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Alcance de la gestión en seguridad y salud de empresas de servicios temporales y sus usuarias

Por Juan Zamoran Medina, gerente HSE y Sustentabilidad de Adecco Colombia S.A. Cómo citar este artículo:Zamoran, J. (2022). Alcance de la gestión en seguridad y salud de empresas de servicios temporales y sus usuarias. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 71-73. Consejo Colombiano de Seguridad. Las declaraciones y opiniones presentadas en este artículo son expresiones personales del autor y no reflejan necesariamente la posición del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en Colombia alrededor del alcance que deben tener las empresas de servicios temporales en su gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo con los trabajadores en misión asignados a las empresas usuarias. En ocasiones se han presentado limitaciones en la intervención debido a aspectos que serán expuestos en este artículo y que, sin duda alguna, han representado un impedimento para lograr una excelente gestión y, sobre todo, para disminuir la afectación de la siniestralidad de estas compañías. Para iniciar este análisis es preciso referirse al Decreto 1072 de 2015 que compiló las normas en materia de riesgos laborales. Dicho decreto proporciona unos parámetros fundamentales a la hora de orientar las responsabilidades tanto de las empresas de servicios temporales como de las empresas usuarias del servicio. Así mismo, establece para cada una de ellas las obligaciones con los trabajadores en misión, brindándoles todas las garantías en materia de riesgos laborales. Incluso, en el capítulo II, sección 4, se enmarcan los riesgos laborales de las empresas de servicios temporales y se detalla el alcance en la gestión de estos. Explícitamente, el artículo 2.2.4.2.4.2 indica lo siguiente: “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. Las Empresas usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, deberán incluir a los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, para lo cual deberán suministrarles: Parágrafo. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión”. Con base en lo anterior, se deben analizar tres puntos fundamentales contemplados por la norma que deben ser tenidos en cuenta por parte de las empresas usuarias en las que los trabajadores en misión se encuentren ejerciendo funciones: en primer lugar, es primordial comprender que la inducción en prevención de riesgos (asociados al campo en donde se encuentran los riesgos tangibles) la debe brindar la empresa usuaria, pues es allí donde la naturaleza del peligro se encuentra presente y donde se debe brindar una adecuada gestión de los mismos para evitar su materialización. Esto es clave porque, en algunos casos, se suele pensar erróneamente que la empresa de servicios temporales es la encargada de brindar la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Frente al segundo punto citado previamente hay mayor claridad: la responsabilidad de la entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) corresponde a la empresa usuaria del servicio la cual se encuentra obligada no solo a suministrarlos, sino también a impartir la capacitación en el buen uso y disposición de estos. Ahora bien, la empresa de servicios temporales tiene la obligación de apoyar a la empresa usuaria en las capacitaciones y sensibilizaciones sobre el uso correcto de los EPP con el fin de realizar un control de tipo administrativo que aporte al sistema de gestión de ambas empresas. En este punto es necesario que la empresa usuaria del servicio suministre a la empresa de servicios temporales la matriz de EPP, las fichas técnicas, el acta de entrega, entre otros documentos; esto, con el fin de seleccionar aquellos más pertinentes para proteger efectivamente a los trabajadores y, por ende, cumplir con el requerimiento normativo. El tercer punto que menciona el artículo 2.2.4.2.4.2 es quizá el más complejo de analizar ya que señala que las empresas usuarias del servicio tienen la obligación de incluir a los trabajadores en misión dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto parte de la siguiente ecuación: la empresa de servicios temporales ubica al trabajador y la empresa usuaria pone la subordinación y el riesgo; por tanto, es responsabilidad de la empresa usuaria incluir a todos los trabajadores en misión en los programas de gestión de riesgos, programas de vigilancia epidemiológica, entre otros. Esto se debe a una simple razón: la naturaleza de los peligros se origina en las instalaciones locativas de las empresas usuarias del servicio. Por ende, es responsable de gestionar y hacer frente a aquellas condiciones que se generen durante la prestación del servicio. Ahora bien ¿qué papel juega la empresa de servicios temporales en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores? Su rol es fundamental ya que debe gestionar todo lo que esté relacionado con la intervención en el individuo, es decir, suministro de inducciones, capacitaciones, sensibilizaciones, inspecciones de seguridad, observaciones de comportamientos y otras actividades en materia de prevención que impliquen un abordaje del individuo. Así mismo, el reporte de los accidentes de trabajo es ciento por ciento responsabilidad de la empresa de servicios temporales la cual deberá, en común acuerdo con la empresa usuaria del servicio, establecer mecanismos de comunicación con el fin de facilitar la información del presunto accidente de trabajo y así lograr que la administradora de riesgos laborales brinde la cobertura asistencial en salud para el trabajador en misión. Para ello, es necesario citar el Decreto 1295 de 1994, artículo 62, donde se indica que: “todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informada por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad”. En este sentido, frente a las investigaciones de accidentes de trabajo la normatividad es clara y denota la participación tanto de la empresa de servicios temporales como de la usuaria. De hecho, el artículo 8 de la

