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Trabajo en alturas y en espacios confinados. Obligaciones para el contratista y el contratante

Belisario Velásquez Pinilla, abogado con más de veinticinco años de experiencia profesional. Doctor en Derecho. Magíster en Derecho y en Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible; Derecho del Trabajo; Salud Ocupacional y Derecho Probatorio. Cómo citar este artículo:Velásquez, B. (2023). Trabajo en alturas y en espacios confinados. Obligaciones para el contratista y el contratante. Revista Dataruc 2023 pág. 86-89. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/trabajo-en-alturas-y-en-espacios-confinados-obligaciones-para-el-contratista-y-el-contratante/ La ejecución de actividades en el ámbito laboral implica que los trabajadores, contratistas o aprendices se encuentren expuestos a peligros inherentes y específicos para cada ocupación. Por ello, en aras de protegerlos, se ha desarrollado un andamiaje jurídico referente a los riesgos laborales que, por una parte, previene la concreción de daños al incorporar el deber de adopción de medidas de control, pero también asegura las posibles contingencias de este, brindando prestaciones asistenciales y económicas cuando sea necesario. Esto es posible porque el sistema es financiado por el empleador y/o contratante a través de una taza de cotización definida según el nivel de riesgo de la actividad que se ejecuta. A razón de esta dinámica, pasaremos a desarrollar cuál es el límite de las obligaciones derivadas de tareas críticas como el trabajo en alturas y en espacios confinados para contratistas y contratantes. No obstante, para abordar este tema requerimos precisar las nociones de actividades de alto riesgo y de empresas clasificadas como de alto riesgo atendiendo a la confusión que se puede presentar alrededor de dichos conceptos. Las actividades de alto riesgo, desarrolladas por el Decreto 2090 de 2003, son aquellas labores que implican una disminución en la expectativa de vida saludable¹. En este sentido, los trabajadores dedicados a ellas cuentan con el derecho de recibir una pensión especial de vejez, entendida como la posibilidad de pensionarse en un menor tiempo posible cuando, de manera permanente, han sido expuestos y, paralelamente, se ha realizado una cotización especial prevista en 10 puntos porcentuales adicionales, a cargo del empleador, por al menos 700 semanas. Por otra parte, las empresas clasificadas como de alto riesgo son aquellas que, por sus actividades económicas y según la tabla de clasificación de actividades económicas², cuentan con un riesgo clase IV o V que es asumido en su totalidad por el contratante e implicapagar un porcentaje de cotización mayor al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). Así las cosas, para la clase I es del 0,522 %, para la clase II es del 1,044 %, para la clase III es del 2,436 %, para la clase IV es del 4,35 % y para la clase V es del 6,96 %. Esta caracterización existe con el fin de mantener un mayor grado de supervisión, vigilancia epidemiológica y de control de riesgos laborales prioritarios, imponiendo una carga mayor sobre las medidas a adoptar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de las organizaciones³. Ahora bien, las actividades procedentes del trabajo en alturas y en espacios confinados no son actividades de alto riesgo para efectos del régimen de pensión especial de vejez. Sin embargo, son tareas críticas cuya materialización de riesgos pueden generar una consecuencia grave o, incluso, fatal; por lo tanto, son consideradas riesgo IV y V en el régimen del SGRL⁴. Atendiendo a este grado de criticidad, las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo del SG-SST aplican tanto para empleadores como para contratantes y genera cobertura a trabajadores y contratistas. Así mismo, no debe desconocerse que la normatividad establece que el beneficiario del trabajo o dueño de la obra es responsable solidariamente de las obligaciones de los subcontratistas y sus trabajadores⁵. Por este motivo, los contratistas están obligados a ejecutar procesos de gestión de riesgos, entendidos como la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que pueden presentarse en estas tareas y, posteriormente, establecer las respectivas medidas de control para prevenir afectaciones o daños en la salud de manera diligente. Este desarrollo se incorporará en el SG-SST de las empresas pues con ello se permite anticipar, identificar, evitar y controlar los riesgos, con el fin de salvaguardar la seguridad y salud de empleados y contratistas, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Se debe observar que las medidas de seguridad que se dispongan tienen que atender al marco jurídico que regula el trabajo en alturas y el trabajo en espacios confinados donde se establecen requisitos mínimos e imperativos de seguridad. En el caso del trabajo en espacios confinados esto ha sido regulado por la Resolución 0491 de 2020 y frente al trabajo en alturas se cuenta con la Resolución 4247 de 2021. Algunas de estas responsabilidades son: • En materia de trabajo en espacios confinados, al contratante le incumbe la gestión de riesgos antes de iniciar las labores; realizar evaluaciones médicas ocupacionales; entrenar y capacitar a sus contratistas; suministrar elementos de protección personal; establecer y documentar procedimientos de trabajo en espacios confinados; brindar información sobre el espacio confinado; supervisar la aplicación de medidas, entre otras. El contratista debe seguir los procedimientos de seguridad y salud definidos, monitorear el espacio de trabajo, utilizar medidas de prevención y protección, asistir a capacitaciones, conocer los peligros, informar de los riesgos que evidencien, reportar el deterioro o daño y realizar el alistamiento y verificación de funcionamiento de los sistemas de prevención y protección en espacios confinados. • Con respecto al trabajo en alturas, el contratante cuenta con la obligación de establecer un programa de prevención y protección contra caída de alturas, incorporar medidas de control, suministrar elementos de protección para el desarrollo de las actividades, generar capacitación y entrenamiento, entre otras. El contratista en el desempeño de sus labores ha de asistir y aprobar capacitaciones, cumplir con todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos, conocer los peligros y controles definidos para realizar el trabajo en alturas, garantizar su seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas, entre otras. En consecuencia, no existe límite en las obligaciones del contratante pues

