades calificadas por cada 100.000 trabajadores, respectivamente. Cesar alcanzó la tasa más alta con 934,2 enfermedades calificadas, seguido de Nariño (928,2) y La Guajira (853). Ahora bien, al igual que en la categoría de accidentalidad laboral, Bogotá y Antioquia se mantienen como las zonas de mayor número de enfermedades y concentran el 45,9 % del total. Cada semana fallecieron, aproximadamente, 10 trabajadores por causas asociadas al trabajo Frente a las muertes por causas asociadas al trabajo, durante 2022 se presentaron 526 muertes de trabajadores con una tasa de 4,51 por cada 100.000 trabajadores, siendo esta una cifra menor con respecto al 2021 y al 2020. De esos datos podemos concluir que cada semana fallecieron, aproximadamente, 10 trabajadores por factores laborales. Por otro lado, mayo fue el mes con mayor tasa de mortalidad (0,61 muertes por cada 100.000 trabajadores). Así mismo, es importante destacar que el número de muertes calificadas por accidental laboral correspondió al 94,5 % del total de muertes, en donde 497 de los decesos fueron consecuencia de accidentes de trabajo y 29 a causa de enfermedades laborales. Un dato importante a resaltar es que, en comparación con el 2021, el número de muertes por causas laborales se redujo en un 13,5 %, al igual que la cifra de muertes por enfermedades laborales, la cual disminuyó en 78,7 %. No obstante, con respecto a los accidentes de trabajo, se evidenció un incremento del 5,3 % frente al 2021. Analizando los sectores económicos, el sector de ‘Minas y canteras’ presentó la tasa de mortalidad más alta con 65,18 muertes, seguido del ‘Eléctrico, gas y agua’ con una tasa de 9,63 y ‘Agricultura, ganadería, caza y silvicultura’ con 8,49 muertes por cada 100.000 trabajadores. Adicionalmente, vale la pena destacar que ‘Minas y Canteras’ presentó un aumento del 7 % en el número de muertes en comparación con los años anteriores: el sector

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Alcance de la gestión en seguridad y salud de empresas de servicios temporales y sus usuarias

