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Comunicado de prensa mayo_Consejo Colombiano de Seguridad - CCS

El CCS hace un llamado a reforzar la protección laboral de las gestantes

En el marco de la conmemoración del Mes de las Madres, el Consejo Colombiano de Seguridad – CCS hace un llamado urgente a las organizaciones del país a fortalecer la protección de la salud y los derechos laborales de las mujeres gestantes, entendiendo que el cuidado de la maternidad también es una apuesta por la sostenibilidad empresarial, la productividad y el futuro del trabajo.

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Comunicado Día Mundial de la SST - Consejo Colombiano de Seguridad - CCS

Convertirse en espacios de trabajo mentalmente protectores es el reto para las organizaciones de hoy

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora este 28 de abril, el país enfrenta una realidad ineludible: la salud mental de la población en edad productiva se ha convertido en un factor crítico para el bienestar social y el desarrollo económico.

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Cifras Informe de Siniestralidad Laboral del Observatorio de la Seguridad y Salud - Consejo Colombiano de Seguridad - CCS

Conoce el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)

Bogotá. Durante 2025 se presentaron 534 444 accidentes de trabajo, 10 294 enfermedades calificadas de origen laboral y 438 muertes asociadas al trabajo. Así lo reveló el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras registradas por el Ministerio de Salud y Protección Social. El análisis también revela que, en 2025, el número de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) aumentó un 4,3 % en comparación con el año anterior, pasando de 12.955.506 a 13.510.827. Es de resaltar que este comportamiento mantiene la tendencia de crecimiento observada en los últimos años y representa una cobertura del sistema igual al 56,7 % de la población ocupada, según cifras oficiales del DANE. “Este panorama refleja que, aunque se han logrado avances en la ampliación de la cobertura del sistema, aún persisten brechas dado que 2 de cada 5 personas ocupadas en el país no cuentan con la protección y los beneficios asistenciales y económicos que garantiza el sistema en caso de un siniestro laboral. Así mismo, persisten desafíos estructurales en la prevención y el control de los riesgos laborales. No podemos perder de vista que detrás de cada accidente, enfermedad o muerte hay una historia humana, al igual que, un riesgo que pudo identificarse y evitarse a tiempo”, afirmó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. En 2025, en promedio, se presentó una muerte laboral cada 20 horas En Colombia, en promedio cada 20 horas un trabajador pierde la vida en el desarrollo de sus labores, según el Informe de Siniestralidad Laboral 2025 del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), con base en cifras del Ministerio de Salud y Protección Social. El informe del CCS indica que en 2025 se presentaron 438 muertes por causas asociadas al trabajo, cifra equivalente a una tasa anual de 3,24 fallecimientos por cada 100 000 trabajadores, siendo superior a la presentada en 2024, cuando se situó en 2,89 eventos. Este comportamiento contrarresta la tendencia de reducción observada en los últimos tres años. Lo anterior revela que, en promedio, cada semana ocho trabajadores perdieron la vida por causas asociadas al trabajo, una más que el año anterior,lo que indica que se presentó un deceso cada 20 horas. A su vez, el número total de decesos aumentó un 16,8 % con respecto a 2024. Del total registrado, el 98,4 % corresponde a muertes calificadas por accidentes de trabajo (431) y el 1,6 % restante a enfermedad laboral (7). En comparación con los datos del 2024, en ambos casos el número de eventos incrementó, con una variación del 16,5 % y del 40 %, respectivamente. En términos de distribución geográfica, la mayor tasa de mortalidad laboral se presentó en el departamento de Boyacá con una tasa anual de 14,56 fallecimientos por cada 100 000 trabajadores, manteniéndose en el primer lugar por cuarto año consecutivo y reafirmando esta posición en el registro histórico. Sin embargo, su tasa disminuyó en el último año. Le siguen los departamentos de Caquetá y Nariño con tasas de 11,19 y 8,0 muertes por cada 100 000 trabajadores, respectivamente; el ‘ranking’ lo cierran Norte de Santander con 6,67 y La Guajira con 6,25. En comparación con 2024, y a excepción de Norte de Santander, en estos departamentos, el indicador registró un incremento. De otro lado, Bogotá D.C. con 104 casos (23,7 %) fue el territorio con mayor número de muertes por causas laborales, seguido por Antioquia con 66 pérdidas humanas (15,1 %), Boyacá con 39 decesos (8,9 %) y Cundinamarca con 38 fatalidades (8,7 %). En estos departamentos, aumentó el número de eventos, destacándose Cundinamarca, con una variación de 65,2 %, mientras que en los otros territorios la fluctuación se situó entre el 12 % y el 16 %. En cuanto a sectores económicos, la mayor tasa se registró en ‘Explotación de minas y canteras’ (41,30 muertes por cada 100 000 trabajadores), 12 veces por encima de la tasa nacional. Pese a ello, fue menor si se compara con la cifra registrada en 2024, cuando se ubicó en 50,66 muertes por cada 100 000 trabajadores, ratificando la tendencia descendiente presentada en los últimos cuatro años. En segundo lugar, aparece ‘Transporte y almacenamiento’ con una tasa de 6,48 decesos por cada 100.000 trabajadores, siendo mayor a la presentada el año anterior, seguido por ‘Distribución y tratamiento de agua’ (6,45) con una reducción frente a 2024. El ranking lo cierran ‘Construcción’ y ‘Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’, con 5,78 y 4,27 fallecimientos por cada 100 000 trabajadores, respectivamente. De otro lado, y como ha sido usual durante los últimos 7 años, ‘Explotación de minas y canteras’ fue el sector que mayor número de muertes reportó en 2025, con 70 vidas perdidas, equivalente al 16 % del total de casos a nivel nacional, aunque con una reducción del 5,4 % respecto al 2024. A continuación, aparecen los sectores de ‘Construcción’ con 61 muertes (13,9 %), ‘Transporte y almacenamiento’ y ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ con 49 muertes cada uno (11,2 %). Antioquia ocupó, por primera vez, el primer lugar con mayor accidentalidad en el trabajo Al cierre de 2025, se presentó un total de 534 444 accidentes de trabajo, con una tasa anual de 3,96 eventos por cada 100 trabajadores. Esta cifra es ligeramente inferior a la del año anterior (4,02), siguiendo la tendencia de los últimos cuatro años, lo cual evidencia que la tasa de accidentalidad viene disminuyendo progresivamente. Sin embargo, se presentó un aumento del 2,7 % en el total de reportes frente al 2024, contrario al comportamiento del año anterior, donde la cifra había disminuido. En este periodo, en promedio, se registraron 1 464 accidentes laborales por día, lo que indica que se presentaron 39 eventos nuevos diarios (1,6 casos por hora). Por su parte, Antioquia registró la mayor tasa de accidentalidad laboral con 5,18 registros por cada 100 trabajadores, ubicándose