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Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética

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Jacqueline Mesa Sierra Ingeniera forestal Especialista en Gestión Medioambiental / Magíster en Salud y Seguridad en el Trabajo / Líder técnica / Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Cómo citar este artículo:Mesa, J. (2022). Hidrógeno verde: un proyecto piloto que le abre la puerta a la transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 31-34. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/hidrogeno-verde-un-proyecto-piloto-que-le-abre-la-puerta-a-la-transicion-energetica/ La transición energética es una política de Estado en Colombia. Por ello, en 2021 el Grupo Ecopetrol se sumó a las iniciativas de desarrollo de la industria del hidrógeno en el país, de acuerdo con la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno’ establecida por el Gobierno Nacional, de tal manera que se impulse su producción y uso en el territorio nacional, de cara al mediano y largo plazo. Así lo indicó el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, a través de diferentes medios al mencionar que, “en materia de diversificación de la canasta energética, la producción y el aprovechamiento del hidrógeno es fundamental. Estamos iniciando un camino ordenado de la mano de la innovación y la tecnología para definir cómo incrementar el uso del hidrógeno como fuente renovable de energía” (Ecopetrol, 2021). De esta manera, y como parte de una estrategia de conversión y reducción de emisiones en los diferentes procesos productivos, el grupo ha generado diferentes alianzas estratégicas¹. Así mismo, en marzo de este año lanzó el proyecto piloto de hidrógeno verde en la refinería de Cartagena con el objetivo de apoyar las metas de descarbonización no solo a nivel corporativo, sino también del país. Y es que Ecopetrol lleva varios años trabajando en asuntos de transición energética, en la búsqueda de fuentes cada vez más limpias y con menos emisiones al ambiente y asegurando, como parte de ese proceso, que la sociedad acceda a los servicios, pero sin deteriorar el entorno. En este sentido, la compañía definió un plan estratégico específicamente diseñado para hidrógeno de bajo carbono, el cual considera tres diferentes tipos en los que se clasifica esta sustancia, según su forma de producción. De acuerdo con Katherine Orozco, líder del proyecto, “el hidrógeno es uno de esos energéticos que ya tiene resuelta la mitad de la ecuación ya que su uso nunca va a generar emisiones de CO2, porque no tiene carbón dentro de la molécula”. Por ende, hoy por hoy, el reto principal para Ecopetrol es mejorar el proceso productivo —que sí genera emisiones— para que sea una actividad libre o cuyo impacto sea mínimo. La meta es llegar a producir un hidrógeno de bajo carbono, siendo cada vez más amigables con el medio ambiente y poder cumplir así las metas de descarbonización trazadas a 2030 y 2050. El plan contempla tres tipos de hidrógeno: el hidrógeno blanco, que es de fuente geológica natural; el azul, en el cual se captura el CO2; y el verde, con el cual no se generan emisiones de CO2. Para el caso del hidrógeno verde, existen diferentes formas de producirlo entre las cuales destacan la electrólisis y el uso de biomasa. Particularmente, en el proyecto piloto que se desarrolla en Cartagena, el método utilizado es la electrólisis, un proceso que divide la molécula del agua (H2O) y extrae, por un lado, hidrógeno y, por otro, oxígeno como se puede observar a continuación. Horizonte de tiempo del proyecto La visión del proyecto es a largo plazo. Tanto así que se definió como meta la producción de un millón de toneladas de hidrógeno de bajo carbono para el 2040, la cual será desarrollada en tres horizontes de tiempo. El primero va hasta el 2030, margen para desarrollar capacidades, obtener aprendizajes e incentivar la demanda en el país. El segundo, está planteado entre el 2030 y el 2040 e incluirá proyectos más grandes de conversión y nuevos productos como el amoniaco de bajo carbono. Finalmente, el tercer horizonte de tiempo se proyecta para el 2040 en adelante, tiempo en que se espera una alta masificación de su uso en el país como, por ejemplo, su aplicación en el transporte aéreo, el terrestre y el marítimo. Así mismo, se proyecta la consolidación de Colombia como un exportador de este energético. En otras palabras, un futuro próximo en el que se logre una mayor inclusión de esta fuente de energía en la economía. En la ejecución del plan, durante su primera fase, el hidrógeno verde que se produce actualmente en el proyecto piloto —unos 20 kg por día— se está incorporandoen los procesos propios de la refinería, incluyéndolo en el mismo cabezal donde va el hidrógeno normal o convencional, como se describe en la figura anterior. De hecho, hoy por hoy, indica Orozco “las plantas de la refinería requieren hidrógeno para producir combustibles más limpios siendo este un elemento clave que ayuda a generar un combustible en la calidad que solicita el Gobierno y en la que Ecopetrol quiere darle al país”. Por lo tanto, se espera que el hidrógeno verde contribuya significativamente en la consecución de las metas de reducción de emisiones de CO2. De acuerdo con el plan, se estima que Ecopetrol reduzca sus emisiones entre un 9 y un 11 % a 2050³. En este sentido, Orozco resalta que “el hidrógeno verde no solo ayudará a descarbonizar el sector industrial, sino el de la movilidad, razón por la cual en el mundo se está incrementando el desarrollo de vehículos con celda de combustible de hidrógeno”. De hecho, la movilidad con esta fuente de energíaya es una realidad en el mundo. En el mercado ya se encuentran vehículos de diferentes marcas, tipos y usos y en algunos lugares como el estado de California o Alemania; su uso, incluso, se ha vuelto cotidiano debido, entre otras razones, a que este tipo de tecnología ya es completamente comercial. Por ende, Orozco indica que “el reto, más que tecnológico, es económico debido, principalmente, al alto costo que supone y el cual se espera que en un futuro disminuya como ocurre con la mayoría de las tecnologías cuyo uso se masifica”. Atendiendo esta necesidad, en julio de