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Por Juan Zamoran Medina, gerente HSE y Sustentabilidad de Adecco Colombia S.A. Cómo citar este artículo:Zamoran, J. (2022). Alcance de la gestión en seguridad y salud de empresas de servicios temporales y sus usuarias. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 71-73. Consejo Colombiano de Seguridad. Las declaraciones y opiniones presentadas en este artículo son expresiones personales del autor y no reflejan necesariamente la posición del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en Colombia alrededor del alcance que deben tener las empresas de servicios temporales en su gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con los trabajadores en misión asignados a las empresas usuarias. En ocasiones se han presentado limitaciones en la intervención debido a aspectos que serán expuestos en este artículo y que, sin duda alguna, han representado un impedimento para lograr una excelente gestión y, sobre todo, para disminuir la afectación de la siniestralidad de estas compañías. Para iniciar este análisis es preciso referirse al Decreto 1072 de 2015 que compiló las normas en materia de riesgos laborales. Dicho decreto proporciona unos parámetros fundamentales a la hora de orientar las responsabilidades tanto de las empresas de servicios temporales como de las empresas usuarias del servicio. Así mismo, establece para cada una de ellas las obligaciones con los trabajadores en misión, brindándoles todas las garantías en materia de riesgos laborales. Incluso, en el capítulo II, sección 4, se enmarcan los riesgos laborales de las empresas de servicios temporales y se detalla el alcance en la gestión de estos. Explícitamente, el artículo 2.2.4.2.4.2 indica lo siguiente: “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, deberán incluir a los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lo cual deberán suministrarles: Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión”. Con base en lo anterior, se deben analizar tres puntos fundamentales contemplados por la norma que deben ser tenidos en cuenta por parte de las empresas usuarias en las que los trabajadores en misión se encuentren ejerciendo funciones: en primer lugar, es primordial comprender que la inducción en prevención de riesgos (asociados al campo en donde se encuentran los riesgos tangibles) la debe brindar la empresa usuaria, pues es allí donde la naturaleza del peligro se encuentra presente y donde se debe brindar una adecuada gestión de los mismos para evitar su materialización. Esto es clave porque, en algunos casos, se suele pensar erróneamente que la empresa de servicios temporales es la encargada de brindar la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Frente al segundo punto citado previamente hay mayor claridad: la responsabilidad de la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) corresponde a la empresa usuaria del servicio la cual se encuentra obligada no solo a suministrarlos, sino también a impartir la capacitación en el buen uso y disposición de estos. Ahora bien, la empresa de servicios temporales tiene la obligación de apoyar a la empresa usuaria en las capacitaciones y sensibilizaciones sobre el uso correcto de los EPP con el fin de realizar un control de tipo administrativo que aporte al sistema de gestión de ambas empresas. En este punto es necesario que la empresa usuaria del servicio suministre a la empresa de servicios temporales la matriz de EPP, las fichas técnicas, el acta de entrega, entre otros documentos; esto, con el fin de seleccionar aquellos más pertinentes para proteger efectivamente a los trabajadores y, por ende, cumplir con el requerimiento normativo. El tercer punto que menciona el artículo 2.2.4.2.4.2 es quizá el más complejo de analizar ya que señala que las empresas usuarias del servicio tienen la obligación de incluir a los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto parte de la siguiente ecuación: la empresa de servicios temporales ubica al trabajador y la empresa usuaria pone la subordinación y el riesgo; por tanto, es responsabilidad de la empresa usuaria incluir a todos los trabajadores en misión en los programas de gestión de riesgos, programas de vigilancia epidemiológica, entre otros. Esto se debe a una simple razón: la naturaleza de los peligros se origina en las instalaciones locativas de las empresas usuarias del servicio. Por ende, es responsable de gestionar y hacer frente a aquellas condiciones que se generen durante la prestación del servicio. Ahora bien ¿qué papel juega la empresa de servicios temporales en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores? Su rol es fundamental ya que debe gestionar todo lo que esté relacionado con la intervención en el individuo, es decir, suministro de inducciones, capacitaciones, sensibilizaciones, inspecciones de seguridad, observaciones de comportamientos y otras actividades en materia de prevención que impliquen un abordaje del individuo. Así mismo, el reporte de los accidentes de trabajo es ciento por ciento responsabilidad de la empresa de servicios temporales la cual deberá, en común acuerdo con la empresa usuaria del servicio, establecer mecanismos de comunicación con el fin de facilitar la información del presunto accidente de trabajo y así lograr que la administradora de riesgos laborales brinde la cobertura asistencial en salud para el trabajador en misión. Para ello, es necesario citar el Decreto 1295 de 1994, artículo 62, donde se indica que: “todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informada por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad”. En este sentido, frente a las investigaciones de accidentes de trabajo la normatividad es clara y denota la participación tanto de la empresa de servicios temporales como de la usuaria. De hecho, el artículo 8 de la