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética

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En la última década el país ha dado importantes avances en materia normativa para habilitar, desde el plano jurídico, la transición energética. Entre los instrumentos más destacados están los siguientes: Cómo citar este artículo:Consejo Colombiano de Seguridad. (2022).Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 17-18. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/transicion-energetica-en-colombia/

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Transición energética, principales retos para las empresas

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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Juntas de Calificación de Invalidez: nuevas disposiciones normativas

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Por: Gerencia Técnica del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). El 16 de junio de 2022 el Ministerio de Trabajo emitió dos actos administrativos que impactan el ejercicio de las juntas de calificación de invalidez. Por un lado, expidió la Resolución 2050, que establece el manual de procedimiento para su funcionamiento y, por otro lado, la Resolución 2051 de 2022 que define los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para dichas juntas. Protección & Seguridad consultó a Letty Rosmira Leal Maldonado, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, para conocer algunos aspectos relevantes de estas nuevas disposiciones normativas, su propósito, principales cambios e implicaciones. Protección & Seguridad: ¿Qué son las Juntas de Calificación de Invalidez?, ¿cuál es su principal función? Letty Leal: Conforme al artículo 16 de la Ley 1562 de 2012, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos del sistema de la seguridad social integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales y cuyas decisiones son de carácter obligatorio. En dicho sentido, las Juntas Regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez son organismos técnicos y autónomos, científicamente hablando, para calificar la pérdida de capacidad laboral, así como el origen y la fecha de estructuración de las patologías que se le presentan para ser dictaminadas, bien sea en calidad de perito o como consecuencia de una inconformidad contra un dictamen de primera oportunidad. P&S: ¿Qué propósito se persigue al plantear “estándares mínimos” dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del SGRL para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: El objetivo de la Resolución 2051 de 2022 es establecer, registrar, verificar y controlar el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa que resultan indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de las actividades de las Juntas Regionales y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el propósito de minimizar los riesgos asociados en la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes y funciones asignadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto1072 de 2015″. P&S: ¿Qué implicaciones tienen los “estándares mínimos” planteados para las Juntas de Calificación de Invalidez? L.L.: Los Estándares Mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales para las Juntas de Calificación de Invalidez son de obligatorio cumplimiento y, por tanto, en caso de que no se implementen, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo son competentes para realizar las investigaciones administrativo- laborales que correspondan. P&S: ¿Qué aspectos relacionados con la atención de los usuarios se busca mejorar con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: La Resolución 2050 de 2022 tiene como finalidad dar lineamientos de obligatoria observancia en materia administrativa, operativa, financiera y contable a estos organismos de la seguridad social para complementar las disposiciones del Decreto 1072 de 2015 y garantizar la uniformidad en el desarrollo del proceso de calificación en las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta forma, se busca proteger los principios de eficiencia, eficacia y oportunidad en las actuaciones que les han sido encomendadas. En cuanto a la atención de los usuarios, el Manual de Procedimiento para el Funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez pretende garantizar una atención oportuna y el cumplimiento en los términos del proceso de calificación de que trata el Decreto 1072 de 2015. P&S: Con estas dos normas, ¿cambia en algún aspecto el proceso para la emisión de un dictamen de determinación de origen y de Pérdida de Capacidad Laboral – PCL?, ¿se definen tiempos diferentes para los procesos? L.L.: Las Resoluciones 2050 y 2051 de 2022 no establecen términos, procedimientos ni plazos diferentes al proceso de calificacion que está reglamentado en el título 5 del Decreto 1072 de 2015. Las resoluciones emitidas complementan y precisan aspectos del proceso de calificación pero no suprime, agrega ni modifica ninguna de las etapas del proceso de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral. P&S: En ese mismo sentido, ¿cuáles son las implicaciones para los usuarios de las juntas? L.L.: Con la Resolución 2051 de 2022 y la Resolución 2050 de 2022, los trabajadores e interesados en los dictámenes tienen beneficios y garantías para el buen funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. De esta manera, se evitan represamientos en el dictamen y se garantiza que sus actuaciones estén regidas por los principios establecidos en la Constitución Política; entre ellos, la buena fe, el debido proceso, la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad, la publicidad, la integralidad y la unidad. P&S: ¿Cuál será el modo de verificación de dichos “estándares mínimos” ?, ¿cuáles son las acciones establecidas para aquellas Juntas de Calificación que no cumplan con tales estándares o con el Manual de Procedimiento para el funcionamiento de las juntas? L.L.: El artículo 5 de la Resolución 2051 de 2022, establece: Artículo 5. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Calidad. El Director Administrativo y Financiero de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez liderarán y aplicaran los Estándares Mínimos de Juntas y la elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, de los planes de descongestión, con la participación, apoyo y compromiso de los miembros e integrantes de las juntas. Las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez deben cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en las normas vigentes del Sistema General de