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Las tres transiciones que requiere Colombia en la senda hacia una economía baja en carbono

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Lizeth Viviana Salamanca Galvis, líder de Comunicaciones del CCS. Comunicadora social con énfasis en periodismo / Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad. Para la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el país no puede enfocarse en la sustitución de los combustibles fósiles sin incorporar cuestiones sociales y económicas El Conpes 4075 de 2022 establece la Política de Transición Energética de Colombia y señala que este proceso es un eje fundamental para el crecimiento económico sostenible del país; reconoce, además, que en dicha transición los combustibles fósiles tendrán que jugar un rol importante de manera temporal o prolongada. Esto no solo por su dependencia energética y económica sino porque los cambios en el mercado energético que resultan de la transición traen para la nación retos, riesgos y oportunidades económicas y sociales. Al respecto, advierte que las políticas y lineamientos que se establezcan para avanzar en la transición deberán analizar los impactos negativos que se puedan materializar y, generar un crecimiento económico inclusivo y justo. ¿Cómo lograr entonces la sustitución de combustibles fósiles cuando el país sustenta sus ingresos con la exportación de cerca del 50 % del petróleo que produce?, ¿cómo reemplazar las regalías bienales que genera el sector de los hidrocarburos por el orden de los 17 billones de pesos y que constituyen una fuente esencial para la inversión y el desarrollo de las regiones?, ¿qué va a pasar con los miles de puestos de trabajo que generan las industrias asociadas a estos combustibles? y ¿qué otro sector productivo está preparado para reemplazar a la industria de los hidrocarburos? Para Silvana Habib, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), este salto debedarse de manera responsable, gradual y acorde con las necesidades y la realidad del país. Por eso, desde la perspectiva de la ACP no sedebe abordar una, sino tres transiciones que son interdependientes y complementarias entre sí: la transición energética, la transiciónproductiva y la transición fiscal. En el primer caso, según Habib, es fundamental comprender que el país ya cuenta con una matriz eléctrica limpia pues alrededor del 70 % proviene de hidroeléctricas mientras que otras energías renovables representarán, hacia finales de 2022, una participación del 15 %. Por el contrario, la matriz energética nacional tiene una fuerte presencia de fuentes fósiles, las cuales representan el 76 % de la canasta, razón por la cual habrá que realizar mayores esfuerzos por electrificar la economía e implementar el uso de energéticos de cero y bajas emisiones. En este frente, la vocera de la ACP advierte que Colombia debe enfrentar varios retos, entre los cuales se hace prioritario cerrar las brechas de cobertura de energía en el territorio nacional (esto teniendo en cuenta que 10 millones de hogares colombianos usan gas natural y que uno de cada diez aún cocina con leña); así mismo, reconvertir un parque automotor compuesto por 17 millones de vehículos de los cuales 10 millones son motos (con tendencia al aumento) para avanzar hacia una movilidad sostenible. Aquí la pregunta que plantea Habib es ¿tiene la gran mayoría de los colombianos la capacidad económica para llevar a cabo dicha reconversión? Para dar el salto se necesitan recursos financieros. Por eso, la transición económica resulta ser el segundo eje clave. El país tendrá que generar una hoja de ruta muy clara y aterrizada para sustituir los 25 billones que, de acuerdo con la ACP, aporta anualmente el sector hidrocarburos a la renta fiscal. Desde la visión de la asociación, esto implica diversificar las exportaciones y los ingresos públicos, así como reducir la dependencia de la balanza comercial y las finanzas que el país tiene actualmente de los combustibles fósiles, “pero la solución no es marchitar la industria y empequeñecer la torta. Todo lo contrario: debe mantenerse la autosuficiencia energética, con excedentes para exportar, y hacer un uso estratégico de la renta de la industria para impulsar la transición y hacer que crezca aún más la economía”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) en una columna de opinión publicada recientemente en el diario El Tiempo. A su vez, Henry Martínez, coordinador de Operaciones y Asuntos Ambientales de esa organización, sostiene que es importante tener en cuenta que, al menos en el corto y mediano plazo, solo el 1 % de los ciudadanos y de las empresas que tienen la capacidad económicasuficiente van a poder comprometerse con la transición energética porque esto implicará desarrollar inversiones que no todos los colombianos podrán asumir y ese es otro reto que Colombia tendrá que abordar. 50 % es la dependencia que, del sector hidrocarburos, tienen actualmente regiones como los llanos orientales. Se necesitará un plan de transformación de su aparato productivo para que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. Finalmente, el tercer pilar es la transición productiva. Hoy por hoy, hay regiones del país como Casanare, Meta y Putumayo que dependen hasta en un 50 % de las operaciones de hidrocarburos y que deberán contar con un plan de transformación de su aparatoproductivo de tal forma que la transición energética no impacte negativamente el desarrollo regional. “Como sector, estamos de acuerdo en que es necesario disminuir la dependencia de los hidrocarburos y contribuir en el avance de otros sectores para que la canasta exportadora esté compuesta por otros productos —añade Silvana Habib—. Ahí viene un reto grande que depende más de las políticas de gobierno y de sus ministerios para dar impulso e incentivos para preparar y fortalecer otras industrias”. Sin embargo, si se trata de vigorizar la participación de otros sectores productivos en la economía colombiana, se deberá contemplar una dinamización que sea responsable con el medio ambiente y bajo esquemas de producción limpia. Para mencionar un ejemplo, la vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP advierte que sectores como la agricultura o la ganadería que, en el caso nacional son los que más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) aportan, requieren, por lo tanto, un impulso bajo un modelo social y ambientalmente sostenible