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Empresas inscritas al RUC® en octubre 2025

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) les da la bienvenida a sus nuevas empresas inscritas. El trabajo en equipo contribuye a hacer del país un lugar más seguro y productivo para los trabajadores y el sector empresarial. RUC® Octubre Nombre Actividad económica Ciudad WM Ingeniería Company S.A.S. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá CONQUERS ZF S.A.S Fabricación de productos de la refinación del petróleo. Cartagena Equipos de Geotécnia y Obras de Ingeniería Sociedad por Acciones Simplificadas. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Bogotá GERSA Ingeniería S.A.S. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Sogamoso Energy Logística & Transporte S.A.S. Transporte de carga por carretera. Bogotá SIMA Servicios Integrales de Mantenimiento y Aseo Industrial S.A.S. Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Yumbo Logicar Servig S.A.S. Manipulación de carga. Bogotá Ingeriería de Calidad y Seguridad S.A.S Construcción de otras obras de ingeniería. Sogamoso SASIG S.A.S. Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales. San Luis ACONFRÍOS S.A.S. Suministro de vapor y aire acondicionado. Bucaramanga SYC REFRIGERACIÓN S.A.S. Instalaciones de fontanería- calefacción y aire acondicionado. Cartagena GEOEFICIENCIA S.A.S. Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P. Neiva Pinto Hernández S.A.S. Tratamiento y disposición de desechos peligrosos. Cartagena Estructuras, mantenimiento, montajes, ingeniería y servicios S.A.S Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Duitama Solutions Technology Global S.A.S. Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Cali Servicios Integrales en Salud Laboral S.A.S. Otras actividades de atención de la salud humana. Yopal Metálicos M&M S.A.S. Fabricación de productos metálicos para uso estructural. Buga Organización de Logística Integral de Transporte S.A.S. Transporte de carga por carretera. Villavicencio CRANE & LIFTING S.A.S. Actividades de consultaría de gestión. Bogotá Mantenimientos y Servicios JN Rental S.A.S. Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria-equipo y bienes tangibles N.C.P. Tauramena TCELMEC LTDA. Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo. Floridablanca Construcciones Angulo Gómez S.A.S. Construcción de edificios residenciales. Candelaria