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Gestión del riesgo vial y su integración con el SG-SST

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Por: Jorge Olave Molano, gerente de relacionamiento institucional del CCS Ingeniero Agroindustrial / Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo / Auditor HSEQ (ISO 9001, 14001, 45001) / Auditor en gestión del riesgo biológico y bioseguridad / Auditor en ISO 39001, gestión de la seguridad vial. En los últimos años la tendencia en la generación de normativa técnica y legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, enmarcada en la estructura de mejoramiento continuo bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se ha convertido en una fuerte tendencia en Colombia y en el mundo, permitiendo universalizar, en gran medida, el lenguaje de los sistemas de gestión. De la misma manera, ha promovido la practicidad y ha facilitado la integración de diferentes sistemas de gestión como la ISO 45001:2018 con la ISO 9001 o con el SG-SST que se halla especificado en el Decreto 1072 de 2015, o su integración con la ISO 39001: 2014, entre otras, apuntándole así a la eficacia y la eficiencia en el abordaje de riesgos bajo sistemas de gestión y/o de estructura de mejoramiento continuo. Cabe resaltar que el ciclo PHVA busca dar herramientas a la organización para alcanzar el mejoramiento continuo de los sistemas de gestión, mejorando su desempeño en cada etapa del proceso, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales (para ISO 45001), incrementando la satisfacción del cliente (para ISO 9001), mitigando de víctimas mortales y lesionados tras siniestros viales de tipo laboral (para ISO 39001), entre otros beneficios. Esto se debe a la adopción de acciones de planeación y contextualización del riesgo y su caracterización, de acuerdo con las actividades de la organización y el despliegue de actividades y programas para el control del mismo en relación con la priorización definida en el proceso de identificación y evaluación para luego, a través de mecanismos como indicadores de gestión, auditorías, acciones correctivas y preventivas o resultados de inspecciones planeadas, dar paso a la revisión y verificación que corresponda según las metas establecidas en el marco del sistema de gestión, implementando todo tipo de cambios y acciones enfocadas en cerrar las brechas identificadas durante la etapa de verificación y que le apuntan directamente al mejoramiento continuo. La norma internacional ISO 45001 define como mejora continua la ‘’actividad recurrente para mejorar el desempeño (…) está relacionada con el uso del sistema de gestión de la SST, para lograr la mejora del desempeño global de la SST coherente con la política de la SST y los objetivos de la SST” (ISO 45001 versión 2018, numeral 3,73) promoviendo así una estructura de gestión de la seguridad y salud en el trabajo compatible con cualquier gestión individual del riesgo ocupacional como lo es, por ejemplo, el riesgo de caída en alturas, el riesgo de accidente vial, el riesgo de incidencia de enfermedades laborales por factores biomecánicos, entre muchos otros. De esta manera, para promover la mejora continua de los sistemas de gestión de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo, se hace necesario contemplar, entre otros elementos, medidas de control priorizadas y alineadas al contexto de la organización, sobre el individuo (trabajador, contratista, visitante), sobre el medio (ambiente de trabajo) y sobre la fuente del peligro. Un claro ejemplo de este esquema es la gestión de la seguridad vial ya que en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establecen controles sobre el vehículo (fuente), sobre el conductor (individuo expuesto) y sobre la infraestructura vial interna y externa (el medio donde interactúan el riesgo y el individuo). En el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial se establecen controles sobre el vehículo (fuente), sobre el conductor (individuo expuesto) y sobre la infraestructura vial interna y externa (el medio donde interactúan el riesgo y el individuo)». El artículo 32 de la Resolución 0312 del 2019 establece que “todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) deberá articularlo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Para ello, es necesario analizar la estructura actual del PESV definido en la Resolución 1565 del 2014, en la cual se establece que para alcanzar la ‘’seguridad vial’’ como un factor intrínseco se deben establecer medidas, acciones, mecanismos y controles alineados con la interacción del hombre con la máquina en el entorno vial o del conductor o actor vial operador del vehículo automotor o no automotor en la infraestructura vial interna de la organización o externa, en rutas locales y nacionales, considerando el liderazgo y el compromiso de la gerencia de la organización y de los encargados de los procesos, al igual que acciones para dar respuesta oportuna a emergencias viales. Para esto es necesario considerar los cinco pilares que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Vial: • Pilar de gestión institucional.• Pilar de vehículo seguro.• Pilar de comportamiento humano.• Pilar de infraestructura segura.• Pilar de atención a víctimas. El primero se centra en la ‘gestión institucional’, un elemento que busca promover el liderazgo visible en materia de seguridad vial en la organización. Esto se logra mediante el empoderamiento de la alta gerencia a través del compromiso con la política de seguridad vial y la delegación de responsabilidades a los líderes del proceso por medio del comité de seguridad vial e incorpora la definición de recursos, la caracterización del riesgo vial, el contexto de los actores viales y sus necesidades, entre otros factores, alineados bajo la idoneidad del responsable de seguridad vial que la organización defina. El segundo pilar es el de ‘vehículo seguro’ el cual busca establecer acciones para promover controles eficaces sobre el vehículo automotor y no automotor, reducir la incertidumbre de falla y, por ende, de materialización (tanto como sea posible) de siniestros por causas asociadas al mismo. Para ello, se insta a la adopción de acciones de control como el mantenimiento preventivo del vehículo de manera estandarizada y programada de acuerdo con las especificaciones técnicas y de seguridad suministradas por el fabricante; la implementación de chequeos

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Madurez del SG-SST: ¿cómo y cuándo se alcanza?