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Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética

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En la última década el país ha dado importantes avances en materia normativa para habilitar, desde el plano jurídico, la transición energética. Entre los instrumentos más destacados están los siguientes: Cómo citar este artículo:Consejo Colombiano de Seguridad. (2022).Hitos más recientes de Colombia en materia de transición energética. Revista Protección & Seguridad No. 405. pág. 17-18. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/transicion-energetica-en-colombia/

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Transición energética, principales retos para las empresas

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. El petróleo fue utilizado de manera comercial, por primera vez, en 1859 por William Drake en Pensilvania, Estados Unidos (Ecopetrol S.A., 2014). Sin embargo, en 1845, Samuel Kier desarrolló el proceso de destilación y, junto con James Booth, en 1849, definió su potencial uso como combustible para lámparas de iluminación. A partir de allí, su proceso de producción se expandió a 58 refinerías tan solo en Pensilvania (EE. UU.) en 1860 (Larraz & Cepsa, 2019). En Colombia, por su parte, el primer pozo productor se perforó en 1918. Sucesivamente, el país tuvo un importante proceso de desarrollo de su industria petrolera hasta 1951 con el nacimiento de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) (Vásquez C., 2012). Son más de 160 años del uso comercial del petróleo en el mundo que lo han llevado a convertirse en una de las principales fuentes de energía del planeta a tal punto que, en los últimos años, ha surgido la inquietud sobre la disponibilidad y el acceso a las reservas a nivel mundial y, de manera significativa, se cierne una preocupación relacionada con los impactos ambientales asociados a los procesos de explotación, refinación y emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) durante su combustión. Por un lado, frente a la disponibilidad y acceso a las reservas de petróleo, las estadísticas publicadas en el reporte de ‘Statistical Review of World Energy’ (BP, 2022) señalan que las reservas probadas en el mundo a finales de 2020 proyectaban un abastecimiento mundial para 53,5 años. Para el caso de la región centro y Suramérica, las reservas tendrían una proyección de 151,3 años, considerando que Venezuela cuenta con el 17,5 % del total de las reservas mundiales, siendo estas las más grandes del planeta. Colombia, por su parte, tendría disponibilidad de petróleo para su abastecimiento, con la tasa de reservas/producción actual, para los próximos 7,1 años. De otro lado, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en la actualidad es el cambio climático relacionado, entre otros aspectos, con el aumento de la temperatura del planeta, efecto que se ha asociado principalmente a las emisiones de GEI derivados principalmente de las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles que genera el dióxido de carbono, entre otros. Por esta razón los gobiernos del mundo han establecido diferentes compromisos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París, en 2015. En estos dos acuerdos internacionales se hace evidente la preocupación por el clima, los potenciales efectos del cambio climático y la necesidad de limitar el aumento de la temperatura global. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono asociado a la energía, en las cifras publicadas por BP (2022) se encuentra que, para el 2021, la región centro y Suramérica genera el 3,6 % del total de emisiones, mientras que Colombia representa únicamente el 0,3 %. En comparación con países con mayores emisiones como China que representa el 31,1 % y Estados Unidos con el 13,9 %, la región y el país no representan un gran problema frente a este tipo de emisiones. Sin embargo, las emisiones sí muestran un incremento de casi cuatro veces al realizar el comparativo entre 1965 y 2021, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, incrementó sus emisiones en 1,4 veces durante ese mismo periodo. Al analizar las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la energía para el 2021, en la región centro y Suramérica, Colombia aporta el 7,1 % de la región, mientras que Brasil (36 %) y Argentina (15 %) son los países que mayores emisiones generan (figura 1). Se puede observar que las emisiones totales tienen una tendencia a incrementarse en los últimos años, dinámica similar que se observa en los demás países de la región. Si bien la región, y en especial Colombia, no es generadora de emisiones de dióxido de carbono, estas, en contravía a los compromisos del acuerdo de París, han venido aumentando en los últimos años. Por ende, es un reto importante continuar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo, pero asegurando que las emisiones disminuyan. La transición energética en Colombia La transición energética ha tomado relevancia en los últimos años conforme se ha observado la necesidad de disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)¹. La mayoría de estos gases se encuentran en la atmósfera de forma natural; sin embargo, se ha demostrado que la actividad humana ha generado un aumento en su concentración e, incluso, se han creado algunos gases de origen industrial que tienen este mismo efecto. Cuando se hace alusión a la transición energética se señala la necesidad de buscar fuentes de energía que no generen emisiones de GEI o, por lo menos, lo realicen en muy baja intensidad como lo es el uso de fuentes renovables de energía. El Acuerdo de París es el principal eje que ha impulsado esta transición energética y la disminución de emisiones con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C (de preferencia que sea solo de 1,5 °C), comparado con los niveles preindustriales. Este es uno de los mayores retos que tienen que asumir los países y la sociedad en general, principalmente por el efecto que puede tener el aumento de la temperatura en la ocurrencia de eventos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, afectación en el abastecimiento de agua, pérdida de cultivos, entre otros. En el caso colombiano la matriz energética (figura 2) está centrada principalmente en la energía que proviene de las hidroeléctricas que representa el 68,3 %. No obstante, el 30 % proviene de energía térmica que es una fuente importante de emisiones de GEI, las otras fuentes de energía reportadas son la fotovoltaica (solar), eólica y mediante actividades de cogeneración (Acolgen, 2022). En el país existen diferentes instrumentos de política pública que apuntan a promover la transición para cambiar el balance actual de