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Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Cómo citar este artículo:Salamanca, V. (2022). Empleos verdes y transición laboral: ¿riesgos emergentes en SST?. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 52-59. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/empleos-verdes-y-transicion-laboral-riesgos-emergentes-en-sst/ La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de la SARS-CoV-2 impactó drásticamente los mercados laborales de América Latina. Las cifras son dispares. De acuerdo con datos del Observatorio Laboral COVID-19 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2021) en la región se llegaron a perder más de 31 millones de empleos. Por su parte, la Cepal y la OIT (2020) estiman una pérdida de alrededor de 47 millones de trabajos siendo los más afectados grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores informales, los inmigrantes, los jóvenes que recién se insertaban en el mercado laboral y los trabajadores de menor cualificación o que no tuvieron posibilidad de acceder al teletrabajo. Pese a los avances en los planes nacionales de vacunación, los esfuerzos de los Estados por alcanzar la inmunidad colectiva y la progresiva reactivación de la economía, los organismos internacionales mencionados anteriormente advierten que la recuperación laboral será lenta y se necesitará no solo tiempo sino también la adopción de importantes medidas para retornar a los niveles previos a la crisis sanitaria y lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, para el BID los compromisos ambientales que los países han asumido en el marco del Acuerdo de París, como parte de sus apuestas por el desarrollo de un nuevo modelo productivo mundial, pueden ser una fuente clave de oportunidades laborales y un motor para la reactivación económica. “Si bien la recuperación del empleo depende de múltiples factores, se estima que transformaciones en sectores como agricultura, silvicultura, energía, transporte, turismo, construcción y gestión de residuos, que hacen posible la descarbonización durante el proceso de transición hacia una economía de cero emisiones, pueden llegar a crear 15 millones de empleos netos en la región al 2030” (BID, 2021). Sin embargo, en esa transición hacia economías más verdes, la OIT ha sido enfática en señalar que las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente y aboga por la necesidad de desplegar toda una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo. Esto incluye, entre otras medidas, una asistencia adecuada a las personas afectadas por los cambios, la creación de nuevas fuentes de empleo, la protección social, el desarrollo de habilidades y competencias, la recualificación, la gobernanza de la migración laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y el diálogo social para garantizar que la lucha contra el calentamiento global no afecte negativamente los medios de vida de los trabajadores. En otras palabras, un crecimiento económico sostenible, ecológico e inclusivo requiere una transición justa de la fuerza laboral (OIT, 2021), especialmente, si se tiene en cuenta que, al menos la mitad de esa fuerza de trabajo a nivel global –equivalente a 1.500 millones de personas–, se verá impactada por la “ecologización” de la economía (OIT, como se citó en Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019). 15 millones de empleos netos se podrían crear al 2030 en América Latina durante el proceso de transición hacia una economía baja en carbono, según el BID. De hecho, reconociendo que dicha transformación “impactará de manera más aguda a la fuerza laboral de sectores, ciudades y regiones que dependen de industrias intensivas en energías fósiles” (UN Climate Change Conference UK, 2021) en octubre pasado, más de 30 países, entre estos, los principales productores de carbón, firmaron una declaración en la que se comprometen a implementar estrategias que respalden a los trabajadores, las empresas y las comunidades más afectadas. Empleos verdes: retos para la SST La crisis económica y social de la COVID-19 no es el único factor que ha impactado el mercado laboral. Durante las últimas décadas el calentamiento global también se ha encargado de poner su cuota: los efectos de eventos climáticos extremos como las sequías, los incendios, las inundaciones, los huracanes y las heladas, entre otros, han interrumpido la operación de empresas y de sectores productivos debido a daños en infraestructuras, riesgos operacionales y bloqueos en cadenas de suministro por escasez lo cual ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas y destrucción masiva de empleos. En la transición hacia economías más verdes, las medidas para hacer frente al cambio climático no pueden dejar de lado la preocupación por el trabajo decente». A su vez, se perciben impactos en la productividad y la salud laboral. Según expertos del Programa Empleos Verdes de la OIT, cada año, se pierden miles de horas de trabajo a causa de factores ambientales y, para 2030, se estima que el número de horas trabajadas se reducirá en un 2 % debido al aumento de las temperaturas. De igual forma, la variabilidad climática está contribuyendo a generar riesgos ocupacionales y estrés térmico en la fuerza laboral (Sánchez, s.f., & Montt, 2019). Una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección». En este sentido, una recuperación verde e inclusiva es esencial no solo para enfrentar la crisis climática sino también para empezar a cerrar las desigualdades sociales develadas y exacerbadas por la pandemia, y es allí donde la creación de empleos verdes se presenta como una herramienta clave para avanzar en esa dirección. La OIT (2016) los define como: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética (…). A nivel empresarial, los empleos verdes pueden producir bienes o prestar servicios con impactos ambientales positivos como, por ejemplo, los edificios

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética

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En la última década el país ha dado importantes avances en materia normativa para habilitar, desde el plano jurídico, la transición energética. Entre los instrumentos más destacados están los siguientes: Cómo citar este artículo:Consejo Colombiano de Seguridad. (2022).Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 17-18. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/transicion-energetica-en-colombia/