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Patricia Canney Magíster en educación. Docente del Instituto Sueco para la Vida en el Trabajo (NIWL), el Instituto Nórdico para la Educación avanzada en Salud Ocupacional (NIVA) y el Instituto Karolinska de Suecia. Médica. Especialista en Gerencia Hospitalaria y en Salud Ocupacional. Por: Gerencia de Comunicaciones del CCS. Desde hace algunos años se viene afirmando que las organizaciones se están desenvolviendo en ambientes caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, lo que se ha denominado como ‘Entornos VUCA (por sus siglas en inglés). Ante este fenómeno las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios y disrupciones que retan su programación estratégica, sus planes de acción y sus rutinas profesionales. A la par, la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) se hace cada vez más dinámica, justamente, porque debe responder a las nuevas realidades y atemperar sus objetivos a los retos emergentes. En este sentido, ¿cómo se logra identificar el nivel de madurez en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización? Este será el interrogante que Patricia Canney Villa, médica y especialista en Salud Ocupacional, abordará durante su ponencia, que tendrá lugar en el 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. Con 35 años de experiencia en este campo, esta docente universitaria, investigadora y consultora de organizaciones internacionales realizará un recorrido histórico a través de las perspectivas de la SST, identificando la evolución de los conceptos y abordajes que propone la literatura y los aprendizajes y resultados que, a partir de allí, se han alcanzado hasta el momento. Así mismo, expondrá las nuevas corrientes de pensamiento que han surgido en años recientes, así como las discusiones que se están gestando en los círculos académicos de cara a los desafíos actuales. Esa, según Canney, será la base conceptual para avanzar en la búsqueda de esa madurez que las organizaciones aspiran en su compromiso de proteger la vida de los trabajadores. “Abordaremos la visión clásica de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que corresponde al “modo control”, es decir, organizaciones que establecen sistemas, procedimientos, acciones documentadas, seguimientos y auditorías, pero también el “modo resiliente” basado en nuevas teorías que, sin desechar lo que hemos venido haciendo, nos proponen incorporar nuevos elementos y nos invitan a ser mejores observadores, a alejarnos de la mirada reduccionista del ser humano como un ser que se comporta bien o mal y a preguntarnos continuamente ¿cómo lograr un alto grado de madurez en la gestión de la SST?”, explica la investigadora. De acuerdo con la experiencia y los análisis desarrollados por Canney, la respuesta a esta última pregunta no es tan simple. “No es fácil decir: «voy a medir el grado de madurez en SST en una organización”. Uno quisiera contar con un instrumento, una herramienta que le permitiera obtener esa información, pero no hay fórmulas ni recetas únicas”, explica la experta. En cambio, señala que sí se pueden identificar elementos que ayudan a