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Lo que debe saber sobre Fichas de Datos de Seguridad (FDS)

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Por: Diego Nahuel Gotelli / Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercancías Peligrosas Scottish Qualifications Authority (SQA) / Director de Ciquime (Argentina) / Químico y licenciado en seguridad e higiene en el trabajo. Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) son un método aceptado y eficaz para proporcionar información de los peligros de las sustancias y mezclas químicas tanto en el ámbito laboral como para los servicios de emergencias. Desde la adopción del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos a nivel mundial, las FDS junto a las etiquetas tienen cada vez mayor importancia en las acciones de comunicación de peligro que los empleadores deben adoptar para sus trabajadores. También, las FDS cumplen un rol importante en toda la cadena de distribución de un producto, ya que en la misma no sólo se indican las medidas a adoptar para una correcta manipulación, sino también todo lo referente a su transporte, acciones en caso de una emergencia (derrame, incendio, etc.) y la forma de disposición final. Por último, las FDS también son fuente de consulta permanente por las áreas de cumplimiento regulatorio de las empresas para saber cuáles son las normativas que aplican al ciclo de vida del producto. Por todo lo antes mencionado, sin lugar a duda las FDS son de vital importancia en la gestión de la seguridad de nuestras industrias. Las FDS deben ser desarrolladas por personas competentes, que asistan a entrenamientos periódicos en el tema, y cuenten con los recursos para consultas a los registros internacionales de sustancias químicas y así conocer toda la información referente a los peligros. ¿Qué cuidados debemos adoptar para desarrollar una FDS? No debemos olvidar a quién está dirigida, tanto a las personas que manipulan el producto como a los equipos de respuesta a emergencia y al personal encargado del cumplimiento regulatorio en las empresas. La información de los peligros deberá figurar en la FDS de manera concisa. Estará redactada de manera coherente y exhaustiva, utilizando un lenguaje sencillo, claro y preciso, evitando jergas, acrónimos y abreviaturas. Se evitará el uso de expresiones vagas y equívocas. Tampoco se recomiendan frases como “seguro en casi todas las condiciones de uso” o “inocuo”. También puede ocurrir que la información sobre ciertas propiedades no revista interés o que sea imposible técnicamente facilitarla; en ese caso, habrá que especificarlo claramente en cada sección de la FDS. Se debe incorporar a las FDS toda información “nueva y significativa” que reciban sobre los peligros de un producto químico. Se entiende por “información nueva y significativa” toda información que modifica la clasificación en el SGA de la sustancia o mezcla y resulta en una modificación de la información contenida en la etiqueta, o de cualquier información en las FDS relativa a las medidas de control del peligro. Esta actualización puede derivarse, por ejemplo, de la publicación de nuevos datos o de resultados de ensayos sobre los posibles efectos adversos de carácter crónico para la salud, aún cuando dichos datos no conlleven una modificación de la clasificación existente. Responsabilidad de entrega de la FDS Cuando hay una cadena de suministro, los requisitos de la entrega de las FDS se aplican en cada eslabón de la cadena. La responsabilidad inicial de elaborar la ficha de datos de seguridad corresponde al fabricante, importador o representante y debe ser facilitada al destinatario en el momento de la primera entrega del producto peligroso, o incluso antes, para que pueda tomar las medidas necesarias encaminadas a prevenir posibles riesgos en su utilización. En ella, deben constar los datos necesarios para la protección de las personas y del medio ambiente. El fabricante, el importador o el distribuidor puede comunicar esta ficha sobre papel o en forma electrónica y debe hacer partícipe al destinatario de cualquier nueva información pertinente sobre el producto. Criterios básicos para el desarrollo de una FDS Los criterios básicos a tener en cuenta para la elaboración de estas fichas pueden resumirse en: a. Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al fabricante o suministrador, así como un número de teléfono donde efectuar consultas de emergencia.b. Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a:◥ Inflamabilidad.◥ Estabilidad y reactividad.◥ Toxicidad.◥ Posibles lesiones por inhalación, ingestión o contacto dérmico.◥ Primeros auxilios.◥ Ecotoxicidad.c. Formar al usuario del producto sobre:◥ Comportamiento y características.◥ Correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.).◥ Controles de exposición.◥ Medios de protección (individual o colectiva) a utilizar en el caso de que el control no fuera del todo eficaz o en caso de emergencia.◥ Actuaciones para realizar en caso de accidente: extintores adecuados contra incendio, control y neutralización de derrames, etc. La formación continua de los profesionales y el acceso a las bases de datos de información de peligros son la clave para que cada día tengamos mejores FDS que permitan el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios. Cómo citar este artículo:Nahuel, D. (2019). Lo que debe saber sobre Fichas de Datos de Seguridad (FDS). Revista Protección & Seguridad No. 387. pág. 11-13. Consejo Colombiano de Seguridad. https://ccs.org.co/portfolio/lo-que-debe-saber-sobre-fichas-de-datos-de-seguridad-fds/ Obtenga sus Fichas de Datos de Seguridad en Productos Quimicos, a través del servicio de Señalización del CCS.