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Empresas inscritas al RUC® en agosto 2025

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) les da la bienvenida a sus nuevas empresas inscritas. El trabajo en equipo contribuye a hacer del país un lugar más seguro y productivo para los trabajadores y el sector empresarial. RUC® Agosto Nombre Actividad económica Ciudad WM Ingeniería Company S.A.S. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá GAICO Construcción y Desarrollo S.A.S. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Bogotá CONSER LTDA. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos. Cartagena Consultoría en Comunicaciones y Tecnologías Aplicadas Sucursal Colombia Instalaciones eléctricas. Bogotá Soluciones Industriales G.O S.A.S.  Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico-muebles y equipos de iluminación. Bogotá Braceros y Manipuladores Asociados S.A.S. Manipulación de carga. Cartagena MEQ Ingeniería S.A.S. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá Arquitectura Ingeniería y Gestión S.A.S. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Bogotá Real Valor de Colombia S.A.S. Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P. Bogotá Agencia de Servicios Logísticos S.A. Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines- zonas verdes). Yumbo DICEMCOL S.A.S. Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria-equipo y bienes tangibles N.C.P. Villavicencio Fenix Group Proyectos S.A.S. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá INTECSA Ingeniería S.A.S. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Tibasosa Suministros Landinez S.A.S.  Instalaciones eléctricas. Cartagena GUMAR Proyectos S.A.S. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Barranquilla Mejía Acevedo S.A.S. Construcción de proyectos de servicio público. Itagüí M&M Braceros S.A.S. Manipulación de carga. Zipaquirá Consultec Offshore Zona Franca S.A.S. Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá MAQUICONTRACT S.A.S. Extracción de arcillas de uso industrial-caliza-caolín y bentonitas. Medellín La Cotiza S.A.S Catering para eventos. Yopal SAFS Soluciones S.A.S. Instalaciones eléctricas. Bucaramanga ECO WASH & TANK – ECOTANK S.A.S. BIC. Comercio al por mayor de otros productos N.C.P. Palmira SUMATEC INDUSTRIAL S.A.S ZOMAC  Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P. Arauca Transportadora de Carga Antioquia S.A.S. Transporte de carga por carretera. Sabaneta SOLDISMAN S.A.S ZOMAC Tratamiento y revestimiento de metales, mecanizado. Tame Construcciones en Potencia Eléctrica, Telecomunicaciones y Control Potelco LTDA.  Instalaciones eléctricas. Bogotá Engineering & Construction Group LTDA. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Bogotá C.I. Conquers World Trade S.A.S. Comercio al por mayor de combustibles sólidos- líquidos- gaseosos y productos conexos. Cartagena BYR Ingeniería y Mantenimiento S.A.S. Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Bogotá EHOME Soluciones de Ingeniería S.A.S. Construcción de otras obras de ingeniería civil. Sincelejo

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Modificación al Sistema General de Riesgos Laborales evitó más de siete millones de accidentes de trabajo en los últimos 12 años