medir cuál es el avance obtenido, cuáles son las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de la SST, qué se ha aprendido, dónde están las oportunidades de mejora y dónde hay nuevas posibilidades de acción, es decir, dónde se requiere concentrar o redoblar esfuerzos. Todo lo anterior, dice Canney, deberá estar enmarcado en el contexto actual de la organización y la lectura del entorno en el que esta se halla inmersa de modo que las acciones sean pertinentes y respondan oportunamente a los desafíos identificados. “Cada momento histórico marca esta necesidad porque el mundo del trabajo cambia aceleradamente, es dinámico y, si bien podemos decir que hemos venido haciendo las cosas bien y que hemos obtenido buenos resultados, eso no nos exime ni es suficiente para alcanzar resultados aún mejores”, advierte la académica. Por eso, el grado de madurez de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de una organización se alcanza, según Canney, cuando esta hace una autoevaluación de su gestión y en lugar de conformarse con lo ejecutado se pregunta ¿qué más podemos hacer?, ¿qué más necesitamos para continuar avanzando? “Generar esa inquietud es lo que nos irá llevando a alcanzar un nivel de madurez cada vez mayor y, al mismo tiempo, encarar los retos y expectativas del momento histórico que se está viviendo”, agrega. Precisamente, ese es el objetivo de su conferencia: discutir los elementos clásicos y modernos de la SST y su implementación en las organizaciones, generar preguntas que motiven la inquietud de los asistentes, interpelar perspectivas y visiones y, finalmente, llevar a la audiencia a reflexionar sobre el abordaje de esta materia e identificar estrategias para alcanzar un mayor grado de madurez en los sistemas de gestión de los riesgos laborales. El papel de los líderes y los profesionales de SST En la búsqueda de un SG-SST más sólido, robusto y afianzado, los líderes juegan un rol determinante. De acuerdo con la doctora Canney, quienes tienen mayor impacto e influencia en los equipos de trabajo deben apostar por la construcción de lo que denomina como “una SST natural”, que se halle inserta en el ADN de las organizaciones, en los planes de crecimiento y sostenibilidad, y en la cultura empresarial. “No puede seguirse viendo como una imposición, porque lo tenemos que hacer o porque es un requisito legal. Tiene que existir un liderazgo genuino en estos temas que demuestre que la SST realmente se comprende y se adopta como un elemento estratégico”, asegura Canney, quien dará algunas claves al respecto en su conferencia. Así mismo, la experta señala que los profesionales de la SST tienen el reto de permanecer a la vanguardia en términos de conocimientos adquiridos para así desarrollar intervenciones acordes a las necesidades actuales y futuras. “Es esencial estar atentos a explorar nuevas corrientes de pensamiento, estudiar, profundizar, interrogar, debatir… mantenerse constantemente actualizados para así poder compañar y asesorar correctamente a los líderes de las organizaciones y este Congreso es una oportunidad para ello”, puntualiza la académica. Referencias P. Canney (29 de abril de 2022)