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¿Cómo articular el SGA al SG-SST? Claves y aspectos para tener en cuenta

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Por Yezid Niño Barrero, ingeniero ambiental y sanitario / Especialista en Higiene y Salud Ocupacional / Magíster en Salud Pública / Candidato a doctor en Ingeniería. La gestión de las sustancias químicas en Colombia ha tenido un desarrollo incipiente en cuanto a la regulación sobre el control y uso de las mismas. Es así como en la Ley 09 y en la Resolución 2400 de 1979 se definieron algunos elementos básicos sobre el manejo de las sustancias químicas, el etiquetado y la protección de los trabajadores. 14 años después, Colombia, mediante la Ley 55 de 1993, aprueba el convenio 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Esta ley ha sido una de las herramientas de trabajo principales que han utilizado las empresas y trabajadores en los temas de seguridad y salud para buscar una gestión segura de los productos químicos, sin embargo, es bien sabido que esta norma no tuvo desarrollo normativo mediante reglamentaciones por lo que su alcance y aplicación se ha quedado corto. Uno de los aspectos fundamentales que adolece de definición en Colombia es un sistema de clasificación que permita identificar los peligros a la infraestructura (físicos), a la salud y al ambiente de las sustancias químicas, es por esto, que indistintamente se han utilizado sistemas cómo NFPA 704, HMIS III o el sistema antiguo de la comunidad económica europea (CEE) en algunos casos de maneras desafortunadas donde se utilizan estos sistemas sin la información de respaldo que acredite la clasificación de la sustancia. Colombia, en el marco del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en particular en lo que respecta al comité de químicos, ha establecido una hoja de ruta para fortalecer la seguridad química en el país. Uno de esos compromisos es la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) el cual estará en implementación para 2020 según lo definido en la Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas (CONPES 3868). Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos En el mundo han existido diferentes sistemas clasificación de peligros químicos, así como regulaciones en la gestión de estos productos a nivel internacional, situación que ha creado una gran confusión e importantes dificultades para un control apropiado en el uso de los productos químicos (Winder, Azzi, & Wagner, 2005), en particular en el medio laboral y los productos de consumo. Es así, como desde el Convenio 170 adoptado por Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1990 se encontraban indicaciones para la definición de sistemas de clasificación. El Sistema Globalmente Armonizado nace del compromiso de los países en Rio de Janeiro en 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, allí se estableció el programa 21 (conocido también como la Agenda 21) donde en el capítulo 19, definió la gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos, contemplando dentro de las una de las seis áreas de programa, la armonización de la clasificación y el etiquetado de los productos químico. El trabajo que se realizó posteriormente con el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OIT y la OCDE, llevó a que en 2003 se publicara la primera versión del Sistema Globalmente Armonizado, como la base inicial para su implementación a nivel global (UNECE, 2017) este se viene actualizando cada dos años haciendo ajustes al texto oficial para mejorar su aplicación. El Sistema Globalmente Armonizado define los diferentes tipos de peligro de las sustancias químicas, utilizando criterios unificados, establece cómo se clasifican de acuerdo con sus características de peligrosidad, encontrando que estos peligros se pueden identificar según los posibles efectos físicos, a la salud y al ambiente. Así mismo, el sistema desarrolla elementos de comunicación de los peligros mediante las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. La clasificación de una sustancia química de acuerdo con el SGA depende de los criterios y de la confiabilidad de los métodos de prueba que sustentan los criterios (Winder et al., 2005), así mismo permite la reducción de ensayos de laboratorio en particular aquellos que se deben hacer en animales, permitiendo el uso de diferentes alternativas cuando no hay disponible información (Criterios de extrapolación). Avance de Colombia en la adopción del Sistema Globalmente Armonizado Hace más de 10 años en el país se ha hablado del Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, tanto entes gubernamentales como organizaciones, como el Consejo Colombiano de Seguridad han hecho parte de las voces que han ayudado a dar a conocer el sistema en el país. Sin embargo, no se ha dado un paso fundamental, que es tener una regulación específica que defina su adopción y los pasos a seguir. En el marco del proceso de adhesión a la OCDE, algunos instrumentos relacionados con seguridad química propuestos por esta organización requieren que el país cuente con un sistema de clasificación de peligros de las sustancias, es por eso, que uno de los compromisos del país definidos en el CONPES 3868, es la implementación y puesta en marcha de este sistema (CONPES, 2016). A través de los compromisos de la mesa de seguridad química de la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental(CONASA), los Ministerios del Trabajo, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo y, Salud y Protección Social han promovido la construcción de la regulación para la adopción del sistema, con la publicación de dos proyectos de Decreto interministerial en los años 2016 y 2017, en los cuales se observa que el sistema busca adoptar de manera progresiva para los diferentes sectores de interés (puestos de trabajo, transporte, plaguicidas y productos de consumo). Por otra parte, la regulación en riesgos laborales ha empezado a incluir el uso del SGA en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad

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Implementación del SGA: avances en Colombia y Latinoamérica