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Transición energética, principales retos para las empresas

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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Juntas de Calificación de Invalidez: nuevas disposiciones normativas

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Por: Gerencia Técnica del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). El 16 de junio de 2022 el Ministerio de Trabajo emitió dos actos administrativos que impactan el ejercicio de las juntas de calificación de invalidez. Por un lado, expidió la Resolución 2050, que establece el manual de procedimiento para su funcionamiento y, por otro lado, la Resolución 2051 de 2022 que define los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para dichas juntas. Protección & Seguridad consultó a Letty Rosmira Leal Maldonado, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, para conocer algunos aspectos relevantes de estas nuevas disposiciones normativas, su propósito, principales cambios e implicaciones. Protección & Seguridad: ¿Qué son las Juntas de Calificación de Invalidez?, ¿cuál es su principal función? Letty Leal: Conforme al artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales y cuyas decisiones son de carácter obligatorio. En dicho sentido, las Juntas Regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos técnicos y autónomos, científicamente hablando, para calificar la pérdida de capacidad laboral, así como el origen y la fecha de estructuración de las patologías que se le presentan para ser dictaminadas, bien sea en calidad de perito o como consecuencia de una inconformidad contra un dictamen de primera oportunidad. P&S: ¿Qué propósito se persigue al plantear “estándares mínimos” dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del SGRL para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: El objetivo de la Resolución 2051 de 2022 es establecer, registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa que resultan indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de las actividades de las Juntas Regionales y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el propósito de minimizar los riesgos asociados en la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes y funciones asignadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto1072 de 2015″. P&S: ¿Qué implicaciones tienen los “estándares mínimos” planteados para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: Los Estándares Mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para las Juntas de Calificación de Invalidez son de obligatorio cumplimiento y, por tanto, en caso de que no se implementen, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo son competentes para realizar las investigaciones administrativo- laborales que correspondan. P&S: ¿Qué aspectos relacionados con la atención de los usuarios se busca mejorar con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: La Resolución 2050 de 2022 tiene como finalidad dar lineamientos de obligatoria observancia en materia administrativa, operativa, financiera y contable a estos organismos de la seguridad social para complementar las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y garantizar la uniformidad en el desarrollo del proceso de calificación en las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta forma, se busca proteger los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad en las actuaciones que les han sido encomendadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto 1072 de 2015. P&S: Con estas dos normas, ¿cambia en algún aspecto el proceso para la emisión de un dictamen de determinación de origen y de Pérdida de Capacidad Laboral – PCL?, ¿se definen tiempos diferentes para los procesos? L.L.: Las Resoluciones 2050 y 2051 de 2022 no establecen términos, procedimientos ni plazos diferentes al proceso de calificacion que está reglamentado en el título 5 del Decreto 1072 de 2015. Las resoluciones emitidas complementan y precisan aspectos del proceso de calificación pero no suprime, agrega ni modifica ninguna de las etapas del proceso de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral. P&S: En ese mismo sentido, ¿cuáles son las implicaciones para los usuarios de las juntas? L.L.: Con la Resolución 2051 de 2022 y la Resolución 2050 de 2022, los trabajadores e interesados en los dictámenes tienen beneficios y garantías para el buen funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta manera, se evitan represamientos en el dictamen y se garantiza que sus actuaciones estén regidas por los principios establecidos en la Constitución Política; entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. P&S: ¿Cuál será el modo de verificación de dichos “estándares mínimos” ?, ¿cuáles son las acciones establecidas para aquellas Juntas de Calificación que no cumplan con tales estándares o con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: El artículo 5 de la Resolución 2051 de 2022, establece: Artículo 5. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Calidad. El Director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez liderarán y aplicaran los Estándares Mínimos de Juntas y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, de los planes de descongestión, con la participación, apoyo y compromiso de los miembros e integrantes de las juntas. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez deben cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en las normas vigentes del Sistema General de

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