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Análisis de modelos de gestión del riesgo para la seguridad vial empresarial: resultados y conclusiones

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Julio Forigua Asesor en seguridad vial laboral en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ha sido director de proyectos en transporte, movilidad y seguridad vial en el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Movilidad. Ingeniero industrial, magíster en ingeniería de Transporte y candidato doctoral en Ingeniería Civil. Por: Lizeth Viviana Salamanca Galvis Líder de comunicaciones del CCS Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. El 9 de mayo de 2022, el diario El Tiempo publicó un informe especial en que alertaba que la tasa de fallecimientos por accidentes de tránsito en Colombia revelaba que el país sufría una pandemia oculta. La afirmación se sustenta en datos críticos: según el reportaje, entre el 2011 y el 2021, en el país se registraron más de 70.000 muertes como consecuencia de siniestros viales. “Esto es como si en la última década se hubieran caído 388 aviones (Airbus A320 con sus 180 ocupantes cada uno) o como si se hubiera borrado de la faz de la tierra el equivalente al público de 1,7 estadios El Campín”, ejemplifica el autor (El Tiempo, 2022). Adicionalmente, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (2022), Colombia cerró el 2021 con un total de 7.270 personas fallecidas en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas quienes representaron el 59,5 % del total de víctimas fatales. Y las estadísticas no tienden a mejorar. El comparativo de personas fallecidas y lesionadas para el primer trimestre de este año (1798) con relación al anterior (1607) arroja un incremento del 11, 89 % (ANSV, 2022). La problemática del país representa apenas una porción de la gravedad del fenómeno a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud (2018), las muertes por accidentes de tránsito van en aumento con un promedio anual de 1,35 millones de fatalidades. Por si fuera poco, son la primera causa de muerte de personas entre 5 y los 29 años. La magnitud de los datos llevó a la Asamblea General de la ONU a adoptar, en 2020, la resolución 74/299 ‘Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo’, proclamando el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, con el ambicioso objetivo de prevenir al menos el 50 % de las muertes y lesiones en las vías para el 2030 (OPS, s.f.). Entre los principales puntos que aborda el plan de acción definido allí se encuentra la responsabilidad compartida de la seguridad vial entre gobierno, sector privado, instituciones académicas, financiadores y sociedad civil; la aplicación de un enfoque de sistemas seguros integrado que aborde los principales comportamientos de riesgo; así como un enfoque de visión cero accidentes basado en pruebas e impulsado por los datos. En esa perspectiva, se han registrado algunos avances a nivel local. Prueba de ello es una investigación sobre modelos, metodologías, técnicas y herramientas que aportan en la identificación y gestión de riesgos de seguridad vial en organizaciones que implementan la ISO 39001, el Plan Estratégico de Seguridad Vial o el modelo RUC®️. “En la revisión del estado del arte no se han logrado