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Manuela Cortés Rojas, Ingeniera química Asesora técnica de CISPROQUIM® El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) inicia su historia poco después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) realizada en 1992, en la cual se expresó la necesidad de crear un sistema mundialmente unificado de clasificación y etiquetado que incorporara fichas de datos de seguridad y etiquetado de productos químicos con símbolos de fácil comprensión (Naciones Unidas, 2017). En 2003, once años más tarde, se publicó la primera edición del documento base para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado a escala mundial bajo el símbolo ST/SG/AC.10/30, el cual se conoce como libro púrpura y es actualizado cada dos años desde entonces (Naciones Unidas, 2017). La implementación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) no es de carácter obligatorio a nivel mundial. Su adopción se va ejecutando país por país en los plazos que cada territorio considera adecuados para realizar la transición de los requisitos que venían manejando a nivel local hacia los nuevos parámetros globales que dispone el sistema. Por esta razón, el avance de los diferentes países en Latinoamérica es diferente. Para Colombia, por ejemplo, las normativas referentes a la seguridad sobre el manejo, almacenamiento y clasificación de los productos químicos inició en 1979 con la Resolución 2400, artículos 64 y 213. Posteriormente, en 1993, se ratificó el Convenio 170 y la Recomendación 177 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), las cuales tratan específicamente sobre productos químicos y su utilización en el trabajo (Resolución 773, 2021). En la actualidad, con la expedición de la Resolución 773 del 2021 que determina el deber de los empleadores de implementar el SGA, Colombia trabaja en diferentes normativas que promueven la implementación del SGA, así como la prevención y disminución del riesgo químico en empresas colombianas. A continuación, se enmarca el proceso de implementación del SGA de manera breve y concreta para Colombia y algunos países iberoamericanos como lo son México, Chile y Brasil, los cuales, al igual que Colombia, vienen desarrollando todo un proceso interinstitucional y normativo con el fin de ratificar al SGA como sistema de comunicación de riesgos en la industria químca. Ventajas del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Con la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado se observan las siguientes ventajas: • Mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente. • Proponer un marco reconocido a países que carecen de sistema de clasificación y etiquetado.• Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos.• Facilidad para el comercio internacional de los productos químicos Colombia Inicio de la implementación SGA: 2013 • En 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció y publicó el Plan de Acción Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas dentro del cual se inicia el desarrollo de una estrategia nacional para la implementación de SGA. • Ese mismo año se realizó una evaluación de desempeño ambiental con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que dio origen al proyecto de apoyo a la implementación del SGA y del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM, por sus siglas en inglés) en convenio con el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR, por sus siglas en inglés) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC). • En agosto de 2018, bajo el Decreto 1496, Colombia adoptó el SGA como norma voluntaria para la clasificación y etiquetado de productos químicos.• En abril del 2021 el Ministerio del Trabajo publicó la Resolución 773 mediante la cual se define la aplicación del SGA como norma obligatoria siguiendo la sexta versión del libro púrpura. Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017; Ministerio del Trabajo, 2021. México Inicio de la implementación SGA: 2006 • En 2006 se creó el Comité Técnico Interinstitucional integrado por el sector gubernamental, privado, educativo y organizaciones de trabajadores. • En 2011 se publicó la NMX-R-019-SCFI-201 que inicia la adaptación del SGA como norma voluntaria con la tercera versión del libropúrpura.• En 2015 se publicó la NOM-018-STPS-2015 en la que se adopta el SGA con carácter obligatorio a partir de la quinta versión dellibro púrpura reemplazando la norma NOM018-STPS-2000 en la que se clasificaban los peligros mediante NFPA (National Fire Protection Association).• En 2018 se cumplió el límite de tiempo establecido en la NOM-018-STPS-2015 para fabricantes, importadores, distribuidores y empleadores de adaptar el SGA a sus procesos. Fuente: Secretaría de Gobierno de México, 2011; Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2015. Chile Inicio de la implementación SGA: 2004 • En 2004, el Ministerio de Salud inició el estudio del libro púrpura y de los antecedentes preliminares para la implementación del Sistema Globalmente Armonizado.• En 2011 se aceptó el proyecto del Fondo Fiduciario del Programa de Inicio Rápido del SAICM apoyando el financiamiento y elaboración de estrategias para la implementación del SGA. A su vez, el país participó, ese mismo año, en el proyecto regional de coordinación e implementación del SGA del Mercosur. • El 9 de febrero de 2021 se estableció el Decreto Supremo 57/19 que reglamenta la aplicación del SGA a los procesos, estableciendo plazos para su implementación según el tipo de sustancia. Fuente: Ministerio de Salud de Chile, 2015; Ministerio de Salud de Chile, 2021. Brasil Inicio de la implementación SGA: 2001 • En 2001 se creó un grupo informal para la implementación del SGA que fue socializado seis años más tarde, en 2007.• Entre el 2009 y el 2015 se publicaron cuatro partes de la norma ABNT NRB 14725 (-1:2009, -2:2009, :2014 y :2015), las cuales abarcan terminología, clasificación de peligros, etiquetado y hoja de datos de seguridad según el SGA en su cuarta versión.• En 2011 se modificó la norma reglamentaria NR- 64 incluyendo la obligatoriedad del SGA en el proceso de comunicar los peligros de los productos químicos. • Para la implementación del SGA en este país se dieron dos períodos de transición: del 2009 al 2011,

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Conozca la Resolución 773 de 2021 de aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en los lugares de trabajo

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El 7 de abril de 2021, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social expidieron la Resolución 773 de 2021 “por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”. La resolución tiene como objeto definir las acciones que deben desarrollar los empleadores en los lugares de trabajo para la aplicación del SGA en relación con la clasificación y la comunicación de peligros de los productos químicos con el fin de velar por la protección y salud de los trabajadores, las instalaciones y el ambiente frente al uso y manejo de estos. Así mismo, define las responsabilidades que deben asumir junto con los trabajadores y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) para su implementación y recomienda otras fuentes de información confiables a las que deberán acudir los empleadores para la clasificación de peligro de los productos químicos que no han sido referenciados en el SGA. Para ello, la resolución señala un plazo máximo de 24 meses para las sustancias químicas puras y soluciones diluidas contados a partir de su expedición, es decir, que este plazo está próximo a vencer el próximo 7 de abril de 2023. Por su parte, para las mezclas, el plazo definido fue de 36 meses, que vencen en 2024. A continuación, compartimos el documento oficial de la resolución con todos los detalles y disposiciones que debe tener en cuenta para su implementación:

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CISPROQUIM®, un aliado del sector empresarial en la implementación del SGA