A través del Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo, del CCS, se reveló que en los últimos 12 años el país habría ahorrado unos 4,5 billones de pesos anuales, en costos derivados de la siniestralidad laboral. Este impacto económico, calculado desde la expedición de la Ley 1562 de 2012 que modificó el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), representa un ahorro estimado total de 54,4 billones de pesos, entre el 2013 y el 2024[1]. Para el estudio, se tomaron como base los datos registrados por Fasecolda sobre accidentes y muertes relacionadas con el trabajo en todo el país, desde el 2009 hasta el 2024 y se dividió en dos etapas: la primera abarcó el análisis de los datos del periodo comprendido entre el 2009 y el 2012, el cual se consideró como previo a la expedición de la ley, para realizar un pronóstico hasta 2024 del comportamiento de la siniestralidad a partir de la información de este periodo. La segunda etapa consideró el rango de tiempo entre el 2013 al 2024, que corresponde al periodo de aplicación de la norma, comparando el comportamiento real de los siniestros con el pronóstico realizado. La primera etapa mostró que, de continuar la tendencia evidenciada antes de la expedición de la ley, la cifra anual de accidentes habría podido llegar a los 1,7 millones de eventos en 2024. No obstante, este escenario no se materializó. Por el contrario, según los resultados de la segunda etapa de análisis que corresponde al periodo de aplicación de la ley (2013-2024), la disminución promedio de los accidentes fue de 9292 eventos por año, llegando a una cifra de 520.272 en 2024. En otras palabras, para el último año, se habrían evitado aproximadamente 1.190.064 accidentes, menos de lo previsto según la tendencia que mostraban los años 2009 a 2012 (ver gráfica 1). Gráfica 1. Accidentes de trabajo en el periodo 2009 a 2024. Pronóstico y eventos ocurridos Para el caso de la mortalidad laboral, los hallazgos fueron similares. Según el pronóstico, en promedio, el incremento de muertes para este periodo podría haber sido de 31 decesos adicionales por año, pudiendo alcanzar la barrera de las mil muertes anuales de trabajadores en 2024. Sin embargo, no fue así:  a partir de 2013, se registró una disminución promedio de 25 muertes por año, alcanzando una cifra de 375 trabajadores fallecidos en 2024, es decir, 627 menos de lo previsto, acorde con la tendencia observada entre 2009 y 2012 (ver gráfica 2). Gráfica 2. Muertes por causas asociadas al trabajo en el periodo 2009 a 2024. Pronóstico y eventos ocurridos De lo anterior se pueden inferir dos conclusiones para el periodo de 2013 a 2024: es posible que en el país se hayan evitado más de siete millones de accidentes de trabajo y que se haya salvado la vida de cerca de 3800 trabajadores. Este es un indicador que refleja que el impacto de la Ley 1562 de 2012, radica en su implementación consciente. “Más allá de cumplir con las normativas, las organizaciones deben desarrollar una cultura sólida en seguridad y salud en el trabajo que se manifieste en acciones concretas, inversión real en prevención y un compromiso genuino con la protección integral de los trabajadores”, afirmó Adriana Solano Luque, presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. «Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, escenario propicio para recordarle a pequeños, medianos y grandes empresarios la importancia del compromiso con su fuerza laboral. La productividad de sus organizaciones también depende de las acciones que se gestionen desde la prevención y no desde la reacción, escenario que genera consecuencias fatales o incapacitantes para los trabajadores, afectando no solo su vida laboral, sino también sus actividades cotidianas, personales y familiares; además de ser altamente costosas para los empleadores», destacó la directiva. Estimación de los costos de la siniestralidad Bajo estos dos contextos, se tomaron como referencia los costos estimados para la sociedad de los accidentes de trabajo y las muertes por causas laborales presentados por el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América (NSC, por sus siglas en inglés). Estos costos corresponden a ingresos no percibidos o gastos derivados de lesiones prevenibles tanto fatales como no fatales y reflejan el impacto en la sociedad en general, más allá de los efectos directos para los empleadores (National Safety Council, 2023). Vale la pena señalar que Colombia no cuenta con una estimación oficial de los costos de siniestralidad, razón por la cual se acude a estimaciones internacionales de organizaciones altamente reconocidas. En este sentido, la estimación de costos del NSC para accidentes de trabajo es de $1080 USD (aproximadamente $4.320.000 pesos) y para muertes es de $1.460.000 USD (aproximadamente $5.840.000.000 pesos) por cada caso. Para efectos del cálculo, se tomó como promedio una tasa de cambio de $4000 pesos. Con estas cifras, se calculó el costo de los eventos ocurridos y se comparó con el costo de los eventos pronosticados descritos en las gráficas 1 y 2. Con base en lo anterior se pudo estimar que el costo de los accidentes de trabajo ocurridos entre 2013 y 2024 fue de cerca de 31,3 billones de pesos y el costo de las muertes estuvo alrededor de los 38 billones de pesos. Esto quiere decir que en los últimos 12 años los accidentes laborales y las muertes de trabajadores le han costado al país cerca de 69,3 billones de pesos. Realizando el mismo cálculo con las cifras proyectadas a partir de la tendencia observada en los accidentes y muertes ocurridas entre 2009 y 2012, el costo de estos eventos entre 2013 y 2024 pudo haber ascendido a una cifra cercana a los 123,7 billones de pesos. A partir de los resultados, se puede concluir que, posterior a la expedición de la Ley 1562 de 2012, se estima que el país ha ahorrado un aproximado de 54,4 billones de pesos en costos derivados de accidentes y muertes de trabajadores en el periodo 2013 a 2024, lo que equivale