identificar metodologías específicas para el tema. No obstante, existen mecanismos que resultan siendo muy aplicables en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. La idea, entonces, fue determinar cuáles serían aplicables o adaptables a la seguridad vial entendiendo sus limitaciones y su complejidad, de modo que esto les permita a las organizaciones una mejor toma de decisiones frente al abordaje del riesgo vial presente en trayectos en misión y en todos aquellos desplazamientos laborales donde puedan llegar a presentarse impactos», explica Julio Forigua, investigador y experto en temas de seguridad vial, tránsito, transporte y movilidad. Forigua es parte del selecto grupo de conferencistas que participará en el 55 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente. En su ponencia titulada ‘Análisis de modelos de gestión del riesgo para la seguridad vial empresarial’ presentará en detalle los principales aspectos del estudio y los resultados más relevantes. De esta manera, compartirá con la audiencia una revisión de la literatura disponible alrededor de metodologías de gestión del riesgo, identificando fortalezas y debilidades a través de un marco comparativo y seleccionando aquellas que, por sus características y variables, son aplicables a asuntos asociados a transporte de carga y de pasajeros y que, a su vez, resultan útiles para empresas transportadoras, concesiones viales y organizaciones de diverso tipo que enfrentan riesgos en materia de seguridad vial. “La jornada académica dará lugar a una discusión de los resultados mediante análisis cualitativos y cuantitativos de aquellas metodologías que más impacto tienen en la seguridad vial y que realmente podrían estar agregando valor a las organizaciones”, anuncia Forigua. También se mostrarán las características y funcionalidades de los modelos, metodologías, técnicas y herramientas que evidenciaron mayor pertinencia y eficiencia durante la investigación. “Por ejemplo, vamos a profundizar en el Análisis Modal de Efectos y Fallos (FMEA, por sus siglas en inglés). Veremos cómo funciona el Modelo Corporativo de Seguridad Vial (CSRM, por sus siglas en inglés) y la metodología Risk Management World Class Transport – RMWCT que también tiene un impacto en el análisis de los riesgos para la toma de decisiones”, agrega el experto. Finalmente, se expondrán las conclusiones de la investigación, especialmente, el impacto que se logra en términos de seguridad vial. Según Forigua, los resultados del análisis permiten establecer los factores de desempeño que deberán abordar las organizaciones para reducir la siniestralidad y mantener una visión cero accidentes. “El estudio da cuenta del análisis de predicción de choques y colisiones que se pueden llegar a presentar, las causas y consecuencias y los controles aplicados, todo lo cual ayuda a las organizaciones a identificar en qué momento se puede materializar un riesgo y bajo qué condiciones. De esa manera podrán tomar medidas preventivas frente a ciertos desplazamientos o variables que intervengan en la siniestralidad asociadas al tipo de vehículo, el actor vial, la distribución de la carga y/o de los pasajeros, las rutas tomadas, las fechas y los horarios elegidos—explica el investigador —. Esto permite hacer unos análisis temporales,