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Por gerencia de comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad. La Resolución 773 de 2021 “por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”, cuyo primer plazo de implementación vence el próximo 7 de abril de 2023, establece en su artículo 16 que los empleadores deben garantizar que los fabricantes, importadores y/o proveedores de productos químicos peligrosos suministren las Fichas de Datos de Seguridad (FDS). Estas deberán estar disponibles en los lugares de trabajo donde se utilicen y almacenen productos químicos y deben contar con una serie de características entre ellas, el registro de una línea de emergencias de acceso local o número gratuito a través de línea fija o celular y con disponibilidad 24 horas 7 días a la semana. Al respecto, es preciso destacar que el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) cuenta con el Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos – CISPROQUIM® que funciona como línea de emergencias de acceso local. Es un número gratuito con acceso a través de línea fija o celular y con disponibilidad 24 horas, siete días a la semana. Los fabricantes, importadores y distribuidores de sustancias químicas tienen en CISPROQUIM® un aliado esencial para garantizar la custodia de sus productos, promover un uso seguro y mantener información actualizada sobre los eventos de emergencia con sustancias químicas. De esta forma, CISPROQUIM® brinda información para mitigar las consecuencias generadas por emergencias que involucren sustancias químicas, informando datos precisos a la comunidad en general de lo que se debe hacer o evitar, y realizando los contactos necesarios para la atención en términos de seguridad, salud y protección ambiental. Adicionalmente, brinda asesoría a los casos médicos reportados con especialistas en toxicología, quienes emiten recomendaciones para el tratamiento según el tipo de producto químico involucrado. ¿Cómo opera? 1. Recopilación de información. Se indaga por el producto o productos involucrados y se procede a dar la información relacionada según el tipo de caso (derrame, fuga, incendio, explosión e intoxicación) para poder controlar y disminuir el impacto sobre las personas, las instalaciones y el medio ambiente, según sea el caso. 2. Generación de información técnica. Mediantediversas fuentes de información tales como las Fichas de Seguridad (FDS) de las sustancias, la Guía de Respuesta a Emergencias GRE, y bases de datos disponibles en el centro de información. 3. Reporte inmediato a empresas afiliadas. CISPROQUIM® notifica al productor y/o importador de lo(s) producto(s) quien, por su experiencia y conocimiento, puede ampliar la información y tomar el control sobre aspectos que son su responsabilidad en estos casos. 4. Activación de organismos de ayuda. En conjunto con las empresas involucradas CISPROQUIM® evalúa la necesidad y toma la decisión de comunicarse con cuerpos de bomberos, hospitales, consejos municipales y departamentales para la gestión del riesgo de desastres. 5. Asesoría toxicológica con médicos especialistas. Para los casos de intoxicación se establece contacto con médicos toxicólogos quienes asesoran en el tratamiento según el producto específico. 6. Seguimiento a emergencias. CISPROQUIM® realiza seguimiento a los reportes y define necesidades de comunicación adicional con terceros, empresas o entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para asesorar las acciones que sean pertinentes. El contacto se mantiene hasta que cese la emergencia. 7. Informes de emergencia. En todos los casos en los que esté involucrado un producto que pertenezca a una empresa afiliada, se generan informes detallados de emergencia para uso interno de las empresas, además se consolida la información en informes estadísticos semestrales y anuales. Beneficios para empresas afiliadas Las empresas afiliadas a CISPROQUIM® reciben los siguientes beneficios: Servicio de información en caso de emergencias con productos químicos de la empresa afiliada, ya sean eventos tecnológicos (fugas, derrames, incendios, explosiones, entre otros) o médicos (intoxicaciones accidentales, voluntarias, ocupacionales, delictivas, entre otras). Uso de los números telefónicos de CISPROQUIM®. Las empresas afiliadas a CISPROQUIM® tienen el derecho y el deber de divulgar los números telefónicos de la línea de emergencias químicas en todos los medios que consideren pertinentes, entre estos, las etiquetas de los envases, las fichas de seguridad, las tarjetas de emergencia, las fichas toxicológicas, los enbases y embalajes (cajas, canecas, etc.), los vehículos transportadores y el material comercial. Informes sobre las emergencias con productos químicos. En caso de reportes de emergencia con productos químicos de las empresas afiliadas, CISPROQUIM® elabora un informe detallado del proceso informativo para la atención y desarrollo de la situación, el cual es puesto a disposición de la empresa vía web notificado vía correo electrónico al contacto principal registrado por la empresa. Informe estadístico semestral y anual. CISPROQUIM® realiza un informe estadístico de los eventos con productos de cada empresa afiliada, con lo que la empresa puede detectar cuáles son los productos involucrados, la procedencia de la llamada, la ubicación geográfica de ocurrencia y reporte, entre otros. Esta información le facilitará a la empresa conocer en qué tipo de situaciones se ven involucrados sus productos a fin de diseñar tácticas de prevención o atención. Revisión de Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de productos químicos de la empresa. Según programación anual o por requerimiento de la empresa afiliada, CISPROQUIM® revisa las FDS de la empresa disponibles en las bases de datos de CISPROQUIM® y, posteriormente, genera un informe que, de manera general, contiene observaciones y oportunidades de mejora. Este servicio tiene como objetivo velar porque la información contenida en las FDS de sus productos químicos sea clara, entendible y suficiente para ser brindada ante las situaciones de emergencia y este acorde con la normatividad respectiva. Información sobre aspectos relacionados con sustancias químicas. CISPROQUIM® brinda respuesta a las consultas sobre sustancias químicas relacionadas con aspectos de seguridad, ambiente, legislación y normalización técnica, principalmente. Fichas de Datos de Seguridad de sustancias químicas básicas. En caso de que la empresa afiliada requiera esta información para las sustancias químicas básicas que maneja, es decir, materias primas, pero no mezclas de estos, ni productos

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