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Tratamiento del riesgo en la Guía RUC®: administración de contratistas y proveedores

Por: Mauricio Gómez Triana Auditor líder II Ingeniero Químico / MSc. en Gestión y Evaluación Ambiental / Especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental / Especialista en sistemas de control organizacional y de gestión Cómo citar este artículo Gómez, M. (2024). Tratamiento del riesgo en la Guía RUC®: administración de contratistas y proveedores. Revista Protección & Seguridad No. 421. (mayo – junio 2024). pág. 34-39. https://ccs.org.co/tratamiento_riesgo_guia_ruc/ Como parte de los controles operacionales de los riesgos tanto laborales como ambientales considerados en la guía RUC®, están aquellos relacionados con la administración de contratistas y proveedores, considerando que un producto o un servicio dentro de la cadena de valor y en ejecución de las actividades puede afectar la conformidad del sistema de gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) ya sea por la generación o falta de control de un impacto ambiental, el aumento del nivel de los riesgos laborales, el incremento en la frecuencia y severidad de accidentes de trabajo en personal propio o en terceros y el potencial de incumplimientos legales. Teniendo en consideración está condición, tanto la Guía RUC®1 como los referentes legales (Decreto 1075 de 2015, artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 y Resolución 0312 de 2019, estándar mínimo de evaluación y selección de proveedores y contratistas) tienen dentro de sus requisitos el contar con controles para la selección y evaluación de sus proveedores y contratistas, incluyendo un procedimiento documentado en el que se consideren criterios de SSTA de acuerdo con la actividad contratada o el bien suministrado. En las experiencias de auditorías se presentan desviaciones a este requisito, generalmente por diferentes situaciones con los criterios, ya sean de selección y evaluación que no consideran elementos asociados al Sistema de Gestión de la SSTA, los de evaluación porque son considerados iguales para todos los proveedores y contratistas y no están alineados al bien o servicio su- ministrado, porque los propuestos son de difícil evaluación y no se pueden evidenciar o porque sencillamente no se ejecuta este elemento. Entonces, ¿cómo se puede enfocar este elemento para dar cumplimiento a los requisitos legales, evidenciar con formidad con la Guía RUCR y generar valor en el sistema de gestión? Una perspectiva sistémica permitiría percibir a los proveedores y contratistas como una extensión de la empresa dado que pueden impactar directamente en la calidad del producto o servicio, la seguridad de los trabajadores, así como en el desempeño ambiental y reputacional de las operaciones. Por tanto, para dar respuesta a la pregunta, se debería iniciar con una valoración de la criticidad de estos proveedores y contratistas para determinar cuáles de ellos puede dar lugar a incumplimientos normativos, fallas en la producción, accidentes laborales y daños ambientales. Para la identificación y determinación de la criticidad de estos actores se pue- den utilizar metodologías como: Para controlar los riesgos generados por proveedores y contratistas, es crucial establecer mecanismos eficaces de selección y evaluación que permitan garantizar que cumplen con los estándares requeridos y contribuyen a la mejora continua del sistema de gestión. Para mejorar el control de proveedores y contratistas, se debería: » Definir criterios de evaluación claros, estableciendo requisitos específicos en términos de calidad, seguridad y medio ambiente, considerando el bien o servicio suministrado; así como las actividades de alto riesgo y permanencia. » Comunicar los procedimientos, metodologías y criterios de selección y evaluación de SSTA a los proveedores y contratistas. En el contexto actual es cada vez más valioso asegurar la cadena de suministros, reducir los riesgos de SSTA, garantizar que los bienes o servicios se incluyan conforme con los requisitos de los sistemas de gestión (calidad, SST, ambiental y otros) y buscar la sostenibilidad. El acompañamiento a los contratistas y proveedores impulsa el desarrollo o madurez del sistema, permite garantizar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, minimizar riesgos y, adicionalmente, se considera como buena práctica desde la evaluación del RUC®. Referencias: Carter, R., y Narasimhan, R. (1996). ¿Es la compra realmente estratégica? Revista Internacional de Gestión de Compras y Materiales 32(4), 20-28. Chopra, S., y Meindl, P. (2021). Gestión de la cadena de suministro: estrategia, planificación y operación (7.ª ed.). Pearson. Gelderman, CJ, y Van Weele, AJ (2005). Modelos de cartera de compras: una crítica y actualización. Journal of Supply Chain Management. 41(3), 19-28. International Organization for standardization. (2018). ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines. Kraljic, P. (1983). Las compras deben convertirse en gestión de suministros. Harvard Business Review, 61(5), 109-117.