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En cerca de 12 billones de pesos se estiman las pérdidas en la productividad laboral de Colombia debido al cambio climático, entre 2023 y 2030

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Bogotá, D.C., 29 de junio de 2022. Es un hecho que vamos a trabajar en un planeta más caliente y tenemos que pensar en los efectos que va a tener sobre la productividad y la vida laboral, para formular estrategias de mitigación del impacto y trazar planes de adaptación de las organizaciones. Este es el llamado que el Consejo Colombiano de Seguridad – CCS está haciendo a los empresarios para que, dentro de los planes de continuidad del negocio y estrategias de resiliencia, contemplen los escenarios de cambio climático y su afectación a los trabajadores. En mayo de 2022 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) señaló que hay un 50 % de probabilidades de que la temperatura media anual del planeta supere transitoriamente en 1,5 ºC los niveles preindustriales, por lo menos en uno de los próximos cinco años. Los efectos del cambio climático también amenazan la productividad laboral, considerando que esta disminuye cuando la temperatura supera los 24 ºC. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha previsto que el estrés térmico[1] inducirá una reducción del 2,2 por ciento en el número de horas de trabajo en el mundo, para 2030, con un impacto de 2,4 billones de dólares en el PIB mundial. De hecho, el informe “Trabajar en un planeta más caliente: el impacto del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente” de la OIT (2019) señala que, para el caso de Colombia, se perdería en promedio el 0,9 % de las horas de trabajo para el año 2030, siendo la industrias agrícola y de construcción las más afectadas, con un 3,52 % cada una (aun considerando que sus actividades se realicen a la sombra). Con esta información, el Consejo Colombiano de Seguridad se dio a la tarea de estimar el impacto que este fenómeno generaría en la productividad del país desde el año 2023 hasta 2030. Para ello, consideró el total de trabajadores ocupados en Colombia según reportes del DANE y tuvo en cuenta como base del cálculo el salario mínimo mensual actual, estimando su incremento a partir de los promedios del IPC entre 2009 y 2021. A partir de estos datos, se realizó una proyección del número de trabajadores (población ocupada), lo cual alcanzaría una cifra de 28 millones de personas para el 2030. Por su parte, se proyectó el valor del salario mínimo, el cual podría estimarse en un valor de un millón trescientos mil pesos para ese año. De esta forma, tomando el número de trabajadores ocupados para cada año, así como la proyección anual del incremento del salario mínimo (asumiendo que cada trabajador aporta a la economía en promedio lo correspondiente al salario mínimo), se estimó que el costo de las pérdidas de productividad con base en el 0,9 % de horas perdidas debido al estrés térmico, conlleva a un costo total acumulado para el país que podría ascender a los 11,9 billones de pesos entre 2023 y 2030. “Para lograr un futuro sostenible y con altos niveles de productividad debemos revisar las prácticas habituales; la gestión de los recursos naturales y las medidas de adaptación y mitigación deben analizarse desde la perspectiva de la resiliencia de las empresas y de la población trabajadora ante los efectos del cambio climático. Es importante considerar mayores inversiones para mejorar el monitoreo y predicciones de los potenciales efectos del cambio climático, fortalecer la gobernanza institucional, la evaluación de riesgos y el intercambio de conocimientos”, señala Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del Consejo Colombiano de Seguridad. Adicionalmente, el estrés calórico plantea retos en el abordaje de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas, puesto que se torna esencial encontrar mecanismos de adaptación a la variabilidad climática para mantener seguros a los trabajadores y limitar la exposición al calor y la humedad. Disponibilidad de agua, sequías y productividad El aumento en las temperaturas globales incide, además, en drásticos cambios en el ciclo del agua, un insumo fundamental en los procesos productivos de las industrias. Se estima que, por cada grado de calentamiento global, aproximadamente un 7 % de la población mundial estará expuesta a una disminución de, al menos, 20 % de los recursos hídricos renovables, de acuerdo con informes de UN-Water. Por ejemplo, las reducciones en las lluvias sumadas a los cambios en el uso del suelo pueden acelerar e intensificar los procesos de desertificación y pérdida de recursos hídricos con los consecuentes impactos sobre la salud humana, la producción agropecuaria y forestal, la economía y la competitividad regional. En este sentido, no solo se afectaría el acceso al agua como materia prima, sino que también se exacerbarían conflictos por su uso en las comunidades. El Ideam ha estimado que el 31 % del territorio nacional podrá verse afectado por disminución en las precipitaciones para 2040; así mismo, el 55,6 % de la población nacional de la Región Andina deberán establecer medidas de adaptación al cambio climático para continuar produciendo el 62,1 % del PIB del país. Aumento del riesgo de desastres y pérdidas económicas Otro efecto del cambio climático que también tiene incidencia en la productividad de las organizaciones y de los países es el aumento del riesgo de desastres, en mayor medida por los fenómenos climáticos extremos. Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha estimado que las pérdidas económicas derivadas de desastres como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones están alcanzando un promedio de 300 billones de dólares cada año y que, en muchos países, estas pérdidas están creciendo más rápido que su PIB per cápita. Un análisis del Banco Mundial encontró que, durante el periodo 1960 a 2018, los desastres climáticos redujeron la productividad anual en un promedio de 0,5 %. Incluso, después de tres años de su ocurrencia, los desastres climáticos severos continúan reduciendo la productividad laboral en aproximadamente un 7 %, según la UNDRR. Además de los escenarios de reducción de lluvias, el Ideam estima que 13 % del territorio nacional podrá verse afectado por grandes aumentos de

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