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Honoris 2026: una nueva edición para exaltar el compromiso con la vida, el bienestar laboral y la sostenibilidad

Ya están abiertas las inscripciones para participar en los Reconocimiento Honoris 2026, las más altas distinciones que reconocen a las empresas y líderes que, durante el 2025, demostraron un compromiso ejemplar con la seguridad, la salud en el trabajo y la sostenibilidad. Esta iniciativa, de amplio prestigio en el sector empresarial, destaca las buenas prácticas y logros alcanzados por compañías y organizaciones —de todos los tamaños y sectores — afiliadas al Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), visibilizando su impacto en la consolidación de entornos que ponen en el centro de sus decisiones a las personas y protegen sus entornos. A través de un riguroso proceso de evaluación, el programa Honoris selecciona a las organizaciones que integran la prevención como valor estratégico en su cultura corporativa, reconociendo su liderazgo en aspectos como la innovación, la mejora continua, el fortalecimiento de la cultura organizacional y la gestión responsable de contratistas. Por esta razón, el CCS invita a todas sus organizaciones adheridas a postularse y compartir sus experiencias significativas en materia de SST y sostenibilidad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 22 de agosto. Más info aquí. Asimismo, extiende la invitación a aquellas compañías que aún no forman parte de la comunidad CCS a afiliarse y participar en este espacio que no solo reconoce las iniciativas empresariales, sino que también impulsa el intercambio de conocimiento, el aprendizaje colectivo y las mejores prácticas sectoriales. Postularse a los Reconocimientos Honoris va más allá de alcanzar un galardón: es una oportunidad para visibilizar el compromiso real con la protección de la vida y el cuidado de las personas, fortalecer la reputación organizacional y ser parte de una red que construye un país más sano, seguro y sostenible.

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Conozca la nueva Ley de Salud Mental en Colombia

La Ley 2460 de 2025 modifica varios artículos de la Ley 1616 de 2013 y redefine el marco normativo de la salud mental en el país con un enfoque más integral, territorial y preventivo. Su objetivo principal es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental para toda la población colombiana, dando prioridad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Esta ley establece como pilares la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales y la atención integral e integrada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en coherencia con el artículo 49 de la Constitución. Además, contempla una perspectiva promocional de la calidad de vida y se fundamenta en los principios de la Atención Primaria en Salud, integrando los enfoques de derechos humanos, género, diferencial, étnico, poblacional-territorial, de curso de vida y biopsicosocial. Consulte a continuación el texto completo:

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Productividad estancada: el incumplimiento del ODS 8 le costaría al país $450 billones al 2030

Bogotá, julio de 2025. Un reciente estudio realizado por el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) revela que, de mantenerse las tendencias actuales en productividad laboral e informalidad, Colombia podría enfrentar pérdidas acumuladas cercanas a los $450 billones de pesos al 2030, por no alcanzar los compromisos del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 (ODS 8), enfocado en promover trabajo decente y crecimiento económico sostenible de aquí al 2030. La cifra fue revelada en el marco del 58 Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente que, por estos días, desarrolla el CCS y que reúne a más de 1500 líderes empresariales, expertos técnicos y académicos y profesionales prevencionistas. Las estimaciones económicas se basan en el análisis de dos indicadores específicos que permiten medir el avance del país hacia el cumplimiento del ODS 8: Para dar cumplimiento a la meta 8.2 del ODS 8 “lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”[1], Colombia estableció como indicador que, para el 2030, se debe contar con un incremento del PIB por persona empleada del 3 % anual[2]. Sin embargo, con base en los reportes del ‘Banco de datos regional para el seguimiento de los ODS en América Latina y el Caribe’, el CCS identificó que entre 2015 y 2023 el crecimiento promedio es de tan solo el 1,57 % por año. Ahora bien, a partir de los datos del Dane para 2024, el PIB de Colombia se estimó en 1700 billones de pesos y la población ocupada en 23,3 millones de personas, lo que equivale a un promedio de 72,96 millones de pesos por cada trabajador al año. Con estos insumos, se proyectaron dos escenarios: El CCS estimó la brecha entre ambos escenarios utilizando una fórmula de interés compuesto y considerando la población ocupada constante. La diferencia acumulada en valor agregado que se dejaría de generar bajo el escenario base equivale a $243 billones de pesos acumulados al año 2030.  “Estas pérdidas representan menores recursos disponibles para inversión social, desarrollo productivo y mejoras en la calidad del empleo, comprometiendo así el avance hacia un crecimiento económico inclusivo y sostenible del país”, destacó Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS. La meta 8.5 del ODS propone, de aquí al 2030, “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor”. En otras palabras, es una apuesta por la formalidad laboral. Aunque Colombia se fijó como meta alcanzar una tasa de formalidad laboral del 60 % para 2030[3], la realidad muestra un panorama preocupante. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane para el primer trimestre de 2025, esa tasa apenas llegaba al 43,2 %, lo que deja una brecha de 16,8 puntos porcentuales. Traducido en personas, eso significa que el país aún necesita formalizar a unos 3,9 millones de trabajadores. Según cálculos del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), la informalidad laboral no solo afecta los derechos de millones de trabajadores, sino que también le está costando al país una parte importante de su productividad. Con base en el dato actual del PIB por persona empleada en Colombia —72,9 millones de pesos anuales— y en un estudio del Banco de la República que advierte que la informalidad puede reducir la productividad hasta en un 29 %, el CCS evaluó cuánto pierde el país por mantener altos niveles de trabajo informal. Para ello, se analizaron dos escenarios: uno en el que la formalidad laboral se estanca en 43,2 % hasta 2030, y otro en el que esa tasa crece progresivamente hasta alcanzar el 60 %, meta trazada por el país. En ambos casos, se mantuvo constante el valor del PIB por trabajador y se calculó, año por año (entre 2025 y 2030), cuánta productividad se pierde al multiplicar el número de trabajadores informales por ese 29 % de merma estimada. El resultado es contundente: si Colombia no avanza hacia la formalización del empleo, el costo en productividad acumulado podría ascender a 207 billones de pesos en los próximos cinco años. “Esta cifra refleja no solo un rezago en términos de producción y generación de valor agregado, sino también una pérdida significativa de recursos fiscales potenciales. La ausencia de formalización implica una menor contribución al recaudo de impuestos y aportes parafiscales, lo que limita la capacidad del Estado para financiar bienes y servicios públicos esenciales, como salud, educación, infraestructura y protección social”, afirma Solano Luque. Adicionalmente, la elevada informalidad restringe el acceso de los trabajadores a sistemas de seguridad social, que incluyen el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones, perpetuando condiciones de vulnerabilidad y exclusión que alimentan ciclos de pobreza y desigualdad. El análisis también evidenció que las brechas en formalización varían según el tamaño de la unidad productiva[4]. Según datos del Dane para 2025, solo el 14,6 % de los ocupados en microempresas son formales, frente al 79,9 % en pequeñas empresas, y al 94,3 % y 97,4 % en medianas y grandes, respectivamente. Este panorama plantea un reto estructural: fortalecer el sector micro y pequeño, donde se concentra el mayor rezago y donde deben enfocarse con urgencia las estrategias de apoyo y regularización. En suma, los resultados del estudio del CCS evidencian que el rezago en productividad y la persistencia de altos niveles de informalidad podrían costarle a Colombia hasta $450 billones de pesos al 2030. Esta cifra, que resulta de la combinación de las pérdidas proyectadas por no alcanzar la meta de crecimiento en productividad laboral ($243 billones) y por mantener bajos niveles de formalización ($207 billones), representa un impacto económico de gran magnitud que compromete no solo el desarrollo sostenible del país, sino también la equidad, la inclusión y la calidad de vida de millones de colombianos. Estrategias integrales para promover el

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